CONOCIMIENTOS POLICIALES AÑO 2025

Una empresa extranjera solicitó permiso para introducir y fabricar armas, y así contribuir con la seguridad del territorio. De acuerdo con el artículo 223 de la Constitución Política de Colombia, la autoridad competente debe rechazar la solicitud porque: A. primero se debe realizar un proceso de licitación pública. B. solo el Gobierno Nacional está facultado para dicha actividad. C. la autorización es competencia del Senado de la República. D. la actividad debe ser ejercida por empresas privadas nacionales.

Un miembro de la Fuerza Pública en servicio activo está en un proceso de investigación y juzgamiento por la presunta comisión de un delito punible cometido en servicio activo. De acuerdo con el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia, la corte marcial debe estar integrada por: A. jueces magistrados y fiscales de la justicia ordinaria. B. miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. C. civiles con formación y conocimiento del Derecho Internacional Humanitario. D. mandos superiores de la Fuerza Pública en servicio activo.

Una organización administra recursos entregados por el Gobierno nacional en el marco de un proyecto para brindar servicios de alimentación a menores de edad en diferentes regiones del país. Sin embargo, se presentaron denuncias por malos manejos de los recursos por parte de esta entidad. De acuerdo con el artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, frente a esta situación, el Contralor General de la República tiene la atribución de: A. sancionar a los representantes de la organización, para defender los intereses de la sociedad. B. exigir informes a la organización, pues así sea de naturaleza privada, maneja recursos públicos. C. designar temporalmente una junta administradora del proyecto, mientras se realiza la investigación. D. realizar una investigación, para iniciar un proceso disciplinario con los representantes de la organización.

Una entidad del Estado asignó, a través de un proceso de licitación pública, unos recursos económicos para la construcción de una infraestructura de salud en una zona de difícil acceso. Al cabo de varios meses, se identificaron irregularidades en la ejecución del proyecto: el avance físico de la obra era inferior al reportado y los documentos contables reflejaban pagos por bienes y servicios que no se habían entregado ni ejecutado. De acuerdo con el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, la entidad encargada del control fiscal y de la vigilancia sobre la gestión fiscal de la administración, así como de los part. A. La Contraloría General de la República. B. La Defensoría del Pueblo. C. La Procuraduría General de la Nación. D. El Departamento Nacional de Planeación.

La alcaldía de un municipio implementó un programa para contribuir a la organización, promoción y capacitación de asociaciones cívicas y comunitarias. En concordancia con el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, uno de los propósitos de este programa de la alcaldía debe ser: A. formar líderes locales, para que representen a sus comunidades en cargos públicos de elección popular. B. fomentar la constitución de mecanismos democráticos de representación, para participar y vigilar la gestión pública. C. vincular a estas organizaciones a la administración, con el fin de apoyar el cumplimiento de los planes de gobierno. D. fortalecer el liderazgo local, para que las asociaciones representen las necesidades de la alcaldía ante la comunidad.

Una persona padece una enfermedad grave que necesita un tratamiento especializado para asegurar su bienestar y calidad de vida. No obstante, la EPS a la que está afiliada le niega la autorización para el tratamiento, argumentando que no está incluido en los procedimientos que generalmente cubren. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el mecanismo de protección al cual puede acudir el ciudadano es: A. La acción popular. B. La acción de tutela. C. El habeas corpus. D. El derecho de petición.

Mientras caminaba un sábado por la calle, un ciudadano colombiano es detenido por la Policía sin una orden judicial, sin que se le informen los cargos en su contra y sin el derecho a comunicarse con alguien. El ciudadano lleva 40 horas detenido. De acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia, el ciudadano invoca el Habeas Corpus, debido a lo cual el detenido puede: A. pedir un abogado de oficio en las próximas cuarenta y ocho horas (48) horas. B. realizar una llamada a un familiar en las próximas veinticuatro (24) horas. C. pedir que se resuelva su situación en las próximas treinta y seis (36) horas. D. pedir a un juez penal que lo libere en las próximas setenta y dos (72) horas.

