CONESPTEM1.3

Para que esa comunicación de buena fe no sea vulneración, debe ser necesaria para: Elaborar estadísticas. Prevención de peligro real para seguridad pública o represión de infracciones penales. Control de acceso a locales privados. Planificación de turnos.

El art. 16 aborda: Coordinación y participación. Inspección y sanción. Contratación y comunicación. Homologación de productos.

Las medidas organizativas para asegurar coordinación las adopta: El Ministerio de Justicia. El ayuntamiento. El Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente. El registro mercantil.

La coordinación se refiere a servicios de: Seguridad privada con servicios sanitarios. Seguridad privada con Fuerzas Armadas. Seguridad privada con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Seguridad privada con protección civil exclusivamente.

En el ámbito de competencias de la AGE se constituirán: Juntas locales obligatorias. Comisiones mixtas de seguridad privada. Tribunales administrativos. Colegios profesionales.

Las comisiones mixtas podrán ser: Solo nacionales. Solo autonómicas. Nacionales, autonómicas o provinciales. Únicamente municipales.

El carácter de las comisiones mixtas es: Sancionador. Judicial. Consultivo y de colaboración. Ejecutivo-policial.

Las comisiones mixtas son órganos de colaboración entre: Usuarios y empresas solamente. Únicamente fuerzas policiales. Administraciones públicas y representantes del sector. Sindicatos y patronales.

La composición y funciones de las comisiones mixtas se determinarán: Reglamentariamente. Por sentencia judicial. Por contrato privado. Por decreto autonómico exclusivo.

En comunidades autónomas con competencias en seguridad privada: Queda prohibido crear órganos consultivos. Podrán existir órganos consultivos en la materia. Solo puede existir una comisión nacional. Solo pueden existir órganos sancionadores.

La composición y funcionamiento de esos órganos consultivos autonómicos: Es idéntica en todo el Estado. Se fija en el documento por lista cerrada. Se determinará en cada caso. Depende solo del sector privado.

La obligación especial de colaboración del art. 14 recae sobre: Solo empresas de seguridad. Empresas, despachos de detectives y personal de seguridad privada. Solo usuarios. Solo operadores de CRA de uso propio.

El fin de las actuaciones tendentes a preservar la seguridad pública debe ser: Asegurar el buen fin de esas actuaciones. Garantizar la competencia empresarial. Incrementar beneficios. Sustituir la seguridad pública.

El art. 14.2 incluye como finalidad de la comunicación: Prevención, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana. Prevención, mantenimiento o control de la seguridad ciudadana. Control, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana. Prevención, mantenimiento, elaboración de perfiles comerciales o restablecimiento de la seguridad ciudadana.

¿Qué expresión marca la urgencia temporal de la comunicación del art. 14.2?. “En el plazo máximo de 30 días”. “Cuando sea posible y conveniente”. “Tan pronto como sea posible”. “Al finalizar el contrato”.

La entrega a FFCCS de presuntos delincuentes se hace: Si hay condena firme y lo autorice el cliente. Cuando tengan conocimiento del hecho delictivo en el ejercicio de su actividad. Por ser competencia exclusiva policial aunque no haya sentencia firme. Si lo autoriza el cliente.

La información que FFCCSS puede facilitar al personal de seguridad privada se orienta a: Evaluación de riesgos y medidas de protección. Control de huelgas. Opiniones sindicales. Estrategias comerciales y control de huelgas.