COMPLIANCE 7

El artículo 31.bis y subsiguientes del Código Penal: Exime de pena a la persona jurídica si ha implementado medidas de Compliance antes de la comisión del delito. Exime de pena a la persona jurídica si ha implementado medidas de Compliance después de la comisión del delito. Exime de pena a la persona jurídica si el administrador procede a disminuir el daño causado por el delito. Exime de pena a la persona jurídica si el administrador aporta pruebas de la comisión del delito.

El deber jurídico de adoptar medidas de prevención de delitos en el ámbito societario a que se refiere el artículo 31.bis recae sobre: El comité de auditoría. El comité de dirección. El órgano de administración. La asesoría jurídica.

Respecto de la responsabilidad derivada de la omisión de adoptar medidas de prevención de riesgos penales, puede decirse que: El órgano de administración por sí mismo es un sujeto idóneo de responsabilidad penal. El artículo 31.bis determina per se que los administradores se encuentran en posición de garantía. No correspondería en ningún caso al administrador de hecho. Debe individualizarse a qué personas físicas en concreto se puede imputar dicha responsabilidad.

En cuanto a la disyuntiva entre administrador de hecho y de derecho puede decirse que: El administrador de derecho es competente para la adopción de medidas de prevención de delitos. Desde el punto de vista del derecho penal, el concepto de administrador de hecho debe abordarse desde una perspectiva no sometida al criterio del derecho mercantil o civil. Administrador de derecho es aquel que determine la legislación. Todas las anteriores son ciertas.

Al respecto de la competencia de los mandos intermedios para la adopción de medidas de vigilancia y control puede afirmarse que: Los mandos intermedios no suelen contar con autonomía a la hora de tomar decisiones. Los mandos intermedios carecen de competencia originaria para la adopción de medidas de Compliance. Los mandos intermedios nunca pueden ser competentes, ni siquiera por delegación del órgano de administración. Si los mandos intermedios reciben competencia por delegación, ello implica que el órgano de administración puede desentenderse totalmente de su responsabilidad.

Al respecto de la responsabilidad del compliance officer puede afirmarse que: Puede ser responsable si, una vez nombrado, no adopta ninguna medida. Nunca será responsable, pues actúa por delegación del órgano de administración. Su responsabilidad dependerá, en todo caso, de la acreditación de su capacidad efectiva de tomar decisiones. A y C son verdaderas.

En lo que se refiere a la determinación de la responsabilidad penal de las entidades sin personalidad jurídica: No debe existir relación directa entre responsabilidad penal de la persona jurídica y el deber jurídico de adoptar medidas de prevención de riesgos penales. El derecho penal ha de quedar forzosamente limitado por los criterios característicos de otras ramas del ordenamiento jurídico. En ningún caso se podrá imputar responsabilidad penal a este tipo de entidades. Todas son falsas.

Indica cuál de los siguientes NO es un dato central característico de las entidades sin personalidad jurídica que influye de cara a la posible imputación de estas por la comisión de un delito: Que sea posible que se le imputen derechos y obligaciones. Que tenga materialmente potencialidad para afectar al bien jurídico protegido. Que disponga de un órgano de administración jerarquizado. Que posea la capacidad abstracta de hacer frente a la pena de multa.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: En el caso de las sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del número 7 del artículo 33. Las sociedades mercantiles públicas incurren en responsabilidad penal de persona jurídica por las actividades delictivas que se den en su seno. Las entidades de derecho público incurren en responsabilidad penal de persona jurídica por las actividades delictivas que se den en su seno. Alcanza al órgano de administración de las sociedades mercantiles públicas el deber de prevenir en su seno la comisión de infracciones delictivas.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: El artículo 286 del Código Penal establece la responsabilidad penal directa del administrador por la no implementación de medidas de Compliance. La delimitación de la responsabilidad penal del administrador puede exigirse a título de autoría o a título de participación. El hecho de tener competencia para implementar medidas de Compliance equivale automáticamente a posición de garantía. Ninguna de las anteriores.