Común C2

1. 1. 2.

1. Según el artículo 1 de la Constitución, España se constituye como: a) Un Estado liberal y democrático. b) Un Estado social y democrático de Derecho. c) Un Estado federal y social. d) Una monarquía absoluta.

2. ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico español?. a) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. b) Igualdad, legalidad, seguridad y soberanía. c) Justicia, solidaridad, igualdad y unidad. d) Libertad, democracia, soberanía y justicia.

3. Los constituyentes optaron, en relación a la soberanía, por declarar: a) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. b) La soberanía reside en la nación española. El diseño de los constituyentes optaba por tesis centralistas. c) La soberanía reside en los pueblos que forman la nación española. d) El sistema diseña un Estado pseudofederalista y regionalista, siendo las nacionalidades las titulares de la soberanía.

4. En el texto constitucional se consagra que la forma política del Estado español es: a) República parlamentaria. b) Monarquía constitucional. c) Monarquía parlamentaria. d) Estado federal.

5. El Título I de la Constitución trata sobre: a) La organización territorial del Estado. b) Los derechos y deberes fundamentales. c) El Gobierno y la Administración. d) El Tribunal Constitucional.

6. El artículo 40 de la Constitución dedicado a los principios rectores de la política social y económica que alude a la consecución del progreso social y económico, la distribución de la renta regional y personal más equitativa, la estabilidad económica y el pleno empleo: a) Tiene el carácter de norma imperativa e indisponible. b) Recoge los precedentes constitucionales españoles. c) Es una norma típicamente programática que prescribe la persecución de un fin de interés general, pero sin poner los medios y las condiciones para su realización. d) Para la consecución del pleno empleo y el reparto del trabajo, el Tribunal Constitucional ha dicho que el legislador no puede utilizar como instrumento la jubilación forzosa.

7. En relación a la alusión de la Constitución al derecho a la salud: a) El texto constitucional diseña una organización territorial del Estado que impide la asunción por las Comunidades Autónomas de competencias en materia de sanidad. b) Tiene su precedente en el artículo 46.2 de la Constitución de 1931, que estipulaba que la legislación social de la República regularía los casos de seguro de enfermedad. c) El art. 4.2.f del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, define como competencia exclusiva de los Estados miembros los asuntos relativos a la seguridad en materia de salud pública. d) Titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria son todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia legal en el territorio nacional.

8. El artículo 41 de la Constitución, encuadrado en el capítulo de principios rectores de la política social y económica, se ocupa de la Seguridad Social: a) Las prestaciones de la Seguridad Social son contributivas y proporcionales en todo caso a cotizaciones de los afiliados. b) La Seguridad Social española sigue el modelo contributivo y profesional que diseñó Bismark. c) Se regula partiendo de manera flexible y abierta a la evolución del sistema. d) La Seguridad Social española sigue el modelo anglosajón de Beveridge, no contributivo y universal.

9. ¿En qué Título de nuestra Constitución encontramos definida la doctrina de la separación de poderes?. a) En el Título III, de las Cortes Generales. b) No existe referencia expresa en el texto constitucional. c) En el Título IV, del Gobierno y de la Administración. d) En el Título Preliminar.

10. La expresión "derecho de excepción", se puede relacionar con: a) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Judicial. b) El ámbito de aplicación de la "legislación terrorista" y la suspensión de algunas garantías procesales. c) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio competencial entre Estado y Comunidades Autónomas por motivos de orden público. d) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Legislativo.

11. El artículo 44 de la Constitución contempla el derecho a la cultura, y las obligaciones para los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la misma: a) Se permite la posibilidad de exigencia inmediata del mismo ante jueces y tribunales. b) Se diseña como política de exclusiva competencia estatal. c) En su promoción intervendrán exclusivamente la administración autonómica y la administración europea. d) El derecho a la cultura pertenece, como ha señalado reiteradamente la doctrina, al género de los derechos de prestación.

12. La STC 88/1986, de 1 julio, analiza la unidad de mercado y su compatibilidad con la autonomía política. De ella deducimos: a) La Constitución garantiza un mercado único que implica la uniformidad de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica. b) La Constitución garantiza la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. c) La Constitución excluye la diversidad de regímenes jurídicos eliminando las intervenciones de distintas autoridades públicas. d) La libertad de empresa, la unidad de mercado y la libertad de residencia son exigencias exclusivamente derivadas del Derecho Comunitario.

13. La regulación Capítulo III, del Título I de la Constitución se incluye en el Título I "De los derechos y deberes fundamentales", por lo que: a) Abren vía de recurso ante el Tribunal Constitucional. b) Pueden ser considerados verdaderos derechos subjetivos de los ciudadanos como el resto de derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el citado Título. c) De estos principios no cabe deducir pretensiones jurídicas inmediatas sino expectativas de derechos. d) Son normas meramente programáticas.

