Común A2

a2. 1a. 2aa.

1. Según el artículo 1 de la Constitución, España se constituye como: a) Un Estado liberal y democrático. b) Un Estado social y democrático de Derecho. c) Un Estado federal y social. d) Una monarquía absoluta.

2. ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico español?. a) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. b) Igualdad, legalidad, seguridad y soberanía. c) Justicia, solidaridad, igualdad y unidad. d) Libertad, democracia, soberanía y justicia.

3. Los constituyentes optaron, en relación a la soberanía, por declarar: a) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. b) La soberanía reside en la nación española. El diseño de los constituyentes optaba por tesis centralistas. c) La soberanía reside en los pueblos que forman la nación española. d) El sistema diseña un Estado pseudofederalista y regionalista, siendo las nacionalidades las titulares de la soberanía.

4. En el texto constitucional se consagra que la forma política del Estado español es: a) República parlamentaria. b) Monarquía constitucional. c) Monarquía parlamentaria. d) Estado federal.

5. El Título I de la Constitución trata sobre: a) La organización territorial del Estado. b) Los derechos y deberes fundamentales. c) El Gobierno y la Administración. d) El Tribunal Constitucional.

6. El artículo 40 de la Constitución dedicado a los principios rectores de la política social y económica que alude a la consecución del progreso social y económico, la distribución de la renta regional y personal más equitativa, la estabilidad económica y el pleno empleo: a) Tiene el carácter de norma imperativa e indisponible. b) Recoge los precedentes constitucionales españoles. c) Es una norma típicamente programática que prescribe la persecución de un fin de interés general, pero sin poner los medios y las condiciones para su realización. d) Para la consecución del pleno empleo y el reparto del trabajo, el Tribunal Constitucional ha dicho que el legislador no puede utilizar como instrumento la jubilación forzosa.

7. En relación a la alusión de la Constitución al derecho a la salud: a) El texto constitucional diseña una organización territorial del Estado que impide la asunción por las Comunidades Autónomas de competencias en materia de sanidad. b) Tiene su precedente en el artículo 46.2 de la Constitución de 1931, que estipulaba que la legislación social de la República regularía los casos de seguro de enfermedad. c) El art. 4.2.f del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, define como competencia exclusiva de los Estados miembros los asuntos relativos a la seguridad en materia de salud pública. d) Titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria son todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia legal en el territorio nacional.

8. El artículo 41 de la Constitución, encuadrado en el capítulo de principios rectores de la política social y económica, se ocupa de la Seguridad Social: a) Las prestaciones de la Seguridad Social son contributivas y proporcionales en todo caso a cotizaciones de los afiliados. b) La Seguridad Social española sigue el modelo contributivo y profesional que diseñó Bismark. c) Se regula partiendo de manera flexible y abierta a la evolución del sistema. d) La Seguridad Social española sigue el modelo anglosajón de Beveridge, no contributivo y universal.

9. ¿En qué Título de nuestra Constitución encontramos definida la doctrina de la separación de poderes?. a) En el Título III, de las Cortes Generales. b) No existe referencia expresa en el texto constitucional. c) En el Título IV, del Gobierno y de la Administración. d) En el Título Preliminar.

10. La expresión "derecho de excepción", se puede relacionar con: a) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Judicial. b) El ámbito de aplicación de la "legislación terrorista" y la suspensión de algunas garantías procesales. c) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio competencial entre Estado y Comunidades Autónomas por motivos de orden público. d) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Legislativo.

11. El artículo 44 de la Constitución contempla el derecho a la cultura, y las obligaciones para los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la misma: a) Se permite la posibilidad de exigencia inmediata del mismo ante jueces y tribunales. b) Se diseña como política de exclusiva competencia estatal. c) En su promoción intervendrán exclusivamente la administración autonómica y la administración europea. d) El derecho a la cultura pertenece, como ha señalado reiteradamente la doctrina, al género de los derechos de prestación.

12. La STC 88/1986, de 1 julio, analiza la unidad de mercado y su compatibilidad con la autonomía política. De ella deducimos: a) La Constitución garantiza un mercado único que implica la uniformidad de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica. b) La Constitución garantiza la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. c) La Constitución excluye la diversidad de regímenes jurídicos eliminando las intervenciones de distintas autoridades públicas. d) La libertad de empresa, la unidad de mercado y la libertad de residencia son exigencias exclusivamente derivadas del Derecho Comunitario.

13. La regulación Capítulo III, del Título I de la Constitución se incluye en el Título I "De los derechos y deberes fundamentales", por lo que: a) Abren vía de recurso ante el Tribunal Constitucional. b) Pueden ser considerados verdaderos derechos subjetivos de los ciudadanos como el resto de derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el citado Título. c) De estos principios no cabe deducir pretensiones jurídicas inmediatas sino expectativas de derechos. d) Son normas meramente programáticas.

14. ¿Resulta la Constitución directamente aplicable a los operadores jurídicos como fuente del Derecho?. a) No, puesto que sería una interpretación excesiva del principio de soberanía nacional. b) Sí, porque fue el resultado de un pacto entre la Corona y la soberanía nacional. c) Sí, puesto que la Constitución vincula a Jueces y Tribunales. d) No, puesto que las normas directamente aplicables son las emanadas del poder legislativo y del ejecutivo.

15. Los derechos fundamentales pueden ser suspendidos en determinados casos, establecidos constitucional y legalmente: a) La declaración de suspensión ha de ser general en relación a un colectivo de personas, en un ámbito territorial, nacional o regional. b) La suspensión de derechos fundamentales de forma individual ha sido declarada inconstitucional. c) Los derechos pueden ser suspendidos de forma tanto individual como colectiva. d) La suspensión de derechos ha sido integrada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

16. En relación a los estados de alarma, excepción o sitio: a) Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio serán provisionales e indispensables y proporcionadas para restablecer la normalidad. b) Se adoptarán cuando desórdenes extraordinarios hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad por parte de los poderes ordinarios de las autoridades. c) Deberán adoptarse a través de Ley Orgánica. d) Dependerán también de lo que se establezca en los correspondientes Estatutos de Autonomía.

17. En relación con las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales: a) Se regularon por primera vez en la Constitución de 1931. b) La suspensión de garantías se regulaba en las leyes de “orden público”. c) Las Constituciones históricas españolas no contuvieron mención alguna de las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales. d) Las dos últimas opciones son correctas.

18. El artículo 55 del texto constitucional regula la suspensión general de derechos y libertades: a) Se relaciona con la declaración de las situaciones excepcionales cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades. b) Se permite la suspensión de derechos y libertades en nuestra Constitución en el estado de excepción, el estado de sitio y el estado de alarma. c) La finalidad es la suspensión de determinados derechos y libertades, sobre la base de dejar total libertad de actuación al Ejecutivo para posibilitarle el restablecimiento del orden público alterado. d) Los actos de la autoridad gubernativa adoptados durante la vigencia de la suspensión de derechos no son impugnables en vía jurisdiccional.

19. El art. 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, afirmación que encuentra sus precedentes en: a) En la Constitución de 1812. b) En el art. 31 del Fuero de los Españoles y en la Declaración XII, 2, del Fuero del Trabajo. c) En la Constitución de 1931. d) En la Constitución de 1869.

20. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre: a) Magistrados, Fiscales y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. b) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. c) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. d) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

21. Según el artículo 159 de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de: a) Seis años y se renovarán la mitad de sus miembros a los tres años. b) Seis años y se renovarán por terceras partes cada tres. c) Cinco años con posibilidad de renovar el mandato una sola vez. d) Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

22. Según el artículo 162 de la Constitución están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: a) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los Presidentes de la Comunidades Autónomas. b) El Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. c) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. d) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

23. Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a que se refieren los artículos 166 y 167 de la Constitución, se tramitarán: a) Conforme a las normas establecidas para proyectos y proposiciones de ley. b) Conforme al procedimiento seguido con los proyectos de ley. c) Conforme al procedimiento seguido con las proposiciones de ley. d) Conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

24. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá: a) A la disolución inmediata de las Cortes previa convocatoria de referéndum. b) Las nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión y aprobar el nuevo texto constitucional por mayoría de dos tercios de ambas y someterla a referéndum. c) La propuesta podrá ser sometida a referéndum. d) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

25. Según el artículo 169 de la Constitución no podrá iniciarse la reforma constitucional: a) En tiempo de guerra o de estado de excepción. b) En tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, de sitio o de excepción. c) En los estados de alarma, de sitio o de excepción. d) En los estados de sitio o excepción.

26. El primer artículo dedicado a la Corona, el 56, actúa, como un "artículo marco" o definitorio de los rasgos caracterizadores de la Monarquía. a) No se atribuyen funciones específicas a la institución. b) Se califica al Rey como Jefe del Estado y se le atribuyen las tres grandes funciones de la institución. c) Se acuña un término para definir la peculiar estructura del Estado español, para romper con la Constitución de 1931. d) Se inclina por caracterizar la organización como Monarquía representativa.

27. Los constituyentes optaron por la unidad del Estado, diseñaron la Corona como uno de los órganos constitucionales del Estado, vértice de la organización estatal, el de mayor dignidad formal y posición. De ahí su carácter "soberano". Señale la opción que considere correcta: a) Los artículos 2 y 56 del texto constitucional y los Títulos II y VIII que los desarrollan, salvaguardan el principio de la unidad del Estado permitiendo un sistema complejo y flexible de acceso a la autonomía. b) El Rey representa igualmente al Estado español ante las Comunidades Autónomas, aun cuando sus derechos no afectan al Rey. c) El sistema del artículo 2 y el Título VIII que lo desarrolla, permite matizar el principio de la unidad del Estado, de la Nación y de la soberanía. d) El sistema constitucional diseña un Estado pseudofederalista y regionalista.

28. El constituyente diseña la unidad abstracta del Estado en la función arbitral y moderadora del Monarca. Esta afirmación constitucional implica: a) La distribución igualitaria del poder entre Estado, Comunidades Autónomas y Poderes legislativo, ejecutivo y judicial. b) Los Estatutos de Autonomía pueden matizar y han reformado el inicial diseño constitucional. c) Se configura al Rey como poder armónico o regulador y se le atribuyen potestades de impulso de los poderes del Estado y la resolución de conflictos entre los mismos como “función moderadora”. d) El federalismo es una opción prevista en el texto constitucional.

29. El Rey es el representante del Estado español en las relaciones internacionales, esto implica: a) Competencias de indudable significación política y que requerirán el previo conocimiento del Gobierno y el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. b) Competencias de indudable significación política y que requerirán el previo conocimiento del Gobierno. c) La acreditación de embajadores y otros representantes diplomáticos, la manifestación del consentimiento en los tratados y la declaración de guerra y paz. d) La supervisión de los trabajos preparatorios de tratados con las naciones de su comunidad histórica.

30. El refrendo es el mecanismo que posibilita la existencia de la falta de responsabilidad y de la inviolabilidad. Esta afirmación implica: a) Todos los actos del Rey, como condición de validez, están sujetos al requisito del refrendo. b) La irresponsabilidad protege la conducta del Rey como persona; la inviolabilidad protege sus actos como institución del Estado. c) Se admiten constitucionalmente muchas variedades de refrendo. d) Nuestra Constitución mantiene una concepción tradicional del refrendo exigiendo necesariamente que la persona que debe refrendar sea el autor efectivo de la propuesta o actuación.

31. En relación al refrendo la doctrina del Tribunal Constitucional ha señalado: a) La libertad de forma para el refrendo. b) La autoridad refrendante asume la responsabilidad del acto del Rey. c) La autoridad administrativa que refrenda el acto del Rey certifica la adecuación del acto regio al ordenamiento jurídico. d) El refrendo refleja la división de poderes expresamente consagrada en la Constitución.

32. En el artículo 57 se regulan supuestos excepcionales en la sucesión a la Corona, en los que se otorga protagonismo a las Cortes Generales, órgano de la representación popular: a) El procedimiento es novedoso en nuestra tradición, y es uno de los distintivos de las modernas monarquías parlamentarias. b) El principio de igualdad constitucional impone que las Cortes, sede de la soberanía, asuman las competencias que se habían reconocido a la Corona si no hay sucesor. c) Nuestra Constitución actual exige, para el matrimonio de los posibles sucesores al trono, la autorización del Rey y de las Cortes. d) El procedimiento enlaza con la más rancia tradición monárquica española, que arranca en el Compromiso de Caspe.

33. El fundamento del refrendo se encuentra en: a) La necesaria limitación constitucional a los actos del Rey, que asegura la estabilidad democrática. b) En el principio de lealtad institucional de los poderes de Estado. c) El criterio rector que facilita la colaboración, la cooperación y el equilibrio entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. d) El carácter intangible de la Jefatura del Estado, gracias al cual el Rey simboliza, modera y arbitra, pero no asume decisiones, sino que se limita, con su firma, a perfeccionar determinados actos políticos de gobierno convirtiéndolos en actos de Estado.

34. Según el artículo 117 la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. Con relación a esta afirmación seleccione la respuesta correcta: a) Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es posterior a la función legislativa. b) Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es simultánea a la función legislativa. c) Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es anterior a la función legislativa. d) Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es posterior a la función ejecutiva.

35. El antecedente de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial es: a) El Estatuto Real de 1834. b) El Fuero de los Españoles de 1945. c) La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. d) Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial.

36. Este principio cardinal de sometimiento a la ley está también íntimamente ligado a la proclamación de la independencia de jueces y magistrados, y se regula en: a) En el art. 117 del texto constitucional. b) En los artículos 12 a 14 de la LOPJ. c) En la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. d) El art.117 de la CE y en los arts. 12 a 14 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

37. Las implicaciones de la inamovilidad han de manifestarse en un régimen legal que garantice: a) La estabilidad de los jueces y magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, así la jubilación, la separación del servicio, el traslado, la suspensión sólo pueden obedecer a causas legales y procedimientos reglados. b) En nuestro Derecho se establece el carácter vitalicio de la condición de juzgador. c) La situación estatutaria de los jueces y magistrados, se reconoce el derecho a la sindicación profesional para la protección y amparo de sus intereses e independencia. d) La imposibilidad de la suspensión de empleo y sueldo de estos funcionarios.

