CONESPTEM1.7

La desconexión de sistemas de alarma podrá acordarse cuando: No se renueve el contrato. Su mal funcionamiento cause perjuicios o molestias. Se solicite por la empresa. Se trate de un sistema antiguo.

En establecimientos obligados a contar con alarma, la desconexión se suplirá mediante: Cierre del establecimiento. Servicio permanente de vigilancia y protección privada. Aviso a la policía. Sistema alternativo técnico.

La retirada de la tarjeta de identificación profesional podrá acordarse cuando: El trabajador cause baja laboral. El personal sea detenido por implicación en hechos delictivos. Se cometa una infracción leve. Se incumpla el horario.

Podrá suspenderse la actividad de establecimientos notoriamente vulnerables cuando: No tengan en funcionamiento las medidas de seguridad obligatorias. No renueven el contrato. Tengan incidencias técnicas. Cambien de titular.

Las medidas provisionales deberán ser ratificadas, modificadas o revocadas en un plazo máximo de: Diez días. Quince días. Un mes. Dos meses.

Las medidas quedarán sin efecto si: Se interpone recurso. No se incoa procedimiento sancionador en plazo. Lo solicita el interesado. Cambia la normativa.

El órgano competente para ratificar las medidas provisionales será: El órgano judicial. El órgano competente para incoar el procedimiento sancionador. El Ministerio del Interior. La autoridad policial actuante.

La duración máxima de las medidas provisionales no podrá exceder de: Tres meses. Seis meses. Nueve meses. Un año.

La duración de las medidas deberá: Publicarse. Notificarse a los interesados. Comunicarse al registro. Autorizarse judicialmente.

Las medidas provisionales se adoptan: Con independencia de responsabilidades penales o administrativas. Sustituyendo a las sanciones. Tras resolución firme. A solicitud del usuario.

Los miembros de las FFCCS se harán cargo de armas ilegales: Solo tras sentencia. Con independencia de otras responsabilidades. Solo si hay sanción administrativa. A petición del juez.

La retirada de armas ilegales se realizará: Conforme a normativa de seguridad privada. Siguiendo lo dispuesto en la normativa de armas. Según instrucciones del Ministerio del Interior. Conforme al código penal.

Las actuaciones de control e inspección buscan principalmente: Incrementar sanciones. Garantizar el cumplimiento de la ley. Revisar contratos. Controlar usuarios.

Las medidas provisionales tienen carácter: Definitivo. Temporal y excepcional. Sancionador. Ordinario.

Las actuaciones de inspección podrán afectar a: Solo empresas. Actividades y servicios regulados en la ley. Únicamente a servicios armados. Solo a centros públicos.

El principio de proporcionalidad implica que: Se actúe siempre con máxima intervención. Se limite la actuación a lo necesario. Se priorice la sanción. Se actúe con publicidad.

El control administrativo en seguridad privada se ejerce principalmente mediante: Procedimientos judiciales. Actuaciones de control, inspección y medidas provisionales. Sanciones económicas. Auditorías privadas.