Conceptos básicos 1 y 2

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¿Cuál es uno de los objetivos principales de la Ley del Procedimiento Administrativo Común?. Regular exclusivamente las relaciones laborales de los funcionarios. Establecer los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. Regular únicamente los contratos del sector público. Organizar exclusivamente la Administración General del Estado.

¿Qué tres grandes bloques regula la Ley según tus apuntes?. Actos administrativos, procedimiento administrativo común y principios de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Contratación pública, régimen disciplinario y presupuestos. Organización militar, empleo público y procedimiento judicial. Recursos administrativos, contratación y responsabilidad penal.

¿Qué procedimientos están incluidos expresamente dentro del procedimiento administrativo común?. Únicamente los procedimientos ordinarios. Los procedimientos judiciales y penales. El procedimiento sancionador y el de responsabilidad patrimonial. Exclusivamente los procedimientos económicos.

Según los apuntes, ¿cómo pueden añadirse trámites distintos a los previstos en la Ley?. Mediante cualquier instrucción administrativa. Mediante una orden verbal. Mediante un reglamento, sin ninguna limitación. Solo mediante ley y de forma motivada, proporcional y necesaria.

¿Qué puede establecerse mediante reglamento?. Cualquier trámite nuevo sin limitaciones. Especialidades como órganos competentes, plazos y formas de iniciación o terminación. La eliminación de todos los procedimientos administrativos. La modificación de los derechos fundamentales.

¿A qué ámbito se aplica la Ley?. Exclusivamente a la Administración General del Estado. Solo a las comunidades autónomas. A todo el sector público. Únicamente a los ayuntamientos.

¿Cuál de los siguientes pertenece a la Administración General del Estado?. Un ministerio. Un ayuntamiento. Una consejería autonómica. Una diputación provincial.

¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a la Administración Local?. Un ministerio. Una consejería. Una universidad pública. Un ayuntamiento.

¿Cómo se aplica la Ley a las universidades públicas según los apuntes?. No se les aplica nunca. Se rigen por su normativa propia y, supletoriamente, por esta Ley. Se les aplica exclusivamente esta Ley. Se rigen únicamente por normativa municipal.

¿Qué ocurre con las corporaciones de Derecho Público, como un colegio profesional?. No están sometidas a ninguna regulación administrativa. Se rigen exclusivamente por normas privadas. Tienen su normativa específica y esta Ley se aplica supletoriamente. Se someten siempre y exclusivamente a la normativa local.

¿Cuándo se someten a esta Ley las entidades de Derecho privado vinculadas?. Solo respecto de los artículos que específicamente las mencionen y cuando ejerzan potestades administrativas. Siempre y en todas sus actividades. Nunca, por ser entidades privadas. Únicamente cuando tengan trabajadores funcionarios.

¿Quiénes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?. Exclusivamente las personas mayores de edad. Solo las personas físicas. Únicamente las personas jurídicas. Personas físicas o jurídicas con capacidad conforme a las normas civiles.

¿Pueden los menores de edad tener capacidad de obrar ante la Administración?. No, en ningún caso. Sí, para ejercer los derechos que la ley les permite sin asistencia de padres o tutores. Sí, para realizar cualquier actuación sin limitaciones. Solo cuando tengan autorización judicial.

¿Pueden actuar ante la Administración los grupos de afectados sin personalidad jurídica?. Sí, siempre y sin condiciones. No, nunca. Solo si la ley lo declara expresamente. Únicamente si están inscritos como sociedades mercantiles.

¿Quién tiene la condición de interesado por iniciar un procedimiento?. Quien lo promueve como titular de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Cualquier ciudadano que conozca el procedimiento. Cualquier funcionario que tramite el expediente. Cualquier persona que presente una consulta.

Una persona no inicia un procedimiento, pero sus derechos pueden resultar afectados por la resolución. ¿Puede ser interesada?. No, porque no presentó la solicitud inicial. Solo si es funcionaria. Únicamente si el procedimiento es sancionador. Sí, por ser titular de derechos que pueden resultar afectados.

¿Qué caracteriza a los interesados que se personan durante la tramitación?. Deben haber iniciado obligatoriamente el procedimiento. Sus intereses legítimos pueden verse afectados y se personan antes de la resolución definitiva. Solo pueden intervenir después de la resolución. No necesitan tener ningún interés legítimo.

