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¿Cuál es el principio organizativo fundamental que introduce la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario?. La integración de la gestión de infraestructuras y transporte ferroviario. La separación entre la administración de infraestructuras y la prestación del transporte. La privatización progresiva del sistema ferroviario español. La descentralización autonómica de la red ferroviaria estatal.

Según el texto, la apertura progresiva del mercado ferroviario se justifica principalmente por: El aumento de la demanda de transporte de mercancías. La necesidad de reducir el gasto público ferroviario. Las exigencias de la normativa comunitaria y la garantía de neutralidad. La obsolescencia del material rodante existente.

La creación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) supone: La desaparición total de RENFE y la creación de una nueva entidad. Una transformación sustancial de la entidad preexistente RENFE. La absorción de RENFE por parte del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. La constitución de una sociedad mercantil estatal independiente.

¿A través de qué órgano queda adscrito el ADIF al Ministerio de Fomento según el artículo 20 de la Ley del Sector Ferroviario?. La Secretaría de Estado de Transportes. La Subsecretaría de Fomento. La Secretaría General de Infraestructuras. La Dirección General de Ferrocarriles.

La subrogación del ADIF respecto al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias tiene carácter: Parcial y limitado a los bienes patrimoniales. Universal, afectando a derechos y obligaciones. Exclusivamente laboral. Condicionado a la firma de nuevos convenios.

La referencia al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (sucesión de empresas) implica que: Los trabajadores deben firmar nuevos contratos laborales. Se extinguen automáticamente las relaciones laborales anteriores. Se mantiene la continuidad de los derechos laborales. El personal pasa a depender del Ministerio de Fomento.

Según la disposición adicional primera de la Ley del Sector Ferroviario, el ADIF adquiere: Únicamente los bienes patrimoniales del GIF. Los bienes de dominio público y patrimoniales adscritos al GIF. Solo los bienes necesarios para nuevas infraestructuras. Los bienes ferroviarios no integrados en la red estatal.

El objetivo principal del traspaso patrimonial al ADIF es: Incrementar el valor económico de la entidad. Garantizar la continuidad en la gestión ferroviaria. Facilitar la privatización de infraestructuras. Reducir la intervención administrativa.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley del Sector Ferroviario, el ADIF puede construir infraestructuras: Exclusivamente con recursos propios. Solo mediante financiación privada. Con recursos propios o ajenos conforme a convenios. Únicamente por encargo del Ministerio de Fomento.

La función administrativa del ADIF sobre las infraestructuras comprende: Únicamente la explotación comercial. Conservación, mantenimiento, explotación y gestión de capacidad. Solo la planificación estratégica de la red. La prestación directa del transporte ferroviario.

La disposición final primera de la Ley del Sector Ferroviario habilita al Gobierno para: Modificar la estructura interna del ADIF. Dictar disposiciones para el desarrollo y ejecución de la Ley. Aprobar los presupuestos anuales del ADIF. Designar al presidente de la entidad.

El artículo 28 de la Ley del Sector Ferroviario faculta al Gobierno para: Crear nuevas entidades ferroviarias. Aprobar el Estatuto del ADIF. Disolver el ADIF en caso de déficit. Delegar competencias en las Comunidades Autónomas.

El Real Decreto 2395/2004 contiene un artículo único cuyo objeto es: Regular el régimen económico del ADIF. Aprobar formalmente el Estatuto del ADIF. Establecer la estructura presupuestaria de la entidad. Determinar las tarifas ferroviarias.

El texto del Estatuto aprobado se inserta: En un anexo independiente. En una disposición adicional. A continuación del propio Real Decreto. En una orden ministerial posterior.

El inicio efectivo de las actividades del ADIF se produce: Tras la aprobación del Real Decreto. Con la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario. Al finalizar el primer ejercicio económico. Tras la publicación del inventario patrimonial.