CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Según la Constitución, la nacionalidad española se adquiere de acuerdo con: el origen. el nacimiento. la territorialidad. lo establecido por la ley.

La garantía de no ser privado de nacionalidad existe: para todos los españoles. para todas las nacionalidades. para todos los españoles de origen. sin ningún tipo de restricción.

En los países iberoamericanos, los españoles pueden naturalizarse: perdiendo su nacionalidad de origen. conservando su nacionalidad de origen. conservando su nacionalidad si se reconoce a sus ciudadanos un derecho recíproco. conservando su nacionalidad en caso de reciprocidad.

Para la concesión de la extradición* es esencial: el principio de reciprocidad**. solo a los extranjeros y apátridas***. a los extranjeros y apátridas en cualquier caso. a los extranjeros y apátridas en los términos que establezca la ley.

El derecho de asilo se reconoce: solo a los extranjeros. a los extranjeros y apátridas*. a los extranjeros y apátridas en cualquier caso. a los extranjeros y apátridas* en los términos que establezca la ley.

Los extranjeros gozan en España de las libertades públicas del Título I: lo mismo que los españoles. según lo que establezcan los tratados y la ley. según lo que establezcan los tratados y la ley, con criterios de reciprocidad. atendiendo a criterios de reciprocidad.

Los extranjeros en España pueden participar en la función pública: nunca. en igualdad con los españoles. solo en las elecciones municipales. solo por tratado o ley, para las elecciones municipales.

Los extranjeros en España pueden participar en las elecciones municipales: lo mismo que los españoles. según lo que dispongan los tratados o la ley. solamente en sufragio activo, según lo establecido por tratado o ley. en régimen de reciprocidad.

La extradición se concederá: en cumplimiento de un tratado o ley. en cumplimiento de un tratado o ley, si existe reciprocidad. ante cualquier tipo de delito. ante cualquier tipo de delito, si existe reciprocidad.

De acuerdo con la Constitución, ¿se considera al terrorismo delito político?: Sí. Sí, pero cuando se reconozca por nuestro ordenamiento la Declaración de Derechos Humanos. No. Depende de las circunstancias.

Entre las circunstancias que expresamente cita la Constitución, a propósito de su igualdad ante la ley, no figura la de: edad. nacimiento. religión. raza.

Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes: administrativas penales para tiempos de guerra. penales civiles para tiempos de guerra. penales militares para tiempos de guerra. penales militares para situaciones de alarma, excepción o guerra.

Las libertades ideológicas y religiosas: no tienen ninguna limitación. toda limitación de ellas es anticonstitucional. tienen limitación en cuanto a su ejercicio protegido por la ley. tienen limitación, en cuanto a su manifestación, en lo relativo a orden público.

Todo detenido está obligado a declarar sobre su ideología: cierto, en todo caso. cierto, pero cuando se trate de delitos políticos. falso, en todo caso. falso, pero cuando se trate de delitos de terrorismo, si existe dicha obligación de declarar.

Los poderes públicos, respecto de las confesiones religiosas: sólo tendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. todas tendrán carácter estatal. mantendrán relaciones de cooperación con todas. tendrán en cuenta todas las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica.

El derecho a la libertad significa según la Constitución que: nadie puede ser privado de libertad, sino por la detención preventiva. que todo detenido debe ser puesto a disposición de la autoridad judicial. que toda persona tiene el derecho de no ser puesta en prisión provisional. que solo puede ser privado de ella, según la Constitución y la ley.

La detención preventiva tiene un plazo máximo de: 48 horas. 36 horas. 60 horas. 72 horas.

Toda persona detenida será informada de sus derechos y de las razones de su detención y continuación estará obligada a declarar: Falso todo expuesto. Falso en lo que respecta a la obligación a declarar. Cierto, cuando se trate de delitos políticos. Cierto, cuando se trate de delitos contra la propiedad.

La duración del plazo máximo de prisión provisional: es de 72 horas. es de 1 mes. no está definido en la Constitución. de acuerdo con la Constitución, es en función del delito presuntamente cometido.

El procedimiento de "habeas corpus": está regulado en la Constitución. se regulará mediante la ley. deberá regularse mediante ley orgánica. la Constitución aprueba el sistema vigente.

La Constitución no garantiza el derecho a: la intimidad personal. al honor. la fama. la propia imagen.

El domicilio es inviolable: siempre. salvo seguridad pública. salvo flagrante delito. salvo cualquier delito.

El secreto de las comunicaciones se garantiza por la Constitución: salvo flagrante delito. salvo resolución judicial. salvo casos de terrorismo. salvo garantía de la seguridad pública.

Con respecto al uso de la informática, la ley garantizará: el secreto de las comunicaciones. la libertad de información. la intimidad personal y familiar. el secreto profesional.