38. El Tribunal Constitucional (STC 265/1988, de 22 de diciembre) ha señalado que el principio de exclusividad está reñido con el automatismo en la concesión de efectos civiles a decisiones acordadas: a) En el ámbito de la jurisdicción militar. b) En el ámbito de la jurisdicción eclesiástica anglicana. c) En el ámbito sometido a la jurisdicción de la Sharía dictada por un juez eclesiástico o cadi. d) En el ámbito de la jurisdicción canónica.

39. La unidad jurisdiccional implica la supresión de todas y cada una de las jurisdicciones propias que establecían diferentes órdenes para distintos grupos de sujetos y los correspondientes privilegios que suponían. Seleccione la opción correcta: a) La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales de excepción como los tribunales de honor. b) La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales canónicos como los tribunales militares. c) La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales canónicos como los tribunales militares de honor. d) La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales militares como los tribunales de excepción.

40. En el artículo 118 se establece que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto: a) La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido del art. 24.1 de la CE. b) La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido del art. 9 de la CE. c) La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho subjetivo incorporado al contenido del art. 103 de la CE. d) El Tribunal Constitucional queda al margen de esta norma en lo relativo a la ejecución de sus resoluciones.

41. El art. 119 del texto constitucional proclama un derecho a la gratuidad de la justicia en los casos y en la forma en los que el legislador determine: a) La gratuidad de la justicia se configura como un derecho fundamental y subjetivo cuya finalidad es una garantía para los intereses de la justicia. b) La regulación del sistema de justicia gratuita se lleva a efecto por ley orgánica puesto que afecta a la igualdad de defensa, corresponde al legislador dar cumplimiento a la encomienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos que carezcan de recursos. c) La evaluación del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la asistencia jurídica gratuita es una función jurisdiccional, así se ha mantenido tradicionalmente en nuestra legislación procesal. d) Es un derecho prestacional y de configuración legal cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las concretas disponibilidades presupuestarias.

42. Según el artículo 120 las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública: a) Según ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de publicidad protege a las partes de una justicia sustraída al control público, y mantiene la confianza de la comunidad en los tribunales, exigencia del Estado de Derecho. b) La consagración constitucional de un principio procedimental como la oralidad sigue la línea iniciada por las Constituciones europeas. c) La consagración constitucional de un principio procedimental como la oralidad sigue la tradición constitucional española. d) La ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial en referencia al principio de oralidad, introduce en el procedimiento laboral, penal y contencioso-administrativo la obligación de grabar las vistas.

43. Respecto al nombramiento del Fiscal General del Estado seleccione la opción correcta: a) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. b) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre funcionarios españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. c) El candidato a Fiscal General propuesto por el Gobierno, tras la preceptiva audiencia del Consejo General del Poder Judicial, deberá someterse a una comparecencia ante una Comisión del Congreso de los Diputados que habrá de valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto antes de ser nombrado por el Rey. d) La elección parte de la propuesta de las Cortes Generales, oído el consejo General del Poder Judicial. Su mandato tendrá una duración de seis años.

44. La institución del jurado popular ha sido una de las más controvertidas desde la promulgación de la Constitución de 1978: a) Aparece en la Constitución de 1812, el texto de 1869, y en la Constitución de 1931. b) Aparece en la Constitución de 1931. c) Ha sido una institución polémica intermitentemente recogida en nuestro constitucionalismo histórico. d) Aparece en la Constitución de 1812 y en la Constitución de 1931.

45. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por: a) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. b) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. c) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de nueve años sin posibilidad de renovar mandatos. d) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirán alternativamente y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de seis años.

46. El artículo 122 se refiere a la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera: a) El estatus de los jueces y magistrados, el conjunto de derechos y deberes de los que son titulares, ha de venir determinado por Ley Orgánica, aunque algunos aspectos secundarios puedan ser regulados reglamentariamente. b) La mayor parte de nuestras Constituciones históricas han regulado esta materia. c) La Constitución establece de manera precisa las funciones del Consejo General del Poder Judicial. La enumeración debe entenderse como un numerus clausus. d) El CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, sólo se rige por la Constitución y por la LOPJ.

47. El Consejo General del Poder Judicial fue establecido por la Constitución de 1978 en su artículo 122, siguiendo los modelos de otros países próximos: a) El diseño español sigue el modelo alemán. b) El texto de 1978 sigue el diseño constitucional de Francia, Portugal y, en especial, Italia. c) El texto de nuestra Constitución adapta el modelo danés. d) La Constitución de 1978 sigue los modelos de otros países próximos como Bélgica o Luxemburgo.

48. En el Consejo General del Poder Judicial: a) Doce de sus miembros se elegirán entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado. b) El artículo 122.3 CE exige que los doce vocales de que habla fuesen elegidos por jueces y magistrados. c) La Ley Orgánica 6/1985 establece que la iniciativa de propuesta correspondía a los grupos parlamentarios. d) Según la Ley 6/1985 el Presidente del Consejo es elegido por el Pleno del Congreso de los Diputados a propuesta del CGPJ entre miembros de la carrera judicial.

49. Según la LO 2/2001, en relación a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial: a) En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, como las Cámaras. b) En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados como los colegios profesionales. c) En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados como las autoridades académicas y las asociaciones de fiscales. d) En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados como el resto de los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.

50. Según la LO 2/2001 en el trámite de propuesta de candidatos a vocales del CGPJ se instaura un sistema mixto: a) Las Cámaras elegirán cada una de ellas 6 vocales entre los candidatos propuestos, empezando por el Congreso de los Diputados. b) Las Cámaras elegirán cada una de ellas 6 vocales entre los candidatos propuestos, empezando por el Senado. c) Las Cámaras designarán en primer lugar los ocho vocales de elección parlamentaria. d) La elección entre los candidatos propuestos por asociaciones de jueces y colegios profesionales se realizará de forma simultánea en ambas Cámaras, designando el siguiente más votado si hubiese coincidencia en la designación.

51. En relación a las diferentes Constituciones, en España podemos observar con facilidad que: a) La totalidad de las constituciones optaba por un sistema bicameral. b) Han sido más frecuentes y más duraderas aquellas constituciones que optaron por un sistema bicameral. c) Han sido más frecuentes y más duraderas aquellas constituciones que optaron por un sistema unicameral. d) La totalidad de las constituciones optaba por un sistema unicameral.

52. Respecto al sistema bicameral instaurado en nuestra Constitución, podemos afirmar: a) Un sistema de bicameralismo equilibrado o perfecto. b) Los Estatutos de Autonomía pueden matizar y han reformado el inicial diseño constitucional. c) Un sistema de bicameralismo imperfecto, atenuado o desequilibrado. d) El Congreso de los Diputados tiene atribuciones o facultades paralelas a las que se otorgan al Senado.

53. Encontramos entre las funciones que la Constitución otorga al Congreso de los Diputados: a) Autorizar los acuerdos de cooperación entre las distintas Comunidades Autónomas y otorgar la confianza al Presidente del Gobierno o cesarle mediante moción de censura. b) Otorgar la confianza al Presidente del Gobierno o cesarle mediante moción de censura y tiene la última palabra en el proceso legislativo. c) Autorizar los acuerdos de cooperación entre las distintas Comunidades Autónomas y otorgar la confianza al Presidente del Gobierno. d) Otorgar la confianza al Presidente del Gobierno o cesarle y prevenir cualquier actuación de cualquier Comunidad Autónoma que pueda perjudicar el interés general de España.

54. La función legislativa es la primera potestad del Estado. Es clásica la equivalencia entre Parlamento y Poder Legislativo. Seleccione la opción correcta: a) Estamos hablando del ejercicio de una potestad por el poder constituyente en el pleno ejercicio de su soberanía. b) El ejercicio de la potestad legislativa está siempre sometido a la supremacía de la Constitución, el Título III, y del Reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado. c) La potestad legislativa es exclusiva de las Cortes Generales. d) La autonomía equivale a soberanía.

55. El Gobierno puede llegar a ejercer la potestad legislativa. Seleccione la respuesta que considere correcta: a) Los Estatutos de Autonomía distribuyen las competencias entre las Comunidades Autónomas. b) La potestad legislativa de las Cámaras que sólo encuentra su límite en la propia Constitución, el Gobierno tiene esta competencia en condiciones limitadas y sometidas a ulterior convalidación del Congreso de los Diputados. c) Bien por delegación de las propias Cortes (art. 82), bien como consecuencia del despliegue de competencias propias (art. 86), a través de Decretos-leyes. d) Las tres opciones son correctas.

56. Las Comunidades Autónomas disfrutan también de una potestad legislativa propia (art. 152.1 y 153 a) entre otros). El sistema de relaciones internormativas entre el derecho del Estado y el de las Comunidades Autónomas implica: a) La superioridad jerárquica del ordenamiento estatal. b) El sistema competencial determinará, en última instancia, la capacidad del Estado o de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de la potestad legislativa. c) El principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 del texto constitucional implica el ejercicio coordinado y concurrente de esta potestad y la superioridad jerárquica estatal. d) Se enfatiza que, en caso de contradicción entre ordenamiento estatal y autonómico, prevalecen las estipulaciones de su derecho foral por expresa remisión constitucional.

57. El ejercicio de la potestad presupuestaria está sometida a requisitos y condiciones muy específicas: a) El ejercicio de la misma se efectúa por el congreso de los Diputados de conformidad con su Reglamento. b) El principio de igualdad constitucional impone que todas las Comunidades Autónomas participen en la elaboración del presupuesto. c) La disciplina sustancial de los Presupuestos la encontramos en la Ley General Presupuestaria. d) Las prescripciones constitucionales no exigen la autorización, sólo la remisión parlamentaria.

58. Además de las clásicas corresponden a las Cortes Generales las demás competencias que les atribuye la Constitución (art. 66.2), entre ellas destacamos: a) La reforma constitucional, la designación o propuesta de miembros de otros órganos constitucionales o de relevancia constitucional, así como todas aquellas competencias relacionadas con la Corona. b) El nombramiento de los presidentes de las Comunidades Autónomas. c) La convocatoria de elecciones generales. d) La declaración de guerra o de estados de excepción y sitio.

59. En el artículo 67, en relación a la posibilidad de ser miembro de las asambleas legislativas de nuestro país, el constituyente opta: a) Por declarar incompatible la pertenencia simultánea a las dos Cámaras de las Cortes Generales. b) Por declarar incompatible la pertenencia simultánea a las dos Cámaras de las Cortes Generales y por impedir la pertenencia a la vez al Congreso de los Diputados y a una Asamblea Autonómica. c) Por declarar incompatible la pertenencia a la vez al Congreso de los Diputados y a una Asamblea Autonómica. d) Por declarar incompatible la pertenencia a la vez al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo.

60. En relación a la composición del Congreso, el art. 68 establece que: a) Se compone de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. b) Se compone del número de Diputados que establezca la ley, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. c) Se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. d) Se compone de 300 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

61. Cada circunscripción deberá tener una representación mínima inicial y los demás escaños se distribuirán en proporción a la población. Seleccione la opción correcta: a) El reparto de los escaños será tanto más proporcional o poblacional cuanto menor sea el número inicial común a todas las circunscripciones y tanto más territorial cuanto mayor sea ese número. b) La LOREG fija en dos Diputados el número mínimo inicial y distribuye los restantes según un procedimiento proporcional con sistema de mayores restos. c) La LOREG fija en cuatro Diputados el número mínimo inicial y distribuye los restantes según un procedimiento proporcional con sistema de mayores restos. d) Las dos primeras opciones son correctas.

62. El concepto constitucional de las leyes orgánicas se configura en el art. 81, se define: a) Por dos notas: su contenido y su procedimiento. b) Por su contenido: las materias reservadas a la ley orgánica; a saber, los derechos fundamentales y libertades públicas, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general. c) Por las materias que regulan; son las normas reguladoras de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional y del ejercicio de determinados derechos o de la configuración del Estado autonómico. d) Por el tratamiento de cuestiones relativas a los órganos constitucionales o de relevancia constitucional y del ejercicio de determinados derechos o de la configuración del Estado autonómico.

63. Para que una ley sea orgánica: a) Si respeta el procedimiento de elaboración basta con un precepto de contenido orgánico para que pueda atribuirse a la ley dicho carácter. b) Su núcleo debe afectar a materias reservadas a la ley orgánica, no basta con un precepto de contenido orgánico para que pueda atribuirse a la ley dicho carácter. c) En una ley orgánica no se pueden hacer remisiones a leyes ordinarias ni para desarrollo posterior, de lo contrario no se respetaría la reserva constitucional. d) La denominación de la ley ha de establecer su carácter, que condicionará todo el contenido de su articulado.

64. En cuanto a las relaciones entre Gobierno y Administración cabe recordar: a) El Gobierno, según el artículo 107, comprende, en general, el llamado Poder Ejecutivo, incluyendo cualquier Administración Pública; Gobierno y Administración son la misma cosa. b) La Constitución se refiere a las funciones políticas, que integrarían la función de Gobierno, y otras de carácter discrecional. c) El Gobierno, según el Título IV de la Constitución, aparece diferenciado de la Administración propiamente dicha a la que dirige. d) La función ejecutiva se identifica con el ejercicio de la potestad reglamentaria.

