Constitución Española 1978

El pluralismo político como valor superior implica jurídicamente: La obligación de alternancia en el poder. La prohibición del partido único. La neutralidad ideológica del Estado. La participación directa de los ciudadanos.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de: El Estado español. El territorio nacional. La Nación española. El pueblo español.

El deber de conocer el castellano implica: Su uso obligatorio en todo el territorio. Su aprendizaje obligatorio. La imposibilidad de usar otras lenguas. La preferencia del castellano sobre lenguas cooficiales.

El principio de legalidad se recoge expresamente en el artículo: 1. 9. 10. 14.

La dignidad de la persona se vincula constitucionalmente con: Los valores superiores. Los principios rectores. Los derechos inviolables. La igualdad formal.

El derecho a la vida incluye la prohibición de: La cadena perpetua. Las penas corporales. La pena de muerte salvo lo previsto en leyes militares en tiempo de guerra. La prisión provisional.

La libertad religiosa del artículo 16 permite: La confesionalidad del Estado. La financiación directa de confesiones. La cooperación con las confesiones religiosas. La imposición de creencias mayoritarias.

El límite a la libertad ideológica viene determinado por: La moral pública. El orden público protegido por la ley. La seguridad del Estado. El interés general.

El detenido deberá ser informado de sus derechos de forma: Escrita. Verbal. Inmediata y comprensible. Mediante asistencia letrada.

El derecho a la libertad personal comprende: La inexistencia de sanciones. El control judicial de la detención. La libertad de circulación. El derecho a no declarar.

El habeas corpus tiene como finalidad: Revisar condenas firmes. Garantizar la legalidad de la detención. Sustituir el recurso de amparo. Controlar la prisión provisional.

La inviolabilidad del domicilio protege: Solo la vivienda habitual. Espacios abiertos al público. El ámbito de privacidad personal. Locales administrativos.

El derecho al secreto de las comunicaciones alcanza a: Solo comunicaciones postales. Comunicaciones telefónicas. Comunicaciones electrónicas. Todas las anteriores.

El uso de la informática está limitado para garantizar derechos reconocidos en el artículo: 15. 16. 18. 20.

El derecho a expresar y difundir pensamientos se ejerce mediante: La libertad ideológica. La libertad de información. La libertad de expresión. El derecho de reunión.

La libertad de información exige que la información sea: Completa. Contrastada. Veraz. Neutral.

El derecho de reunión solo puede ser disuelto cuando: Exista riesgo potencial. Sea multitudinario. Se altere el orden público con peligro real. No haya sido comunicado.

Las asociaciones deberán inscribirse a efectos de: Control administrativo. Autorización previa. Publicidad. Fiscalización económica.

El derecho de asociación excluye: Asociaciones ilícitas. Asociaciones culturales. Asociaciones deportivas. Asociaciones juveniles.

El sufragio pasivo implica: Derecho a votar. Derecho a ser elegido. Derecho a participar. Derecho a presentarse a consultas populares.

El acceso a la jurisdicción es una manifestación del derecho a: La igualdad. La legalidad. La tutela judicial efectiva. El juez ordinario predeterminado.

La motivación de las resoluciones judiciales se integra en: El derecho a la defensa. El derecho a un proceso público. El derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho al recurso.

El principio “non bis in idem” impide: La imposición de sanciones disciplinarias. La doble sanción por los mismos hechos. La retroactividad penal favorable. La acumulación de penas.

Las penas privativas de libertad deberán cumplirse: En centros penitenciarios civiles. Bajo control judicial. Con orientación a la reinserción social. Con finalidad disuasoria.

El derecho a la educación garantiza: La gratuidad universitaria. La enseñanza básica gratuita. La libertad absoluta de enseñanza. La elección obligatoria de centro público.

El derecho a la negociación colectiva se ejerce conforme a: La Constitución exclusivamente. Los convenios internacionales. La ley. El reglamento.

El derecho a la propiedad privada puede ser limitado por: El interés económico. La planificación general. La función social. La potestad reglamentaria.

La iniciativa pública en la actividad económica está prevista para: Garantizar la competencia. Evitar monopolios. Atender al interés general. Sustituir la iniciativa privada.

El derecho a la protección de la familia obliga a los poderes públicos a: Regular el matrimonio. Asegurar la protección social, económica y jurídica. Garantizar prestaciones económicas. Establecer ayudas fiscales.

Los principios rectores de la política social y económica: Son directamente exigibles ante los tribunales. Pueden ser invocados en el recurso de amparo. Informan la legislación positiva. Tienen rango de derecho fundamental.