Un terremoto de gran magnitud ha afectado varias regiones del país, causando graves daños en infraestructura, servicios públicos y viviendas. Las autoridades locales informan que no cuentan con recursos suficientes para atender la emergencia y las vías de acceso a muchas poblaciones están bloqueadas. Tras evaluar la situación, el Presidente de la República considera necesario tomar medidas extraordinarias para hacer frente a esta catástrofe natural. Así las cosas, según el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente de la República puede declarar Estado de Emergencia: A. firmando él mismo el decreto, sin requerir la firma de los ministros para agilizar la respuesta institucional. B. por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. C. previo concepto favorable y vinculante de la Corte Constitucional sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida. D. estableciendo tributos permanentes mediante decretos legislativos para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas.

una patrulla de la Policía Nacional aprehende en flagrancia a una persona cometiendo un hurto. El indiciado no porta documentos de identidad y afirma tener 17 años, aunque su apariencia física y comportamiento generan en los uniformados una duda razonable sobre si realmente es menor de edad. Ante la imposibilidad de verificar su edad de forma inmediata y conforme al artículo 149 de la Ley 1098 de 2006, el procedimiento indica que deben seguir los policías es: A.Ignorar la manifestación verbal del aprehendido sobre su edad y aplicarle de inmediato el procedimiento penal ordinario para adultos, basándose en la duda sobre su veracidad. B. Aplicar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA), presumiendo que es menor de 18 años hasta que la autoridad pericial competente determine la edad real. C. Trasladar al aprehendido a una URI de adultos y esperar al dictamen pericial sobre la edad antes de iniciar cualquier procedimiento formal. D. Conducir al aprehendido ante el defensor de familia para la verificación de sus derechos como presunto menor antes de presentarlo ante el fiscal delegado para la autoridad judicial.

En un municipio de Colombia, durante un patrullaje, el cuadrante de policía es informado por los vecinos de la presencia de dos niños de aproximadamente tres y cuatro años que se encuentran solos y encerrados en una vivienda desde el día anterior, dado que su progenitora salió y no ha regresado. A luz del artículo 106 de la Ley 1098 de 2006, el allanamiento de rescate debe ser realizado por: A. la Fiscalía con el apoyo de la Policía Judicial. B. la Policía Judicial o la Policía de Infancia y Adolescencia. C. la Comisaría de Familia con el apoyo de la Fuerza Pública. D. la Policía Nacional y la Policía de Infancia y Adolescencia.

Es un proceso de responsabilidad penal. Un adolescente de 16 años es juzgado en primera instancia por haber cometido un delito de hurto agravado en el cual se le impone una medida sancionatoria. De acuerdo con el artículo 168 de la Ley 1098 de 2006, la segunda instancia se debe surtir ante: A. la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. B. los jueces penales para adolescentes y los jueces de familia. C. la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial. D. las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o Inspectores de Familia.

Un ciudadano interpone un derecho de petición en el comando policial municipal, solicitando los documentos que soportan la ejecución de un contrato cuyo objeto es la organización de archivos de la entidad. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, el término para resolver la petición del ciudadano es de: A. Treinta (30) días siguientes a su recepción. B. Quince (15) días siguientes a su recepción. C. Diez (10) días siguientes a su recepción. D. Tres (3) días siguientes a su recepción.

Un paciente solicita su historia clínica completa a una clínica privada donde recibe tratamiento. Frente a ello, la clínica niega verbalmente la entrega, invocando la reserva de la información. Sin embargo, el paciente es el titular de la historia clínica y necesita la información para continuar el tratamiento. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, para solicitar historia clínica, la acción formal que debe ejercer el paciente es: A. interponer una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales. B. elevar un derecho de petición escrito a la clínica privada. C. preservar un recurso de insistencia ante la ley ante el juez administrativo. D. formular una denuncia ante la autoridad de inspección y vigilancia.