14. ¿Resulta la Constitución directamente aplicable a los operadores jurídicos como fuente del Derecho?. a) No, puesto que sería una interpretación excesiva del principio de soberanía nacional. b) Sí, porque fue el resultado de un pacto entre la Corona y la soberanía nacional. c) Sí, puesto que la Constitución vincula a Jueces y Tribunales. d) No, puesto que las normas directamente aplicables son las emanadas del poder legislativo y del ejecutivo.

15. Los derechos fundamentales pueden ser suspendidos en determinados casos, establecidos constitucional y legalmente: a) La declaración de suspensión ha de ser general en relación a un colectivo de personas, en un ámbito territorial, nacional o regional. b) La suspensión de derechos fundamentales de forma individual ha sido declarada inconstitucional. c) Los derechos pueden ser suspendidos de forma tanto individual como colectiva. d) La suspensión de derechos ha sido integrada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

16. En relación a los estados de alarma, excepción o sitio: a) Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio serán provisionales e indispensables y proporcionadas para restablecer la normalidad. b) Se adoptarán cuando desórdenes extraordinarios hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad por parte de los poderes ordinarios de las autoridades. c) Deberán adoptarse a través de Ley Orgánica. d) Dependerán también de lo que se establezca en los correspondientes Estatutos de Autonomía.

17. En relación con las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales: a) Se regularon por primera vez en la Constitución de 1931. b) La suspensión de garantías se regulaba en las leyes de “orden público”. c) Las Constituciones históricas españolas no contuvieron mención alguna de las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales. d) Las dos últimas opciones son correctas.

18. El artículo 55 del texto constitucional regula la suspensión general de derechos y libertades: a) Se relaciona con la declaración de las situaciones excepcionales cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades. b) Se permite la suspensión de derechos y libertades en nuestra Constitución en el estado de excepción, el estado de sitio y el estado de alarma. c) La finalidad es la suspensión de determinados derechos y libertades, sobre la base de dejar total libertad de actuación al Ejecutivo para posibilitarle el restablecimiento del orden público alterado. d) Los actos de la autoridad gubernativa adoptados durante la vigencia de la suspensión de derechos no son impugnables en vía jurisdiccional.

19. El art. 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, afirmación que encuentra sus precedentes en: a) En la Constitución de 1812. b) En el art. 31 del Fuero de los Españoles y en la Declaración XII, 2, del Fuero del Trabajo. c) En la Constitución de 1931. d) En la Constitución de 1869.

20. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre: a) Magistrados, Fiscales y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. b) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. c) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. d) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

21. Según el artículo 159 de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de: a) Seis años y se renovarán la mitad de sus miembros a los tres años. b) Seis años y se renovarán por terceras partes cada tres. c) Cinco años con posibilidad de renovar el mandato una sola vez. d) Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

22. Según el artículo 162 de la Constitución están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: a) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los Presidentes de la Comunidades Autónomas. b) El Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. c) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. d) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

23. Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a que se refieren los artículos 166 y 167 de la Constitución, se tramitarán: a) Conforme a las normas establecidas para proyectos y proposiciones de ley. b) Conforme al procedimiento seguido con los proyectos de ley. c) Conforme al procedimiento seguido con las proposiciones de ley. d) Conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

24. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá: a) A la disolución inmediata de las Cortes previa convocatoria de referéndum. b) Las nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión y aprobar el nuevo texto constitucional por mayoría de dos tercios de ambas y someterla a referéndum. c) La propuesta podrá ser sometida a referéndum. d) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

25. Según el artículo 169 de la Constitución no podrá iniciarse la reforma constitucional: a) En tiempo de guerra o de estado de excepción. b) En tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, de sitio o de excepción. c) En los estados de alarma, de sitio o de excepción. d) En los estados de sitio o excepción.

201. En relación a las administraciones locales, la Constitución: a) No permite la articulación de una vía para la defensa específica de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. b) Reconoce a los Municipios personalidad jurídica plena. c) Reconoce a los Municipios exclusivamente como entidades político-administrativas. d) No contiene una cláusula genérica de atribución competencial a los entes locales.

202. Según el artículo 141 de la Constitución, la entidad local que constituye la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado es: a) La Diputación Provincial. b) La Provincia. c) El Municipio. d) La Mancomunidad de Municipios.

204. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno Local: a) Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce funciones ejecutivas y administrativas. b) La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos municipales necesarios de los municipios de gran población. c) El número de sus miembros será fijado por acuerdo del Pleno de la corporación Municipal. d) Las dos primeras opciones son correctas.

