Común A1 1 - 7

1. 1. 2.

1. Según el artículo 1 de la Constitución, España se constituye como: a) Un Estado liberal y democrático. b) Un Estado social y democrático de Derecho. c) Un Estado federal y social. d) Una monarquía absoluta.

2. ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico español?. a) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. b) Igualdad, legalidad, seguridad y soberanía. c) Justicia, solidaridad, igualdad y unidad. d) Libertad, democracia, soberanía y justicia.

3. Los constituyentes optaron, en relación a la soberanía, por declarar: a) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. b) La soberanía reside en la nación española. El diseño de los constituyentes optaba por tesis centralistas. c) La soberanía reside en los pueblos que forman la nación española. d) El sistema diseña un Estado pseudofederalista y regionalista, siendo las nacionalidades las titulares de la soberanía.

4. En el texto constitucional se consagra que la forma política del Estado español es: a) República parlamentaria. b) Monarquía constitucional. c) Monarquía parlamentaria. d) Estado federal.

5. El Título I de la Constitución trata sobre: a) La organización territorial del Estado. b) Los derechos y deberes fundamentales. c) El Gobierno y la Administración. d) El Tribunal Constitucional.

6. El artículo 40 de la Constitución dedicado a los principios rectores de la política social y económica que alude a la consecución del progreso social y económico, la distribución de la renta regional y personal más equitativa, la estabilidad económica y el pleno empleo: a) Tiene el carácter de norma imperativa e indisponible. b) Recoge los precedentes constitucionales españoles. c) Es una norma típicamente programática que prescribe la persecución de un fin de interés general, pero sin poner los medios y las condiciones para su realización. d) Para la consecución del pleno empleo y el reparto del trabajo, el Tribunal Constitucional ha dicho que el legislador no puede utilizar como instrumento la jubilación forzosa.

7. En relación a la alusión de la Constitución al derecho a la salud: a) El texto constitucional diseña una organización territorial del Estado que impide la asunción por las Comunidades Autónomas de competencias en materia de sanidad. b) Tiene su precedente en el artículo 46.2 de la Constitución de 1931, que estipulaba que la legislación social de la República regularía los casos de seguro de enfermedad. c) El art. 4.2.f del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, define como competencia exclusiva de los Estados miembros los asuntos relativos a la seguridad en materia de salud pública. d) Titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria son todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia legal en el territorio nacional.

8. El artículo 41 de la Constitución, encuadrado en el capítulo de principios rectores de la política social y económica, se ocupa de la Seguridad Social: a) Las prestaciones de la Seguridad Social son contributivas y proporcionales en todo caso a cotizaciones de los afiliados. b) La Seguridad Social española sigue el modelo contributivo y profesional que diseñó Bismark. c) Se regula partiendo de manera flexible y abierta a la evolución del sistema. d) La Seguridad Social española sigue el modelo anglosajón de Beveridge, no contributivo y universal.

9. ¿En qué Título de nuestra Constitución encontramos definida la doctrina de la separación de poderes?. a) En el Título III, de las Cortes Generales. b) No existe referencia expresa en el texto constitucional. c) En el Título IV, del Gobierno y de la Administración. d) En el Título Preliminar.

10. La expresión "derecho de excepción", se puede relacionar con: a) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Judicial. b) El ámbito de aplicación de la "legislación terrorista" y la suspensión de algunas garantías procesales. c) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio competencial entre Estado y Comunidades Autónomas por motivos de orden público. d) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Legislativo.

11. El artículo 44 de la Constitución contempla el derecho a la cultura, y las obligaciones para los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la misma: a) Se permite la posibilidad de exigencia inmediata del mismo ante jueces y tribunales. b) Se diseña como política de exclusiva competencia estatal. c) En su promoción intervendrán exclusivamente la administración autonómica y la administración europea. d) El derecho a la cultura pertenece, como ha señalado reiteradamente la doctrina, al género de los derechos de prestación.

12. La STC 88/1986, de 1 julio, analiza la unidad de mercado y su compatibilidad con la autonomía política. De ella deducimos: a) La Constitución garantiza un mercado único que implica la uniformidad de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica. b) La Constitución garantiza la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. c) La Constitución excluye la diversidad de regímenes jurídicos eliminando las intervenciones de distintas autoridades públicas. d) La libertad de empresa, la unidad de mercado y la libertad de residencia son exigencias exclusivamente derivadas del Derecho Comunitario.

13. La regulación Capítulo III, del Título I de la Constitución se incluye en el Título I "De los derechos y deberes fundamentales", por lo que: a) Abren vía de recurso ante el Tribunal Constitucional. b) Pueden ser considerados verdaderos derechos subjetivos de los ciudadanos como el resto de derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el citado Título. c) De estos principios no cabe deducir pretensiones jurídicas inmediatas sino expectativas de derechos. d) Son normas meramente programáticas.

14. ¿Resulta la Constitución directamente aplicable a los operadores jurídicos como fuente del Derecho?. a) No, puesto que sería una interpretación excesiva del principio de soberanía nacional. b) Sí, porque fue el resultado de un pacto entre la Corona y la soberanía nacional. c) Sí, puesto que la Constitución vincula a Jueces y Tribunales. d) No, puesto que las normas directamente aplicables son las emanadas del poder legislativo y del ejecutivo.

15. Los derechos fundamentales pueden ser suspendidos en determinados casos, establecidos constitucional y legalmente: a) La declaración de suspensión ha de ser general en relación a un colectivo de personas, en un ámbito territorial, nacional o regional. b) La suspensión de derechos fundamentales de forma individual ha sido declarada inconstitucional. c) Los derechos pueden ser suspendidos de forma tanto individual como colectiva. d) La suspensión de derechos ha sido integrada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

16. En relación a los estados de alarma, excepción o sitio: a) Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio serán provisionales e indispensables y proporcionadas para restablecer la normalidad. b) Se adoptarán cuando desórdenes extraordinarios hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad por parte de los poderes ordinarios de las autoridades. c) Deberán adoptarse a través de Ley Orgánica. d) Dependerán también de lo que se establezca en los correspondientes Estatutos de Autonomía.

17. En relación con las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales: a) Se regularon por primera vez en la Constitución de 1931. b) La suspensión de garantías se regulaba en las leyes de “orden público”. c) Las Constituciones históricas españolas no contuvieron mención alguna de las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales. d) Las dos últimas opciones son correctas.

18. El artículo 55 del texto constitucional regula la suspensión general de derechos y libertades: a) Se relaciona con la declaración de las situaciones excepcionales cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades. b) Se permite la suspensión de derechos y libertades en nuestra Constitución en el estado de excepción, el estado de sitio y el estado de alarma. c) La finalidad es la suspensión de determinados derechos y libertades, sobre la base de dejar total libertad de actuación al Ejecutivo para posibilitarle el restablecimiento del orden público alterado. d) Los actos de la autoridad gubernativa adoptados durante la vigencia de la suspensión de derechos no son impugnables en vía jurisdiccional.

19. El art. 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, afirmación que encuentra sus precedentes en: a) En la Constitución de 1812. b) En el art. 31 del Fuero de los Españoles y en la Declaración XII, 2, del Fuero del Trabajo. c) En la Constitución de 1931. d) En la Constitución de 1869.

20. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre: a) Magistrados, Fiscales y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. b) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. c) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. d) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

21. Según el artículo 159 de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de: a) Seis años y se renovarán la mitad de sus miembros a los tres años. b) Seis años y se renovarán por terceras partes cada tres. c) Cinco años con posibilidad de renovar el mandato una sola vez. d) Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

22. Según el artículo 162 de la Constitución están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: a) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los Presidentes de la Comunidades Autónomas. b) El Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. c) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. d) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

23. Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a que se refieren los artículos 166 y 167 de la Constitución, se tramitarán: a) Conforme a las normas establecidas para proyectos y proposiciones de ley. b) Conforme al procedimiento seguido con los proyectos de ley. c) Conforme al procedimiento seguido con las proposiciones de ley. d) Conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

24. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá: a) A la disolución inmediata de las Cortes previa convocatoria de referéndum. b) Las nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión y aprobar el nuevo texto constitucional por mayoría de dos tercios de ambas y someterla a referéndum. c) La propuesta podrá ser sometida a referéndum. d) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

25. Según el artículo 169 de la Constitución no podrá iniciarse la reforma constitucional: a) En tiempo de guerra o de estado de excepción. b) En tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, de sitio o de excepción. c) En los estados de alarma, de sitio o de excepción. d) En los estados de sitio o excepción.

