Test Consorcio Coruña 2026

La forma política del Estado Español es: La Monarquía Parlamentaria. El Parlamentarismo Democrático. La Monarquía Institucional.

Según lo dispuesto en la Constitución Española, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que: No podrá prohibirlas en ningún caso. Solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas. Solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas o bienes.

El artículo 20.1. de la Constitución Española, establece que se reconocen y protegen determinados derechos, entre los cuales NO se encuentra mencionado el derecho: A la producción y creación literaria, artística, científica. A la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

El artículo 28 de la Constitución Española dispone que: La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato, salvo que una ley disponga lo contrario. Se reconoce el derecho a huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios básicos de la comunidad.

El artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia, dispone que fijará la sede de las Instituciones autonómicas: Una ley de Galicia, para cuya aprobación se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de su Parlamento. Una ley de Galicia, para cuya aprobación se requerirá el voto favorable de una quinta parte de los miembros de su Parlamento. Una ley de Galicia, para cuya aprobación se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de su Parlamento.