Común A1 8 - 13

1. 1. 0.

176. El procedimiento administrativo expresa que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Así se recoge inicialmente en: a) El artículo 103 de la Constitución. b) El artículo 149.1.18 de la Constitución. c) La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. d) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

177. La posibilidad de revisar judicialmente la actuación de la Administración se recoge en: a) El artículo 148 de la Constitución. b) El artículo 106 de la Constitución. c) La Ley Azcárate de 1889. d) La Ley 4/1999, de 13 de enero.

178. Según establece el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, los titulares de las Secretarías Generales Técnicas: a) Tendrán las competencias que sobre los servicios comunes de la Consejería les atribuya el decreto de estructura orgánica. b) Ejercen sus funciones bajo la dependencia directa de la Viceconsejería. c) Impulsan la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento y supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos. d) Las dos primeras opciones son correctas.

179. Según el artículo 31 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la creación de las comisiones interdepartamentales corresponde a: a) La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. b) La Consejería competente en materia de presidencia. c) Al Consejo de Gobierno. d) La Consejería competente en materia de Administración Pública.

180. La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos: a) Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. b) Ha sido sustancialmente modificada por las Leyes 39 y 40 de 1 de octubre de 2015. c) Ha sido derogada por la Ley 40/2015. d) Ha sido incorporada en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015.

181. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial: a) Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. b) Ha sido sustancialmente modificado por las Leyes 39 y 40, de 1 de octubre de 2015. c) Ha sido derogado por la Ley 39/2015. d) Ha sido incorporado en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015.

182. Según el artículo 18 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se considera representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la Administración de la Junta de Andalucía cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno: a) Aquella situación que garantice la presencia de mujeres al menos en un cuarenta por ciento. b) Aquella que se ajuste a lo establecido en la Ley de Igualdad para determinar esta representación. c) Aquella situación que garantice una presencia equitativa de hombres y mujeres. d) Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres al menos en un cuarenta por ciento.

183. Según el artículo 89 del Estatuto de Andalucía, su organización territorial se concreta en: a) Municipios, provincias y diputaciones provinciales. b) Municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por ley. c) Municipios, provincias, diputaciones provinciales y comarcas. d) Municipios, provincias, diputaciones provinciales, mancomunidades y comarcas.

184. Según el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las personas titulares de las Consejerías ostentan su representación y ejercen: a) La dirección, coordinación, inspección, evaluación y potestad reglamentaria en su ámbito funcional desempeñan la jefatura superior de todo el personal de la Consejería, correspondiéndoles la responsabilidad inherente a tales funciones. b) La dirección, coordinación, inspección, la potestad reglamentaria y sancionadora en su ámbito funcional desempeñan la jefatura superior de todo el personal de la Consejería, correspondiéndoles la responsabilidad inherente a tales funciones. c) La superior dirección, iniciativa, coordinación, inspección, evaluación y potestad reglamentaria en su ámbito funcional, correspondiéndoles la responsabilidad inherente a tales funciones. d) La dirección, coordinación, inspección, gestión de medios materiales, servicios auxiliares y publicaciones desempeñan la jefatura superior de todo el personal de la Consejería, correspondiéndoles la responsabilidad inherente a tales funciones.

185. Según el artículo 89 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la norma de creación de los órganos colegiados podrá revestir forma de: a) Orden o decreto. b) Ley. c) Ley o decreto. d) Decreto.

186. Según el artículo 74 de la Ley 40/2015, en relación a los Subdelegados del Gobierno, se establece que: a) Existirá uno en cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma. b) Tendrá categoría de Subdirector General, nombrado por Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1. c) Tendrá categoría de Subsecretario General, nombrado por el Gobierno atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. d) Las dos primeras opciones son correctas.

187. Según el artículo 60 de la Ley 40/2015, los Ministros son los jefes superiores del Departamento: a) Superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. b) Superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Secretarios Generales. c) Superiores jerárquicos directos de los Subsecretarios y Secretarios Generales. d) Superiores jerárquicos directos de los Subsecretarios Generales y Secretarios Generales Técnicos.

188. Según la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado, no tendrán la consideración de tales: a) Los Subsecretarios de Estado y los Secretarios Generales. b) Los Secretarios Generales Técnicos y los Secretarios Generales. c) Los Directores Generales y los Subsecretarios Generales. d) Los Subdirectores Generales y asimilados.

190. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos: a) Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. b) Ha sido sustancialmente modificada por las Leyes 39 y 40, de 1 de octubre de 2015. c) Ha sido derogada por la Ley 39/2015. d) Ha sido incorporada en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015.

191. Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, la estructura de la Administración General del Estado responde a los principios de: a) División funcional en Departamentos ministeriales y en Direcciones Generales. b) División funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas. c) Gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno y Comunidades Autónomas. d) División funcional en Departamentos ministeriales y Agencias estatales.

192. Según el artículo 59 de la Ley 40/2015, se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: a) Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas y las Direcciones Generales. b) Las Secretarías de Estado, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales y las Subdirecciones Generales. c) Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares. d) Las Secretarías de Estado, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales y las Subdirecciones Generales y entes asimilados.