26. El primer artículo dedicado a la Corona, el 56, actúa, como un "artículo marco" o definitorio de los rasgos caracterizadores de la Monarquía. a) No se atribuyen funciones específicas a la institución. b) Se califica al Rey como Jefe del Estado y se le atribuyen las tres grandes funciones de la institución. c) Se acuña un término para definir la peculiar estructura del Estado español, para romper con la Constitución de 1931. d) Se inclina por caracterizar la organización como Monarquía representativa.

27. Los constituyentes optaron por la unidad del Estado, diseñaron la Corona como uno de los órganos constitucionales del Estado, vértice de la organización estatal, el de mayor dignidad formal y posición. De ahí su carácter "soberano". Señale la opción que considere correcta: a) Los artículos 2 y 56 del texto constitucional y los Títulos II y VIII que los desarrollan, salvaguardan el principio de la unidad del Estado permitiendo un sistema complejo y flexible de acceso a la autonomía. b) El Rey representa igualmente al Estado español ante las Comunidades Autónomas, aun cuando sus derechos no afectan al Rey. c) El sistema del artículo 2 y el Título VIII que lo desarrolla, permite matizar el principio de la unidad del Estado, de la Nación y de la soberanía. d) El sistema constitucional diseña un Estado pseudofederalista y regionalista.

28. El constituyente diseña la unidad abstracta del Estado en la función arbitral y moderadora del Monarca. Esta afirmación constitucional implica: a) La distribución igualitaria del poder entre Estado, Comunidades Autónomas y Poderes legislativo, ejecutivo y judicial. b) Los Estatutos de Autonomía pueden matizar y han reformado el inicial diseño constitucional. c) Se configura al Rey como poder armónico o regulador y se le atribuyen potestades de impulso de los poderes del Estado y la resolución de conflictos entre los mismos como “función moderadora”. d) El federalismo es una opción prevista en el texto constitucional.

29. El Rey es el representante del Estado español en las relaciones internacionales, esto implica: a) Competencias de indudable significación política y que requerirán el previo conocimiento del Gobierno y el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. b) Competencias de indudable significación política y que requerirán el previo conocimiento del Gobierno. c) La acreditación de embajadores y otros representantes diplomáticos, la manifestación del consentimiento en los tratados y la declaración de guerra y paz. d) La supervisión de los trabajos preparatorios de tratados con las naciones de su comunidad histórica.

30. El refrendo es el mecanismo que posibilita la existencia de la falta de responsabilidad y de la inviolabilidad. Esta afirmación implica: a) Todos los actos del Rey, como condición de validez, están sujetos al requisito del refrendo. b) La irresponsabilidad protege la conducta del Rey como persona; la inviolabilidad protege sus actos como institución del Estado. c) Se admiten constitucionalmente muchas variedades de refrendo. d) Nuestra Constitución mantiene una concepción tradicional del refrendo exigiendo necesariamente que la persona que debe refrendar sea el autor efectivo de la propuesta o actuación.

31. En relación al refrendo la doctrina del Tribunal Constitucional ha señalado: a) La libertad de forma para el refrendo. b) La autoridad refrendante asume la responsabilidad del acto del Rey. c) La autoridad administrativa que refrenda el acto del Rey certifica la adecuación del acto regio al ordenamiento jurídico. d) El refrendo refleja la división de poderes expresamente consagrada en la Constitución.

32. En el artículo 57 se regulan supuestos excepcionales en la sucesión a la Corona, en los que se otorga protagonismo a las Cortes Generales, órgano de la representación popular: a) El procedimiento es novedoso en nuestra tradición, y es uno de los distintivos de las modernas monarquías parlamentarias. b) El principio de igualdad constitucional impone que las Cortes, sede de la soberanía, asuman las competencias que se habían reconocido a la Corona si no hay sucesor. c) Nuestra Constitución actual exige, para el matrimonio de los posibles sucesores al trono, la autorización del Rey y de las Cortes. d) El procedimiento enlaza con la más rancia tradición monárquica española, que arranca en el Compromiso de Caspe.

33. El fundamento del refrendo se encuentra en: a) La necesaria limitación constitucional a los actos del Rey, que asegura la estabilidad democrática. b) En el principio de lealtad institucional de los poderes de Estado. c) El criterio rector que facilita la colaboración, la cooperación y el equilibrio entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. d) El carácter intangible de la Jefatura del Estado, gracias al cual el Rey simboliza, modera y arbitra, pero no asume decisiones, sino que se limita, con su firma, a perfeccionar determinados actos políticos de gobierno convirtiéndolos en actos de Estado.

34. Según el artículo 117 la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. Con relación a esta afirmación seleccione la respuesta correcta: a) Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es posterior a la función legislativa. b) Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es simultánea a la función legislativa. c) Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es anterior a la función legislativa. d) Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es posterior a la función ejecutiva.

35. El antecedente de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial es: a) El Estatuto Real de 1834. b) El Fuero de los Españoles de 1945. c) La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. d) Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial.

36. Este principio cardinal de sometimiento a la ley está también íntimamente ligado a la proclamación de la independencia de jueces y magistrados, y se regula en: a) En el art. 117 del texto constitucional. b) En los artículos 12 a 14 de la LOPJ. c) En la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. d) El art.117 de la CE y en los arts. 12 a 14 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

37. Las implicaciones de la inamovilidad han de manifestarse en un régimen legal que garantice: a) La estabilidad de los jueces y magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, así la jubilación, la separación del servicio, el traslado, la suspensión sólo pueden obedecer a causas legales y procedimientos reglados. b) En nuestro Derecho se establece el carácter vitalicio de la condición de juzgador. c) La situación estatutaria de los jueces y magistrados, se reconoce el derecho a la sindicación profesional para la protección y amparo de sus intereses e independencia. d) La imposibilidad de la suspensión de empleo y sueldo de estos funcionarios.

38. El Tribunal Constitucional (STC 265/1988, de 22 de diciembre) ha señalado que el principio de exclusividad está reñido con el automatismo en la concesión de efectos civiles a decisiones acordadas: a) En el ámbito de la jurisdicción militar. b) En el ámbito de la jurisdicción eclesiástica anglicana. c) En el ámbito sometido a la jurisdicción de la Sharía dictada por un juez eclesiástico o cadi. d) En el ámbito de la jurisdicción canónica.

39. La unidad jurisdiccional implica la supresión de todas y cada una de las jurisdicciones propias que establecían diferentes órdenes para distintos grupos de sujetos y los correspondientes privilegios que suponían. Seleccione la opción correcta: a) La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales de excepción como los tribunales de honor. b) La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales canónicos como los tribunales militares. c) La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales canónicos como los tribunales militares de honor. d) La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales militares como los tribunales de excepción.

40. En el artículo 118 se establece que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto: a) La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido del art. 24.1 de la CE. b) La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido del art. 9 de la CE. c) La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho subjetivo incorporado al contenido del art. 103 de la CE. d) El Tribunal Constitucional queda al margen de esta norma en lo relativo a la ejecución de sus resoluciones.

41. El art. 119 del texto constitucional proclama un derecho a la gratuidad de la justicia en los casos y en la forma en los que el legislador determine: a) La gratuidad de la justicia se configura como un derecho fundamental y subjetivo cuya finalidad es una garantía para los intereses de la justicia. b) La regulación del sistema de justicia gratuita se lleva a efecto por ley orgánica puesto que afecta a la igualdad de defensa, corresponde al legislador dar cumplimiento a la encomienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos que carezcan de recursos. c) La evaluación del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la asistencia jurídica gratuita es una función jurisdiccional, así se ha mantenido tradicionalmente en nuestra legislación procesal. d) Es un derecho prestacional y de configuración legal cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las concretas disponibilidades presupuestarias.

42. Según el artículo 120 las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública: a) Según ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de publicidad protege a las partes de una justicia sustraída al control público, y mantiene la confianza de la comunidad en los tribunales, exigencia del Estado de Derecho. b) La consagración constitucional de un principio procedimental como la oralidad sigue la línea iniciada por las Constituciones europeas. c) La consagración constitucional de un principio procedimental como la oralidad sigue la tradición constitucional española. d) La ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial en referencia al principio de oralidad, introduce en el procedimiento laboral, penal y contencioso-administrativo la obligación de grabar las vistas.