205. La Administración Local está integrada por entes públicos de carácter territorial con personalidad jurídica. Su naturaleza es: a) Sociológica, su existencia se justifica por la existencia de un elemento concreto de interés común relacionado con una determinada materia común a todos ellos. b) Voluntaria, en las corporaciones locales no ha de suponerse el vínculo de vecindad local. c) Asociativa, el municipio es una entidad natural reconocida por la ley. d) La Administración Local tiene ante todo una naturaleza corporativa.

206. Las entidades básicas de la organización territorial del Estado según el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son: a) El Municipio, la Provincia y la Isla. b) La Comarca, la Provincia y el Municipio. c) El Municipio, la Provincia y el Cabildo. d) La Provincia, el Municipio y el Concejo abierto.

207. Según el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Gobierno y la administración municipal corresponden: a) Al Alcalde. b) Al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. c) Al Alcalde y a las Diputaciones Provinciales. d) Al Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales.

208. Según el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 abril, son órganos superiores municipales los siguientes: a) El Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y el Secretario general del Pleno. b) El Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde. c) Los miembros de la Junta de Gobierno Local, el Alcalde y el interventor general municipal. d) El Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local.

209. Según el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 abril, no son órganos superiores municipales los siguientes: a) El secretario general del Pleno y el interventor general municipal. b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local. c) El Alcalde. d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

210. Según el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Consejo Social de la Ciudad se constituirá: a) En los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. b) En los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas si lo deciden las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. c) En los municipios fronterizos cuya población supere los 75.000 habitantes. d) Las dos primeras opciones son correctas.

211. Según el preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la actividad de las Entidades que integran la Administración Local ha de someterse al principio constitucional de autonomía y el administrativo de la descentralización: a) Estos principios implican las diversificaciones de los centros del poder público administrativo. b) Implican la actuación de cada Entidad integrante de la Administración Local, en su ámbito propio, con plena capacidad y bajo la propia responsabilidad. c) Se permite la atribución a un órgano de facultades de control que recaigan sobre la actividad en general de los otros y que supongan una limitación de la capacidad de éstos. d) Las dos primeras opciones son correctas.

212. La primera aproximación legal a la definición del Municipio la encontramos: a) En el artículo 3.1 de la Ley 7/1985. b) En los artículos 137 y 140 del texto constitucional. c) En la Carta Europea de la Autonomía Local de octubre de 1985. d) En la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local.

213. Según el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Administración Local y las demás Administraciones públicas. a) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de lealtad institucional, información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. b) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, eficacia, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. c) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, transparencia y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. d) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivo.

214. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la organización municipal: a) La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. b) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. c) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios. d) La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que así lo autorice el Consejo de Gobierno de su Comunidad Autónoma.

215. La Ley 7/1985, de 2 de abril: a) Constituye legislación básica del Estado y tiene por tanto una aplicación sustantiva directa. b) Se aplica supletoriamente en las materias no reguladas por las Comunidades Autónomas. c) Constituye el marco legal para el desarrollo de la legislación sectorial necesaria. d) La Administración Local tiene su potestad para la elaboración de su propia normativa.

216. Según el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en relación a las Mancomunidades, se establece: a) Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una provincia, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia. b) Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una misma o varias provincias limítrofes, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia. c) Tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por estatutos propios, cuyo contenido y aprobación se ajustará a la Ley 7/1985 y sus modificaciones. d) La elaboración de sus estatutos y el procedimiento de aprobación de los mismos se determinará por las estipulaciones fijadas en la legislación básica estatal.

217. Según el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la responsabilidad de hacer efectiva la autonomía que la Constitución reconoce a las Entidades Locales, la relaciona con: a) La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. b) La legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. c) La legislación de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. d) La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios y a las Comunidades Autónomas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses.

218. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno Local: a) Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce funciones ejecutivas y administrativas. b) La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos municipales necesarios de los municipios de gran población. c) El número de sus miembros será fijado por acuerdo del Pleno de la corporación Municipal. d) Las dos primeras opciones son correctas.

219. En virtud del artículo 137 del texto constitucional de 1978, el Estado: a) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. b) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía política para la gestión de sus respectivos intereses. c) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía administrativa para la gestión de sus respectivos intereses. d) Se organiza territorialmente en municipios que gozan de autonomía administrativa y en Comunidades Autónomas dotadas de autonomía política.