193. Según el artículo 72 de la Ley 40/2015, los Delegados del Gobierno: a) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. b) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Presidente del Gobierno, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. c) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, por libre designación entre funcionarios de carrera del Estado o de las Comunidades Autónomas. d) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Presidente del Gobierno, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia.

194. El artículo 35 de la Ley 9/2007, establece que las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía: a) Podrán crearse por Decreto del Presidente de la Junta, a propuesta de la Consejería competente en la materia, para el ejercicio de las competencias de los servicios periféricos que se les asignen. b) Podrán crearse por Decreto de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior para el ejercicio de las competencias de los servicios sociales que se les asignen. c) Podrán crearse por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en la materia de la Presidencia, para el ejercicio de las competencias de los servicios periféricos que se les asignen. d) Podrán crearse por Decreto de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para el ejercicio de las competencias de los servicios que se les asignen.

195. Según el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas tendrán rango de: a) Secretario de Estado. b) Secretario General. c) Subdirector General. d) Director General.

196. Según el artículo 38 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en relación a los titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías: a) Representan a las Consejerías en la provincia y ejercen la dirección, coordinación y control inmediatos de los servicios de la Delegación, bajo la superior dirección y la supervisión del Consejo de Gobierno. b) Su nombramiento y separación se harán por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Presidente de la Junta de Andalucía. c) Su nombramiento y separación se harán por decreto del titular de la Consejería competente. d) Representan a las Consejerías en la provincia y ejercen la dirección, coordinación y control inmediatos de los servicios de la Delegación, bajo la superior dirección y la supervisión del titular de la Consejería.

197. Según el artículo 5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por lo que se refiere a la relación de la Administración de la Junta de Andalucía con los ciudadanos, estos no tienen derecho a: a) Que los actos de la Administración sean proporcionados a sus fines. b) Que se traten sus asuntos de manera equitativa, imparcial y objetiva. c) Que sus asuntos sean resueltos en los plazos legalmente previstos. d) Acceder a la documentación e información de la Administración de la Junta de Andalucía en los términos establecidos legalmente y a obtener información veraz.

198. Según los artículos 26 y 27 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, una de las siguientes funciones no le corresponde a la persona titular de la Consejería: a) La dirección, coordinación y control de los servicios comunes y de sus órganos dependientes. b) Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. c) Aprobar los planes de actuación de la Consejería asignando los recursos necesarios para su ejecución de acuerdo con las dotaciones presupuestarias. d) Nombrar y separar a los cargos de libre designación de su Consejería.

199. Según el artículo 69 de la Ley 40/2015, existirá una Delegación del Gobierno: a) En las Comunidades Autónomas que así lo tengan establecido en su Estatuto de Autonomía. b) En todas las Comunidades Autónomas que así lo hayan acordado con la Administración General del Estado. c) En todas las Comunidades Autónomas. d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

200. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a) Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. b) Ha sido sustancialmente modificada por las Leyes 39 y 40, de 1 de octubre de 2015. c) Ha sido derogada por la Ley 39/2015. d) Ha sido incorporada en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015.

201. En relación a las administraciones locales, la Constitución: a) No permite la articulación de una vía para la defensa específica de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. b) Reconoce a los Municipios personalidad jurídica plena. c) Reconoce a los Municipios exclusivamente como entidades político-administrativas. d) No contiene una cláusula genérica de atribución competencial a los entes locales.

202. Según el artículo 141 de la Constitución, la entidad local que constituye la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado es: a) La Diputación Provincial. b) La Provincia. c) El Municipio. d) La Mancomunidad de Municipios.

204. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno Local: a) Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce funciones ejecutivas y administrativas. b) La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos municipales necesarios de los municipios de gran población. c) El número de sus miembros será fijado por acuerdo del Pleno de la corporación Municipal. d) Las dos primeras opciones son correctas.

205. La Administración Local está integrada por entes públicos de carácter territorial con personalidad jurídica. Su naturaleza es: a) Sociológica, su existencia se justifica por la existencia de un elemento concreto de interés común relacionado con una determinada materia común a todos ellos. b) Voluntaria, en las corporaciones locales no ha de suponerse el vínculo de vecindad local. c) Asociativa, el municipio es una entidad natural reconocida por la ley. d) La Administración Local tiene ante todo una naturaleza corporativa.

206. Las entidades básicas de la organización territorial del Estado según el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son: a) El Municipio, la Provincia y la Isla. b) La Comarca, la Provincia y el Municipio. c) El Municipio, la Provincia y el Cabildo. d) La Provincia, el Municipio y el Concejo abierto.

207. Según el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Gobierno y la administración municipal corresponden: a) Al Alcalde. b) Al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. c) Al Alcalde y a las Diputaciones Provinciales. d) Al Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales.

208. Según el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 abril, son órganos superiores municipales los siguientes: a) El Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y el Secretario general del Pleno. b) El Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde. c) Los miembros de la Junta de Gobierno Local, el Alcalde y el interventor general municipal. d) El Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local.