43. Respecto al nombramiento del Fiscal General del Estado seleccione la opción correcta: a) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. b) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre funcionarios españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. c) El candidato a Fiscal General propuesto por el Gobierno, tras la preceptiva audiencia del Consejo General del Poder Judicial, deberá someterse a una comparecencia ante una Comisión del Congreso de los Diputados que habrá de valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto antes de ser nombrado por el Rey. d) La elección parte de la propuesta de las Cortes Generales, oído el consejo General del Poder Judicial. Su mandato tendrá una duración de seis años.

44. La institución del jurado popular ha sido una de las más controvertidas desde la promulgación de la Constitución de 1978: a) Aparece en la Constitución de 1812, el texto de 1869, y en la Constitución de 1931. b) Aparece en la Constitución de 1931. c) Ha sido una institución polémica intermitentemente recogida en nuestro constitucionalismo histórico. d) Aparece en la Constitución de 1812 y en la Constitución de 1931.

45. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por: a) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. b) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. c) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de nueve años sin posibilidad de renovar mandatos. d) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirán alternativamente y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de seis años.

46. El artículo 122 se refiere a la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera: a) El estatus de los jueces y magistrados, el conjunto de derechos y deberes de los que son titulares, ha de venir determinado por Ley Orgánica, aunque algunos aspectos secundarios puedan ser regulados reglamentariamente. b) La mayor parte de nuestras Constituciones históricas han regulado esta materia. c) La Constitución establece de manera precisa las funciones del Consejo General del Poder Judicial. La enumeración debe entenderse como un numerus clausus. d) El CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, sólo se rige por la Constitución y por la LOPJ.

47. El Consejo General del Poder Judicial fue establecido por la Constitución de 1978 en su artículo 122, siguiendo los modelos de otros países próximos: a) El diseño español sigue el modelo alemán. b) El texto de 1978 sigue el diseño constitucional de Francia, Portugal y, en especial, Italia. c) El texto de nuestra Constitución adapta el modelo danés. d) La Constitución de 1978 sigue los modelos de otros países próximos como Bélgica o Luxemburgo.

48. En el Consejo General del Poder Judicial: a) Doce de sus miembros se elegirán entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado. b) El artículo 122.3 CE exige que los doce vocales de que habla fuesen elegidos por jueces y magistrados. c) La Ley Orgánica 6/1985 establece que la iniciativa de propuesta correspondía a los grupos parlamentarios. d) Según la Ley 6/1985 el Presidente del Consejo es elegido por el Pleno del Congreso de los Diputados a propuesta del CGPJ entre miembros de la carrera judicial.

49. Según la LO 2/2001, en relación a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial: a) En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, como las Cámaras. b) En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados como los colegios profesionales. c) En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados como las autoridades académicas y las asociaciones de fiscales. d) En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados como el resto de los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.

50. Según la LO 2/2001 en el trámite de propuesta de candidatos a vocales del CGPJ se instaura un sistema mixto: a) Las Cámaras elegirán cada una de ellas 6 vocales entre los candidatos propuestos, empezando por el Congreso de los Diputados. b) Las Cámaras elegirán cada una de ellas 6 vocales entre los candidatos propuestos, empezando por el Senado. c) Las Cámaras designarán en primer lugar los ocho vocales de elección parlamentaria. d) La elección entre los candidatos propuestos por asociaciones de jueces y colegios profesionales se realizará de forma simultánea en ambas Cámaras, designando el siguiente más votado si hubiese coincidencia en la designación.

51. En relación a las diferentes Constituciones, en España podemos observar con facilidad que: a) La totalidad de las constituciones optaba por un sistema bicameral. b) Han sido más frecuentes y más duraderas aquellas constituciones que optaron por un sistema bicameral. c) Han sido más frecuentes y más duraderas aquellas constituciones que optaron por un sistema unicameral. d) La totalidad de las constituciones optaba por un sistema unicameral.

52. Respecto al sistema bicameral instaurado en nuestra Constitución, podemos afirmar: a) Un sistema de bicameralismo equilibrado o perfecto. b) Los Estatutos de Autonomía pueden matizar y han reformado el inicial diseño constitucional. c) Un sistema de bicameralismo imperfecto, atenuado o desequilibrado. d) El Congreso de los Diputados tiene atribuciones o facultades paralelas a las que se otorgan al Senado.

53. Encontramos entre las funciones que la Constitución otorga al Congreso de los Diputados: a) Autorizar los acuerdos de cooperación entre las distintas Comunidades Autónomas y otorgar la confianza al Presidente del Gobierno o cesarle mediante moción de censura. b) Otorgar la confianza al Presidente del Gobierno o cesarle mediante moción de censura y tiene la última palabra en el proceso legislativo. c) Autorizar los acuerdos de cooperación entre las distintas Comunidades Autónomas y otorgar la confianza al Presidente del Gobierno. d) Otorgar la confianza al Presidente del Gobierno o cesarle y prevenir cualquier actuación de cualquier Comunidad Autónoma que pueda perjudicar el interés general de España.

54. La función legislativa es la primera potestad del Estado. Es clásica la equivalencia entre Parlamento y Poder Legislativo. Seleccione la opción correcta: a) Estamos hablando del ejercicio de una potestad por el poder constituyente en el pleno ejercicio de su soberanía. b) El ejercicio de la potestad legislativa está siempre sometido a la supremacía de la Constitución, el Título III, y del Reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado. c) La potestad legislativa es exclusiva de las Cortes Generales. d) La autonomía equivale a soberanía.

55. El Gobierno puede llegar a ejercer la potestad legislativa. Seleccione la respuesta que considere correcta: a) Los Estatutos de Autonomía distribuyen las competencias entre las Comunidades Autónomas. b) La potestad legislativa de las Cámaras que sólo encuentra su límite en la propia Constitución, el Gobierno tiene esta competencia en condiciones limitadas y sometidas a ulterior convalidación del Congreso de los Diputados. c) Bien por delegación de las propias Cortes (art. 82), bien como consecuencia del despliegue de competencias propias (art. 86), a través de Decretos-leyes. d) Las tres opciones son correctas.

57. El ejercicio de la potestad presupuestaria está sometida a requisitos y condiciones muy específicas: a) El ejercicio de la misma se efectúa por el congreso de los Diputados de conformidad con su Reglamento. b) El principio de igualdad constitucional impone que todas las Comunidades Autónomas participen en la elaboración del presupuesto. c) La disciplina sustancial de los Presupuestos la encontramos en la Ley General Presupuestaria. d) Las prescripciones constitucionales no exigen la autorización, sólo la remisión parlamentaria.

58. Además de las clásicas corresponden a las Cortes Generales las demás competencias que les atribuye la Constitución (art. 66.2), entre ellas destacamos: a) La reforma constitucional, la designación o propuesta de miembros de otros órganos constitucionales o de relevancia constitucional, así como todas aquellas competencias relacionadas con la Corona. b) El nombramiento de los presidentes de las Comunidades Autónomas. c) La convocatoria de elecciones generales. d) La declaración de guerra o de estados de excepción y sitio.

59. En el artículo 67, en relación a la posibilidad de ser miembro de las asambleas legislativas de nuestro país, el constituyente opta: a) Por declarar incompatible la pertenencia simultánea a las dos Cámaras de las Cortes Generales. b) Por declarar incompatible la pertenencia simultánea a las dos Cámaras de las Cortes Generales y por impedir la pertenencia a la vez al Congreso de los Diputados y a una Asamblea Autonómica. c) Por declarar incompatible la pertenencia a la vez al Congreso de los Diputados y a una Asamblea Autonómica. d) Por declarar incompatible la pertenencia a la vez al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo.

60. En relación a la composición del Congreso, el art. 68 establece que: a) Se compone de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. b) Se compone del número de Diputados que establezca la ley, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. c) Se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. d) Se compone de 300 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

61. Cada circunscripción deberá tener una representación mínima inicial y los demás escaños se distribuirán en proporción a la población. Seleccione la opción correcta: a) El reparto de los escaños será tanto más proporcional o poblacional cuanto menor sea el número inicial común a todas las circunscripciones y tanto más territorial cuanto mayor sea ese número. b) La LOREG fija en dos Diputados el número mínimo inicial y distribuye los restantes según un procedimiento proporcional con sistema de mayores restos. c) La LOREG fija en cuatro Diputados el número mínimo inicial y distribuye los restantes según un procedimiento proporcional con sistema de mayores restos. d) Las dos primeras opciones son correctas.