La libertad de los españoles de entrar y salir de España estará condicionada: por motivos políticos. por motivos ideológicos. por lo que la ley establezca. por motivos confesionales.

Con relación a la informática, la Constitución garantiza el derecho de: limitar el uso de la informática. el secreto de las comunicaciones. el respeto de la conciencia o ideología. la comunicación o recepción libre.

El derecho de expresión e información puede restringirse: en el caso de flagrante delito. por resolución legal de censura previa. mediante la censura por moral pública. nunca por censura previa.

Los medios de comunicación social dependientes del Estado estará sujetos a: el control del propio Estado. el control de censura previa. normas especiales en lo referente al secuestro de sus publicaciones. el control parlamentario.

Las libertades de información y expresión encuentran límites especiales en: la conciencia individual. el secreto de las comunicaciones. el derecho a la fama. la protección a la juventud.

El secuestro de publicaciones debe ser acordado por: La Dirección General de Prensa. el Ministro de Cultura. resolución administrativa. resolución judicial.

El ejercicio del derecho de reunión: requiere autorización previa. está reconocido constitucionalmente, sin límites. debe ejercerse a través del Registro de Asociaciones. no requiere autorización previa.

El derecho de reunión precisa de: comunicación previa a la autoridad en cualquier caso. autorización previa, para el caso de manifestaciones. autorización previa, para el caso de reuniones en lugares de tránsito público. comunicación previa en el caso de manifestaciones.

Las manifestaciones públicas deben ser: autorizadas por el Ministerio del Interior. comunicadas previamente a la autoridad, no existiendo posibilidad de prohibición. previamente comunicadas a la autoridad. autorizadas por el Gobernador Civil.

Las asociaciones son ilegales cuando son de carácter: multinacional. premilitar. militar. paramilitar.

Las asociaciones deberán inscribirse en un registro a los efectos de: control. declaración. legalidad. publicidad.

Las asociaciones solo pueden disolverse: en caso de flagrante delito. por resolución judicial. por sentencia judicial. por resolución judicial motivada.

Las asociaciones secretas: deben inscribirse en un registro a efectos de publicidad. si persiguen fines tipificados como delito, son ilegales. son ilegales y por tanto están prohibidas. están reconocidas en la Constitución.

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos: solo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal. directamente. de cualquier forma, basta con invocar este derecho constitucional. dentro del marco de la Ley de Defensa de los Consumidores exclusivamente.

Con relación al acceso a las funciones y cargos públicos, los ciudadanos tienen derecho al principio de: mérito. mérito e igualdad. mérito y capacidad. igualdad.

Con relación a los jueces y tribunales, los ciudadanos tienen derecho a obtener: indefensión. defensión. tutela efectiva. presunción de inocencia.

En lo relativo a la protección judicial de los derechos: no existe presunción de inocencia. no existen garantías de que el proceso deba ser público. existe la obligación de declarar aunque sea contra sí mismo. existe el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.

La obligación de declarar sobre hechos presuntamente delictivos no existirá en razón de: la propia intimidad. el honor. el secreto profesional. el secreto de opinión.

Todo condenado gozará de los derechos fundamentales a su situación: en todo caso. a no ser por limitación expresa del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. nunca puede existir limitación expresa de derechos del penado en el fallo condenatorio. nunca puede existir limitación expresa de derechos del penado en el fallo condenatorio, en el sentido de la pena ni en la ley penitenciaria.

Con respecto al trabajo de los condenados, la Constitución establece: su prohibición. su remuneración, en caso de trabajos forzados. el derecho al trabajo remunerado. el derecho a los trabajos de reeducación y reinserción social.

El ciudadano sobre el que recae una sanción monetaria de la Administración civil: puede verse sometido a privación de libertad si no hace frente a ella. dicha sanción no puede implicar privación de libertad. puede verse sometido a Tribunal de Honor, si es funcionario. voluntariamente, puede hacerla efectiva mediante privación de libertad.

Con relación a las sanciones que impliquen privación de libertad, la Administración: no puede imponerlas. puede imponerlas en el caso militar. puede imponerlas, en lo civil o militar, en los casos que señale una ley orgánica. puede imponerlas solamente la Administración civil.

La Constitución prohíbe los Tribunales de Honor: en cualquier caso. en el ámbito de la Administración. en el ámbito de la Administración civil. en el ámbito de la Administración civil y militar.

Para la Constitución la enseñanza básica será: de acuerdo con la personalidad humana. obligatoria. obligatoria y gratuita. de acuerdo con la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.

La creación de centros escolares está reconocida: sólo a las personas jurídicas, dentro del respeto a la Constitución. sólo a las personas físicas, dentro del respeto a la Constitución. a cualquier tipo de personas, dentro del respeto a la Constitución. al Estado y centros privados, sin ninguna limitación.