209. Según el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 abril, no son órganos superiores municipales los siguientes: a) El secretario general del Pleno y el interventor general municipal. b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local. c) El Alcalde. d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

210. Según el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Consejo Social de la Ciudad se constituirá: a) En los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. b) En los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas si lo deciden las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. c) En los municipios fronterizos cuya población supere los 75.000 habitantes. d) Las dos primeras opciones son correctas.

211. Según el preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la actividad de las Entidades que integran la Administración Local ha de someterse al principio constitucional de autonomía y el administrativo de la descentralización: a) Estos principios implican las diversificaciones de los centros del poder público administrativo. b) Implican la actuación de cada Entidad integrante de la Administración Local, en su ámbito propio, con plena capacidad y bajo la propia responsabilidad. c) Se permite la atribución a un órgano de facultades de control que recaigan sobre la actividad en general de los otros y que supongan una limitación de la capacidad de éstos. d) Las dos primeras opciones son correctas.

212. La primera aproximación legal a la definición del Municipio la encontramos: a) En el artículo 3.1 de la Ley 7/1985. b) En los artículos 137 y 140 del texto constitucional. c) En la Carta Europea de la Autonomía Local de octubre de 1985. d) En la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local.

213. Según el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Administración Local y las demás Administraciones públicas. a) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de lealtad institucional, información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. b) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, eficacia, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. c) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, transparencia y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. d) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivo.

214. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la organización municipal: a) La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. b) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. c) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios. d) La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que así lo autorice el Consejo de Gobierno de su Comunidad Autónoma.

215. La Ley 7/1985, de 2 de abril: a) Constituye legislación básica del Estado y tiene por tanto una aplicación sustantiva directa. b) Se aplica supletoriamente en las materias no reguladas por las Comunidades Autónomas. c) Constituye el marco legal para el desarrollo de la legislación sectorial necesaria. d) La Administración Local tiene su potestad para la elaboración de su propia normativa.

216. Según el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en relación a las Mancomunidades, se establece: a) Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una provincia, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia. b) Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una misma o varias provincias limítrofes, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia. c) Tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por estatutos propios, cuyo contenido y aprobación se ajustará a la Ley 7/1985 y sus modificaciones. d) La elaboración de sus estatutos y el procedimiento de aprobación de los mismos se determinará por las estipulaciones fijadas en la legislación básica estatal.

217. Según el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la responsabilidad de hacer efectiva la autonomía que la Constitución reconoce a las Entidades Locales, la relaciona con: a) La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. b) La legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. c) La legislación de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. d) La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios y a las Comunidades Autónomas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses.

218. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno Local: a) Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce funciones ejecutivas y administrativas. b) La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos municipales necesarios de los municipios de gran población. c) El número de sus miembros será fijado por acuerdo del Pleno de la corporación Municipal. d) Las dos primeras opciones son correctas.

219. En virtud del artículo 137 del texto constitucional de 1978, el Estado: a) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. b) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía política para la gestión de sus respectivos intereses. c) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía administrativa para la gestión de sus respectivos intereses. d) Se organiza territorialmente en municipios que gozan de autonomía administrativa y en Comunidades Autónomas dotadas de autonomía política.

220. La Carta Europea de Autonomía Local se firmó en Estrasburgo en el año: a) 1992. b) 1986. c) 1985. d) 1994.

221. Según el artículo 4 de la Carta Europea de la Autonomía Local, en relación al alcance de la autonomía local: a) Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia expresamente delegada por cualquier autoridad central o regional constitucionalmente definida. b) Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad. c) Las competencias encomendadas a las Entidades Locales serán en todo caso plenas y completas. d) Las competencias básicas de las Entidades Locales vendrán fijadas por la Constitución de cada Estado firmante.

222. El diseño y regulación de las entidades locales se lleva a efecto en: a) El texto constitucional. b) La legislación ordinaria. c) Las leyes orgánicas. d) Los Estatutos de Autonomía.

223. Según el artículo 5 de la Carta Europea de la Autonomía Local: a) La modificación de los límites territoriales locales habrá de ser sometida a referéndum Temario General. b) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser consultada previamente a las colectividades locales afectadas, mediante la celebración de referéndum si la legislación lo permite. c) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en las entidades afectadas por mayoría de dos tercios de sus representantes electos. d) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en referéndum por mayoría de dos tercios de los votantes.

225. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: a) La creación o supresión de municipios se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, si la alteración de términos municipales supone modificación de los límites provinciales se requerirá siempre la aprobación por norma con rango de ley adoptada por mayoría absoluta. b) La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. c) La unión de municipios y la alteración de términos municipales se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. d) La alteración de términos municipales, se regulará por las pertinentes ordenanzas municipales de las entidades afectadas, que será convalidada por decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma afectada.

226. A la Comunidad Autónoma de Andalucía le corresponde, en lo no afectado por el artículo 149.1.18. de la Constitución, la competencia exclusiva sobre Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución y con la legislación del Estado. Su regulación se contiene en: a) La Ley 10/2011, de 5 de diciembre. b) La Ley 6/1995, de 29 de diciembre. c) La Ley 10/2003, de 6 de noviembre. d) La Ley 15/2007, de 3 de julio.

