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Según el artículo 9.3 la Constitución Española de 1978 garantiza los siguientes principios: La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la legalidad, la jerarquía normativa, publicidad de las normas, la igualdad, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad, la legalidad. La jerarquía normativa, la responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la legalidad, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica. La responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la legalidad, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la libertad, la seguridad jurídica, la jerarquía normativa. La responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la jerarquía normativa, la legalidad, la publicidad de las normas, la justicia, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica.

Respecto a la protección de los derechos fundamentales, el artículo 53 de la Constitución Española de 1978 indica que: Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título II vinculan a todos los poderes públicos. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo primero del Título I vinculan a todos los poderes públicos. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo primero del Título II vinculan a todos los poderes públicos. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos.

Según el artículo 64 de la Constitución Española de 1978, los actos del Rey serán refrendados por: El Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes exclusivamente. El Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes, y la disolución de las cámaras y propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno, por el Presidente del Congreso. El Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes, y la disolución de las cámaras, por el Presidente del Congreso y el Presidente del Senado, y la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno por el Presidente del Congreso. El Presidente del Gobierno exclusivamente.

Según el artículo 63 de la Constitución Española de 1978: El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y setenta días desde la terminación del mandato. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y ochenta días desde la terminación del mandato. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y noventa días desde la terminación del mandato.

Según el artículo 62 de la Constitución Española, entre otras, Corresponde al Rey (señale la respuesta incorrecta): Sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución, convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución, Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente, expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. El mando supremo de las Fuerzas Armadas bajo la dirección del Presidente del Gobierno o ministro competente, ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales, el Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Según el artículo 69 de la Constitución Española de 1978: En cada provincia se elegirán cuatro Senadores. En las provincias insulares, las islas con Cabildo o Consejo Insular elegirán dos en las islas mayores - Gran Canaria, Mallorca y Tenerife - y uno las restantes islas - Ibiza, La Gomera, El Hierro... -. Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores. En las provincias insulares, las islas con Cabildo o Consejo Insular elegirán tres en las islas mayores - Gran Canaria, Mallorca y Tenerife - y uno las restantes islas - Ibiza, La Gomera, El Hierro... -. Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas un Senador. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores. En las provincias insulares, las islas con Cabildo o Consejo Insular elegirán dos en las islas mayores - Gran Canaria, Mallorca y Tenerife - y uno las restantes islas - Ibiza, La Gomera, El Hierro... -. Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas un Senador. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores. En las provincias insulares, las islas con Cabildo o Consejo Insular elegirán tres en las islas mayores - Gran Canaria, Mallorca y Tenerife - y uno las restantes islas - Ibiza, La Gomera, El Hierro... -. Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.

Según el artículo 122 de la Constitución Española de 1978, el Consejo General de Poder Judicial estará integrado por: El presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados; cuatro a propuesta del Congreso, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. El presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veintidós miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años. De éstos, catorce entre Jueces y Magistrados; cuatro a propuesta del Congreso, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de dos tercios de sus miembros, entre abogados y otros juristas, de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. El presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados; cuatro a propuesta del Congreso, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de dos tercios de sus miembros, entre abogados y otros juristas, de reconocida competencia y con más de veinte años de ejercicio en su profesión. El presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados; cuatro a propuesta del Congreso, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

¿Cuál es la denominación del Título VI de la Constitución Española de 1978?. De la organización judicial del Estado. De la organización del poder judicial. Del poder judicial del Estado. Del poder judicial.

Según el artículo 4.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril), los poderes públicos de la Comunidad Autónoma asumen, como uno de los principios rectores de su política social y económica: La defensa de la identidad de Galicia y de sus intereses. El derecho de los gallegos a vivir y trabajar en su propia tierra. La promoción de la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo gallego. Las respuestas A y C con correctas.

Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, serán motivados (señale la respuesta incorrecta): Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; los acuerdos de suspensión de actos, cuando la causa así lo requiera, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. Los acuerdos de aplicación de tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias; los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados; los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial; los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.