65. La dirección de la Administración civil y militar constituye otra de las funciones clásicas del Gobierno: a) Los Ministros tienen una posición dual, son miembros del Gobierno y, de otra son la cúspide de su Ministerio ostentando la condición de órgano administrativo superior del mismo. b) No puede darse conexión directa entre la dirección de la Administración y el propio Gobierno. c) El Gobierno ejerce en exclusiva la función ejecutiva según nuestro diseño constitucional. d) La función ejecutiva la comparte el Gobierno con los organismos autonómicos que no se someten al mismo.

66. La Constitución remite a una ley la determinación precisa de la composición del Gobierno. Se regula en: a) La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. b) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. c) La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por la Ley 40/2015. d) La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por la Ley 39/2015.

67. El Defensor del Pueblo es: a) Un órgano unipersonal, designado por el Gobierno para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución. b) El alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución. c) Un órgano unipersonal, designado por las Cortes Generales para el control del poder ejecutivo y de la Administración. d) Un órgano unipersonal, designado por las Cortes Generales para la defensa de la Constitución.

68. En relación al nombramiento del Defensor del Pueblo, éste será elegido: a) Por las Cortes Generales para un período de cinco años, y se dirigirá a las mismas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado. b) Por las Cortes Generales para un período de cuatro años, y se dirigirá al Congreso de los Diputados en las sesiones de control del Gobierno. c) Por el Gobierno a propuesta de las Cortes Generales, para un período de cuatro años, y se dirigirá al Congreso de los Diputados en las sesiones de control del Gobierno. d) Por el Gobierno a propuesta de las Cortes Generales, para un período de cuatro años, y presentará informes al Gobierno y al Tribunal Constitucional.

69. El art. 136 de la Constitución señala que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. En relación a este órgano de control, podemos señalar que: a) Depende directamente del Gobierno y ejerce sus funciones por delegación para el examen y comprobación de las cuentas del Estado. b) Depende directamente del Ministerio de Economía y Hacienda, y ejerce sus funciones por delegación para el examen y comprobación de las cuentas del Estado. c) Depende directamente del Ministerio de la Presidencia para el control del Presupuesto y los fondos de la Unión Europea. d) Depende directamente de las Cortes Generales para el examen y comprobación de las cuentas del Estado.

70. Respecto a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales reflejada en el artículo 108, podemos señalar que: a) El reconocimiento de la responsabilidad colegiada del Gobierno es una constante en los textos constitucionales decimonónicos españoles en 1812, en 1837, en 1845, en 1869 y en 1876. b) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. c) El reconocimiento de la responsabilidad colegiada del Gobierno ante el Rey es una constante en los textos constitucionales decimonónicos españoles. d) La responsabilidad individual de los miembros del Gobierno ante el Parlamento es una práctica típicamente británica heredada por el constitucionalismo continental.

71. El Reglamento del Senado, en consonancia con la Constitución, reconoce a la Cámara Alta el ejercicio de ciertos instrumentos de control: a) Son las preguntas, interpelaciones y creación de comisiones de investigación. b) Son las preguntas, interpelaciones, mociones, posibilidad de requerir datos, informes o documentos y creación de comisiones de investigación. c) Son las preguntas, interpelaciones y requerimiento de comparecencia del Defensor del Pueblo. d) Son las interpelaciones, reprobaciones y requerimiento de datos, informes o documentos.

72. La moción de censura para su aprobación requiere: a) La adopción por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. b) La adopción por mayoría simple en el Congreso de los Diputados. c) La adopción por mayoría simple en el Congreso de los Diputados y en el Senado. d) La adopción por mayoría simple en el Senado.

73. Según el artículo 112 de la Constitución, el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada: a) Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de los Diputados. b) Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados. c) Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados y Senadores. d) Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Senadores.

74. La disolución de las Cortes en la Constitución, con un carácter imperativo, se llevará a efecto: a) En el caso de que ninguno de los candidatos a la Presidencia del Gobierno obtenga la investidura del Congreso, el Rey tiene que decretar la disolución de esta Cámara y el Senado. b) En caso de reformas totales o parciales fundamentales de la propia Constitución. c) Después de la aprobación de una reforma constitucional por las Cortes Generales. d) En los tres casos hay que proceder obligatoriamente a la disolución de las Cámaras.

75. Los supuestos de disolución de las Cámaras de carácter voluntario se producen porque el Presidente del Gobierno así lo decide: a) El Rey decreta formalmente la disolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno. b) El Rey decreta formalmente la disolución de conformidad con el artículo 62 del texto constitucional, a propuesta de las Cortes Generales. c) El Rey decreta formalmente la disolución de conformidad con el artículo 62 del texto constitucional, a propuesta del Presidente del Congreso. d) El Rey decreta formalmente la disolución de conformidad con el artículo 62 del texto constitucional, a propuesta del Consejo de Ministros.

76. Partiendo de la subordinación de la riqueza del país al interés general, el texto constitucional diseña: a) La Hacienda Pública en su concepción clásica, es decir la capacidad para imponer tributos y la capacidad para gastar y controlar ese gasto público. b) Un código rígido para implementar una economía mixta con preponderancia pública. c) La posibilidad de la transferencia competencial de los Estados miembros a la Unión para la definición de una política económica común. d) Un sistema que eludió la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, para evitar la tensión con el artículo 38 que consagra la libertad de empresa en una economía de mercado.

77. El artículo 128.2 reconoce la iniciativa pública en la actividad económica: a) Aunque la iniciativa pública sólo queda justificada en aquellos supuestos de ausencia de iniciativa privada. b) Supone una ruptura radical con el principio de subsidiariedad que regía en la economía hasta la aprobación de la Constitución de 1978. c) Permite al Estado con su intervención colmar una necesidad que la iniciativa privada no es capaz de satisfacer. d) Prima el principio de subsidiariedad de la empresa pública respecto de la privada siempre que el interés público lo justifique.

78. El texto de 1978 regula la Hacienda en su concepción clásica, tal y como se recoge en los textos constitucionales del siglo XIX, es decir, como capacidad para imponer tributos y para asignar y controlar el gasto público. Se regula en: a) Los artículos 128 a 130. b) El Título VII de la Constitución. c) Los artículos 133 a 136. d) Los Estatutos de Autonomía pueden matizar y han reformado el inicial diseño constitucional.

79. Por poder financiero ha de entenderse el poder para regular el ingreso y gasto público, concretado en la titularidad y ejercicio de una serie de competencias constitucionales: a) La capacidad para organizar un sistema de ingresos y gastos, regulando ingresos y autorizando gastos mediante la competencia normativa; así como la potestad administrativa para la aplicación efectiva de dichas normas, lo que implica potestad administrativa o de gestión. b) El derecho a percibir ingresos y a disponer de ellos. c) La importante relación existente entre poder financiero y competencias materiales. d) Las dos primeras opciones son correctas.

80. Para que la autonomía financiera que la Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas, así como la autonomía para la gestión de los respectivos intereses de Comunidades Autónomas y Entes Locales, sean reales y efectivas es preciso que éstas posean los recursos pertinentes: porque el Estado se lo reconoce. a) En España los titulares del poder financiero son el Estado y las Comunidades Autónomas. b) En España los titulares del poder financiero son el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales, aunque no todos ellos tienen un poder financiero de la misma naturaleza. c) En España el titular del poder financiero es el Estado. d) Comunidades Autónomas y Entes Locales tienen poder financiero.

81. La Unión Europea ostenta determinadas competencias en materia tributaria, que se proyectan en: a) La competencia para fijar los impuestos indirectos sobre el consumo. b) La potestad de establecer recursos tributarios propios como el arancel aduanero común y la imposición de límites, prohibiciones y controles al poder impositivo de los Estados miembros para evitar la obstaculización del mercado único. c) La armonización de la legislación fiscal de los Estados miembros respecto del IVA para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de la competencia. d) Las dos últimas opciones son correctas.

82. El artículo 149.1.14 de la Constitución proclama la competencia exclusiva del Estado sobre la Hacienda General, lo que engloba: a) La Hacienda estatal y las relaciones de ésta con las Haciendas autonómicas como manifestación de los principios de descentralización y solidaridad. b) La Hacienda estatal y las relaciones de ésta con las Haciendas autonómicas y locales como manifestación de los principios de coordinación y solidaridad. c) La Hacienda estatal y las relaciones de ésta con las Haciendas locales como manifestación de los principios de descentralización y solidaridad. d) La Hacienda estatal y las relaciones de ésta con los organismos integrantes de la Administración General del Estado.

83. En el ámbito de las competencias del Estado, la aplicación de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y la función revisora en vía administrativa corresponde: a) Al Tribunal de Cuentas. b) Al Tribunal Económico-Administrativo concernido. c) A la Intervención General del Estado. d) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

84. La ordenación general de la economía corresponde: a) Al Estado junto a las Comunidades Autónomas (art. 148.1.13ª). b) Al Estado (art. 147.1.13ª CE). c) Al Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (art. 149.3). d) A la Unión Europea y los Estados miembros.

85. La modificación del artículo 135 ha tenido profundas implicaciones. Elija la opción correcta: a) Sólo el apartado 3 del precepto actual conserva la regulación, se refiere a la deuda pública, refundiendo la redacción anterior con algunos cambios. b) Al primitivo artículo 135 se añaden las exigencias derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea. c) El artículo 135 se redacta ex novo en virtud de las exigencias de la Unión Europea. d) La reforma extiende las obligaciones de equilibrio presupuestario que afectaban al Estado, a las Comunidades Autónomas y al resto de los organismos administrativos de la Administración General del Estado.

86. El art. 138.2 CE señala un límite al poder financiero de las Comunidades Autónomas, íntimamente conectado con el principio de solidaridad: a) El principio de igualdad tributaria. b) El principio de cohesión. c) El principio de neutralidad. d) El principio de legalidad tributaria.

87. El Estado se reserva la regulación de las figuras impositivas básicas necesarias para conseguir los fines que tiene encomendados y ejercer las competencias que le atribuye la Constitución, que se concreta en los siguientes principios impositivos: a) El principio de unidad del sistema tributario, íntimamente ligado a los principios de solidaridad y coordinación, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones. b) El principio de equilibrio económico, el impulso al crecimiento de la renta y la riqueza y su más justa distribución, evitando arbitrariedades y desigualdades. c) El principio de crecimiento sostenible y estabilidad presupuestaria evitando desequilibrios e inflación. d) El principio de transparencia y el principio de equilibrio territorial evitando inseguridad y discrecionalidad.

88. El artículo 157 regula los recursos de las Comunidades Autónomas, que comprenden: a) Impuestos cedidos, recargos y otras participaciones en los ingresos del Estado. También podrán contar con impuestos propios. b) Impuestos cedidos, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado que no impliquen nuevos tributos. c) Impuestos cedidos, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos de la Unión Europea. d) Impuestos creados por el Estado para determinadas Comunidades Autónomas que acrediten equilibrio presupuestario y recargos sobre impuestos estatales.

89. El principio de reserva de ley postula la existencia de materias que sólo pueden regularse por ley: a) El principio de legalidad administrativa incluye el principio de proporcionalidad tributaria. b) El principio de legalidad tributaria es una consecuencia de la interdicción de la arbitrariedad. c) El principio de reserva legal incluye el principio de legalidad tributaria. d) El principio de reserva legal y el principio de legalidad tributaria tienen distinto significado.

90. El sistema fiscal, como ordenación del conjunto de tributos, se articula partiendo de los siguientes principios: a) Universalidad, individualidad, igualdad y progresividad, no confiscatoriedad y capacidad económica. b) Progresividad, generalidad, no confiscatoriedad y eficacia o justicia material en el gasto. c) Igualdad de carga tributaria, universalidad, eficacia y progresividad. d) Proporcionalidad, igualdad y generalidad en la imposición tributaria y justicia material en el gasto.

91. El principio de igualdad del sistema tributario se expresa en la capacidad contributiva de los ciudadanos, en el sentido de que situaciones económicas iguales conllevan una imposición fiscal igual. Es decir, nuevamente, se prohíben los tratos discriminatorios: a) Se prohíbe el tratamiento diferencial derivado de distintas situaciones de hecho. b) Se constitucionaliza la igualdad formal como criterio de actuación de los poderes públicos para corregir desigualdades reales que no son justificables. c) Se ha de aplicar teniendo en cuenta su preeminencia sobre otro principio que actúa en el sistema: el principio de progresividad. d) Situaciones económicas iguales conllevan una imposición fiscal igual.

92. Según el artículo 31.2 el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía: a) Dicho postulado es una parte fundamental del contenido de la justicia tributaria. b) Es un principio de ordenación de la actividad económica. c) El principio de legalidad no afecta al gasto público que determina el Estado, pero sí ha de respetarse para establecer tributos que afectan a los derechos de los ciudadanos. d) La justicia tributaria es un concepto independiente del criterio de organización del gasto público.

93. Por lo que respecta a los Entes Locales partimos de la siguiente afirmación: a) Aplican las directrices de la Administración General del Estado para elaborar presupuestos. b) Tanto la ley estatal o autonómica como los reglamentos de las Corporaciones Locales pueden establecer tributos, según la interpretación sobre la exigencia de reserva de ley que ha sido matizada por el Tribunal Constitucional. c) Elaboran sus propios presupuestos y deciden sobre la cuantía y destino del gasto público local, aunque con rango reglamentario. d) Pueden establecer y exigir tributos, creándolos ex novo al objeto de hacer frente al sostenimiento de las actividades que les son propias.

94. En virtud del principio de legalidad en materia tributaria sólo la ley, estatal o autonómica, puede establecer tributos, determinando sus elementos esenciales (hecho imponible y sujeto pasivo): a) La Corporación Local podrá decidir sobre su entrada en vigor y reglamentarlos, si es preciso, dentro del marco de la ley que los ha creado. b) La Corporación Local podrá recaudarlos y establecer recargos, no tiene potestad reglamentaria al efecto. c) La Corporación Local únicamente podrá recaudar y gestionar los impuestos creados por las Comunidades Autónomas. d) La Corporación Local podrá recaudar y gestionar los impuestos creados por el Estado.