228. Las características básicas de las entidades corporativas pueden resumirse: a) El origen público de su constitución, que define su personalidad jurídica, la Temario General. Grupo A1 129 obligatoriedad indirecta de la integración de sus miembros y su carácter monopolístico. b) El origen privado o gremial de su constitución, que define su estructura y fines, la obligatoriedad indirecta de la integración de sus miembros y su carácter monopolístico. c) El acuerdo de sus miembros define su estructura y fines, y de él nace formalmente su personalidad jurídica, la adscripción es obligatoria y su carácter es monopolístico. d) Su origen es la defensa de intereses privados, su pertenencia es habilitante para determinadas actividades que también controlará la Administración del Estado.

230. Según el artículo 7 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, serán Consejeros permanentes en el Consejo Consultivo de Andalucía: a) Aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de Presidente de la Junta de Andalucía. b) Aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de Presidente de la Junta de Andalucía hasta que cumplan sesenta y cinco años de edad. c) Aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de Presidente o Consejero de la Junta de Andalucía. d) Aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de Presidente o Consejero de la Junta de Andalucía hasta que cumplan sesenta y cinco años de edad.

231. Según el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, el Consejo Consultivo ejercerá sus funciones: a) Con autonomía orgánica y funcional, para garantizar su objetividad e independencia. b) Con independencia funcional, para garantizar su objetividad e imparcialidad. c) Con objetividad e independencia para garantizar su imparcialidad y lealtad institucional. d) Con objetividad y eficacia, para garantizar su imparcialidad y seguridad jurídica.

232. El Consejo Consultivo de Andalucía, en el ejercicio de las competencias de organización y estructura de sus instituciones de autogobierno atribuida a la Comunidad Autónoma, fue creado por: a) La Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre. b) La Ley 8/1993, de 19 de octubre. c) La Ley 7/1985, de 2 de abril. d) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

233. Según el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, los Consejeros electivos de Estado: a) Serán nombrados en número de diez, por Real Decreto, por un período de cuatro años. b) Pueden haber desempeñado, entre otros cargos, el de Presidente del Consejo Ejecutivo de Comunidad Autónoma. c) Pueden haber desempeñado, entre otros cargos, el de Gobernador del Banco de España o la Presidencia del Gobierno. d) Las dos primeras opciones son correctas.

234. El artículo 7 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, enumera las categorías de entre las cuales pueden nombrarse los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado. No se menciona a: a) Ex Gobernadores del Banco de España. b) Ex Presidentes del Gobierno. c) Profesor numerario de disciplinas jurídicas, económicas o sociales en Facultad Universitaria, con quince años de ejercicio. d) Funcionarios del Estado con quince años de servicios al menos en Cuerpos o Escalas para cuyo ingreso se exija título universitario.

235. La nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre en su artículo 7: a) Supone una modificación de facto de la naturaleza del Consejo de Estado. b) No permite la función consultiva a órganos ajenos al Consejo de Estado. c) No se refiere específicamente al Consejo de Estado, alude a la articulación de la Administración consultiva mediante órganos específicos autónomos. d) Proscribe el ejercicio de la función consultiva por los servicios que prestan asistencia jurídica.

236. En virtud de las estipulaciones del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, la elaboración de propuestas legislativas o de reforma constitucional, puede ser instada al Consejo por: a) El Gobierno, por conducto de su Vicepresidente. b) El Gobierno, por conducto de su Presidente o de un Ministro. c) El Gobierno, por conducto de su Presidente. d) El Presidente del Congreso de los Diputados.

237. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en aquellos asuntos en los que siendo preceptiva la consulta al Consejo de Estado el Ministro consultante disienta del parecer del Consejo: a) Habrá de ser remitida la cuestión al Pleno del Consejo en segunda lectura. b) Corresponderá resolver en todo caso al Consejo de Ministros. c) Habrá de resolver la Comisión pertinente del Congreso de los Diputados. d) Se tendrá por evacuado el trámite y continuará el procedimiento por los cauces pertinentes.

238. La posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan crear sus propios órganos consultivos para que desarrollen una función equivalente a la del Consejo de Estado, deriva de: a) Los artículos 147.2.c y 148.1.1 de la Constitución, que consagran el principio de autonomía organizativa. b) El artículo 149.3 de la Constitución, que se refiere a las competencias autonómicas. c) El artículo 150 de la Constitución, relativo a la organización institucional autonómica. d) El artículo 153 de la Constitución, relativo al control de la actividad autonómica.

239. La legalidad vigente del Consejo de Estado se concreta en: a) Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. b) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. c) La Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. d) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

240. La II República disolvió el Consejo del Estado. Tras la guerra, la Ley de 10 febrero 1940 volvió a institucionalizar el Consejo de Estado. Señale la opción que considere correcta: a) Se recuperó la Ley de 1904, aunque las consultas sólo serían facultativas. b) Posteriormente en 1944 se aprobó una nueva Ley Orgánica del Consejo de Estado. c) Se recuperó la Ley de 1904, aunque las consultas serían siempre preceptivas y vinculantes. d) Las dos primeras opciones son correctas.