62. El concepto constitucional de las leyes orgánicas se configura en el art. 81, se define: a) Por dos notas: su contenido y su procedimiento. b) Por su contenido: las materias reservadas a la ley orgánica; a saber, los derechos fundamentales y libertades públicas, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general. c) Por las materias que regulan; son las normas reguladoras de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional y del ejercicio de determinados derechos o de la configuración del Estado autonómico. d) Por el tratamiento de cuestiones relativas a los órganos constitucionales o de relevancia constitucional y del ejercicio de determinados derechos o de la configuración del Estado autonómico.

63. Para que una ley sea orgánica: a) Si respeta el procedimiento de elaboración basta con un precepto de contenido orgánico para que pueda atribuirse a la ley dicho carácter. b) Su núcleo debe afectar a materias reservadas a la ley orgánica, no basta con un precepto de contenido orgánico para que pueda atribuirse a la ley dicho carácter. c) En una ley orgánica no se pueden hacer remisiones a leyes ordinarias ni para desarrollo posterior, de lo contrario no se respetaría la reserva constitucional. d) La denominación de la ley ha de establecer su carácter, que condicionará todo el contenido de su articulado.

64. En cuanto a las relaciones entre Gobierno y Administración cabe recordar: a) El Gobierno, según el artículo 107, comprende, en general, el llamado Poder Ejecutivo, incluyendo cualquier Administración Pública; Gobierno y Administración son la misma cosa. b) La Constitución se refiere a las funciones políticas, que integrarían la función de Gobierno, y otras de carácter discrecional. c) El Gobierno, según el Título IV de la Constitución, aparece diferenciado de la Administración propiamente dicha a la que dirige. d) La función ejecutiva se identifica con el ejercicio de la potestad reglamentaria.

65. La dirección de la Administración civil y militar constituye otra de las funciones clásicas del Gobierno: a) Los Ministros tienen una posición dual, son miembros del Gobierno y, de otra son la cúspide de su Ministerio ostentando la condición de órgano administrativo superior del mismo. b) No puede darse conexión directa entre la dirección de la Administración y el propio Gobierno. c) El Gobierno ejerce en exclusiva la función ejecutiva según nuestro diseño constitucional. d) La función ejecutiva la comparte el Gobierno con los organismos autonómicos que no se someten al mismo.

66. La Constitución remite a una ley la determinación precisa de la composición del Gobierno. Se regula en: a) La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. b) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. c) La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por la Ley 40/2015. d) La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por la Ley 39/2015.

67. El Defensor del Pueblo es: a) Un órgano unipersonal, designado por el Gobierno para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución. b) El alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución. c) Un órgano unipersonal, designado por las Cortes Generales para el control del poder ejecutivo y de la Administración. d) Un órgano unipersonal, designado por las Cortes Generales para la defensa de la Constitución.

68. En relación al nombramiento del Defensor del Pueblo, éste será elegido: a) Por las Cortes Generales para un período de cinco años, y se dirigirá a las mismas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado. b) Por las Cortes Generales para un período de cuatro años, y se dirigirá al Congreso de los Diputados en las sesiones de control del Gobierno. c) Por el Gobierno a propuesta de las Cortes Generales, para un período de cuatro años, y se dirigirá al Congreso de los Diputados en las sesiones de control del Gobierno. d) Por el Gobierno a propuesta de las Cortes Generales, para un período de cuatro años, y presentará informes al Gobierno y al Tribunal Constitucional.

69. El art. 136 de la Constitución señala que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. En relación a este órgano de control, podemos señalar que: a) Depende directamente del Gobierno y ejerce sus funciones por delegación para el examen y comprobación de las cuentas del Estado. b) Depende directamente del Ministerio de Economía y Hacienda, y ejerce sus funciones por delegación para el examen y comprobación de las cuentas del Estado. c) Depende directamente del Ministerio de la Presidencia para el control del Presupuesto y los fondos de la Unión Europea. d) Depende directamente de las Cortes Generales para el examen y comprobación de las cuentas del Estado.

70. Respecto a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales reflejada en el artículo 108, podemos señalar que: a) El reconocimiento de la responsabilidad colegiada del Gobierno es una constante en los textos constitucionales decimonónicos españoles en 1812, en 1837, en 1845, en 1869 y en 1876. b) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. c) El reconocimiento de la responsabilidad colegiada del Gobierno ante el Rey es una constante en los textos constitucionales decimonónicos españoles. d) La responsabilidad individual de los miembros del Gobierno ante el Parlamento es una práctica típicamente británica heredada por el constitucionalismo continental.

71. El Reglamento del Senado, en consonancia con la Constitución, reconoce a la Cámara Alta el ejercicio de ciertos instrumentos de control: a) Son las preguntas, interpelaciones y creación de comisiones de investigación. b) Son las preguntas, interpelaciones, mociones, posibilidad de requerir datos, informes o documentos y creación de comisiones de investigación. c) Son las preguntas, interpelaciones y requerimiento de comparecencia del Defensor del Pueblo. d) Son las interpelaciones, reprobaciones y requerimiento de datos, informes o documentos.

72. La moción de censura para su aprobación requiere: a) La adopción por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. b) La adopción por mayoría simple en el Congreso de los Diputados. c) La adopción por mayoría simple en el Congreso de los Diputados y en el Senado. d) La adopción por mayoría simple en el Senado.

73. Según el artículo 112 de la Constitución, el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada: a) Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de los Diputados. b) Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados. c) Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados y Senadores. d) Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Senadores.

74. La disolución de las Cortes en la Constitución, con un carácter imperativo, se llevará a efecto: a) En el caso de que ninguno de los candidatos a la Presidencia del Gobierno obtenga la investidura del Congreso, el Rey tiene que decretar la disolución de esta Cámara y el Senado. b) En caso de reformas totales o parciales fundamentales de la propia Constitución. c) Después de la aprobación de una reforma constitucional por las Cortes Generales. d) En los tres casos hay que proceder obligatoriamente a la disolución de las Cámaras.

75. Los supuestos de disolución de las Cámaras de carácter voluntario se producen porque el Presidente del Gobierno así lo decide: a) El Rey decreta formalmente la disolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno. b) El Rey decreta formalmente la disolución de conformidad con el artículo 62 del texto constitucional, a propuesta de las Cortes Generales. c) El Rey decreta formalmente la disolución de conformidad con el artículo 62 del texto constitucional, a propuesta del Presidente del Congreso. d) El Rey decreta formalmente la disolución de conformidad con el artículo 62 del texto constitucional, a propuesta del Consejo de Ministros.

76. Partiendo de la subordinación de la riqueza del país al interés general, el texto constitucional diseña: a) La Hacienda Pública en su concepción clásica, es decir la capacidad para imponer tributos y la capacidad para gastar y controlar ese gasto público. b) Un código rígido para implementar una economía mixta con preponderancia pública. c) La posibilidad de la transferencia competencial de los Estados miembros a la Unión para la definición de una política económica común. d) Un sistema que eludió la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, para evitar la tensión con el artículo 38 que consagra la libertad de empresa en una economía de mercado.

77. El artículo 128.2 reconoce la iniciativa pública en la actividad económica: a) Aunque la iniciativa pública sólo queda justificada en aquellos supuestos de ausencia de iniciativa privada. b) Supone una ruptura radical con el principio de subsidiariedad que regía en la economía hasta la aprobación de la Constitución de 1978. c) Permite al Estado con su intervención colmar una necesidad que la iniciativa privada no es capaz de satisfacer. d) Prima el principio de subsidiariedad de la empresa pública respecto de la privada siempre que el interés público lo justifique.

78. El texto de 1978 regula la Hacienda en su concepción clásica, tal y como se recoge en los textos constitucionales del siglo XIX, es decir, como capacidad para imponer tributos y para asignar y controlar el gasto público. Se regula en: a) Los artículos 128 a 130. b) El Título VII de la Constitución. c) Los artículos 133 a 136. d) Los Estatutos de Autonomía pueden matizar y han reformado el inicial diseño constitucional.