95. La Constitución en su artículo 137 diseña una estructura territorial basada en la existencia de Comunidades Autónomas, municipios y provincias dotadas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Además, ordena que las Haciendas Locales dispongan de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye: a) Se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas (artículo 142 de la Constitución). b) Dispondrán de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les encomiende y se nutrirán fundamentalmente de los tributos que las propias corporaciones establezcan. c) Se financiarán de los recursos propios que obtengan de la participación en los impuestos estatales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). d) Las Entidades Locales podrán recaudar tasas en los supuestos establecidos por la legislación estatal o autonómica pertinente.

96. Según el artículo 12 de RD Legislativo 2/2004, la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará: a) En cumplimiento de lo que establezcan las ordenanzas fiscales dictadas por la Comunidad Autónoma en la que se integre la Corporación Local recaudadora. b) De acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. c) Según las previsiones que anualmente se establezcan en la Ley de Presupuesto. d) Según las estipulaciones contenidas en la nueva Ley 39/2015 reguladora del procedimiento administrativo.

97. Las Haciendas Locales tienen a su disposición un conjunto de impuestos, cuyo establecimiento puede ser obligatorio, o en algunos casos potestativo. Entre los impuestos locales obligatorios encontramos: a) El Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. b) El Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. c) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Actividades Económicas. d) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre el Valor Añadido.

98. La tutela financiera de los Entes Locales corresponde, según el artículo 192 del Estatuto de Autonomía de Andalucía: a) Corresponde a la Comunidad Autónoma. b) Corresponde a la Comunidad Autónoma y al Estado conjuntamente. c) Corresponde a la Cámara de Cuentas. d) Corresponde al Tribunal de Cuentas.

99. Según el artículo 192 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, los ingresos de los Entes Locales consistentes en participaciones en ingresos y en subvenciones incondicionadas estatales: a) Se percibirán a través de la Comunidad Autónoma, que los distribuirá de acuerdo con los criterios establecidos en sus leyes, respetando los criterios fijados por la legislación del Estado en esta materia. b) Se percibirán a través de la Administración General del Estado, que los distribuirá de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación pertinente. c) Se percibirán a través de la Cámara de Cuentas, que los distribuirá equitativamente. d) Se percibirán a través del Consejo de Gobierno para su tramitación y serán fiscalizados por la Cámara de Cuentas.

100. La justificación de la decisión de intervenir en la vida económica se fundamenta: a) En la satisfacción de los intereses generales a los que debe servir. b) En el artículo 103.1 de la Constitución que establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. c) En la consideración del Estado español como “social” y democrático de Derecho. d) Las dos primeras opciones son correctas.

101. Según el artículo 150, el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación: a) Mediante la oportuna ley de bases de delegación. b) Mediante el pertinente acuerdo del Consejo de Ministros y dictamen favorable del Consejo de Estado. c) Mediante la oportuna ley orgánica. d) Mediante real decreto y dictamen preceptivo del Consejo de Estado.

102. El sistema de reparto competencial de la Constitución de 1978 parte de la premisa: a) Distribución expresa de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. b) Asunción expresa de competencias por parte de una Comunidad, o transferencia o delegación por el Estado. c) El sistema se sostiene, pues, en el "principio de indisponibilidad", por el cual las Comunidades Autónomas han de asumir competencia sobre las materias enumeradas en el artículo 148. d) La renuncia a las competencias constitucionalmente asignadas ha de realizarse mediante la reforma de su Estatuto vía Ley Orgánica.

103. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: a) Se publicó en el BOE de 11 de enero de 1982 como Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, y la Ley Orgánica 2/2009, de 19 de marzo, reforma el mencionado Estatuto de Autonomía para Andalucía. b) Se publicó en el BOE de 11 de enero de 1982 como Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, y la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, reforma el mencionado Estatuto de Autonomía para Andalucía. c) Se publicó en el BOE de 30 de diciembre de 1982 como Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, y la Ley Orgánica 2/2009, de 19 de marzo, reforma el mencionado Estatuto de Autonomía para Andalucía. d) Se publicó en el BOE de 11 de enero de 1986 como Ley Orgánica 16/1986, de 30 de febrero, y la Ley Orgánica 2/2012, de 19 de marzo, reforma el mencionado Estatuto de Autonomía para Andalucía.

104. El diseño constitucional del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se completó con algunas disposiciones fundamentales. Señale la más relevante: a) El Pacto Autonómico de 1992. b) La ratificación del Tratado de Maastricht. c) La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución. d) La Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.

105. Según el art. 148 de la Constitución, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: a) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. b) Pesca marítima, marina mercante y abanderamiento de buques. c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. d) Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental.

106. El procedimiento especial de reforma de los Estatutos de Autonomía se aplicará: a) A las Estatutos de las Comunidades históricas y Navarra. b) A los Estatutos aprobados por la vía del artículo 151.1 que exigirá cumplimentar la tramitación de la reforma mediante los procedimientos en ellos establecidos y la convocatoria de un referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. c) A las Estatutos de las Ciudades Autónomas y territorios insulares. d) A las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

107. La posición del Estatuto de Autonomía con relación a las leyes autonómicas es de: a) Supletoriedad, se aplican sus principios si no existe regulación específica. b) Primacía, la aplicación del Estatuto desplaza en determinados supuestos la aplicación de las leyes autonómicas. c) Superioridad, la relación entre las leyes autonómicas y el Estatuto de Autonomía está marcada por el principio de jerarquía exclusivamente. d) Especialidad, se aplicará la norma más específica al caso.

108. El Estatuto de Autonomía como norma jurídica tiene las siguientes características: a) Es una norma estatal de la misma categoría jerárquica que la Constitución, a la que integra y completa. b) Es la “Constitución” de la Comunidad Autónoma. c) Forma parte de la legislación ordinaria. d) Tiene una naturaleza híbrida ya que, según el artículo 147.1 de la Constitución, es la norma institucional básica de la Comunidad y, por otra, al ser aprobado por ley orgánica forma parte del ordenamiento estatal.

109. La reforma de los Estatutos: a) Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. b) Se llevará a efecto a los cinco años de su aprobación y requerirá la aprobación del Senado. c) Se ajustará al procedimiento establecido para la reforma constitucional, y se aprobará por las Cortes Generales. d) Se ajustará al procedimiento establecido para la tramitación de las leyes orgánicas.

110. En el caso de acuerdos entre Comunidades distintos a los relativos a la gestión y prestación de servicios propios o de su competencia, requerirán: a) Autorización del oportuno proyecto de acuerdo por el Ministerio concernido. b) Autorización del acuerdo por el Consejo de Ministros. c) Autorización de las Cortes Generales. d) Autorización de la Asambleas Parlamentarias de las Comunidades Autónomas implicadas.

111. Recuerde en qué ocasiones ha sido aplicado el artículo 144 de la Constitución: a) Ha sido utilizado en el caso de Madrid, Ceuta y Melilla. b) No ha sido posible su utilización. c) Se intentó aplicar al supuesto de Almería. d) Se utilizó en el caso de Navarra.

112. En relación con la división territorial en provincias seleccione las previsiones establecidas en el artículo 141 del texto constitucional: a) No se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. b) La alteración de los límites provinciales se regulará en la legislación ordinaria. c) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia compuesta por la agrupación de municipios. d) Los límites provinciales pueden ser modificados por las Comunidades Autónomas.

113. Seleccione la respuesta correcta en relación a los Entes Locales existentes en España: a) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario son los únicos organismos constitucionalmente previstos. b) Los órganos constitucionales y las entidades locales son regulados en el propio texto constitucional. c) Los Entes Locales se regulan en la legislación ordinaria. d) Los Entes Locales se diseñan en la legislación autonómica.

114. El principio de lealtad institucional es el criterio rector que facilita la colaboración y la cooperación entre: a) La administración estatal y la administración autonómica. b) La administración autonómica y las administraciones locales. c) La administración autonómica y la administración europea. d) La administración central del Estado, la administración autonómica y las entidades locales.

115. La alusión de la Constitución a la indisoluble unidad de la Nación española, implica: a) El diseño de un Estado políticamente centralista y administrativamente seccionado. b) El implícito reconocimiento de la preexistencia de España como realidad política y social anterior al proceso autonómico y de refundación constituyente. c) La exigencia de un orden político único y de un diverso orden económico y social. d) La autonomía equivale a soberanía.

116. Las Comunidades Autónomas pueden ser consideradas, en virtud de las prescripciones del artículo 137 de la Constitución: a) Como órganos del Estado. b) Como instituciones iguales entre sí y en relación al Estado. c) Como organismos interpuestos entre el Estado y los ciudadanos. d) Como parte de la organización territorial del Estado diferenciadas respecto al mismo y con competencias exclusivas que pueden hacer valer frente a aquel.

117. La Constitución, en relación con la definición territorial del Estado: a) Lo caracteriza como un Estado federal. b) No acuña un término para definir la peculiar estructura del Estado español, en contraste con la Constitución de 1931 que lo denominó "Estado integral". c) Se pronuncia afirmado que España es un Estado regional y descentralizado. d) Se inclina por caracterizar la organización territorial como plural y centralizada.

118. El art. 137 de la Constitución reconoce a los Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan, autonomía para: a) La gestión de sus respectivos intereses. b) La realización de sus fines económicos. c) La consecución de intereses sociales. d) La consecución de intereses sociales y económicos.

119. Según establece la Constitución de 1978, en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de: a) Diputaciones provinciales. b) Los Alcaldes y el Pleno. c) Las Juntas Generales. d) Los Cabildos o Consejos.

120. ¿Qué Constitución establece que “… la gestión de los intereses peculiares de los pueblos y de las provincias corresponde respectivamente a los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, con arreglo a las leyes”?. a) El Estatuto Real de 1834. b) La Constitución de 1812. c) La Constitución de 1869. d) La Constitución de 1876.

121. ¿Qué principios informan las relaciones entre las Administraciones Públicas?. a) Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional. b) Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de legalidad. c) Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con los principios de legalidad, jerarquía y lealtad constitucional. d) Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de jerarquía.

122. ¿A qué órgano se encomienda por la Constitución la administración de la provincia?. a) A las Diputaciones Provinciales, los Cabildos Insulares y Consejos Insulares. b) A Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. c) A los Cabildos Insulares y Consejos Insulares. d) A las Diputaciones Provinciales.

123. El art. 137 del texto constitucional vigente enuncia la organización territorial del Estado y distingue varios tipos de Administraciones Públicas territoriales diferenciadas. Seleccione la opción correcta: a) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas. b) Municipios, provincias, comarcas y Comunidades Autónomas. c) Municipios, provincias, regiones y Comunidades Autónomas. d) Provincias, comarcas y diputaciones.

124. El artículo 138 garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 del texto constitucional. Esta garantía se implementa: a) Asentando la peculiaridad de cada territorio que se traduce en diferentes recursos económicos y fiscales. b) Velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. c) No se reconocen especiales singularidades al hecho insular. d) Se enfatiza que las diferencias en los ámbitos económicos o sociales entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas derivan de las estipulaciones de su derecho foral.

125. En la STC 37/1987, de 26 marzo, el Tribunal Constitucional afirmó que: a) El principio de igualdad constitucional impone a todas las Comunidades Autónomas el idéntico e igualitario ejercicio de sus competencias. b) El principio de igualdad constitucional impone que todas las Comunidades Autónomas ostenten las mismas competencias. c) Las prescripciones constitucionales exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos. d) Las prescripciones constitucionales no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos.

201. En relación a las administraciones locales, la Constitución: a) No permite la articulación de una vía para la defensa específica de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. b) Reconoce a los Municipios personalidad jurídica plena. c) Reconoce a los Municipios exclusivamente como entidades político-administrativas. d) No contiene una cláusula genérica de atribución competencial a los entes locales.

202. Según el artículo 141 de la Constitución, la entidad local que constituye la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado es: a) La Diputación Provincial. b) La Provincia. c) El Municipio. d) La Mancomunidad de Municipios.

203. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse: a. Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 15.000 habitantes. b. Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes. c. Sobre la base de núcleos de población de al menos 10.000 habitantes. d. Sobre la base de núcleos de población financieramente sostenibles, de al menos 3.000 habitantes: a) Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 15.000 habitantes. b) Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes. c) Sobre la base de núcleos de población de al menos 10.000 habitantes. d) Sobre la base de núcleos de población financieramente sostenibles, de al menos 3.000 habitantes.

204. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno Local: a) Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce funciones ejecutivas y administrativas. b) La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos municipales necesarios de los municipios de gran población. c) El número de sus miembros será fijado por acuerdo del Pleno de la corporación Municipal. d) Las dos primeras opciones son correctas.

205. La Administración Local está integrada por entes públicos de carácter territorial con personalidad jurídica. Su naturaleza es: a) Sociológica, su existencia se justifica por la existencia de un elemento concreto de interés común relacionado con una determinada materia común a todos ellos. b) Voluntaria, en las corporaciones locales no ha de suponerse el vínculo de vecindad local. c) Asociativa, el municipio es una entidad natural reconocida por la ley. d) La Administración Local tiene ante todo una naturaleza corporativa.

206. Las entidades básicas de la organización territorial del Estado según el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son: a) El Municipio, la Provincia y la Isla. b) La Comarca, la Provincia y el Municipio. c) El Municipio, la Provincia y el Cabildo. d) La Provincia, el Municipio y el Concejo abierto.

207. Según el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Gobierno y la administración municipal corresponden: a) Al Alcalde. b) Al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. c) Al Alcalde y a las Diputaciones Provinciales. d) Al Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales.

208. Según el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 abril, son órganos superiores municipales los siguientes: a) El Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y el Secretario general del Pleno. b) El Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde. c) Los miembros de la Junta de Gobierno Local, el Alcalde y el interventor general municipal. d) El Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local.