241. La Ley Santamaría Paredes de 1888 estableció: a) El Tribunal Superior de lo Contencioso, que posteriormente se integró en el Tribunal Supremo. b) El Tribunal Supremo, con la estructura que ha llegado hasta hoy. c) Un sistema mixto de justicia administrativa, creando un Tribunal Superior de lo Contencioso dentro del Consejo de Estado que actuaba con jurisdicción delegada. d) La jurisdicción contencioso-administrativa, con capacidad de juzgar la actividad de la Administración.

242. En relación a los antecedentes históricos, en 1845 se creó el Consejo Real: a) A este órgano se le encomendó por primera vez la función consultiva. b) Se le encomendó por primera vez, junto a la función consultiva, el despacho de los asuntos contencioso-administrativos, si bien con un carácter retenido. c) Esta institución se ocupaba del despacho de los asuntos contencioso-administrativos. d) Este órgano únicamente tenía la facultad de reunir a todos los Ministros.

243. En relación con los antecedentes constitucionales: a) El Consejo Real pervivió hasta la Constitución de 1931. b) La Constitución de 1812 suprimió el Consejo Real, creando el Consejo de Estado como consejero único del Rey. c) En la tradición constitucional histórica española los miembros del Consejo de Estado eran nombrados por el monarca, a propuesta de las Cortes. d) En España no encontramos antecedentes históricos de cuerpos consultivos.

244. Del Consejo de Estado puede afirmarse que: a) Es el organismo supremo de la administración central consultiva, que emite su parecer sobre determinadas medidas de gobierno. b) Por razón de la materia, su competencia es ilimitada. c) Es un organismo de la administración central consultiva y asesoramiento que comparte la tarea general consultiva con sus órganos delegados en las Comunidades Autónomas. d) Dicha institución reconoce a los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas las competencias delegadas en los asuntos de su interés.

245. En relación a la Administración Consultiva puede afirmarse: a) Es aquella manifestación de la actividad administrativa, cuya labor consiste en el consejo y asesoramiento de la administración activa. b) Los órganos denominados consultivos realizan su función mediante la emisión de dictámenes o informes jurídicos escritos. c) Los órganos denominados consultivos realizan su función mediante la emisión de dictámenes o informes escritos de carácter técnico. d) Los órganos denominados consultivos realizan su función mediante la emisión de informes preceptivos y vinculantes para los órganos decisorios de la Administración.

246. Mediante Real Decreto de 14 de julio de 1858: a) Al Consejo se le encomendó por primera vez la función de fiscalizar las acciones del Temario General. Grupo A1 120 Gobierno. b) Se recuperó el nombre tradicional y el Consejo Real pasó a denominarse definitivamente Consejo de Estado. c) Se dotó de competencias consultivas y vinculantes al Consejo Real. d) Se reguló la obligación del Rey de convocar al Consejo en los asuntos graves gubernativos, declarar la guerra y hacer los tratados.

248. Una nueva Ley Orgánica del Consejo de Estado de 1904, entre otras cuestiones: a) Aumentó considerablemente el número de Consejeros. b) Definió los supuestos de consultas preceptivas. c) Estructuró el Consejo en tres escalones constituidos por las Secciones, la Comisión Permanente, y el Pleno. d) Suprimió la distinción orgánica entre Consejeros permanentes, natos y electivos.

249. Tanto el Consejo de Estado como los Consejos Consultivos autonómicos: a) Forman parte de la Administración General del Estado. b) El Consejo de Estado forma parte de la Administración General del Estado, los Consejos Consultivos Autonómicos forman parte de la Administración Territorial. c) Forman parte de la Administración Institucional del Estado. d) No forman parte de la Administración activa ni están integrados en ningún departamento ministerial.

250. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado: a) En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado valorará la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines. b) En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado valorará la oportunidad y conveniencia cuando la cuestión afecte al reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. c) En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado valorará la oportunidad y conveniencia cuando lo solicite expresamente la autoridad autonómica consultante. d) En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado valorará la oportunidad y conveniencia en cualquier cuestión relativa a derechos fundamentales.

251. La eficacia directa de la directiva permite: a) Obligar a la derogación de una ley interna vigente y contraria a la norma del DUE. b) La derogación “de facto” de la norma interna contraria al DUE o insuficiente. c) Considerar a la directiva contraria a la disposición interna como una disposición derogatoria inmediata. d) Excluir la aplicación de una norma interna contraria al DUE o insuficiente, también se puede sustituir con la directiva la ausencia de norma de Derecho interno pertinente.

252. La aplicación directa del Derecho Comunitario o Derecho de la Unión Europea se traduce en los siguientes postulados: a) Las normas comunitarias o de la UE pueden ser directamente invocadas por sus destinatarios ante los órganos jurisdiccionales internos ya que son fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos aquellos a quienes conciernan. b) En Derecho Comunitario o DUE las normas normalmente no son "self-executing". c) La aplicabilidad directa de las normas comunitarias o de la UE depende de que las normas sean "self-executing". d) Las normas comunitarias debidamente transpuestas tienen eficacia directa.