Durante la instrucción se descubre que una persona identificable tiene derechos directamente afectados por el expediente. ¿Qué debe hacer la Administración?. Ignorarla si no inició el procedimiento. Esperar a que presente un recurso. Comunicarle la tramitación del procedimiento. Archivar automáticamente el expediente.

¿Cuál de estas situaciones representa a un afectado directo que no ha iniciado el procedimiento?. Una persona cuyos derechos pueden verse afectados por la decisión final, aunque no haya presentado la solicitud. Un ciudadano que únicamente consulta información pública. Un funcionario que registra documentos. Una persona que no tiene relación con el asunto.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ámbito de aplicación es correcta?. La Administración Local queda excluida. Las comunidades autónomas no están incluidas. Las universidades públicas se rigen exclusivamente por esta Ley. La Ley se aplica directamente a la Administración General del Estado, comunidades autónomas y Administración Local.

Una universidad pública tiene normativa propia. ¿Qué papel desempeña la Ley del Procedimiento Administrativo Común?. Ninguno, porque la universidad queda totalmente excluida. Se aplica supletoriamente. Sustituye siempre a su normativa propia. Solo se aplica a sus estudiantes.

¿Qué diferencia existe entre capacidad de obrar y condición de interesado?. Son exactamente lo mismo. La capacidad de obrar solo corresponde a funcionarios. La capacidad de obrar permite actuar ante la Administración; la condición de interesado depende de la relación con el procedimiento. Ser interesado implica necesariamente haber iniciado el procedimiento.

Una persona jurídica presenta una solicitud ante un ayuntamiento. ¿Está dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley?. Sí, porque el ayuntamiento forma parte de la Administración Local y la Ley se aplica al sector público. No, porque las personas jurídicas están excluidas. No, porque solo se aplica a personas físicas. Solo si la solicitud es económica.

¿Cuál de estos supuestos encaja con la aplicación condicional de la Ley a entidades privadas vinculadas?. Una empresa privada en todas sus relaciones comerciales. Una asociación privada en cualquier actividad particular. Una empresa que nunca ejerce potestades administrativas. Una entidad privada vinculada cuando ejerce potestades administrativas y en los artículos que específicamente la mencionen.

¿Cuál es la finalidad de distinguir entre aplicación directa, supletoria y condicional?. Determinar qué Administración tiene más competencias. Identificar cómo se aplica la Ley según el tipo de entidad pública o privada. Establecer los salarios de los empleados públicos. Determinar quién puede presentar recursos judiciales.

¿Qué garantiza principalmente la identificación electrónica?. La voluntad de aceptar el contenido de un documento. La integridad de cualquier escrito. La verificación de quién es la persona que accede al sistema o procedimiento. La resolución automática de un expediente.

¿Qué acredita principalmente la firma electrónica?. La voluntad e intencionalidad del interesado sobre el contenido de un documento. Únicamente el nombre y apellidos del interesado. La fecha de nacimiento del interesado. El acceso a una sede electrónica sin realizar ninguna actuación.

¿Qué ocurre cuando una persona utiliza un sistema de firma electrónica admitido?. Debe identificarse nuevamente mediante otro sistema. Su identidad queda sin acreditar. Solo se acredita la fecha del documento. Su identidad se entiende acreditada automáticamente mediante la firma.

Un ciudadano accede a una sede electrónica únicamente para consultar el estado de su expediente. ¿Qué necesita generalmente?. Presentar un recurso. Identificarse. Firmar electrónicamente una declaración responsable. Renunciar a sus derechos.

Un ciudadano quiere interponer un recurso de alzada contra una resolución sancionadora. ¿Qué necesita?. Únicamente consultar el expediente. No necesita realizar ninguna acreditación. Firmar electrónicamente, porque manifiesta una voluntad con consecuencias jurídicas. Únicamente introducir su nombre.

Según el principio de simplificación administrativa, ¿qué se exige con carácter general para las actuaciones ordinarias?. Acreditar previamente la identidad. Firmar electrónicamente todos los documentos. Presentar siempre una declaración responsable. Obtener autorización judicial.

¿En cual de las siguientes actuaciones es obligatoria la firma electrónica según los apuntes?. Consultar una notificación recibida. Revisar el estado de un expediente. Acceder a los datos personales. Interponer un recurso.

¿Cuál de estas actuaciones requiere firma electrónica?. Consultar información de un procedimiento. Formular una solicitud. Acceder a una sede electrónica para revisar una notificación. Consultar los datos de un expediente.