209. Según el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 abril, no son órganos superiores municipales los siguientes: a) El secretario general del Pleno y el interventor general municipal. b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local. c) El Alcalde. d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

210. Según el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Consejo Social de la Ciudad se constituirá: a) En los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. b) En los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas si lo deciden las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. c) En los municipios fronterizos cuya población supere los 75.000 habitantes. d) Las dos primeras opciones son correctas.

211. Según el preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la actividad de las Entidades que integran la Administración Local ha de someterse al principio constitucional de autonomía y el administrativo de la descentralización: a) Estos principios implican las diversificaciones de los centros del poder público administrativo. b) Implican la actuación de cada Entidad integrante de la Administración Local, en su ámbito propio, con plena capacidad y bajo la propia responsabilidad. c) Se permite la atribución a un órgano de facultades de control que recaigan sobre la actividad en general de los otros y que supongan una limitación de la capacidad de éstos. d) Las dos primeras opciones son correctas.

212. La primera aproximación legal a la definición del Municipio la encontramos: a) En el artículo 3.1 de la Ley 7/1985. b) En los artículos 137 y 140 del texto constitucional. c) En la Carta Europea de la Autonomía Local de octubre de 1985. d) En la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local.

213. Según el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Administración Local y las demás Administraciones públicas. a) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de lealtad institucional, información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. b) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, eficacia, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. c) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, transparencia y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. d) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivo.

214. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la organización municipal: a) La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. b) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. c) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios. d) La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que así lo autorice el Consejo de Gobierno de su Comunidad Autónoma.

215. La Ley 7/1985, de 2 de abril: a) Constituye legislación básica del Estado y tiene por tanto una aplicación sustantiva directa. b) Se aplica supletoriamente en las materias no reguladas por las Comunidades Autónomas. c) Constituye el marco legal para el desarrollo de la legislación sectorial necesaria. d) La Administración Local tiene su potestad para la elaboración de su propia normativa.

216. Según el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en relación a las Mancomunidades, se establece: a) Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una provincia, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia. b) Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una misma o varias provincias limítrofes, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia. c) Tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por estatutos propios, cuyo contenido y aprobación se ajustará a la Ley 7/1985 y sus modificaciones. d) La elaboración de sus estatutos y el procedimiento de aprobación de los mismos se determinará por las estipulaciones fijadas en la legislación básica estatal.

217. Según el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la responsabilidad de hacer efectiva la autonomía que la Constitución reconoce a las Entidades Locales, la relaciona con: a) La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. b) La legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. c) La legislación de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. d) La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios y a las Comunidades Autónomas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses.

218. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno Local: a) Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce funciones ejecutivas y administrativas. b) La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos municipales necesarios de los municipios de gran población. c) El número de sus miembros será fijado por acuerdo del Pleno de la corporación Municipal. d) Las dos primeras opciones son correctas.

219. En virtud del artículo 137 del texto constitucional de 1978, el Estado: a) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. b) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía política para la gestión de sus respectivos intereses. c) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía administrativa para la gestión de sus respectivos intereses. d) Se organiza territorialmente en municipios que gozan de autonomía administrativa y en Comunidades Autónomas dotadas de autonomía política.

220. La Carta Europea de Autonomía Local se firmó en Estrasburgo en el año: a) 1992. b) 1986. c) 1985. d) 1994.

221. Según el artículo 4 de la Carta Europea de la Autonomía Local, en relación al alcance de la autonomía local: a) Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia expresamente delegada por cualquier autoridad central o regional constitucionalmente definida. b) Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad. c) Las competencias encomendadas a las Entidades Locales serán en todo caso plenas y completas. d) Las competencias básicas de las Entidades Locales vendrán fijadas por la Constitución de cada Estado firmante.

222. El diseño y regulación de las entidades locales se lleva a efecto en: a) El texto constitucional. b) La legislación ordinaria. c) Las leyes orgánicas. d) Los Estatutos de Autonomía.

223. Según el artículo 5 de la Carta Europea de la Autonomía Local: a) La modificación de los límites territoriales locales habrá de ser sometida a referéndum Temario General. Grupo A1 110 en las colectividades locales afectadas. b) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser consultada previamente a las colectividades locales afectadas, mediante la celebración de referéndum si la legislación lo permite. c) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en las entidades afectadas por mayoría de dos tercios de sus representantes electos. d) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en referéndum por mayoría de dos tercios de los votantes.

224. Respecto a los consorcios en el ámbito local, podemos decir: a) Son una entidad local de las enumeradas en el artículo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril. b) Son una forma de cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas para la prestación de servicios locales y para asuntos de interés común, prevista en el artículo 57 de la Ley 7/1985. c) Son entes instrumentales de carácter local institucional o corporativo formado por administraciones locales, entidad sui generis equiparable a una simple modalidad de gestión que ha quedado al margen de la regulación de la Ley 7/1985, de 2 abril. d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la Entidad Local de conformidad con la Ley 40/2015, forman parte del sector público local, según el artículo 2.2 g del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

225. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: a) La creación o supresión de municipios se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, si la alteración de términos municipales supone modificación de los límites provinciales se requerirá siempre la aprobación por norma con rango de ley adoptada por mayoría absoluta. b) La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. c) La unión de municipios y la alteración de términos municipales se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. d) La alteración de términos municipales, se regulará por las pertinentes ordenanzas municipales de las entidades afectadas, que será convalidada por decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma afectada.

301. Según la Ley 19/2013, la transparencia se articula a través de: a) Publicidad institucional. b) Datos abiertos. c) Publicidad activa, derecho de acceso y buen gobierno. d) Registros administrativos.

302. Un principio básico de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía es: a) Principio de jerarquía. b) Principio de excepcionalidad. c) Principio de transparencia: toda la información es accesible salvo límites legales. d) Principio político.

303. ¿Quién tiene derecho de acceso a la información pública?. a) Solo personas españolas. b) Personas físicas con interés legítimo. c) Empresas que acrediten motivación. d) Todas las personas, sin necesidad de motivación.

304. La publicidad activa obliga a publicar información: a) Solo si existe orden expresa. b) Solo a petición ciudadana. c) Cada cinco años. d) De forma periódica, actualizada y accesible.

305. En virtud de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, la información de publicidad activa debe publicarse con carácter general: a) Semestralmente. b) Trimestralmente. c) Cada dos años. d) Solo cuando se modifique.

306. ¿Cuál es el plazo general para resolver solicitudes de acceso a la información pública según la Ley 19/2013?. a) 10 días. b) 1 mes. c) 3 meses. d) 20 días hábiles.

307. ¿Cuál es el plazo general para resolver solicitudes de acceso a la información pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales según la Ley 1/2014?. a) 1 mes. b) 20 días hábiles prorrogables por otros 20. c) 45 días. d) 15 días hábiles.

308. Es un límite al derecho de acceso según la Ley 19/2013: a) Opiniones políticas. b) Gasto público. c) Seguridad nacional. d) Relevancia social.

309. Según la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, los límites al acceso deben aplicarse de forma: a) Libre. b) Discrecional. c) Justificada y proporcionada. d) Automática.

310. En las solicitudes de acceso a la información pública de la Ley 19/2013, el solicitante debe: a) Justificar interés legítimo. b) Presentar solicitud presencial. c) Identificarse y señalar la información sin obligación de motivación. d) Presentarla solo por vía electrónica.

311. Cuando la información contiene datos personales especialmente protegidos, la Ley 19/2013 exige: a) Publicación automática. b) Test de daño. c) Consentimiento expreso del afectado. d) Resolución motivada sin más requisitos.

312. El acceso parcial a la solicitud a la información pública procede cuando: a) Todo el documento está protegido. b) La petición no está motivada. c) La administración lo decide por economía. d) Parte de la información está afectada por límites y puede disociarse.

313. Según la Ley 19/2013, debe publicarse mediante publicidad activa: a) Solo estadísticas. b) Datos sin relevancia. c) Información institucional, organizativa, jurídica y económica. d) Solo relaciones laborales.

314. Según la Ley 1/2014, forma parte de las obligaciones de publicidad activa: a) Opiniones políticas de cargos públicos. b) Estructura organizativa, normativa y organigramas actualizados. c) Correspondencia interna. d) Conversaciones administrativas.

315. La reclamación estatal frente a una denegación de acceso a la información pública se presenta ante: a) El Tribunal Supremo. b) El Defensor del Pueblo. c) El Ministerio competente. d) EL Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

316. En Andalucía, las reclamaciones frente a la denegación de acceso a la información pública las resuelven: a) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. b) La Delegación del Gobierno. c) El Parlamento. d) El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

317. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene naturaleza: a) De Departamento ministerial. b) De Comisión interna. c) De Organismo independiente con personalidad jurídica propia. d) De Órgano judicial.

318. Una de las finalidades del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es: a) Sancionar autoridades. b) Registrar licitaciones. c) Elaborar leyes. d) Promover la transparencia, velar por publicidad activa y garantizar el derecho de acceso.

319. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se configura como: a) Delegación administrativa. b) Oficina técnica. c) Autoridad independiente con autonomía orgánica y funcional. d) Comisión consultiva sin competencias.

320. La Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es nombrada por: a) El Presidente de la Junta. b) El Defensor del Pueblo. c) El Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta. d) El Consejo de Gobierno sin trámite parlamentario.

321. Una función de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es: a) Emitir decretos legislativos. b) Dirigir la política de igualdad. c) Nombrar alcaldes. d) Resolver reclamaciones frente a resoluciones de acceso.

322. Una función de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es: a) Auditar presupuestos municipales. b) Adoptar criterios interpretativos uniformes en transparencia. c) Aprobar leyes autonómicas. d) Anular actos administrativos.

323. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno debe publicar sus resoluciones: a) Íntegramente incluyendo datos personales. b) No tiene la obligación de publicar ninguna de sus resoluciones. c) Solo cuando las solicita el interesado. d) Previo proceso de disociación de datos personales.

324. Es infracción muy grave en Andalucía según la Ley 1/2014: a) Presentar solicitudes genéricas. b) Retraso leve en publicación. c) Denegación arbitraria del derecho de acceso. d) Uso de formatos PDF.

325. Según la Ley 19/2013, el Portal de la Transparencia debe cumplir principios como: a) Extranjería y orden público. b) Jerarquía y responsabilidad. c) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. d) Exclusividad digital.

326. Según el RGPD, se considera dato personal cualquier información que: a) Permita únicamente un análisis estadístico o agregación anónima, sin que sea posible, ni siquiera con medios adicionales razonables, identificar a una persona física. b) Corresponda exclusivamente a entidades jurídicas y se refiera a su estructura organizativa, actividad económica o información fiscal corporativa. c) Haga posible directa o indirectamente la identificación de una persona física, ya sea por referencia a un identificador o a uno o varios elementos propios de su identidad física, fisiológica, genética, económica, cultural o social. d) Consista en códigos internos, claves operativas o identificadores técnicos cuyo diseño no esté vinculado expresamente a la identidad del sujeto afectado.

327. El principio de minimización de datos, según el RGPD, exige que el responsable del tratamiento: a) Recoja también datos adicionales que, aun no siendo estrictamente necesarios, puedan resultar útiles para futuras finalidades compatibles. b) Limite la recogida y el tratamiento exclusivamente a los datos adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad concreta declarada. c) Amplíe la información solicitada cuando la incorporación de más variables permita un análisis más preciso o facilite la elaboración de perfiles estadísticos. d) Recoja datos complementarios para documentar la diligencia del responsable y demostrar cumplimiento en el marco del principio de responsabilidad proactiva.

328. El principio de exactitud de los datos personales, recogido en el RGPD, implica que: a) Los datos pueden mantenerse desactualizados cuando provengan de fuentes formales o registros públicos, dado que su origen garantiza su validez jurídica. b) Se adopten las medidas necesarias para corregir sin dilación aquellos datos personales que resulten inexactos o incompletos, asegurando que se ajustan a la finalidad del tratamiento. c) Los datos personales se conserven tal como fueron obtenidos inicialmente, evitando su supresión incluso en caso de que se demuestre su desactualización o imprecisión. d) El responsable no tenga obligación de revisión periódica de la información, siempre que el interesado no solicite expresamente la rectificación de sus datos.

329. En el modelo de información por capas previsto por el RGPD, la denominada “primera capa” debe contener, como mínimo: a) La totalidad de la política de privacidad del responsable, incluyendo el detalle completo de las bases jurídicas, plazos de conservación y destinatarios previstos. b) Únicamente la referencia a la base jurídica aplicable conforme al artículo 6 del RGPD, sin necesidad de aportar más información en esta fase inicial. c) La identificación del encargado de seguridad o de la persona que gestione los sistemas internos de protección de datos de la organización. d) La identidad del responsable del tratamiento, la finalidad principal del tratamiento y la indicación de los derechos esenciales que asisten al interesado conforme al RGPD.

330. El derecho de acceso reconocido en el artículo 15 del RGPD garantiza al interesado la posibilidad de: a) Consultar únicamente un conjunto limitado de datos básicos, excluyendo información adicional relativa a las finalidades del tratamiento o a los destinatarios. b) Obtener la confirmación de si se están tratando o no sus datos personales, así como acceder a dichos datos y recibir copia de ellos junto con la información complementaria prevista en el artículo 15 del RGPD. c) Proceder a la modificación automática de los datos sin necesidad de intervención del responsable, siempre que detecte cualquier discrepancia o error en la información tratada. d) Transferir libremente los datos personales a terceros a su elección sin necesidad de solicitarlo al responsable, por ser una consecuencia directa del derecho de acceso.

331. El derecho de rectificación reconocido en el RGPD permite al interesado exigir al responsable que: a) Modifique o complemente los datos personales que resulten inexactos o incompletos, aportando la documentación acreditativa necesaria cuando proceda. b) Proceda a la eliminación total del tratamiento aun cuando los datos sean exactos, por el mero deseo del interesado de que no figuren en los sistemas del responsable. c) Cese el tratamiento de los datos cuando el responsable considere que los mismos ya no resultan de utilidad, incluso sin solicitud expresa del interesado. d) Modifique los datos personales únicamente cuando exista una obligación contractual que lo exija, independientemente de que los datos sean incorrectos.