220. La Carta Europea de Autonomía Local se firmó en Estrasburgo en el año: a) 1992. b) 1986. c) 1985. d) 1994.

221. Según el artículo 4 de la Carta Europea de la Autonomía Local, en relación al alcance de la autonomía local: a) Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia expresamente delegada por cualquier autoridad central o regional constitucionalmente definida. b) Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad. c) Las competencias encomendadas a las Entidades Locales serán en todo caso plenas y completas. d) Las competencias básicas de las Entidades Locales vendrán fijadas por la Constitución de cada Estado firmante.

222. El diseño y regulación de las entidades locales se lleva a efecto en: a) El texto constitucional. b) La legislación ordinaria. c) Las leyes orgánicas. d) Los Estatutos de Autonomía.

223. Según el artículo 5 de la Carta Europea de la Autonomía Local: a) La modificación de los límites territoriales locales habrá de ser sometida a referéndum Temario General. b) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser consultada previamente a las colectividades locales afectadas, mediante la celebración de referéndum si la legislación lo permite. c) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en las entidades afectadas por mayoría de dos tercios de sus representantes electos. d) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en referéndum por mayoría de dos tercios de los votantes.

225. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: a) La creación o supresión de municipios se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, si la alteración de términos municipales supone modificación de los límites provinciales se requerirá siempre la aprobación por norma con rango de ley adoptada por mayoría absoluta. b) La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. c) La unión de municipios y la alteración de términos municipales se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. d) La alteración de términos municipales, se regulará por las pertinentes ordenanzas municipales de las entidades afectadas, que será convalidada por decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma afectada.

326. Según el RGPD, se considera dato personal cualquier información que: a) Permita únicamente un análisis estadístico o agregación anónima, sin que sea posible, ni siquiera con medios adicionales razonables, identificar a una persona física. b) Corresponda exclusivamente a entidades jurídicas y se refiera a su estructura organizativa, actividad económica o información fiscal corporativa. c) Haga posible directa o indirectamente la identificación de una persona física, ya sea por referencia a un identificador o a uno o varios elementos propios de su identidad física, fisiológica, genética, económica, cultural o social. d) Consista en códigos internos, claves operativas o identificadores técnicos cuyo diseño no esté vinculado expresamente a la identidad del sujeto afectado.

327. El principio de minimización de datos, según el RGPD, exige que el responsable del tratamiento: a) Recoja también datos adicionales que, aun no siendo estrictamente necesarios, puedan resultar útiles para futuras finalidades compatibles. b) Limite la recogida y el tratamiento exclusivamente a los datos adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad concreta declarada. c) Amplíe la información solicitada cuando la incorporación de más variables permita un análisis más preciso o facilite la elaboración de perfiles estadísticos. d) Recoja datos complementarios para documentar la diligencia del responsable y demostrar cumplimiento en el marco del principio de responsabilidad proactiva.

328. El principio de exactitud de los datos personales, recogido en el RGPD, implica que: a) Los datos pueden mantenerse desactualizados cuando provengan de fuentes formales o registros públicos, dado que su origen garantiza su validez jurídica. b) Se adopten las medidas necesarias para corregir sin dilación aquellos datos personales que resulten inexactos o incompletos, asegurando que se ajustan a la finalidad del tratamiento. c) Los datos personales se conserven tal como fueron obtenidos inicialmente, evitando su supresión incluso en caso de que se demuestre su desactualización o imprecisión. d) El responsable no tenga obligación de revisión periódica de la información, siempre que el interesado no solicite expresamente la rectificación de sus datos.

329. En el modelo de información por capas previsto por el RGPD, la denominada “primera capa” debe contener, como mínimo: a) La totalidad de la política de privacidad del responsable, incluyendo el detalle completo de las bases jurídicas, plazos de conservación y destinatarios previstos. b) Únicamente la referencia a la base jurídica aplicable conforme al artículo 6 del RGPD, sin necesidad de aportar más información en esta fase inicial. c) La identificación del encargado de seguridad o de la persona que gestione los sistemas internos de protección de datos de la organización. d) La identidad del responsable del tratamiento, la finalidad principal del tratamiento y la indicación de los derechos esenciales que asisten al interesado conforme al RGPD.

330. El derecho de acceso reconocido en el artículo 15 del RGPD garantiza al interesado la posibilidad de: a) Consultar únicamente un conjunto limitado de datos básicos, excluyendo información adicional relativa a las finalidades del tratamiento o a los destinatarios. b) Obtener la confirmación de si se están tratando o no sus datos personales, así como acceder a dichos datos y recibir copia de ellos junto con la información complementaria prevista en el artículo 15 del RGPD. c) Proceder a la modificación automática de los datos sin necesidad de intervención del responsable, siempre que detecte cualquier discrepancia o error en la información tratada. d) Transferir libremente los datos personales a terceros a su elección sin necesidad de solicitarlo al responsable, por ser una consecuencia directa del derecho de acceso.