253. El Derecho Comunitario primario u originario está compuesto básicamente: a) Por los Tratados Constitutivos de las Comunidades y los tratados de adhesión. b) Por los Tratados Constitutivos de las Comunidades, los tratados que los modifican, el bloque constitucional y los tratados de adhesión. c) Por los Tratados Constitutivos y los que los modifican, los tratados de las Comunidades con otras Organizaciones y Estados no miembros. d) Por los Tratados Constitutivos y los que los modifican, y por los tratados de la política comercial común con terceros Estados.

254. Los actos normativos de la Unión Europea tienen determinadas características. Señale la afirmación incorrecta respecto a ellos: a) Han de clasificarse en atención a su objeto y los efectos que se atribuyen. b) Han de publicarse en el Boletín Oficial del Estado para ser aplicados en España. c) Han de tener motivación, publicación y notificación. d) Las directivas que otorgan derechos a los particulares frente al Estado pueden ser aplicadas en virtud de su efecto directo sin acto de transposición.

255. El Tratado de Lisboa distingue tres clases bien conocidas de instrumentos jurídicos, a saber: a) Reglamento, directiva y decisión. b) Reglamento, ley marco y directiva. c) Reglamento, directiva y ley europea. d) Reglamento, decisión y ley marco europea.

256. Los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea actúan: a) En la gran sala funcionan reunidos 12 jueces. b) En pleno, en sala o en gran sala. c) En salas de 3, 5 o 7 jueces. d) En salas individuales.

257. Tras la entrada en vigor de Lisboa y la incorporación de Croacia en 2013 el número de abogados generales asciende en el TJUE a: a) 11. b) 9. c) 13. d) 15.

258. El Parlamento Europeo tiene competencias: a) Presupuestarias y legislativas. b) Jurídicas, legislativas, presupuestarias y de relaciones exteriores. c) Consultivas, legislativas, presupuestarias y ejecutivas. d) Políticas, presupuestarias, legislativas y de relaciones exteriores.

260. Según el artículo 17 del Tratado de Lisboa (TUE): a) El mandato de la Comisión será de cuatro años. b) El mandato de la Comisión será de seis años. c) El mandato de la Comisión será de tres años. d) El mandato de la Comisión será de cinco años.

261. Los Comisarios en su tarea están asistidos por: a) Jefes y asesores técnicos y jurídicos nombrados por su gobierno. b) Un gabinete cuyo jefe puede sustituir al Comisario en las reuniones, pero no puede votar en su lugar. c) Una dirección general y servicios asimilados. d) Un subsecretario de su gobierno.

262. Puesto que es un órgano integrado que representa los intereses comunitarios y su desarrollo, los miembros de la Comisión serán elegidos: a) Por ostentar un cargo con rango ministerial. b) En virtud de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. c) Según su competencia y con garantías de plena independencia. d) Por representar intereses económicos y sociales relevantes dentro de la Unión.

264. El Consejo es un órgano comunitario e intergubernamental. Señale la afirmación incorrecta respecto a su funcionamiento: a) Depende de la iniciativa de la Comisión para ejercer funciones legislativas. b) Sus actos son controlables por el TJUE. c) Está obligado a celebrar públicamente sus sesiones. d) Es un marco de concertación entre los Estados miembros y éstos y la Unión.

265. El Consejo Único, que sustituye al Consejo Especial de Ministros de la CECA, el Consejo de la Comunidad Económica Europea y el Consejo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, se instituye en el Tratado de Bruselas del año: a) 1965. b) 1961. c) 1970. d) 1957.

266. En el Consejo actualmente se exige unanimidad para algunas decisiones, señale la materia para la que no es necesaria la unanimidad: a) La admisión de nuevos miembros en la Unión. b) La aprobación del presupuesto. c) La asociación de terceros Estados a la Unión. d) La modificación de los Tratados Constitutivos y las acciones no previstas por los Tratados.

267. El procedimiento de votación en el Consejo según el artículo 16 (TUE) del Tratado de Lisboa es: a) Mayoría simple, mayoría absoluta o unanimidad. b) Según los Tratados el Consejo adoptará sus decisiones por mayoría simple, aunque son muy numerosas las excepciones a esta regla. c) Por mayoría cualificada excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. d) Por mayoría absoluta cualificada.

268. Los debates del Consejo según el Tratado de Lisboa son: a) Públicos si tratan de presupuestos. b) Normalmente secretos, aunque se celebra un debate público anual del Consejo de Asuntos Generales. c) Públicos cuando delibere o vote un proyecto de acto legislativo. d) No son públicos en ningún caso.

269. Los representantes de los Estados miembros en el Consejo: a) Deben tener rango ministerial y poder comprometer al gobierno. b) Ser ministros en activo. c) Deben ser Jefes de Gobierno. d) Obtener el refrendo del Jefe del Estado en sus actuaciones.

270. El Consejo de Asuntos Generales: a) Se compone de los Jefes de Estado, se reúne trimestralmente y se ocupa de las orientaciones generales. b) Está compuesto por los Ministros de Asuntos Exteriores, se ocupa de la coordinación general y se reúne mensualmente. c) Se ocupa de la política exterior, y se compone de los Ministros del sector, sus sesiones son mensuales. d) Se compone de los Ministros de Exteriores y de los Ministros del ECOFIN.