332. El ejercicio del derecho de supresión previsto en el artículo 17 del RGPD procede cuando: a) El responsable estime, por criterios internos de eficiencia o reorganización, que la eliminación de los datos resulta conveniente para la gestión del tratamiento. b) Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados, dejando de existir la base jurídica que legitimaba su tratamiento. c) El interesado solicite en cualquier circunstancia la eliminación de sus datos, con independencia de la existencia de obligaciones legales de conservación o de fines legítimos que exijan mantenerlos. d) Los datos posean valor histórico, científico o administrativo, lo que justifica su eliminación para evitar un uso inadecuado o interpretaciones erróneas.

333. El derecho de oposición, conforme al artículo 21 del RGPD, faculta al interesado para: a) Solicitar que el responsable cese cualquier operación de tratamiento sobre sus datos, con independencia de la base jurídica utilizada o de los intereses legítimos en juego. b) Negarse al tratamiento de sus datos personales cuando este se base en el interés público o en el interés legítimo del responsable, incluido el perfilado relacionado con dichas bases, salvo que el responsable acredite motivos legítimos imperiosos. c) Resolver unilateralmente cualquier contrato celebrado con el responsable cuando discrepe del modo en que se tratan sus datos personales. d) Limitar el acceso de terceros autorizados a sus datos cuando considere que el tratamiento puede generar efectos no deseados o interpretaciones incorrectas.

334. En el ámbito de la protección de datos, existe una decisión individual automatizada cuando: a) La decisión que afecta al interesado se adopta exclusivamente mediante procesos automatizados, sin intervención humana significativa, y produce efectos jurídicos o le afecta de manera similar de forma apreciable. b) Se consulta una base de datos automatizada, aunque la decisión final sea adoptada por un empleado que revisa y valida la información. c) La decisión se basa en un algoritmo, pero el responsable realiza una comprobación formal posterior para confirmar que el resultado no contiene errores aparentes. d) El interesado participa en el proceso aportando información adicional o manifestando preferencias que influyen parcialmente en el resultado del tratamiento.

335. Para que una decisión individual automatizada sobre datos personales sea lícita conforme al RGPD, es necesario que: a) Exista consentimiento tácito del interesado o que la medida esté vinculada de manera general a la ejecución de un contrato, sin requerir garantías adicionales. b) Exista consentimiento explícito del interesado, o bien sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato, o esté amparada por una norma habilitante que prevea salvaguardias adecuadas para los derechos y libertades del afectado. c) Sea suficiente con que el interesado haya sido informado verbalmente de que el tratamiento puede incluir decisiones automatizadas, sin necesidad de establecer mecanismos adicionales. d) El responsable notifique previamente a la autoridad de control su intención de aplicar sistemas automatizados, quedando dispensado de obtener consentimiento o justificar otra base legal.

336. La obligación de transparencia en la información sobre protección de datos implica que esta debe presentarse: a) Redactada en un formato altamente técnico y exhaustivo, de manera que permita reflejar íntegramente la complejidad del tratamiento y su base jurídica. b) Facilitada exclusivamente en soporte físico para garantizar la validez documental y el acceso permanente a la información. c) Redactada con terminología jurídica especializada para asegurar precisión normativa, aunque resulte menos accesible para el interesado medio. d) Clara, concisa, fácilmente comprensible y accesible para el interesado, permitiendo conocer el tratamiento sin interpretaciones técnicas o jurídicas complejas.

337. Cuando los datos personales se obtienen de fuentes distintas al propio interesado, el responsable del tratamiento está obligado a: a) Considerar que la información ya es conocida por el afectado si proviene de fuentes accesibles al público, por lo que no resulta necesario facilitarle ninguna comunicación adicional. b) Facilitar información al afectado sobre el tratamiento de sus datos dentro de un plazo razonable, según art. 14 Reglamento General de Protección de Datos. c) Suprimir sin más los datos obtenidos de terceros salvo que el interesado confirme expresamente su interés en mantener el tratamiento. d) Recabar el consentimiento previo del afectado antes de iniciar cualquier tratamiento cuando los datos procedan de un tercero, independientemente de la base jurídica aplicable.

338. La limitación del tratamiento prevista en el artículo 18 del RGPD implica que los datos personales: a) Permanezcan conservados sin ser objeto de tratamiento activo, quedando restringidos mientras se verifica la exactitud, la licitud o la necesidad del tratamiento a petición o impugnación del interesado. b) Deban ser eliminados inmediatamente para evitar cualquier tratamiento posterior, incluso cuando su licitud o exactitud esté pendiente de comprobación. c) Puedan utilizarse para elaborar perfiles estadísticos o inferenciales siempre que no se comuniquen a terceros ni se produzcan efectos jurídicos. d) Deban ser transferidos obligatoriamente a otro responsable con mayor capacidad para verificar la exactitud o licitud del tratamiento.

339. Según el RGPD, para que el consentimiento sea una base jurídica válida en materia de protección de datos, debe: a) Manifestarse mediante una acción afirmativa clara, informada e inequívoca por parte del interesado, que refleje su voluntad real de aceptar el tratamiento propuesto. b) Entenderse prestado si el interesado no manifiesta oposición expresa al tratamiento, siempre que el responsable haya informado previamente de su intención de utilizar los datos. c) Considerarse válido cuando un profesional jurídico u otra persona experta valida la idoneidad del tratamiento en nombre del interesado. d) Obtenerse mediante casillas premarcadas o mecanismos que presuponen la aceptación, siempre que el interesado pueda desmarcarlas si no desea participar.

340. El cumplimiento del deber de información en materia de protección de datos exige que el responsable: a) Facilite información únicamente cuando el interesado la solicite expresamente, al considerar que la ausencia de oposición constituye aceptación de las condiciones del tratamiento. b) Proporcione al interesado, de forma previa o simultánea al tratamiento, toda la información exigida por los artículos 13 y 14 del RGPD, siempre que se lleve a cabo cualquier tratamiento de datos personales. c) Limite la comunicación de la información a los supuestos en los que el tratamiento sea realizado por Administraciones Públicas o implique datos especialmente sensibles. d) Cumpla el deber informativo únicamente cuando exista una comunicación o cesión de datos a terceros, sin necesidad de hacerlo en tratamientos internos del responsable.

341. Según el RGPD, los derechos del interesado pueden ser objeto de limitaciones cuando: a) El responsable del tratamiento considere que el ejercicio de tales derechos podría entorpecer la operativa interna de la organización o ralentizar procesos administrativos esenciales. b) Se establezca mediante una norma con rango legal que la restricción sea necesaria y proporcionada para fines como la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública o la prevención e investigación de infracciones penales, entre otros intereses públicos relevantes. c) La entidad privada responsable estime que existen intereses comerciales o estratégicos que justifican restringir temporalmente la posibilidad de ejercer los derechos del interesado. d) El volumen de solicitudes presentadas por los interesados resulte elevado, comprometiendo la capacidad operativa del responsable para atenderlas adecuadamente.

342. Según el RGPD, forman parte de las categorías especiales de datos aquellos que: a) Incluyen información de contacto general, como dirección postal o número de teléfono, siempre que identifiquen a la persona. b) Revelan aspectos particularmente sensibles del individuo, como sus convicciones ideológicas o religiosas, su estado de salud, su orientación sexual u otros datos cuyo tratamiento exige garantías reforzadas conforme al art. 9 del RGPD. c) Comprenden datos utilizados habitualmente en comunicaciones electrónicas, tales como direcciones de correo electrónico o identificadores de usuario, que requieren protección adicional por su uso frecuente. d) Abarcan información demográfica o estadística —como edad, rango de ingresos o nivel educativo— cuyo tratamiento puede influir en la elaboración de perfiles complejos.

343. Para que un tratamiento de datos personales sea lícito conforme al RGPD, es necesario que: a) El responsable obtenga siempre el consentimiento del interesado, incluso cuando exista otra base jurídica más adecuada para el tratamiento previsto. b) La licitud derive de la participación de un encargado de tratamiento debidamente designado, que actúe como garantía adicional de seguridad jurídica. c) El tratamiento se apoye en una base jurídica válida prevista en el artículo 6 del RGPD, como la ejecución de un contrato, el cumplimiento de una obligación legal o el interés legítimo del responsable debidamente ponderado. d) Los datos personales se utilicen exclusivamente dentro del ámbito interno del responsable, sin realizar comunicaciones a terceros, lo que elimina la necesidad de justificar una base jurídica adicional.

344. El modelo de información por capas en protección de datos se fundamenta en que: a) Toda la información exigida por el RGPD se proporcione en un único documento extenso para asegurar la completitud formal del deber informativo. b) Se facilite una primera capa con información esencial y directamente relevante para el interesado, remitiendo a una segunda capa accesible donde se detallen el resto de elementos exigidos por el RGPD. c) La información pueda proporcionarse únicamente al finalizar el tratamiento, una vez que el responsable disponga de todos los datos que va a registrar. d) El deber de información quede satisfecho cuando el responsable comunique los detalles solo a quienes intervienen internamente en el tratamiento, sin necesidad de ponerlos a disposición del interesado de forma accesible.

345. En relación con el deber de confidencialidad previsto en la normativa de protección de datos, debe entenderse que: a) La obligación de guardar secreto se mantiene únicamente durante la vigencia del tratamiento, pudiendo el responsable o el encargado divulgar la información una vez finalizada la relación contractual. b) La obligación decae automáticamente cuando el responsable comunica al afectado la finalización del servicio, al no existir ya una relación jurídica que justifique la reserva de la información. c) El deber de confidencialidad persiste incluso después de que concluya la relación entre el responsable, el encargado o cualquier persona que hubiera intervenido en el tratamiento, no pudiendo divulgar los datos sin base legal. d) La obligación no resulta aplicable a los encargados del tratamiento, dado que su función se limita estrictamente a ejecutar las instrucciones del responsable.

346. ¿Qué exige el principio de minimización de datos en los formularios de recogida de información?. a) Solicitar datos complementarios que, aunque no sean imprescindibles para la finalidad, permitan al responsable realizar tratamientos compatibles previstos en el futuro. b) Limitar la recogida exclusivamente a los datos necesarios para la finalidad prevista. c) Incluir campos cuya aportación no sea obligatoria, pero cuyo diseño del formulario induzca a su cumplimentación para obtener una evaluación más completa del interesado. d) Recopilar información adicional cuando su obtención no impida el cumplimiento del principio de proporcionalidad ni afecte de forma significativa a los derechos del interesado.

347. En el caso de tratamientos que impliquen decisiones individuales automatizadas sobre datos personales de menores, el RGPD establece que: a) Estas decisiones pueden adoptarse sin requisitos adicionales, siempre que el tratamiento se derive de los servicios ofrecidos directamente al menor. b) Las decisiones automatizadas se sustituyen por el derecho a la portabilidad, dado que los menores no pueden ser objeto de perfilados ni decisiones individuales significativas. c) El RGPD excluye la aplicación de decisiones automatizadas cuando el interesado es menor, por lo que no resultan jurídicamente aplicables estos supuestos. d) Se exige la adopción de garantías reforzadas y especial cautela, debido a la especial vulnerabilidad de los menores frente a decisiones que produzcan efectos jurídicos o les afecten significativamente.

348. En la Ley Orgánica 3/2018, el bloqueo de datos personales implica que: a) Los datos se conserven de forma restringida, quedando únicamente accesibles para atender posibles responsabilidades derivadas del tratamiento, mientras se impide cualquier otra operación sobre ellos. b) Los datos queden sometidos a un proceso irreversible de anonimización que permita su reutilización para fines estadísticos sin necesidad de base jurídica adicional. c) El responsable solo aplique el bloqueo cuando exista una resolución sancionadora de la autoridad de control o una instrucción administrativa que así lo exija. d) El bloqueo consiste en la destrucción física o lógica de los datos, tras lo cual no podrán ser utilizados en ningún contexto ni restaurados por el responsable.

349. El responsable debe informar al interesado sobre su derecho de oposición de forma que: a) Baste con incluir una referencia genérica al derecho dentro del texto completo de la política de privacidad, sin destacarlo específicamente. b) Se facilite de manera expresa, claramente diferenciada del resto de la información y, en el caso del marketing directo, con especial relevancia y accesibilidad. c) Sea suficiente con mencionarlo únicamente en los procedimientos internos del responsable, siempre que esté documentado para auditoría. d) Pueda integrarse de forma implícita dentro de la explicación del consentimiento, sin necesidad de aviso independiente si ambos se relacionan con el mismo tratamiento.

350. Las decisiones individuales automatizadas previstas en el artículo 22 del RGPD no pueden aplicarse cuando: a) El afectado sea una persona mayor de edad, dado que la normativa exige que estos tratamientos se limiten exclusivamente a colectivos especialmente vulnerables. b) El responsable sea una entidad pública, ya que la naturaleza institucional del responsable excluye la posibilidad de tratamientos basados exclusivamente en algoritmos. c) El usuario haya dado su consentimiento para el tratamiento, puesto que el consentimiento por sí solo no legitima una decisión con efectos jurídicos adoptada exclusivamente por medios automatizados. d) El interesado sea un menor y no se hayan implementado salvaguardas reforzadas que tengan en cuenta su especial vulnerabilidad frente a decisiones con efectos jurídicos o similares.