79. Por poder financiero ha de entenderse el poder para regular el ingreso y gasto público, concretado en la titularidad y ejercicio de una serie de competencias constitucionales: a) La capacidad para organizar un sistema de ingresos y gastos, regulando ingresos y autorizando gastos mediante la competencia normativa; así como la potestad administrativa para la aplicación efectiva de dichas normas, lo que implica potestad administrativa o de gestión. b) El derecho a percibir ingresos y a disponer de ellos. c) La importante relación existente entre poder financiero y competencias materiales. d) Las dos primeras opciones son correctas.

80. Para que la autonomía financiera que la Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas, así como la autonomía para la gestión de los respectivos intereses de Comunidades Autónomas y Entes Locales, sean reales y efectivas es preciso que éstas posean los recursos pertinentes: a) En España los titulares del poder financiero son el Estado y las Comunidades Autónomas. b) En España los titulares del poder financiero son el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales, aunque no todos ellos tienen un poder financiero de la misma naturaleza. c) En España el titular del poder financiero es el Estado. d) Comunidades Autónomas y Entes Locales tienen poder financiero porque el Estado se lo reconoce.

81. La Unión Europea ostenta determinadas competencias en materia tributaria, que se proyectan en: a) La competencia para fijar los impuestos indirectos sobre el consumo. b) La potestad de establecer recursos tributarios propios como el arancel aduanero común y la imposición de límites, prohibiciones y controles al poder impositivo de los Estados miembros para evitar la obstaculización del mercado único. c) La armonización de la legislación fiscal de los Estados miembros respecto del IVA para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de la competencia. d) Las dos últimas opciones son correctas.

82. El artículo 149.1.14 de la Constitución proclama la competencia exclusiva del Estado sobre la Hacienda General, lo que engloba: a) La Hacienda estatal y las relaciones de ésta con las Haciendas autonómicas como manifestación de los principios de descentralización y solidaridad. b) La Hacienda estatal y las relaciones de ésta con las Haciendas autonómicas y locales como manifestación de los principios de coordinación y solidaridad. c) La Hacienda estatal y las relaciones de ésta con las Haciendas locales como manifestación de los principios de descentralización y solidaridad. d) La Hacienda estatal y las relaciones de ésta con los organismos integrantes de la Administración General del Estado.

83. La ordenación general de la economía corresponde: A) Al Estado junto a las Comunidades Autónomas (art. 148.1.13ª). B) Al Estado (art. 149.1.13ª CE). C) Al Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (art. 149.3). D) A la Unión Europea y los Estados miembros.

83. En el ámbito de las competencias del Estado, la aplicación de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y la función revisora en vía administrativa corresponde: a) Al Tribunal de Cuentas. b) Al Tribunal Económico-Administrativo concernido. c) A la Intervención General del Estado. d) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

85. La modificación del artículo 135 ha tenido profundas implicaciones. Elija la opción correcta: a) Sólo el apartado 3 del precepto actual conserva la regulación, se refiere a la deuda pública, refundiendo la redacción anterior con algunos cambios. b) Al primitivo artículo 135 se añaden las exigencias derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea. c) El artículo 135 se redacta ex novo en virtud de las exigencias de la Unión Europea. d) La reforma extiende las obligaciones de equilibrio presupuestario que afectaban al Estado, a las Comunidades Autónomas y al resto de los organismos administrativos de la Administración General del Estado.

86. El art. 138.2 CE señala un límite al poder financiero de las Comunidades Autónomas, íntimamente conectado con el principio de solidaridad: a) El principio de igualdad tributaria. b) El principio de cohesión. c) El principio de neutralidad. d) El principio de legalidad tributaria.

87. El Estado se reserva la regulación de las figuras impositivas básicas necesarias para conseguir los fines que tiene encomendados y ejercer las competencias que le atribuye la Constitución, que se concreta en los siguientes principios impositivos: a) El principio de unidad del sistema tributario, íntimamente ligado a los principios de solidaridad y coordinación, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones. b) El principio de equilibrio económico, el impulso al crecimiento de la renta y la riqueza y su más justa distribución, evitando arbitrariedades y desigualdades. c) El principio de crecimiento sostenible y estabilidad presupuestaria evitando desequilibrios e inflación. d) El principio de transparencia y el principio de equilibrio territorial evitando inseguridad y discrecionalidad.

88. El artículo 157 regula los recursos de las Comunidades Autónomas, que comprenden: a) Impuestos cedidos, recargos y otras participaciones en los ingresos del Estado. También podrán contar con impuestos propios. b) Impuestos cedidos, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado que no impliquen nuevos tributos. c) Impuestos cedidos, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos de la Unión Europea. d) Impuestos creados por el Estado para determinadas Comunidades Autónomas que acrediten equilibrio presupuestario y recargos sobre impuestos estatales.

89. El principio de reserva de ley postula la existencia de materias que sólo pueden regularse por ley: a) El principio de legalidad administrativa incluye el principio de proporcionalidad tributaria. b) El principio de legalidad tributaria es una consecuencia de la interdicción de la arbitrariedad. c) El principio de reserva legal incluye el principio de legalidad tributaria. d) El principio de reserva legal y el principio de legalidad tributaria tienen distinto significado.

90. El sistema fiscal, como ordenación del conjunto de tributos, se articula partiendo de los siguientes principios: a) Universalidad, individualidad, igualdad y progresividad, no confiscatoriedad y capacidad económica. b) Progresividad, generalidad, no confiscatoriedad y eficacia o justicia material en el gasto. c) Igualdad de carga tributaria, universalidad, eficacia y progresividad. d) Proporcionalidad, igualdad y generalidad en la imposición tributaria y justicia material en el gasto.

91. El principio de igualdad del sistema tributario se expresa en la capacidad contributiva de los ciudadanos, en el sentido de que situaciones económicas iguales conllevan una imposición fiscal igual. Es decir, nuevamente, se prohíben los tratos discriminatorios: a) Se prohíbe el tratamiento diferencial derivado de distintas situaciones de hecho. b) Se constitucionaliza la igualdad formal como criterio de actuación de los poderes públicos para corregir desigualdades reales que no son justificables. c) Se ha de aplicar teniendo en cuenta su preeminencia sobre otro principio que actúa en el sistema: el principio de progresividad. d) Situaciones económicas iguales conllevan una imposición fiscal igual.

92. Según el artículo 31.2 el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía: a) Dicho postulado es una parte fundamental del contenido de la justicia tributaria. b) Es un principio de ordenación de la actividad económica. c) El principio de legalidad no afecta al gasto público que determina el Estado, pero sí ha de respetarse para establecer tributos que afectan a los derechos de los ciudadanos. d) La justicia tributaria es un concepto independiente del criterio de organización del gasto público.

93. Por lo que respecta a los Entes Locales partimos de la siguiente afirmación: a) Aplican las directrices de la Administración General del Estado para elaborar presupuestos. b) Tanto la ley estatal o autonómica como los reglamentos de las Corporaciones Locales pueden establecer tributos, según la interpretación sobre la exigencia de reserva de ley que ha sido matizada por el Tribunal Constitucional. c) Elaboran sus propios presupuestos y deciden sobre la cuantía y destino del gasto público local, aunque con rango reglamentario. d) Pueden establecer y exigir tributos, creándolos ex novo al objeto de hacer frente al sostenimiento de las actividades que les son propias.

94. En virtud del principio de legalidad en materia tributaria sólo la ley, estatal o autonómica, puede establecer tributos, determinando sus elementos esenciales (hecho imponible y sujeto pasivo): a) La Corporación Local podrá decidir sobre su entrada en vigor y reglamentarlos, si es preciso, dentro del marco de la ley que los ha creado. b) La Corporación Local podrá recaudarlos y establecer recargos, no tiene potestad reglamentaria al efecto. c) La Corporación Local únicamente podrá recaudar y gestionar los impuestos creados por las Comunidades Autónomas. d) La Corporación Local podrá recaudar y gestionar los impuestos creados por el Estado.

95. La Constitución en su artículo 137 diseña una estructura territorial basada en la existencia de Comunidades Autónomas, municipios y provincias dotadas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Además, ordena que las Haciendas Locales dispongan de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye: a) Se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas (artículo 142 de la Constitución). b) Dispondrán de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les encomiende y se nutrirán fundamentalmente de los tributos que las propias corporaciones establezcan. c) Se financiarán de los recursos propios que obtengan de la participación en los impuestos estatales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). d) Las Entidades Locales podrán recaudar tasas en los supuestos establecidos por la legislación estatal o autonómica pertinente.