331. El derecho de rectificación reconocido en el RGPD permite al interesado exigir al responsable que: a) Modifique o complemente los datos personales que resulten inexactos o incompletos, aportando la documentación acreditativa necesaria cuando proceda. b) Proceda a la eliminación total del tratamiento aun cuando los datos sean exactos, por el mero deseo del interesado de que no figuren en los sistemas del responsable. c) Cese el tratamiento de los datos cuando el responsable considere que los mismos ya no resultan de utilidad, incluso sin solicitud expresa del interesado. d) Modifique los datos personales únicamente cuando exista una obligación contractual que lo exija, independientemente de que los datos sean incorrectos.

332. El ejercicio del derecho de supresión previsto en el artículo 17 del RGPD procede cuando: a) El responsable estime, por criterios internos de eficiencia o reorganización, que la eliminación de los datos resulta conveniente para la gestión del tratamiento. b) Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados, dejando de existir la base jurídica que legitimaba su tratamiento. c) El interesado solicite en cualquier circunstancia la eliminación de sus datos, con independencia de la existencia de obligaciones legales de conservación o de fines legítimos que exijan mantenerlos. d) Los datos posean valor histórico, científico o administrativo, lo que justifica su eliminación para evitar un uso inadecuado o interpretaciones erróneas.

333. El derecho de oposición, conforme al artículo 21 del RGPD, faculta al interesado para: a) Solicitar que el responsable cese cualquier operación de tratamiento sobre sus datos, con independencia de la base jurídica utilizada o de los intereses legítimos en juego. b) Negarse al tratamiento de sus datos personales cuando este se base en el interés público o en el interés legítimo del responsable, incluido el perfilado relacionado con dichas bases, salvo que el responsable acredite motivos legítimos imperiosos. c) Resolver unilateralmente cualquier contrato celebrado con el responsable cuando discrepe del modo en que se tratan sus datos personales. d) Limitar el acceso de terceros autorizados a sus datos cuando considere que el tratamiento puede generar efectos no deseados o interpretaciones incorrectas.

334. En el ámbito de la protección de datos, existe una decisión individual automatizada cuando: a) La decisión que afecta al interesado se adopta exclusivamente mediante procesos automatizados, sin intervención humana significativa, y produce efectos jurídicos o le afecta de manera similar de forma apreciable. b) Se consulta una base de datos automatizada, aunque la decisión final sea adoptada por un empleado que revisa y valida la información. c) La decisión se basa en un algoritmo, pero el responsable realiza una comprobación formal posterior para confirmar que el resultado no contiene errores aparentes. d) El interesado participa en el proceso aportando información adicional o manifestando preferencias que influyen parcialmente en el resultado del tratamiento.

335. Para que una decisión individual automatizada sobre datos personales sea lícita conforme al RGPD, es necesario que: a) Exista consentimiento tácito del interesado o que la medida esté vinculada de manera general a la ejecución de un contrato, sin requerir garantías adicionales. b) Exista consentimiento explícito del interesado, o bien sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato, o esté amparada por una norma habilitante que prevea salvaguardias adecuadas para los derechos y libertades del afectado. c) Sea suficiente con que el interesado haya sido informado verbalmente de que el tratamiento puede incluir decisiones automatizadas, sin necesidad de establecer mecanismos adicionales. d) El responsable notifique previamente a la autoridad de control su intención de aplicar sistemas automatizados, quedando dispensado de obtener consentimiento o justificar otra base legal.

336. La obligación de transparencia en la información sobre protección de datos implica que esta debe presentarse: a) Redactada en un formato altamente técnico y exhaustivo, de manera que permita reflejar íntegramente la complejidad del tratamiento y su base jurídica. b) Facilitada exclusivamente en soporte físico para garantizar la validez documental y el acceso permanente a la información. c) Redactada con terminología jurídica especializada para asegurar precisión normativa, aunque resulte menos accesible para el interesado medio. d) Clara, concisa, fácilmente comprensible y accesible para el interesado, permitiendo conocer el tratamiento sin interpretaciones técnicas o jurídicas complejas.

337. Cuando los datos personales se obtienen de fuentes distintas al propio interesado, el responsable del tratamiento está obligado a: a) Considerar que la información ya es conocida por el afectado si proviene de fuentes accesibles al público, por lo que no resulta necesario facilitarle ninguna comunicación adicional. b) Facilitar información al afectado sobre el tratamiento de sus datos dentro de un plazo razonable, según art. 14 Reglamento General de Protección de Datos. c) Suprimir sin más los datos obtenidos de terceros salvo que el interesado confirme expresamente su interés en mantener el tratamiento. d) Recabar el consentimiento previo del afectado antes de iniciar cualquier tratamiento cuando los datos procedan de un tercero, independientemente de la base jurídica aplicable.