351. De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, la validez de la base jurídica del tratamiento únicamente puede considerarse acreditada cuando el responsable: a) Fundamenta el tratamiento en alguna de las condiciones habilitantes del art. 6 RGPD, motivándola y documentándola en el análisis de licitud, evidenciando adecuación, necesidad y proporcionalidad respecto de la finalidad. b) Presume la existencia de consentimiento a partir de conductas pasivas, de la inacción del interesado o de la ausencia de oposición expresa. c) Invoca un interés empresarial propio sin necesidad de ponderar los derechos y libertades del interesado. d) Comunica al interesado la finalidad del tratamiento una vez iniciado este, considerando que esta información es necesaria para satisfacer materialmente las exigencias del principio de transparencia.

352. La responsabilidad proactiva en el Reglamento General de Protección de Datos implica que el responsable: a) Acredite mediante evidencias verificables que las medidas técnicas y organizativas son idóneas y eficaces en función del riesgo, conservando la trazabilidad de las decisiones. b) Implemente medidas cuando exista requerimiento expreso de la autoridad de control. c) Delegue en el encargado la asunción de la licitud y de los principios del art. 5 RGPD. d) Se limite a registrar el tratamiento sin análisis de riesgos ni evaluación de impacto.

353. El encargado del tratamiento podrá tratar datos personales: a) Para fines propios, siempre que no ceda datos a terceros. b) Exclusivamente conforme a instrucciones documentadas del responsable y bajo contrato u otro acto jurídico con el contenido del art. 28.3 Reglamento General de Protección de Datos. c) Según su propio juicio sobre la base jurídica y la finalidad. d) Si el interesado le presta consentimiento expreso, con independencia del responsable.

354. El contenido mínimo del contrato responsable–encargado conforme al art. 28.3 Reglamento General de Protección de Datos debe incluir: a) La exoneración del encargado respecto de incidentes de seguridad inevitables. b) Objeto, duración, naturaleza y fines; tipo de datos; categorías de interesados; deberes de confidencialidad, medidas de seguridad, régimen de subencargados, asistencia al responsable y destino de los datos al término del servicio. c) Únicamente la identificación fiscal de las partes y una cláusula de confidencialidad genérica. d) La obligación del encargado de determinar la base jurídica más eficiente.

355. En el marco de los arts. 37 a 39 Reglamento General de Protección de Datos y normas complementarias, el Delegado de Protección de Datos debe: a) Seleccionar la base jurídica de cada tratamiento y autorizar las comunicaciones a terceros. b) Supervisar el cumplimiento, informar y asesorar, cooperar con la autoridad de control y actuar con independencia funcional, sin recibir instrucciones en el desempeño de sus tareas. c) Resolver las reclamaciones de los interesados con efectos ejecutivos. d) Asumir la responsabilidad por las brechas de seguridad.

356. La designación de Delegado de Protección de Datos resultará obligatoria, entre otros supuestos, cuando: a) El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público sin excepción o cuando las actividades principales requieran observación irregular a gran escala. b) Lo recomiende el asesor jurídico interno, con independencia de los tipos de tratamiento. c) El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público (excepto tribunales en funciones judiciales) o cuando las actividades principales requieran observación habitual y sistemática a gran escala o el tratamiento a gran escala de categorías especiales o datos penales. d) Se subcontraten servicios en la nube situados fuera de la UE.

357. La Agencia Estatal de Protección de Datos, como autoridad administrativa independiente, ostenta entre sus potestades: a) Ejercer funciones de dirección estratégica sobre las políticas públicas estatales en materia de protección de datos, incluyendo la facultad de establecer criterios vinculantes para todas las Administraciones y operadores económicos, con capacidad normativa equivalente a reglamento ejecutivo. b) Validar o certificar de manera obligatoria los sistemas tecnológicos utilizados por los responsables antes de su puesta en producción, asegurando su adecuación al Reglamento General de Protección de Datos. c) Establecer las bases jurídicas supletorias de cada tratamiento de datos personales que haya sido inscrito en el Registro General de Protección de Datos. d) Ejercer poderes de investigación y correctivos, incluyendo órdenes de limitación o supresión del tratamiento, y la imposición de sanciones administrativas.

358. Las autoridades autonómicas de protección de datos pueden ejercer supervisión y control sobre: a) Asumir funciones de supervisión sobre tratamientos realizados por responsables privados dentro de su comunidad autónoma, actuando con prevalencia jerárquica respecto de la Agencia Española de Protección de Datos en caso de conflicto competencial. b) Los tratamientos realizados por entidades del sector público autonómico y local dentro de su ámbito competencial, conforme al Estatuto y a la normativa básica estatal y europea. c) Ejercer control sobre tratamientos transfronterizos o sujetos al mecanismo de ventanilla única del artículo 56 del RGPD, emitiendo decisiones vinculantes para los demás Estados miembros en los procedimientos del Comité Europeo de Protección de Datos. d) Ejercer funciones de supervisión sobre los tratamientos efectuados por responsables establecidos fuera de su comunidad autónoma cuando los efectos del tratamiento incidan significativamente en los derechos de los residentes en su territorio, incluyendo la facultad de iniciar procedimientos transfronterizos y emitir resoluciones con eficacia extraterritorial.

359. El Estatuto de Autonomía de Andalucía garantiza frente a las Administraciones públicas andaluzas el derecho a: a) Acceso, corrección y cancelación de datos personales obrantes en su poder, en los términos legalmente establecidos. b) La portabilidad de los datos personales en todos los tratamientos de datos efectuados dentro de su ámbito territorial. c) La cesión automática de datos personales entre consejerías de la Junta de Andalucía. d) El tratamiento de datos personales para cualquier fin de interés económico regional.

360. A tenor del Estatuto, la competencia ejecutiva andaluza en protección de datos se proyecta sobre: a) La Administración autonómica, las Administraciones locales andaluzas y entidades dependientes, en los términos estatutarios, así como todo operador privado que trate datos de residentes en Andalucía. b) La Administración autonómica, las Administraciones locales andaluzas y entidades dependientes, así como universidades del sistema andaluz, en los términos estatutarios. c) La Administración autonómica, las Administraciones locales andaluzas y entidades dependientes, así como universidades del sistema andaluz, y autoridades judiciales en sus procesos jurisdiccionales. d) La Administración autonómica, las Administraciones locales andaluzas y entidades dependientes, así como universidades del sistema andaluz, y las instituciones de la UE con sede en Andalucía.

361. Según el artículo 39 del Reglamento General de Protección de Datos, el Delegado de Protección de Datos deberá: a) Informar y asesorar al responsable o encargado y a los empleados sobre obligaciones del RGPD. b) Asumir competencias ejecutivas en materia de licitud del tratamiento, pudiendo autorizar o denegar operaciones. c) Ejercer el control interno obligatorio sobre los sistemas de información, validando herramientas tecnológicas. d) Establecer criterios vinculantes de obligado cumplimiento para toda la organización.

362. Entre las funciones del DPD se encuentra, conforme al art. 39 RGPD: a) Determinar autónomamente la base jurídica aplicable a los tratamientos. b) Supervisar el cumplimiento del RGPD y políticas internas, incluida formación y auditorías. c) Supervisar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y políticas internas, así como emitir autorizaciones preceptivas para crear nuevos ficheros. d) Definir criterios de conservación de los datos personales, pudiendo sustituir las obligaciones sectoriales del responsable, en los términos legalmente establecidos.

363. El Delegado de Protección de Datos debe, según el Reglamento General de Protección de Datos: a) Redactar y aprobar las evaluaciones de impacto como único órgano competente. b) Ofrecer asesoramiento sobre la EIPD y supervisar su aplicación conforme al art. 35. c) Sustituir al responsable en las comunicaciones obligatorias a los interesados. d) Autorizar previamente tratamientos con tecnologías emergentes.

364. En materia de cooperación institucional, el DPD debe: a) Actuar como representante legal ante el Comité Europeo de Protección de Datos. b) Sustituir a la autoridad de control en la emisión de recomendaciones vinculantes. c) Cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de contacto para consultas y consultas previas. d) Cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de contacto para consultas y consultas previas e, iniciar expedientes disciplinarios internos por incumplimientos de protección de datos.

365. En el ámbito tributario local, la base jurídica prevalente para el tratamiento de datos personales es: a) El consentimiento del contribuyente en todo caso (art. 6.1.a RGPD). b) El cumplimiento de obligaciones legales y el ejercicio de potestades públicas (art. 6.1.c y e RGPD) en la gestión, inspección y recaudación tributaria. c) El interés legítimo del Ayuntamiento (art. 6.1.f RGPD). d) La necesidad de ejecución de contratos privados con el contribuyente (art. 6.1.b RGPD).

366. El art. 95 de la Ley General Tributaria califica los datos tributarios como: a) Públicos por defecto, salvo oposición del obligado tributario. b) De carácter reservado, utilizables para la aplicación de los tributos y cesibles únicamente en los supuestos tasados legalmente. c) Libres para su intercambio interadministrativo por interés recaudatorio. d) Reutilizables con fines estadísticos sin anonimización.

367. La cesión de datos tributarios de carácter personal a otra Administración pública será lícita cuando: a) La solicitud sea para fines estadísticos, siempre que este recogido en una norma tributaria reglamentaria. b) Se fundamente en un convenio interadministrativo sin cobertura legal específica. c) El obligado tributario no se oponga a la cesión, de conformidad al art.95 de la Ley General Tributaria. d) Se encuentre dentro de los supuestos de colaboración tasados en el art. 95 Ley General Tributaria.

368. Conforme al Estatuto de Autonomía de Andalucía, la competencia ejecutiva en protección de datos: a) Permite a la Comunidad Autónoma dictar normativa básica en la materia. b) Se proyecta sobre el sector público autonómico y local y sus entidades dependientes, sin perjuicio de la normativa estatal y europea aplicable. c) Abarca la supervisión de tratamientos de empresas privadas andaluzas independientemente de su localización. d) Excluye a las universidades públicas andaluzas.

369. El Registro de Actividades de Tratamiento (art. 30 Reglamento General de Protección de Datos) del responsable debe recoger: a) Entre otros extremos, finalidades, categorías de interesados y de datos, destinatarios, transferencias, plazos de supresión y descripción general de medidas técnicas y organizativas de seguridad. b) Únicamente la base jurídica y la identificación del Delegado de Protección de Datos, siendo el resto de extremos opcionales y susceptibles de completarse solo si el responsable considera que aportan claridad adicional al interesado. c) Solo las transferencias internacionales. d) Las decisiones internas del DPD relativas a recursos humanos.

370. Entre las medidas correctivas que puede ordenar la autoridad de control se encuentran: a) La aprobación de leyes autonómicas. b) La limitación, suspensión o supresión del tratamiento, así como la imposición de multas administrativas. c) La instrucción de procesos penales. d) La concesión de subvenciones a responsables.

371. En relación con el artículo 95 de la Ley General Tributaria, el carácter reservado de los datos tributarios implica que: a) Los datos pueden ser comunicados libremente a terceros si existe interés administrativo general. b) La Administración tributaria puede utilizarlos para cualquier finalidad que considere útil, aunque no esté vinculada al tributo. c) Solo pueden utilizarse para la gestión de tributos o sanciones y únicamente cederse en los supuestos tasados legalmente, manteniendo un deber de sigilo estricto por parte de las autoridades y funcionarios. d) Los datos deben anonimizarse automáticamente antes de cualquier tratamiento interno.

372. Según el artículo 95de la Ley General Tributaria, una cesión de datos tributarios a otra Administración pública será lícita cuando: a) La Administración solicitante desee utilizar la información para fines estadísticos generales. b) Exista una previsión legal expresa que permita la cesión para colaboración fiscal o para la prevención de fraudes o delitos, y la información se limite a la estrictamente necesaria. c) El obligado tributario no se oponga expresamente a la comunicación. d) La Administración solicitante requiera los datos para elaborar informes internos no vinculantes.

373. Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía (art. 32), la protección de datos frente a las Administraciones andaluzas garantiza al ciudadano: a) El derecho a la anonimización automática de todos los datos tratados por órganos autonómicos cuando finalice el procedimiento administrativo correspondiente. b) El derecho de acceso, rectificación y cancelación respecto de los datos personales obrantes en poder de las Administraciones públicas andaluzas. c) La portabilidad obligatoria de la información a cualquier otra Administración pública, incluso de distinto ámbito territorial, con independencia de la base jurídica. d) La facultad de exigir al órgano responsable la delegación de sus funciones de tratamiento en la autoridad autonómica de control.

374. Conforme al art. 82 del Estatuto de Autonomía, la competencia ejecutiva en materia de protección de datos ejercida por Andalucía se extiende a: a) La totalidad de tratamientos efectuados por entidades privadas establecidas en el territorio andaluz, incluidos los sometidos al mecanismo de ventanilla única del RGPD. b) Cualquier tratamiento cuya finalidad principal afecte a residentes en Andalucía, aunque el responsable esté ubicado fuera del territorio autonómico. c) Los tratamientos realizados por instituciones autonómicas, Administraciones andaluzas, entidades de derecho público o privado dependientes de ellas y universidades públicas andaluzas. d) La supervisión de tratamientos transfronterizos cuyo impacto económico incida significativamente en el tejido productivo regional.

375. De acuerdo con el art. 95 de la Ley General Tributaria, el deber de reserva de los datos tributarios: a) Se entiende satisfecho cuando el contribuyente ha sido previamente informado del tratamiento, pudiendo la Administración ceder los datos a terceros siempre que exista una relación jurídica conexa. b) Permite a los ayuntamientos incorporar datos tributarios a bases de datos municipales generales cuando exista interés público local genérico. c) Autoriza la comunicación de información tributaria a cualquier órgano administrativo que invoque razones de eficiencia o cooperación institucional. d) Impide cualquier utilización de los datos tributarios distinta de la estrictamente vinculada a la gestión tributaria o a los supuestos tasados de cesión previstos en la ley.

376. ¿Cuál es el objeto principal de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?. a) Regular los contratos de trabajo. b) Promover la seguridad y salud de los trabajadores. c) Sancionar a las empresas. d) Controlar el desempleo.