96. Según el artículo 12 de RD Legislativo 2/2004, la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará: a) En cumplimiento de lo que establezcan las ordenanzas fiscales dictadas por la Comunidad Autónoma en la que se integre la Corporación Local recaudadora. b) De acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. c) Según las previsiones que anualmente se establezcan en la Ley de Presupuesto. d) Según las estipulaciones contenidas en la nueva Ley 39/2015 reguladora del procedimiento administrativo.

97. Las Haciendas Locales tienen a su disposición un conjunto de impuestos, cuyo establecimiento puede ser obligatorio, o en algunos casos potestativo. Entre los impuestos locales obligatorios encontramos: a) El Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. b) El Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. c) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Actividades Económicas. d) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre el Valor Añadido.

98. La tutela financiera de los Entes Locales corresponde, según el artículo 192 del Estatuto de Autonomía de Andalucía: a) Corresponde a la Comunidad Autónoma. b) Corresponde a la Comunidad Autónoma y al Estado conjuntamente. c) Corresponde a la Cámara de Cuentas. d) Corresponde al Tribunal de Cuentas.

99. Según el artículo 192 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, los ingresos de los Entes Locales consistentes en participaciones en ingresos y en subvenciones incondicionadas estatales: a) Se percibirán a través de la Comunidad Autónoma, que los distribuirá de acuerdo con los criterios establecidos en sus leyes, respetando los criterios fijados por la legislación del Estado en esta materia. b) Se percibirán a través de la Administración General del Estado, que los distribuirá de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación pertinente. c) Se percibirán a través de la Cámara de Cuentas, que los distribuirá equitativamente. d) Se percibirán a través del Consejo de Gobierno para su tramitación y serán fiscalizados por la Cámara de Cuentas.

100. La justificación de la decisión de intervenir en la vida económica se fundamenta: a) En la satisfacción de los intereses generales a los que debe servir. b) En el artículo 103.1 de la Constitución que establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. c) En la consideración del Estado español como “social” y democrático de Derecho. d) Las dos primeras opciones son correctas.

101. Según el artículo 150, el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación: a) Mediante la oportuna ley de bases de delegación. b) Mediante el pertinente acuerdo del Consejo de Ministros y dictamen favorable del Consejo de Estado. c) Mediante la oportuna ley orgánica. d) Mediante real decreto y dictamen preceptivo del Consejo de Estado.

102. El sistema de reparto competencial de la Constitución de 1978 parte de la premisa: a) Distribución expresa de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. b) Asunción expresa de competencias por parte de una Comunidad, o transferencia o delegación por el Estado. c) El sistema se sostiene, pues, en el "principio de indisponibilidad", por el cual las Comunidades Autónomas han de asumir competencia sobre las materias enumeradas en el artículo 148. d) La renuncia a las competencias constitucionalmente asignadas ha de realizarse mediante la reforma de su Estatuto vía Ley Orgánica.

103. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: a) Se publicó en el BOE de 11 de enero de 1982 como Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, y la Ley Orgánica 2/2009, de 19 de marzo, reforma el mencionado Estatuto de Autonomía para Andalucía. b) Se publicó en el BOE de 11 de enero de 1982 como Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, y la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, reforma el mencionado Estatuto de Autonomía para Andalucía. c) Se publicó en el BOE de 30 de diciembre de 1982 como Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, y la Ley Orgánica 2/2009, de 19 de marzo, reforma el mencionado Estatuto de Autonomía para Andalucía. d) Se publicó en el BOE de 11 de enero de 1986 como Ley Orgánica 16/1986, de 30 de febrero, y la Ley Orgánica 2/2012, de 19 de marzo, reforma el mencionado Estatuto de Autonomía para Andalucía.

104. El diseño constitucional del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se completó con algunas disposiciones fundamentales. Señale la más relevante: a) El Pacto Autonómico de 1992. b) La ratificación del Tratado de Maastricht. c) La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución. d) La Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.

105. Según el art. 148 de la Constitución, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: a) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. b) Pesca marítima, marina mercante y abanderamiento de buques. c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. d) Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental.

106. El procedimiento especial de reforma de los Estatutos de Autonomía se aplicará: a) A las Estatutos de las Comunidades históricas y Navarra. b) A los Estatutos aprobados por la vía del artículo 151.1 que exigirá cumplimentar la tramitación de la reforma mediante los procedimientos en ellos establecidos y la convocatoria de un referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. c) A las Estatutos de las Ciudades Autónomas y territorios insulares. d) A las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

107. La posición del Estatuto de Autonomía con relación a las leyes autonómicas es de: a) Supletoriedad, se aplican sus principios si no existe regulación específica. b) Primacía, la aplicación del Estatuto desplaza en determinados supuestos la aplicación de las leyes autonómicas. c) Superioridad, la relación entre las leyes autonómicas y el Estatuto de Autonomía está marcada por el principio de jerarquía exclusivamente. d) Especialidad, se aplicará la norma más específica al caso.

108. El Estatuto de Autonomía como norma jurídica tiene las siguientes características: a) Es una norma estatal de la misma categoría jerárquica que la Constitución, a la que integra y completa. b) Es la “Constitución” de la Comunidad Autónoma. c) Forma parte de la legislación ordinaria. d) Tiene una naturaleza híbrida ya que, según el artículo 147.1 de la Constitución, es la norma institucional básica de la Comunidad y, por otra, al ser aprobado por ley orgánica forma parte del ordenamiento estatal.

109. La reforma de los Estatutos: a) Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. b) Se llevará a efecto a los cinco años de su aprobación y requerirá la aprobación del Senado. c) Se ajustará al procedimiento establecido para la reforma constitucional, y se aprobará por las Cortes Generales. d) Se ajustará al procedimiento establecido para la tramitación de las leyes orgánicas.

110. En el caso de acuerdos entre Comunidades distintos a los relativos a la gestión y prestación de servicios propios o de su competencia, requerirán: a) Autorización del oportuno proyecto de acuerdo por el Ministerio concernido. b) Autorización del acuerdo por el Consejo de Ministros. c) Autorización de las Cortes Generales. d) Autorización de la Asambleas Parlamentarias de las Comunidades Autónomas implicadas.

111. Recuerde en qué ocasiones ha sido aplicado el artículo 144 de la Constitución: a) Ha sido utilizado en el caso de Madrid, Ceuta y Melilla. b) No ha sido posible su utilización. c) Se intentó aplicar al supuesto de Almería. d) Se utilizó en el caso de Navarra.

112. En relación con la división territorial en provincias seleccione las previsiones establecidas en el artículo 141 del texto constitucional: a) No se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. b) La alteración de los límites provinciales se regulará en la legislación ordinaria. c) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia compuesta por la agrupación de municipios. d) Los límites provinciales pueden ser modificados por las Comunidades Autónomas.

113. Seleccione la respuesta correcta en relación a los Entes Locales existentes en España: a) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario son los únicos organismos constitucionalmente previstos. b) Los órganos constitucionales y las entidades locales son regulados en el propio texto constitucional. c) Los Entes Locales se regulan en la legislación ordinaria. d) Los Entes Locales se diseñan en la legislación autonómica.

114. El principio de lealtad institucional es el criterio rector que facilita la colaboración y la cooperación entre: a) La administración estatal y la administración autonómica. b) La administración autonómica y las administraciones locales. c) La administración autonómica y la administración europea. d) La administración central del Estado, la administración autonómica y las entidades locales.

115. La alusión de la Constitución a la indisoluble unidad de la Nación española, implica: a) El diseño de un Estado políticamente centralista y administrativamente seccionado. b) El implícito reconocimiento de la preexistencia de España como realidad política y social anterior al proceso autonómico y de refundación constituyente. c) La exigencia de un orden político único y de un diverso orden económico y social. d) La autonomía equivale a soberanía.

116. Las Comunidades Autónomas pueden ser consideradas, en virtud de las prescripciones del artículo 137 de la Constitución: a) Como órganos del Estado. b) Como instituciones iguales entre sí y en relación al Estado. c) Como organismos interpuestos entre el Estado y los ciudadanos. d) Como parte de la organización territorial del Estado diferenciadas respecto al mismo y con competencias exclusivas que pueden hacer valer frente a aquel.