¿Cuál de las siguientes actuaciones también exige firma electrónica?. Consultar el estado de una solicitud. Revisar una notificación. Renunciar a un derecho. Acceder a información pública.

¿Qué obligación tienen las Administraciones Públicas respecto a los medios electrónicos?. Garantizar que los interesados puedan relacionarse con ellas electrónicamente y poner a su disposición los canales necesarios. Obligar a todas las personas físicas a utilizar exclusivamente medios electrónicos. Eliminar la atención presencial. Exigir siempre un certificado digital específico.

¿Puede una persona física elegir entre comunicarse electrónicamente o en papel?. No, está obligada siempre a utilizar medios electrónicos. Solo puede elegir el papel. Solo puede elegir medios electrónicos. Sí, y puede cambiar la vía elegida cuando lo estime conveniente.

¿Cuál de estos sujetos está obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración?. Cualquier persona física sin excepción. Las personas jurídicas. Todos los jubilados. Todos los menores de edad.

¿Qué entidades sin personalidad jurídica están obligadas a relacionarse electrónicamente?. Ninguna. Solo las asociaciones deportivas. Las entidades sin personalidad jurídica. Únicamente las comunidades de vecinos con trabajadores.

Un profesional ejerce una actividad para la que se exige colegiación obligatoria y realiza un trámite relacionado con esa actividad ante la Administración. ¿Cómo debe relacionarse?. Electrónicamente. Exclusivamente en papel. Mediante llamada telefónica. Puede elegir libremente cualquier vía.

¿Qué profesionales se incluyen expresamente dentro de los colectivos obligados a relacionarse electrónicamente?. Únicamente abogados. Exclusivamente médicos. Solo arquitectos. Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

¿Qué obligación tiene la Administración respecto a la resolución de los procedimientos?. Resolver únicamente los procedimientos iniciados por los ciudadanos. Dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo las excepciones indicadas. Resolver únicamente los procedimientos sancionadores. Resolver solo cuando el interesado lo solicite por segunda vez.

¿En cual de estos casos se exceptúa la obligación de dictar una resolución expresa adicional?. Cuando el procedimiento se inicia de oficio. Cuando existe un interesado personado. Cuando el procedimiento termina mediante pacto o convenio. Cuando se presenta una solicitud.

Una persona presenta una declaración responsable para iniciar una actividad y cumple los requisitos. ¿Qué ocurre según los apuntes?. Puede ejercer el derecho desde ese momento, sin necesidad de una resolución expresa autorizándolo. Debe esperar siempre una licencia administrativa. La Administración debe emitir obligatoriamente una resolución favorable. El procedimiento queda suspendido durante seis meses.

¿Qué plazo máximo ordinario puede establecer la norma reguladora de un procedimiento para notificar la resolución expresa?. Un mes. Tres meses. Doce meses. Seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así lo prevea el Derecho de la Unión Europea.

Si la norma reguladora de un procedimiento no establece un plazo máximo, ¿cuál se aplica?. Un mes. Tres meses. Seis meses. Un año.

Un procedimiento se inicia de oficio. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo máximo para resolver y notificar?. Desde la primera notificación al interesado. Desde que termina la instrucción. Desde la fecha del acuerdo de iniciación. Desde que se publica la resolución.

Un ciudadano presenta una solicitud. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo máximo para resolver y notificar?. Desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para tramitarla. Desde que el ciudadano empieza a preparar la solicitud. Desde que recibe la primera notificación. Desde que se dicta la resolución.

La norma de un procedimiento establece un plazo máximo de cuatro meses. ¿Qué plazo debe aplicarse?. Tres meses, porque siempre es el plazo general. Seis meses, porque es el límite ordinario. Un mes, porque es el plazo mínimo. Cuatro meses, porque es el plazo fijado por la norma y está dentro del límite ordinario.

Un ciudadano presenta una solicitud el 1 de marzo. La norma del procedimiento no fija plazo máximo. ¿Cuándo vence el plazo de tres meses del ejemplo de tus apuntes?. El 1 de abril. El 1 de junio. El 1 de septiembre. El 1 de diciembre.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre el plazo de seis meses y el de tres meses?. Ambos se aplican siempre de forma simultánea. Seis meses es el plazo para procedimientos de oficio y tres meses para los iniciados por solicitud. Seis meses es el límite ordinario cuando la norma fija un plazo; tres meses es el plazo supletorio cuando no fija ninguno. Tres meses es el límite máximo y seis meses el plazo supletorio.