338. La limitación del tratamiento prevista en el artículo 18 del RGPD implica que los datos personales: a) Permanezcan conservados sin ser objeto de tratamiento activo, quedando restringidos mientras se verifica la exactitud, la licitud o la necesidad del tratamiento a petición o impugnación del interesado. b) Deban ser eliminados inmediatamente para evitar cualquier tratamiento posterior, incluso cuando su licitud o exactitud esté pendiente de comprobación. c) Puedan utilizarse para elaborar perfiles estadísticos o inferenciales siempre que no se comuniquen a terceros ni se produzcan efectos jurídicos. d) Deban ser transferidos obligatoriamente a otro responsable con mayor capacidad para verificar la exactitud o licitud del tratamiento.

339. Según el RGPD, para que el consentimiento sea una base jurídica válida en materia de protección de datos, debe: a) Manifestarse mediante una acción afirmativa clara, informada e inequívoca por parte del interesado, que refleje su voluntad real de aceptar el tratamiento propuesto. b) Entenderse prestado si el interesado no manifiesta oposición expresa al tratamiento, siempre que el responsable haya informado previamente de su intención de utilizar los datos. c) Considerarse válido cuando un profesional jurídico u otra persona experta valida la idoneidad del tratamiento en nombre del interesado. d) Obtenerse mediante casillas premarcadas o mecanismos que presuponen la aceptación, siempre que el interesado pueda desmarcarlas si no desea participar.

340. El cumplimiento del deber de información en materia de protección de datos exige que el responsable: a) Facilite información únicamente cuando el interesado la solicite expresamente, al considerar que la ausencia de oposición constituye aceptación de las condiciones del tratamiento. b) Proporcione al interesado, de forma previa o simultánea al tratamiento, toda la información exigida por los artículos 13 y 14 del RGPD, siempre que se lleve a cabo cualquier tratamiento de datos personales. c) Limite la comunicación de la información a los supuestos en los que el tratamiento sea realizado por Administraciones Públicas o implique datos especialmente sensibles. d) Cumpla el deber informativo únicamente cuando exista una comunicación o cesión de datos a terceros, sin necesidad de hacerlo en tratamientos internos del responsable.

341. Según el RGPD, los derechos del interesado pueden ser objeto de limitaciones cuando: a) El responsable del tratamiento considere que el ejercicio de tales derechos podría entorpecer la operativa interna de la organización o ralentizar procesos administrativos esenciales. b) Se establezca mediante una norma con rango legal que la restricción sea necesaria y proporcionada para fines como la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública o la prevención e investigación de infracciones penales, entre otros intereses públicos relevantes. c) La entidad privada responsable estime que existen intereses comerciales o estratégicos que justifican restringir temporalmente la posibilidad de ejercer los derechos del interesado. d) El volumen de solicitudes presentadas por los interesados resulte elevado, comprometiendo la capacidad operativa del responsable para atenderlas adecuadamente.

342. Según el RGPD, forman parte de las categorías especiales de datos aquellos que: a) Incluyen información de contacto general, como dirección postal o número de teléfono, siempre que identifiquen a la persona. b) Revelan aspectos particularmente sensibles del individuo, como sus convicciones ideológicas o religiosas, su estado de salud, su orientación sexual u otros datos cuyo tratamiento exige garantías reforzadas conforme al art. 9 del RGPD. c) Comprenden datos utilizados habitualmente en comunicaciones electrónicas, tales como direcciones de correo electrónico o identificadores de usuario, que requieren protección adicional por su uso frecuente. d) Abarcan información demográfica o estadística —como edad, rango de ingresos o nivel educativo— cuyo tratamiento puede influir en la elaboración de perfiles complejos.

343. Para que un tratamiento de datos personales sea lícito conforme al RGPD, es necesario que: a) El responsable obtenga siempre el consentimiento del interesado, incluso cuando exista otra base jurídica más adecuada para el tratamiento previsto. b) La licitud derive de la participación de un encargado de tratamiento debidamente designado, que actúe como garantía adicional de seguridad jurídica. c) El tratamiento se apoye en una base jurídica válida prevista en el artículo 6 del RGPD, como la ejecución de un contrato, el cumplimiento de una obligación legal o el interés legítimo del responsable debidamente ponderado. d) Los datos personales se utilicen exclusivamente dentro del ámbito interno del responsable, sin realizar comunicaciones a terceros, lo que elimina la necesidad de justificar una base jurídica adicional.