117. La Constitución, en relación con la definición territorial del Estado: a) Lo caracteriza como un Estado federal. b) No acuña un término para definir la peculiar estructura del Estado español, en contraste con la Constitución de 1931 que lo denominó "Estado integral". c) Se pronuncia afirmado que España es un Estado regional y descentralizado. d) Se inclina por caracterizar la organización territorial como plural y centralizada.

118. El art. 137 de la Constitución reconoce a los Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan, autonomía para: a) La gestión de sus respectivos intereses. b) La realización de sus fines económicos. c) La consecución de intereses sociales. d) La consecución de intereses sociales y económicos.

119. Según establece la Constitución de 1978, en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de: a) Diputaciones provinciales. b) Los Alcaldes y el Pleno. c) Las Juntas Generales. d) Los Cabildos o Consejos.

120. ¿Qué Constitución establece que “… la gestión de los intereses peculiares de los pueblos y de las provincias corresponde respectivamente a los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, con arreglo a las leyes”?. a) El Estatuto Real de 1834. b) La Constitución de 1812. c) La Constitución de 1869. d) La Constitución de 1876.

121. ¿Qué principios informan las relaciones entre las Administraciones Públicas?. a) Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional. b) Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de legalidad. c) Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con los principios de legalidad, jerarquía y lealtad constitucional. d) Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de jerarquía.

122. ¿A qué órgano se encomienda por la Constitución la administración de la provincia?. a) A las Diputaciones Provinciales, los Cabildos Insulares y Consejos Insulares. b) A Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. c) A los Cabildos Insulares y Consejos Insulares. d) A las Diputaciones Provinciales.

123. El art. 137 del texto constitucional vigente enuncia la organización territorial del Estado y distingue varios tipos de Administraciones Públicas territoriales diferenciadas. Seleccione la opción correcta: a) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas. b) Municipios, provincias, comarcas y Comunidades Autónomas. c) Municipios, provincias, regiones y Comunidades Autónomas. d) Provincias, comarcas y diputaciones.

124. El artículo 138 garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 del texto constitucional. Esta garantía se implementa: a) Asentando la peculiaridad de cada territorio que se traduce en diferentes recursos económicos y fiscales. b) Velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. c) No se reconocen especiales singularidades al hecho insular. d) Se enfatiza que las diferencias en los ámbitos económicos o sociales entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas derivan de las estipulaciones de su derecho foral.

125. En la STC 37/1987, de 26 marzo, el Tribunal Constitucional afirmó que: a) El principio de igualdad constitucional impone a todas las Comunidades Autónomas el idéntico e igualitario ejercicio de sus competencias. b) El principio de igualdad constitucional impone que todas las Comunidades Autónomas ostenten las mismas competencias. c) Las prescripciones constitucionales exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos. d) Las prescripciones constitucionales no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos.

126. El proceso autonómico andaluz discurrió: a) Por la vía del artículo 143 de la Constitución. b) Según el diseño plasmado en los Acuerdos Autonómicos de 1981. c) Por la vía del artículo 151 de la Constitución. d) Las dos últimas opciones son correctas.

127. El primer Estatuto de Autonomía de Andalucía fue publicado como: a) La Ley Orgánica 6/1982, de 7 de julio. b) La Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre. c) La Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero. d) La Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre.

128. El impulso inicial de la autonomía andaluza puede fecharse en: a) El 4 de diciembre de 1977, millón y medio de andaluces se manifestaron en las capitales de provincia respondiendo a la convocatoria de los diputados y senadores elegidos en Andalucía. b) El 4 de diciembre de 1978, con la firma del "Pacto de Antequera”. c) El 6 de diciembre de 1978, con el refrendo constitucional. d) El 28 de febrero de 1980, con el refrendo al proyecto autonómico.

129. El primer borrador del texto del Estatuto de Autonomía se conoce como: a) El Pacto Federal de Ronda de 1932. b) El Estatuto de Carmona de 1981. c) El Pacto de Antequera de 1978. d) El Acuerdo de la Asamblea de Ronda de 1918.

130. Según el artículo 7 del Estatuto, salvo que tengan eficacia extraterritorial derivada de su naturaleza y en el marco del ordenamiento constitucional, las leyes y normas emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía tendrán eficacia en: a) El Estado. b) Andalucía. c) El Estado y Andalucía. d) Andalucía y en el resto de Comunidades Autónomas.

131. Según el artículo 42 del Estatuto, el derecho andaluz es de aplicación preferente en su territorio sobre cualquier otro, teniendo en estos casos el derecho estatal carácter supletorio: a) En el ámbito de sus competencias exclusivas. b) En el ámbito de sus competencias exclusivas y compartidas. c) En el ámbito de sus competencias exclusivas y ejecutivas. d) En el ámbito de sus competencias compartidas.

132. Los poderes de la Comunidad Autónoma Andaluza, según el artículo 1 del Estatuto, emanan: a) De las Cortes Generales. b) De la Constitución. c) Del pueblo andaluz en los términos de su Estatuto y la Constitución. d) Del pueblo andaluz.

133. Según el artículo 43, en relación al alcance territorial y efectos de las competencias: a) El ejercicio de las competencias autonómicas compartidas desplegará su eficacia exclusivamente en el territorio de Andalucía excepto los supuestos previstos en el Estatuto y otras disposiciones legales del Estado. b) El ejercicio de las competencias ejecutivas compartidas desplegará su eficacia exclusivamente en el territorio de Andalucía excepto los supuestos previstos en el Estatuto y otras disposiciones legales del Estado. c) El ejercicio de las competencias exclusivas desplegará su eficacia exclusivamente en el territorio de Andalucía excepto los supuestos previstos en el Estatuto y otras disposiciones legales del Estado. d) El ejercicio de las competencias autonómicas desplegará su eficacia en el territorio de Andalucía, excepto los supuestos previstos en el Estatuto y otras disposiciones legales del Estado.

134. Según el artículo 68 del Estatuto, la competencia en materia de museos, bibliotecas, archivos y otras colecciones de naturaleza análoga de titularidad y gestión estatal situados en el territorio andaluz, es una competencia: a) Exclusiva de la Comunidad Autónoma. b) Ejecutiva. c) Compartida con el Estado. d) Estatal.

135. Según el Preámbulo del Estatuto, su objetivo es llevar a efecto las necesarias reformas para: a) Modernizar el modelo territorial y profundizar en el autogobierno. b) Aproximar la Administración a la ciudadanía y perfeccionar los mecanismos de cohesión territorial, solidaridad y cooperación institucional. c) Impulsar el bienestar, la igualdad de género y la justicia social, dentro del marco de cohesión y solidaridad que establece la Constitución. d) Las dos primeras opciones son correctas.

136. En relación al derecho al trabajo, el artículo 26 del Estatuto parte de: a) El ejercicio del derecho constitucional que se garantiza a todas las personas. b) El reconocimiento del deber de trabajar y el derecho al trabajo. c) El diseño de un derecho subjetivo al trabajo frente a los poderes públicos. d) Reconocer un derecho y establece los recursos ordinarios y extraordinarios para recabar judicialmente su tutela con los requisitos legales oportunos.

137. Se instituía la Junta de Andalucía como ente preautonómico en: a) El artículo 151 de la Constitución. b) El Real Decreto-Ley 11/1978, de 27 de abril, desarrollado por el Real Decreto-Ley 832/1978, de 27 de abril. c) La Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre. d) El artículo 143 de la Constitución.

138. La sustitución de la iniciativa autonómica cuando no se alcanzó el resultado en referéndum previsto en el artículo 151 de la Constitución se plasmó en: a) La Ley Orgánica 6/1982, de 7 de julio. b) La Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero. c) La Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre. d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

139. En la Asamblea de Ronda de 1918: a) Fueron aprobados la bandera y el escudo andaluces. b) Fueron aprobados la bandera y el himno andaluces. c) Fueron aprobados el escudo y el himno andaluces. d) Fueron aprobados la bandera, el escudo y el himno andaluces.