271. Decimos que el Consejo tiene una naturaleza bifronte. Seleccione la opción correcta: a) Porque es un órgano de una Organización Internacional y al tiempo representa los intereses de los Estados. b) Porque es un órgano integrado y político a la vez. c) Porque tiene potestad decisoria y recomendatoria al mismo tiempo. d) Porque tiene competencias legislativas y presupuestarias al tiempo.

272. Según el Tratado de Lisboa (artículo 15 TUE), el Consejo Europeo estará compuesto de: a) Los Jefes de Estado y de Gobierno, su Presidente, Mr. PESC, el Presidente de la Comisión y el del Parlamento Europeo. b) Los Jefes de Estado o de Gobierno, su Presidente y el Presidente de la Comisión, con la participación del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Politica de Seguridad. c) Los Jefes de Estado o de Gobierno, el Presidente del Parlamento Europeo y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores. d) Los Jefes de Estado y de Gobierno, su Presidente, Mr. PESC, el Presidente de la Comisión y el Presidente del Consejo.

274. La función primordial del Consejo Europeo es: a) Recomendatoria y consultiva. b) Armonizar la relación de la Unión con otras Organizaciones Internacionales. c) Dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir las orientaciones políticas generales de la Unión Europea. d) Legislar junto con el Parlamento Europeo.

275. El Consejo Europeo puede tomar sus decisiones, según el artículo 15 del Tratado de Lisboa (TUE): a) Por consenso, a no ser que los Tratados dispongan otra cosa. b) Por unanimidad o por mayoría cualificada. c) Por consenso, mayoría simple o cualificada. d) Por la mayoría simple de los asistentes y votantes.

276. Las implicaciones de la cooperación normativa de los Estados en la aplicación del DUE pueden exigir: a) La derogación o no adopción de normas internas contrarias al DUE y la adopción de las medidas necesarias para la transposición de directivas y decisiones en los plazos prescritos. b) La publicación de los actos jurídicos elaborados por la UE. c) La potestad sancionadora por el incumplimiento del DUE a los particulares si está prevista en el DUE. d) La aplicación e interpretación del Derecho Comunitario por los órganos jurisdiccionales españoles.

277. El reglamento se caracteriza por: a) Ser una norma perfecta que nace con presunción de validez jurídica. b) Los reglamentos no pueden contener o necesitar medidas de ejecución. c) En relación a la motivación, ha de estar fundado en los Tratados, aunque el TJUE no exige referencia a artículos concretos. d) Debe ser publicado en el DOUE, y entra en vigor cuando éste lo establece o cuarenta días después de su publicación.

278. La directiva es una norma que impone una obligación de resultado, que requiere del Estado una actividad. Señale la afirmación incorrecta: a) El uso abusivo de la directiva detallándolas en exceso deja al Estado sin margen de maniobra. b) Han de ser motivadas, aunque no se necesita la cita expresa de los Tratados y todas han de ser publicadas. c) Pretende armonizar la legislación de la UE y es el símbolo del principio de subsidiariedad, por el que la Unión interviene sólo en la medida en que los objetivos de la acción no puedan ser alcanzados por los Estados miembros. d) Para analizar su aplicabilidad directa el TJUE indica que hay que examinar su naturaleza, contenido y estructura.

285. El número de eurodiputados que corresponde a España para la legislatura 2019-2024 según la Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo de 28 de junio de 2018, asciende a: a) 59. b) 52. c) 60. d) 65.

286. El Parlamento Europeo, tras una profunda evolución: a) Ha de ser oído en relación a la ampliación de la Unión y modificación de Tratados Constitutivos. b) Nombra y censura a la Comisión, y participa en los trabajos de ésta y del Consejo. c) Elabora leyes y reglamentos europeos. d) Diseña la política financiera.

287. El estatuto de los partidos políticos europeos y su financiación lo fijará: a) El propio Parlamento Europeo. b) El COREPER. c) La Comisión. d) El Consejo.

289. Según el artículo 250 del TFUE las decisiones en la Comisión se toman: a) Por consenso o por unanimidad. b) Por mayoría absoluta, la ausencia o abstención no contabiliza. c) Por mayoría de sus miembros, la ausencia o abstención se equipara al voto negativo. d) Por mayoría simple de los asistentes.

290. De entre las siguientes funciones señale cuál de ellas no corresponde a la Comisión: a) Formulará recomendaciones y emitirá dictámenes, participando en los actos del Consejo y del Parlamento. b) Presenta el proyecto del presupuesto junto con el Consejo y fija las políticas monetarias. c) Tiene poder de decisión propio, ejerce competencias delegadas por el Consejo y tiene la iniciativa legislativa. d) Velará por la aplicación de los Tratados y el Derecho de la UE.

297. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la representación exterior de la Unión está repartida entre: a) Mr. PESC, el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente del Parlamento. b) El Presidente de la Comisión, el Presidente del Consejo Europeo y el Servicio Exterior Europeo. c) El Presidente de la Comisión, el Presidente del Consejo Europeo y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. d) El Presidente del Consejo Europeo y el Presidente del Parlamento.