344. El modelo de información por capas en protección de datos se fundamenta en que: a) Toda la información exigida por el RGPD se proporcione en un único documento extenso para asegurar la completitud formal del deber informativo. b) Se facilite una primera capa con información esencial y directamente relevante para el interesado, remitiendo a una segunda capa accesible donde se detallen el resto de elementos exigidos por el RGPD. c) La información pueda proporcionarse únicamente al finalizar el tratamiento, una vez que el responsable disponga de todos los datos que va a registrar. d) El deber de información quede satisfecho cuando el responsable comunique los detalles solo a quienes intervienen internamente en el tratamiento, sin necesidad de ponerlos a disposición del interesado de forma accesible.

345. En relación con el deber de confidencialidad previsto en la normativa de protección de datos, debe entenderse que: a) La obligación de guardar secreto se mantiene únicamente durante la vigencia del tratamiento, pudiendo el responsable o el encargado divulgar la información una vez finalizada la relación contractual. b) La obligación decae automáticamente cuando el responsable comunica al afectado la finalización del servicio, al no existir ya una relación jurídica que justifique la reserva de la información. c) El deber de confidencialidad persiste incluso después de que concluya la relación entre el responsable, el encargado o cualquier persona que hubiera intervenido en el tratamiento, no pudiendo divulgar los datos sin base legal. d) La obligación no resulta aplicable a los encargados del tratamiento, dado que su función se limita estrictamente a ejecutar las instrucciones del responsable.

346. ¿Qué exige el principio de minimización de datos en los formularios de recogida de información?. a) Solicitar datos complementarios que, aunque no sean imprescindibles para la finalidad, permitan al responsable realizar tratamientos compatibles previstos en el futuro. b) Limitar la recogida exclusivamente a los datos necesarios para la finalidad prevista. c) Incluir campos cuya aportación no sea obligatoria, pero cuyo diseño del formulario induzca a su cumplimentación para obtener una evaluación más completa del interesado. d) Recopilar información adicional cuando su obtención no impida el cumplimiento del principio de proporcionalidad ni afecte de forma significativa a los derechos del interesado.

347. En el caso de tratamientos que impliquen decisiones individuales automatizadas sobre datos personales de menores, el RGPD establece que: a) Estas decisiones pueden adoptarse sin requisitos adicionales, siempre que el tratamiento se derive de los servicios ofrecidos directamente al menor. b) Las decisiones automatizadas se sustituyen por el derecho a la portabilidad, dado que los menores no pueden ser objeto de perfilados ni decisiones individuales significativas. c) El RGPD excluye la aplicación de decisiones automatizadas cuando el interesado es menor, por lo que no resultan jurídicamente aplicables estos supuestos. d) Se exige la adopción de garantías reforzadas y especial cautela, debido a la especial vulnerabilidad de los menores frente a decisiones que produzcan efectos jurídicos o les afecten significativamente.

348. En la Ley Orgánica 3/2018, el bloqueo de datos personales implica que: a) Los datos se conserven de forma restringida, quedando únicamente accesibles para atender posibles responsabilidades derivadas del tratamiento, mientras se impide cualquier otra operación sobre ellos. b) Los datos queden sometidos a un proceso irreversible de anonimización que permita su reutilización para fines estadísticos sin necesidad de base jurídica adicional. c) El responsable solo aplique el bloqueo cuando exista una resolución sancionadora de la autoridad de control o una instrucción administrativa que así lo exija. d) El bloqueo consiste en la destrucción física o lógica de los datos, tras lo cual no podrán ser utilizados en ningún contexto ni restaurados por el responsable.

349. El responsable debe informar al interesado sobre su derecho de oposición de forma que: a) Baste con incluir una referencia genérica al derecho dentro del texto completo de la política de privacidad, sin destacarlo específicamente. b) Se facilite de manera expresa, claramente diferenciada del resto de la información y, en el caso del marketing directo, con especial relevancia y accesibilidad. c) Sea suficiente con mencionarlo únicamente en los procedimientos internos del responsable, siempre que esté documentado para auditoría. d) Pueda integrarse de forma implícita dentro de la explicación del consentimiento, sin necesidad de aviso independiente si ambos se relacionan con el mismo tratamiento.

350. Las decisiones individuales automatizadas previstas en el artículo 22 del RGPD no pueden aplicarse cuando: a) El afectado sea una persona mayor de edad, dado que la normativa exige que estos tratamientos se limiten exclusivamente a colectivos especialmente vulnerables. b) El responsable sea una entidad pública, ya que la naturaleza institucional del responsable excluye la posibilidad de tratamientos basados exclusivamente en algoritmos. c) El usuario haya dado su consentimiento para el tratamiento, puesto que el consentimiento por sí solo no legitima una decisión con efectos jurídicos adoptada exclusivamente por medios automatizados. d) El interesado sea un menor y no se hayan implementado salvaguardas reforzadas que tengan en cuenta su especial vulnerabilidad frente a decisiones con efectos jurídicos o similares.