140. Al acceder a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, Andalucía podía alcanzar inicialmente: a) Todas las competencias del artículo 148 que no hubiesen sido desarrolladas por el Estado. b) Todas las competencias compartidas del artículo 148 que no hubiesen sido desarrolladas por el Estado. c) Todas las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución no reserva al Estado. d) Todas las competencias compartidas de los artículos 148 y 149 que implicasen el cumplimiento de obligaciones derivadas del Derecho Comunitario.

141. En relación a la actividad de fomento, el artículo 45 establece que en el caso de las subvenciones referidas a sus competencias exclusivas: a) La Comunidad Autónoma especificará los objetivos y la gestión de su tramitación y concesión. b) La Comunidad Autónoma especificará los objetivos, la regulación de las condiciones de otorgamiento y la gestión de su tramitación y concesión. c) La Comunidad Autónoma especificará la regulación de las condiciones de otorgamiento y la gestión de su tramitación. d) La Comunidad Autónoma especificará los objetivos, la regulación de las condiciones de otorgamiento y la concesión.

143. La competencia en materia de políticas de género: a) Corresponde de forma compartida al Estado y a la Comunidad Autónoma. b) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva. c) Corresponde exclusivamente al Estado. d) Corresponde a la Comunidad Autónoma de forma exclusiva.

144. En relación a los derechos: a) El nuevo Estatuto profundiza en la formulación de derechos ya recogida en el Estatuto de 1981. b) El Estatuto incorpora en el Título Primero una declaración expresa o carta de derechos y deberes de ciudadanía de todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía. c) El nuevo Estatuto reproduce, mejorando técnicamente la redacción, la formulación de derechos ya recogida en el Estatuto de 1981. d) El nuevo Estatuto realmente se limita a recoger los principios que inspiran la actuación de los poderes públicos, puesto que los derechos se proclaman en el texto constitucional.

145. Según el artículo 4 del Estatuto, la sede del Tribunal Superior de Justicia es la ciudad de: a) Granada. b) Sevilla. c) Málaga. d) Córdoba.

146. El Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por las Cortes Generales fue sometido a referéndum, dentro del ámbito de Andalucía: a) EI 28 de febrero de 2009. b) El 18 de febrero de 2007. c) El 20 de diciembre de 2006. d) El 5 de mayo de 2006.

147. En relación con la condición de andaluz o andaluza, según el artículo 5, se vincula a: a) El domicilio fiscal en cualquier distrito de Andalucía. b) Los datos actualizados de empadronamiento en cualquier oficina municipal de Andalucía. c) La vecindad administrativa en cualquier municipio de Andalucía. d) Los datos reflejados en el censo electoral de Andalucía.

148. Los resultados del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica de Andalucía, celebrado el 28 de febrero de 1980, no alcanzaron las mayorías especialmente cualificadas exigidas por el texto constitucional. Triunfó el sí en todas las provincias andaluzas con la excepción de: a) Almería. b) Córdoba y Cádiz. c) Cádiz. d) Ninguna de las anteriores.

149. El Presidente de la Junta de Andalucía anunció la presentación de un documento con propuestas para la reforma del Estatuto de Autonomía en el año: a) 2007. b) 1999. c) 2000. d) 2003.

150. El texto del nuevo Estatuto aprobado fue publicado como: a) La Ley Orgánica 2/2008, de 29 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. b) La Ley Orgánica 22/2007, de 27 de diciembre, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. c) La Ley Orgánica 39/2007, de 27 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. d) La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

151. La Junta de Andalucía es la institución en la que se organiza políticamente: a) La Administración del Estado en Andalucía. b) El gobierno local andaluz. c) El autogobierno de la Comunidad Autónoma. d) El Poder Judicial en Andalucía.

152. ¿Cuáles son los órganos que integran la Junta de Andalucía según el Estatuto?. a) Parlamento, Tribunal Superior y Consejo Consultivo. b) Parlamento, Presidencia y Consejo de Gobierno. c) Presidencia, Consejo de Justicia y Parlamento. d) Parlamento, Consejo de Gobierno y Cámara de Cuentas.

153. El Parlamento de Andalucía representa: a) A los ciudadanos españoles. b) A la Junta de Andalucía. c) Al pueblo andaluz. d) A las provincias andaluzas.

154. El Parlamento de Andalucía es: a) Autónomo. b) Inviolable. c) Permanente. d) Consultivo.

155. El número mínimo de Diputados del Parlamento de Andalucía es: a) 100. b) 105. c) 109. d) 120.

156. El mandato del Parlamento de Andalucía es de: a) Tres años. b) Cuatro años. c) Cinco años. d) Seis años.

158. La aprobación o reforma del Reglamento del Parlamento requiere: a) Mayoría simple. b) Mayoría absoluta. c) Mayoría cualificada. d) Unanimidad.

159. ¿En qué órganos funciona el Parlamento de Andalucía?. a) Solo en Pleno. b) Pleno y Diputación Permanente. c) Pleno y Comisiones. d) Comisiones y Junta de Portavoces.

160. La circunscripción electoral para las elecciones al Parlamento es: a) El municipio. b) La comarca. c) La provincia. d) La Comunidad Autónoma.

161. ¿Cuál de las siguientes NO es una función del Parlamento de Andalucía?. a) Elegir al Presidente de la Junta. b) Aprobar los presupuestos. c) Ejercer la potestad reglamentaria. d) Controlar al Consejo de Gobierno.

162. El Presidente de la Junta es elegido por: a) El Consejo de Gobierno. b) El Parlamento. c) El Rey. d) El Consejo Consultivo.

163. Los decretos-leyes son dictados por: a) El Parlamento. b) El Presidente de la Junta. c) El Consejo de Gobierno. d) El Tribunal Superior de Justicia.

164. El plazo para la convalidación parlamentaria de un decreto-ley es de: a) 15 días. b) 20 días. c) 30 días. d) 45 días.

165. La moción de censura debe ser propuesta, al menos, por: a) Un décimo de los Diputados. b) Un tercio de los Diputados. c) Una cuarta parte de los Diputados. d) La mitad de los Diputados.

166. El Consejo de Gobierno es: a) Un órgano consultivo. b) Un órgano legislativo. c) Un órgano colegiado de dirección política. d) Un órgano judicial.

167. El Consejo de Gobierno cesa, entre otros supuestos, por: a) Disolución del Parlamento. b) Dimisión de un Consejero. c) Fallecimiento del Presidente. d) Aprobación de una ley.

168. El Defensor del Pueblo Andaluz es designado por: a) El Consejo de Gobierno. b) El Presidente de la Junta. c) El Parlamento. d) El Tribunal Constitucional.

169. Según el artículo 89 del Estatuto, la estructura territorial de Andalucía se organiza en: a) Municipios, mancomunidades, comarcas y provincias. b) Municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por ley. c) Diputaciones, comarcas y municipios. d) Ninguna de las opciones es correcta.

170. Según el artículo 89 del Estatuto, las relaciones entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales se ajustarán a los principios de: a) Proporcionalidad, subsidiariedad, colaboración y respeto a los ámbitos competenciales. b) Lealtad institucional, información mutua, coordinación y colaboración. c) Eficacia, subsidiariedad, colaboración y respeto a los ámbitos competenciales. d) Información mutua, coordinación, colaboración y respeto a los ámbitos competenciales.

171. Según el artículo 115, el control de constitucionalidad de las disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma con fuerza de ley corresponde: a) Al Tribunal Constitucional y al Consejo Consultivo. b) Exclusivamente al Tribunal Constitucional. c) Al Tribunal Constitucional y al Consejo de Estado. d) Al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al Tribunal Constitucional.

172. La Administración de la Comunidad Autónoma se regula en: a) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. b) El Decreto 183/2003, de 24 de junio. c) La Ley 9/2007, de 22 de octubre. d) La Ley 6/1983, de 21 de julio.

173. El Consejo Audiovisual de Andalucía tiene su sede en: a) Sevilla. b) Córdoba. c) Granada. d) Málaga.

174. La Administración de la Comunidad Autónoma se articula de acuerdo con los principios que recoge la Constitución Española, la legislación estatal tiene carácter básico. Se regula: a) En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. b) En el Decreto 183/2003, de 24 de junio. c) En la Ley 9/2007, de 22 de octubre. d) En la Ley 6/1983, de 21 de julio.

175. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla: a) Tiene su sede en Granada. b) Se articula en una configuración descentralizada con siete Salas. c) Tiene su sede en Sevilla. d) Las dos primeras opciones son válidas.