301. Según la Ley 19/2013, la transparencia se articula a través de: a) Publicidad institucional. b) Datos abiertos. c) Publicidad activa, derecho de acceso y buen gobierno. d) Registros administrativos.

302. Un principio básico de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía es: a) Principio de jerarquía. b) Principio de excepcionalidad. c) Principio de transparencia: toda la información es accesible salvo límites legales. d) Principio político.

303. ¿Quién tiene derecho de acceso a la información pública?. a) Solo personas españolas. b) Personas físicas con interés legítimo. c) Empresas que acrediten motivación. d) Todas las personas, sin necesidad de motivación.

304. La publicidad activa obliga a publicar información: a) Solo si existe orden expresa. b) Solo a petición ciudadana. c) Cada cinco años. d) De forma periódica, actualizada y accesible.

305. En virtud de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, la información de publicidad activa debe publicarse con carácter general: a) Semestralmente. b) Trimestralmente. c) Cada dos años. d) Solo cuando se modifique.

306. ¿Cuál es el plazo general para resolver solicitudes de acceso a la información pública según la Ley 19/2013?. a) 10 días. b) 1 mes. c) 3 meses. d) 20 días hábiles.

307. ¿Cuál es el plazo general para resolver solicitudes de acceso a la información pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales según la Ley 1/2014?. a) 1 mes. b) 20 días hábiles prorrogables por otros 20. c) 45 días. d) 15 días hábiles.

308. Es un límite al derecho de acceso según la Ley 19/2013: a) Opiniones políticas. b) Gasto público. c) Seguridad nacional. d) Relevancia social.

309. Según la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, los límites al acceso deben aplicarse de forma: a) Libre. b) Discrecional. c) Justificada y proporcionada. d) Automática.

310. En las solicitudes de acceso a la información pública de la Ley 19/2013, el solicitante debe: a) Justificar interés legítimo. b) Presentar solicitud presencial. c) Identificarse y señalar la información sin obligación de motivación. d) Presentarla solo por vía electrónica.

311. Cuando la información contiene datos personales especialmente protegidos, la Ley 19/2013 exige: a) Publicación automática. b) Test de daño. c) Consentimiento expreso del afectado. d) Resolución motivada sin más requisitos.

312. El acceso parcial a la solicitud a la información pública procede cuando: a) Todo el documento está protegido. b) La petición no está motivada. c) La administración lo decide por economía. d) Parte de la información está afectada por límites y puede disociarse.

313. Según la Ley 19/2013, debe publicarse mediante publicidad activa: a) Solo estadísticas. b) Datos sin relevancia. c) Información institucional, organizativa, jurídica y económica. d) Solo relaciones laborales.

314. Según la Ley 1/2014, forma parte de las obligaciones de publicidad activa: a) Opiniones políticas de cargos públicos. b) Estructura organizativa, normativa y organigramas actualizados. c) Correspondencia interna. d) Conversaciones administrativas.

315. La reclamación estatal frente a una denegación de acceso a la información pública se presenta ante: a) El Tribunal Supremo. b) El Defensor del Pueblo. c) El Ministerio competente. d) EL Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

316. En Andalucía, las reclamaciones frente a la denegación de acceso a la información pública las resuelven: a) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. b) La Delegación del Gobierno. c) El Parlamento. d) El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

317. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene naturaleza: a) De Departamento ministerial. b) De Comisión interna. c) De Organismo independiente con personalidad jurídica propia. d) De Órgano judicial.

318. Una de las finalidades del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es: a) Sancionar autoridades. b) Registrar licitaciones. c) Elaborar leyes. d) Promover la transparencia, velar por publicidad activa y garantizar el derecho de acceso.

319. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se configura como: a) Delegación administrativa. b) Oficina técnica. c) Autoridad independiente con autonomía orgánica y funcional. d) Comisión consultiva sin competencias.

320. La Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es nombrada por: a) El Presidente de la Junta. b) El Defensor del Pueblo. c) El Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta. d) El Consejo de Gobierno sin trámite parlamentario.

321. Una función de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es: a) Emitir decretos legislativos. b) Dirigir la política de igualdad. c) Nombrar alcaldes. d) Resolver reclamaciones frente a resoluciones de acceso.

322. Una función de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es: a) Auditar presupuestos municipales. b) Adoptar criterios interpretativos uniformes en transparencia. c) Aprobar leyes autonómicas. d) Anular actos administrativos.

323. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno debe publicar sus resoluciones: a) Íntegramente incluyendo datos personales. b) No tiene la obligación de publicar ninguna de sus resoluciones. c) Solo cuando las solicita el interesado. d) Previo proceso de disociación de datos personales.

324. Es infracción muy grave en Andalucía según la Ley 1/2014: a) Presentar solicitudes genéricas. b) Retraso leve en publicación. c) Denegación arbitraria del derecho de acceso. d) Uso de formatos PDF.

325. Según la Ley 19/2013, el Portal de la Transparencia debe cumplir principios como: a) Extranjería y orden público. b) Jerarquía y responsabilidad. c) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. d) Exclusividad digital.