377. ¿A quién se aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con carácter general?. a) Solo a trabajadores por cuenta ajena. b) Solo a funcionarios. c) A trabajadores y empresarios. d) Únicamente a empresas privadas.

378. ¿Qué se entiende por “riesgo laboral”?. a) Cualquier daño producido fuera del trabajo. b) La posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. c) Un accidente grave. d) Una enfermedad común.

379. ¿Qué se considera “daño derivado del trabajo”?. a) Solo los accidentes laborales. b) Accidentes y enfermedades profesionales. c) Accidentes, enfermedades y fatiga. d) Cualquier enfermedad del trabajador.

380. ¿Quién tiene el deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores?. a) El trabajador. b) La mutua. c) El empresario. d) La Inspección de Trabajo.

381. ¿Cuál de los siguientes es un principio de la acción preventiva?. a) Reparar los daños. b) Evitar los riesgos. c) Sancionar al trabajador. d) Aumentar la producción.

382. ¿Qué significa “evaluar los riesgos”?. a) Eliminar todos los riesgos. b) Analizar los riesgos que no se pueden evitar. c) Informar al trabajador. d) Sancionar incumplimientos.

383. ¿Qué debe hacer el empresario cuando cambien las condiciones de trabajo?. a) Nada. b) Despedir al trabajador. c) Revisar la evaluación de riesgos. d) Avisar a la mutua.

384. ¿Qué tipo de medidas tienen prioridad según la ley?. a) Las individuales. b) Las disciplinarias. c) Las colectivas. d) Las económicas.

385. ¿Qué debe tener en cuenta la prevención respecto a la persona trabajadora?. a) Su antigüedad. b) Sus capacidades y situación personal. c) Su salario. d) Su contrato.

386. ¿Qué derecho tiene el trabajador en materia de prevención?. a) Derecho a negarse siempre a trabajar. b) Derecho a una protección eficaz. c) Derecho a elegir el salario. d) Derecho a sancionar a la empresa.

387. ¿Qué debe recibir el trabajador en materia preventiva?. a) Solo equipos de protección. b) Información y formación. c) Únicamente formación teórica. d) Solo información escrita.

388. ¿La formación en prevención debe ser?. a) Opcional. b) De pago. c) Teórica y práctica. d) Solo online.

389. ¿Cuándo debe impartirse la formación preventiva?. a) Solo al inicio del contrato. b) Solo cuando haya accidentes. c) Al inicio y cuando cambien las condiciones. d) Solo si lo pide el trabajador.

390. ¿Puede el coste de las medidas preventivas recaer sobre el trabajador?. a) Sí. b) Solo parcialmente. c) No, nunca. d) Depende del contrato.

391. ¿Cuál es una obligación básica del trabajador?. a) Comprar su EPIS. b) Velar por su propia seguridad. c) Evaluar riesgos. d) Formar a otros trabajadores.

392. ¿Qué deben usar los trabajadores según la ley?. a) Uniforme obligatorio. b) Equipos de Protección Individual cuando sea necesario. c) Solo casco. d) Herramientas propias.

393. ¿Qué ocurre si el trabajador incumple las medidas de prevención?. a) No pasa nada. b) Puede ser sancionado. c) Se sanciona al empresario. d) Se anula el contrato.

394. ¿Quién puede paralizar la actividad en caso de riesgo grave e inminente?. a) El trabajador individualmente. b) El empresario. c) Los representantes de los trabajadores. d) La mutua.

395. ¿Qué se entiende por riesgo grave e inminente?. a) Riesgo leve. b) Riesgo que puede causar daño a largo plazo. c) Riesgo que puede causar un daño grave de forma inmediata. d) Riesgo económico.

396. ¿Qué órgano de representación especializada en prevención existe en la empresa?. a) Comité de empresa. b) Delegados de prevención. c) Inspección de Trabajo. d) Mutua colaboradora.

397. ¿Quiénes son los delegados de prevención?. a) Técnicos externos. b) Representantes de los trabajadores con funciones preventivas. c) Empresarios. d) Inspectores.

398. ¿Cuándo se constituye el Comité de Seguridad y Salud?. a) En empresas de más de 5 trabajadores. b) En empresas de más de 10 trabajadores. c) En empresas de 50 o más trabajadores. d) En todas las empresas.

399. ¿El Comité de Seguridad y Salud es un órgano?. a) Ejecutivo. b) Sancionador. c) Paritario y colegiado. d) Unipersonal.

400. ¿Cuál es una función del Comité de Seguridad y Salud?. a) Imponer sanciones. b) Elaborar nóminas. c) Participar en la elaboración de la política preventiva. d) Contratar personal.

401. ¿Cuál es el objeto principal de la Ley 12/2007?. a) Regular el empleo público. b) Garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres. c) Proteger la familia tradicional. d) Regular la educación obligatoria.

402. ¿En qué ámbito territorial se aplica esta ley?. a) En toda España. b) Solo en municipios rurales. c) En la Comunidad Autónoma de Andalucía. d) En la Unión Europea.

403. ¿Qué tipo de igualdad promueve la Ley 12/2007?. a) Igualdad formal. b) Igualdad económica. c) Igualdad real y efectiva. d) Igualdad salarial exclusivamente.

404. ¿Cuál de los siguientes es un principio general de la ley?. a) Neutralidad de género. b) Transversalidad del principio de igualdad. c) Discriminación positiva permanente. d) Supremacía masculina.

405. ¿Qué se entiende por transversalidad de género?. a) Aplicar la igualdad solo en educación. b) Integrar la igualdad en todas las políticas públicas. c) Crear un organismo exclusivo para mujeres. d) Aplicar la ley solo en casos de violencia.

406. ¿Qué Título regula las políticas públicas para la promoción de la igualdad?. a) Título I. b) Título II. c) Título III. d) Título IV.

407. ¿Qué ámbito NO se incluye en las políticas de igualdad del Título II?. a) Educación. b) Salud. c) Urbanismo. d) Defensa nacional.

408. En el ámbito educativo, la ley promueve: a) La segregación por sexos. b) La coeducación. c) La educación privada. d) La educación religiosa.

409. ¿Qué objetivo tiene la igualdad en el ámbito de la salud?. a) Atención exclusiva a mujeres. b) Eliminar diferencias biológicas. c) Incorporar la perspectiva de género. d) Privatizar los servicios sanitarios.

410. En materia de empleo, la ley fomenta: a) La contratación temporal. b) La igualdad de oportunidades laborales. c) El trabajo no remunerado. d) La exclusión positiva.

411. ¿Qué Título regula la igualdad en el empleo público y privado?. a) Título I. b) Título II. c) Título III. d) Título IV.

412. ¿Qué son los planes de igualdad?. a) Medidas voluntarias sin control. b) Estrategias para eliminar la discriminación. c) Normas exclusivas del sector privado. d) Medidas solo educativas.

413. ¿Quién debe elaborar planes de igualdad en el sector público andaluz?. a) Solo el Parlamento. b) Todas las Administraciones Públicas andaluzas. c) Solo los ayuntamientos. d) Solo empresas privadas.

414. ¿Qué se busca con la conciliación de la vida laboral y familiar?. a) Aumentar la jornada laboral. b) Reforzar el rol tradicional de la mujer. c) Corresponsabilidad entre mujeres y hombres. d) Eliminar permisos laborales.

415. ¿Qué principio se aplica en el acceso al empleo público?. a) Preferencia femenina automática. b) Igualdad, mérito y capacidad. c) Discriminación positiva ilimitada. d) Libre designación.

416. ¿Qué Título regula la tutela institucional y las garantías?. a) Título I. b) Título II. c) Título III. d) Título IV.

417. ¿Qué órgano es clave en la promoción de la igualdad en Andalucía?. a) Tribunal Superior de Justicia. b) Instituto Andaluz de la Mujer. c) Defensor del Pueblo estatal. d) Ministerio de Igualdad.

418. ¿Qué función tiene la Administración andaluza según el Título IV?. a) Sancionar exclusivamente. b) Garantizar el cumplimiento de la ley. c) Delegar la igualdad en ONG. d) Limitar derechos.

419. ¿Qué tipo de medidas pueden adoptarse para corregir desigualdades?. a) Medidas discriminatorias. b) Medidas de acción positiva. c) Medidas sancionadoras únicamente. d) Medidas temporales sin control.

420. Las medidas de acción positiva deben ser: a) Permanentes. b) Desproporcionadas. c) Temporales y justificadas. d) Exclusivas para mujeres.

421. ¿Qué se considera discriminación directa?. a) Trato desigual explícito por razón de sexo. b) Diferencias biológicas. c) Falta de formación. d) Opiniones personales.

422. ¿Qué se considera discriminación indirecta?. a) Insultos directos. b) Normas aparentemente neutras que perjudican a un sexo. c) Violencia física. d) Lenguaje inclusivo.

423. ¿La ley contempla la participación social?. a) No. b) Solo en elecciones. c) Sí, como elemento fundamental. d) Solo en asociaciones privadas.

424. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación según la ley?. a) Ninguno. b) Reforzar estereotipos. c) Promover una imagen igualitaria. d) Evitar contenidos educativos.

425. ¿Cuál es el objetivo final de la Ley 12/2007?. a) Regular sanciones. b) Lograr una sociedad más justa e igualitaria. c) Favorecer a un solo sexo. d) Limitar derechos sociales.

426. La ley andaluza de referencia en materia de violencia de género es: a) Ley Orgánica 1/2004. b) Ley 7/2018, de Andalucía. c) Ley 13/2007, de 26 de noviembre. d) Estatuto de Autonomía de Andalucía.

427. La Ley 13/2007 tiene como objetivo principal: a) Regular únicamente la violencia física. b) Garantizar la protección integral contra la violencia de género. c) Regular los delitos penales. d) Sustituir la legislación estatal.

428. Según la ley andaluza, la violencia de género se ejerce sobre las mujeres por: a) Cualquier persona. b) Personas desconocidas. c) Su condición de mujer. d) Motivos económicos.

429. ¿Qué tipo de violencia NO se reconoce expresamente en la Ley 13/2007?. a) Violencia física. b) Violencia psicológica. c) Violencia económica. d) Violencia laboral genérica.

430. La violencia psicológica incluye: a) Lesiones visibles. b) Amenazas, coacciones y humillaciones. c) Agresiones sexuales. d) Privación de libertad ambulatoria.

431. ¿Qué administración tiene competencias principales en prevención en Andalucía?. a) La Administración General del Estado. b) Los Ayuntamientos exclusivamente. c) La Junta de Andalucía. d) El Poder Judicial.

432. La prevención primaria se dirige a: a) Mujeres víctimas exclusivamente. b) Agresores condenados. c) Toda la sociedad. d) Menores tutelados.

433. La educación en igualdad debe incorporarse: a) Solo en educación secundaria. b) Solo en la universidad. c) En todas las etapas educativas. d) Únicamente en formación del profesorado.

434. Los medios de comunicación deben: a) Informar libremente sin límites. b) Evitar contenidos sexistas y estereotipos. c) Difundir solo campañas institucionales. d) Tratar la violencia como sucesos aislados.

435. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) tiene como función: a) Dictar sentencias. b) Coordinar políticas de igualdad y atención a víctimas. c) Investigar delitos. d) Gestionar juzgados especializados.

436. La atención a las víctimas debe ser: a) Puntual. b) Asistencial únicamente. c) Integral y multidisciplinar. d) Exclusivamente psicológica.

437. ¿Qué principio rige la actuación administrativa con las víctimas?. a) Neutralidad. b) Confidencialidad. c) Publicidad. d) Discrecionalidad.

438. Las víctimas tienen derecho a: a) Información clara y accesible. b) Declarar obligatoriamente. c) Renunciar a la protección. d) Atención solo tras denuncia.

439. La acreditación de la situación de violencia puede realizarse mediante: a) Únicamente sentencia firme. b) Denuncia policial exclusivamente. c) Informes de servicios sociales especializados. d) Testimonio verbal sin documentación.

440. La coordinación institucional busca: a) Evitar duplicidades y mejorar la atención. b) Centralizar competencias en el Estado. c) Reducir recursos económicos. d) Limitar la actuación municipal.

441. Las entidades locales deben: a) Limitarse a campañas informativas. b) Colaborar en prevención y atención. c) Delegar todas sus funciones. d) Actuar solo previa orden judicial.

442. El enfoque de género implica: a) Tratar igual a todas las personas. b) Ignorar diferencias estructurales. c) Analizar desigualdades entre mujeres y hombres. d) Priorizar la actuación penal.

443. La violencia económica se manifiesta mediante: a) Insultos. b) Control o privación de recursos económicos. c) Agresiones físicas. d) Aislamiento social.

444. La protección integral incluye: a) Solo medidas policiales. b) Medidas judiciales y asistenciales. c) Atención sanitaria, social, jurídica y laboral. d) Únicamente atención psicológica.

445. La formación de profesionales debe ser: a) Voluntaria. b) Exclusiva del ámbito sanitario. c) Continua y especializada. d) Solo inicial.

446. El principio del interés superior del menor se aplica cuando: a) Hay conflicto laboral. b) Existen hijos e hijas de la víctima. c) Lo solicita el agresor. d) No hay denuncia.

447. La violencia vicaria se ejerce: a) Directamente sobre la mujer. b) Sobre personas del entorno para dañarla. c) En el ámbito laboral. d) En espacios públicos.

448. La actuación sanitaria ante un caso de violencia de género debe ser: a) Opcional. b) Protocolizada. c) Informal. d) Exclusiva de urgencias.

449. La ley andaluza promueve la investigación y estudios para: a) Justificar sanciones. b) Mejorar la intervención y prevención. c) Incrementar estadísticas judiciales. d) Reducir recursos sociales.

450. La erradicación de la violencia de género es: a) Responsabilidad exclusiva de las víctimas. b) Competencia solo judicial. c) Un objetivo de toda la sociedad. d) Una cuestión privada.