constitución

Según el Preámbulo de la Constitución Española, el pueblo español, en uso de su soberanía, proclama su voluntad con la finalidad de: Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos. Asegurar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes. Establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos la integran. Garantizar la unidad territorial del Estado y la supremacía de la Constitución.

El Preámbulo de la Constitución Española establece como uno de sus objetivos: Consolidar un Estado social y democrático de Derecho. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar una digna calidad de vida. Asegurar la igualdad de todos los españoles ante la ley sin discriminación alguna. Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Según el Preámbulo de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes objetivos se establece expresamente?. Fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión territorial. Asegurar el bienestar económico y social de los ciudadanos. Garantizar el derecho a la educación y a la protección social. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

De conformidad con el artículo 31.2 de la Constitución Española, el gasto público: Se ajustará prioritariamente al principio de progresividad tributaria. Realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Garantizará la suficiencia financiera de las Administraciones Públicas. Se orientará exclusivamente al principio de estabilidad presupuestaria.

Según el artículo 38 de la Constitución Española, la libertad de empresa: Se supedita exclusivamente a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se reconoce únicamente en el sector privado, quedando excluida la planificación económica. Se reconoce en el marco de la economía de mercado, correspondiendo a los poderes públicos garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad. Se reconoce con carácter absoluto, sin posibilidad de limitación por los poderes públicos.

De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Española, los poderes públicos: Garantizan la protección integral de los hijos únicamente dentro del matrimonio. Reconocen la igualdad de los hijos ante la ley con independencia de su filiación y protegen a las madres cualquiera que sea su estado civil. Limitan la investigación de la paternidad a los supuestos expresamente previstos en el Código Civil. Reconocen la protección de la familia como un principio rector directamente exigible ante los tribunales.

Según el artículo 40.2 de la Constitución Española, los poderes públicos: Promoverán la participación de los trabajadores en la empresa. Fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales. Asegurarán la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. Garantizarán el derecho al trabajo mediante políticas de empleo estables.

De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Española, los poderes públicos garantizan: La participación obligatoria de los trabajadores en la gestión de las prestaciones sociales. La obligatoriedad de todas las prestaciones sociales y de asistencia pública sin posibilidad de elección. Una política de seguridad social suficiente, especialmente en caso de desempleo, siendo la asistencia y prestaciones complementarias libres. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, especialmente en materia laboral.

Según el artículo 43 de la Constitución Española, los poderes públicos: Proporcionan ocio y deporte exclusivamente a través de organismos privados autorizados. Solo regulan la educación física y el deporte a nivel escolar. Fomentan la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitan la adecuada utilización del ocio. Garantizan únicamente la sanidad pública universal, sin intervenir en la educación sanitaria.

Según el artículo 51 de la Constitución Española, los poderes públicos: Establecen obligaciones de protección del consumidor solo para productos importados. En el marco de la protección de los consumidores y usuarios, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Fomentan la investigación científica y tecnológica para la competitividad empresarial. Garantizan la libertad de empresa sin posibilidad de intervención en el comercio interior.

Según el artículo 53 de la Constitución Española, los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del 15 al 38 ) del Título I: Se aplican únicamente a los ciudadanos españoles, sin vincular a las Comunidades Autónomas. Son facultativos para los poderes públicos y pueden limitarse discrecionalmente en situaciones de emergencia. Solo pueden ser regulados por ley, respetando siempre su contenido esencial, y se tutelan conforme al artículo 161.1.a) de la Constitución. Pueden ser regulados por cualquier autoridad administrativa sin necesidad de ley.

Según el artículo 53.2 de la Constitución Española, cualquier ciudadano: Puede recabar la tutela de los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 y la Sección primera del Capítulo II únicamente ante los Tribunales Constitucionales. Puede recabar la tutela de estos derechos ante los Tribunales ordinarios mediante un procedimiento preferente y sumario, y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, incluyendo la objeción de conciencia del art. 30. Solo puede ejercer el recurso de amparo si los Tribunales ordinarios no admiten su demanda. No tiene acceso directo al Tribunal Constitucional, debiendo pasar primero por un procedimiento administrativo obligatorio.

Según los artículos 17.3 y 55 de la Constitución Española, los derechos de toda persona detenida a ser informada de forma inmediata de sus derechos, a no declarar y a la asistencia de abogado: No pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia. Pueden suspenderse en estado de excepción, pero no en estado de alarma ni en estado de sitio. Solo pueden suspenderse en el estado de sitio, y nunca en estado de alarma o excepción. Pueden suspenderse en cualquier situación de estado de alarma, excepción o sitio.