Los centros docentes sostenidos por la Administración con fondos públicos estarán intervenidos en el control gestión por: la dirección de los mismos. el profesorado y los padres. la propia Administración. el profesorado, los padres y, en su caso, los alumnos.

Con respecto al sistema educativo, los poderes públicos: garantizan su carácter obligatorio y gratuito. promoverán su gratuidad. procurarán el desarrollo pleno de la personalidad humana. inspeccionarán y homologarán para garantizar el cumplimiento de las leyes.

Para las Universidades específicamente, la Constitución reconoce: libertad de establecimiento. libertad de cátedra. autonomía. autogobierno.

El derecho de libertad de sindicación: podrá estar limitado o exceptuado para las FAS. podrá estar limitado o exceptuado para las FAS e Institutos armados y cuerpos sometidos a la disciplina militar, por ley. podrá ser obligatoria la afiliación a un sindicato. los funcionarios públicos estarán incluidos en el régimen común.

El derecho a la huelga aparece limitado en la Constitución por: los servicios esenciales de la comunidad. los servicios de la Administración esenciales de la comunidad. los servicios públicos generales. la condición de funcionarios públicos.

El derecho a huelga se reconoce a: los funcionarios, siempre que existan garantías que aseguren el mantenimiento de los servicios generales. los trabajadores, para la defensa de sus intereses. los empresarios, por medio del cierre patronal. los trabajadores, para la defensa de sus intereses, siempre que se encuentren sindicatos.

Todos los españoles pueden ejercer el derecho de petición individual: cuando se invoque un interés legítimo. falso, solo se puede ejercer colectivamente. en la forma y con los efectos que la ley determine. a través del recurso de amparo.

El derecho de petición es: individual para todos los españoes. colectivo para todos los españoles. individual para los miembros de las FAS. de carácter oral.

En el supuesto de objeción de conciencia, el servicio militar obligatorio podrá sustituirse por: un servicio civil para fines de interés general. una prestación social sustitotoria. una prestación laboral obligatoria. prestaciones en casos de riesgos, catástrofes o calamidades públicas.

El servicio civil previsto en la Constitución: se destina a fines de interés general. se refiere al caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. se refiere a los casos de prestación social sustitutoria. se refiere a los deberes de colaboración ciudadana.

Para los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública: podrá establecerse un servicio civil. podrán regularse los deberes de los ciudadanos. se establecerá un servicio de defensa civil obligatoria. se establecerá por ley un servicio de defensa civil.

El sistema tributario: responderá a los principios de igualdad y regresividad. responderá a los criterios de eficiencia y economía. nunca tendrá alcance confiscatorio*. puede tener alcance confiscatorio.

Mediante el gasto público se: realizará el principio de igualdad y progresividad. realizará la programación, con arreglo a criterios de eficiencia y economía. realizará un asignación equitativa de recursos públicos. realizará el principio de justicia social.

Las prestaciones patrimoniales de carácter público: deben ser con arreglo a la ley. no están reconocidas en la Constitución. sólo se reconocen las prestaciones personales. responderán a criterios de eficiencia y economía.

Con respecto al matrimonio, la ley regulará: el divorcio y la separación. la separación y disolución. la separación, la nulidad y el divorcio. la separación y la nulidad.

Los derechos a la propiedad privada y a la herencia: están reconocidos sin ninguna limitación. están limitados de acuerdo con su función social. no tienen ninguna relación con su función social. pueden ejercerse libremente.

La expropiación forzosa se concibe por la Constitución como: un derecho fundamental de los ciudadanos. un derecho de los ciudadanos. una función social de la propiedad. una posibilidad de privación de bienes y derechos.

El derecho de fundación se reconoce para fines: docentes. de interés público. de interés general. cualesquiera siemrpe que sean lícitos.

Toda fundación puede ser disuelta mediante: resolución del Ministerio de Hacienda. resolución administrativa motivada. resolución judicial motivada. acuerdo del Consejo de Ministros.

Con respecto al derecho al trabajo, la Constitución prohíbe la discriminación por razón de: sexo. edad. sexo y edad. matrimonio.

Para los Colegios Profesionales, la Constitución establece: la libre constitución. la constitución mediante autorización administrativa. que su estructura interna ha de ser democrática. la libre colegiación.

El derecho a la negociación colectiva significa para la Constitución: que ha de salvarse el funcionamiento de los servicios esenciales. que los convenios tienen fuerza vinculante. que pueden adoptarse medidas de conflicto colectivo. que solamente pueden adoptarse directamente entre trabajadores y empresarios.

Con respecto a los casos de conflicto colectivo, la ley: reconocerá el derecho de negociación colectiva laboral. garantizará el derecho a la negociación colectiva. incluirá garantías que aseguren el orden público de la comunidad. reconocerá el derecho a adoptar tales medidas a los trabajadores y empresarios.