401. ¿Cuál es el objeto principal de la Ley 12/2007?. a) Regular el empleo público. b) Garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres. c) Proteger la familia tradicional. d) Regular la educación obligatoria.

402. En qué ámbito territorial se aplica la Ley 12/2007?. a) En toda España. b) Solo en municipios rurales. c) En la Comunidad Autónoma de Andalucía. d) En la Unión Europea.

403. ¿Qué tipo de igualdad promueve la Ley 12/2007?. a) Igualdad formal. b) Igualdad económica. c) Igualdad real y efectiva. d) Igualdad salarial exclusivamente.

404. ¿Cuál de los siguientes es un principio general de la ley?. a) Neutralidad de género. b) Transversalidad del principio de igualdad. c) Discriminación positiva permanente. d) Supremacía masculina.

405. ¿Qué se entiende por transversalidad de género?. a) Aplicar la igualdad solo en educación. b) Integrar la igualdad en todas las políticas públicas. c) Crear un organismo exclusivo para mujeres. d) Aplicar la ley solo en casos de violencia.

407. ¿Qué ámbito NO se incluye en las políticas de igualdad del Título II?. a) Educación. b) Salud. c) Urbanismo. d) Defensa nacional.

408. En el ámbito educativo, la ley promueve: a) La segregación por sexos. b) La coeducación. c) La educación privada. d) La educación religiosa.

409. ¿Qué objetivo tiene la igualdad en el ámbito de la salud?. a) Atención exclusiva a mujeres. b) Eliminar diferencias biológicas. c) Incorporar la perspectiva de género. d) Privatizar los servicios sanitarios.

410. En materia de empleo, la ley fomenta: a) La contratación temporal. b) La igualdad de oportunidades laborales. c) El trabajo no remunerado. d) La exclusión positiva.

412. ¿Qué son los planes de igualdad?. a) Medidas voluntarias sin control. b) Estrategias para eliminar la discriminación. c) Normas exclusivas del sector privado. d) Medidas solo educativas.

413. ¿Quién debe elaborar planes de igualdad en el sector público andaluz?. a) Solo el Parlamento. b) Todas las Administraciones Públicas andaluzas. c) Solo los ayuntamientos. d) Solo empresas privadas.

414. ¿Qué se busca con la conciliación de la vida laboral y familiar?. a) Aumentar la jornada laboral. b) Reforzar el rol tradicional de la mujer. c) Corresponsabilidad entre mujeres y hombres. d) Eliminar permisos laborales.

415. ¿Qué principio se aplica en el acceso al empleo público?. a) Preferencia femenina automática. b) Igualdad, mérito y capacidad. c) Discriminación positiva ilimitada. d) Libre designación.

417. ¿Qué órgano es clave en la promoción de la igualdad en Andalucía?. a) Tribunal Superior de Justicia. b) Instituto Andaluz de la Mujer. c) Defensor del Pueblo estatal. d) Ministerio de Igualdad.

418. ¿Qué función tiene la Administración andaluza según el Título IV?. a) Sancionar exclusivamente. b) Garantizar el cumplimiento de la ley. c) Delegar la igualdad en ONG. d) Limitar derechos.

419. ¿Qué tipo de medidas pueden adoptarse para corregir desigualdades?. a) Medidas discriminatorias. b) Medidas de acción positiva. c) Medidas sancionadoras únicamente. d) Medidas temporales sin control.

420. Las medidas de acción positiva deben ser: a) Permanentes. b) Desproporcionadas. c) Temporales y justificadas. d) Exclusivas para mujeres.

421. ¿Qué se considera discriminación directa?. a) Trato desigual explícito por razón de sexo. b) Diferencias biológicas. c) Falta de formación. d) Opiniones personales.

422. ¿Qué se considera discriminación indirecta?. a) Insultos directos. b) Normas aparentemente neutras que perjudican a un sexo. c) Violencia física. d) Lenguaje inclusivo.

424. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación según la ley?. a) Ninguno. b) Reforzar estereotipos. c) Promover una imagen igualitaria. d) Evitar contenidos educativos.

425. ¿Cuál es el objetivo final de la Ley 12/2007?. a) Regular sanciones. b) Lograr una sociedad más justa e igualitaria. c) Favorecer a un solo sexo. d) Limitar derechos sociales.