Con respecto a la libertad de empresa, la Constitución reconoce la economía: social de mercado. de mercado. de libertad de empresa. de planificación.

La libertad de empresa está reconocida: dentro del marco de la economía social de mercado. y garantizada de acuerdo con la planificación. y garantizado su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las necesidades de la emrpesa. y garantizado su ejercicio.

La protección integral de los hijos está asegurada por: las asociaciones benéficas. los padres. los tutores en ausencia de los padres. los poderes públicos.

Los padres deben prestar asistencia a los hijos: en todo caso en que legalmente proceda. necesariamente a los habidos dentro del matrimonio. a los habidos fuera del matrimonio, si son reconocidos. a los habidos dentro o fuera del matrimonio si son reconocidos.

Con respecto al empleo, los poderes públicos: procurarán una distribución regional de igualdad. promoverán una distribución de la renta personal más equitativa. realizarán una política de estabilidad económica. orientarán su política al pleno empleo.

Según la Constitución, el régimen de Seguridad Social alcanzará a todos los: profesionales y trabajadores. ciudadadanos. ciudadanos, en caso de necesidad. ciudadanos, en cuanto a las prestaciones y asistencia complementarias.

Respecto de los emigrantes: se mantendrá un régimen público de Seguridad social, para aquéllos que residan en un país que respete la reciprocidad. la política del Estado estará orientada hacia su retorno. los poderes públicos garantizarán la asistencia ante cualquier situación. no tienen prestación social de desempleo.

Para la salud se reconoce en la Constitución el derecho a: la protección. las medidas preventivas. la asistencia social y servicios necesarios. las prestaciones y servicios necesarios.

Para el medio ambiente la Constitución impone a los ciudadanos: el deber de conservarlo. el de velar por su utilización racional. la solidaridad colectiva. el velar por su utilización racional y el deber de conservarlo.

A quienes violen las leyes que protegen el medio ambiente: se les obligará a la reparación del daño causado. sólo serán sancionados administrativamente. el único tipo de sanción reconocida es la penal. serán sancionados de acuerdo con lo que señale una futura ley orgánica.

Los atentados contra el patrimonio histórico, cultural y artístico serán sancionados: por el Ministerio de Hacienda. administrativamente. por ley penal. por el Consejo de Ministros.

En la acción urbanística de los entes públicos la comunidad participará: en el disfrute de la vivienda digna y adecuada. en las plusvalías que genere dicha acción. en la utilización del suelo. impidiendo la especulación.

Para los disminuidos físicos, la Constitución regulará el: que se les preste una atención especializada. previsión mediante pensiones y ayudas especializada. promoción de su bienestar mediante servicios locales. establecimiento de un servicio para atención de sus problemas específicos.

Para la defensa de los consumidores, los poderes públicos: regularán la autorización de organizaciones de consumidores. constituirán organizaciones de consumidores. fomentarán la constitución de las organizaciones de consumidores. fomentarán la seguridad y la salud de los consumidores y de los usuarios.

Las organizaciones profesionales se: regularán por ley. regularán por ley, dentro de las asociaciones empresariales. constituirán en colegios profesionales. establece el principio de libertad de colegiación profesional.

Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I, de la Constitución vinculan a: todos los ciudadanos. la Corona. Gobierno y ciudadanos. todos los poderes públicos.

La tutela del ejercicio del derecho de libertad de cátedra podrá recabarse ante el: Defensor del Pueblo. Juez ordinario. Tribunal Supremo, solamente. Tribunal Constitucional exclusivamente.

Los principios rectores de la política social y económica: vinculan a todos los ciudadanos. habrán de desarrollarse por la ley positiva. obligarán a los poderes públicos cuando lo disponga la ley que los desarrolle. sólo obligarán por ley especial.

El Defensor del Pueblo será: necesariamente un Diputado. necesariamente un Senador. designado necesariamente por las Cortes. el encargado de supervisar a la Administración dando cuenta al Congreso.

El Defensor del Pueblo es un órgano: delegado del Congreso. delegado de las Cortes Generales. comisionado de las Cortes Generales. de la Administración que dará cuenta a las Cortes Generales.

Entre los derechos y libertades públicos que pueden quedar suspendidos cuando se acuerde el estado de excepción, figura: el plazo máximo de prisión preventiva. la imposibilidad del secuestro de publicaciones en virtud de resolución administrativa. la libre producción y creación artística. la adopción de medidas de conflicto colectivo.

En los supuestos de investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas, se pueden suspender ciertos derechos mediante: Real Decreto-Ley. Ley Orgánica. Real Decreto-Ley e intervención judicial. el procedimiento que establezca una ley orgánica.