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Constitución española 3

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Título del Test:
Constitución española 3

Descripción:
Constitución de 1978

Fecha de Creación: 2025/03/28

Categoría: Otros

Número Preguntas: 15

Valoración:(1)
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La capital del Estado en España es: a. La propia de cada Comunidad Autónoma. b. La villa de Madrid. c. Aquella donde se establezca en cada momento el Gobierno de la Nación. c. Aquella donde se establezca en cada momento el Gobierno de la Nación.

Una de las siguientes afirmaciones relacionada con las asociaciones es falsa conforme a lo dispuesto en la Constitución Española: a. Deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de fiscalización y control por los organismos públicos. b. No podrán ser disueltas sino en virtud de resolución judicial motivada. c. Tampoco podrán ser suspendidas sus actividades sino por idéntico procedimiento al indicado en la opción anterior. d. Deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.

La libertad de conciencia: a. No está garantizada constitucionalmente. b. Solamente está reconocida respecto de la objeción de conciencia en el caso del servicio militar. c. Se establece con carácter general en el texto constitucional. d. Se integra como una vertiente de la libertad ideológica, de la religiosa y de la de culto.

La Constitución Española establece que: a. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación ética y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. b. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. c. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y ética que esté de acuerdo con sus propias convicciones. d. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación confesional y aconfesional que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Son electores y elegibles: a. Todos los extranjeros, residentes en España, que estén en pleno uso de sus derechos políticos. b. Todos las personas que residan en España, que estén en pleno uso de sus derechos civiles. c. Todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos civiles. d. Todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

El Gobierno se compone de: a. El/la Presidente/a, los/las Vicepresidentes/as, en su caso y del Consejo de Ministros. b. El/la Presidente/a, los/las Vicepresidentes/as, en su caso, el Consejo de Ministros y los/las secretarios/as de Estado. c. El/la Presidente/a, los/las Vicepresidentes/as, en su caso, los/las Ministros/as y los/las secretarios/as de Estado. d. El/la Presidente/a, los/las Vicepresidentes/as, en su caso, de los/las Ministros/as y de los demás miembros que establezca la ley.

La ley distribuye el número total de Diputados: a. Asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. b. Asignando una representación mínima inicial de dos Diputados por circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población, a excepción de las poblaciones de Ceuta y Melilla, que están representadas cada una de ellas por un Diputado. c. Asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población de la Comunidad Autónoma. d. Asignando una representación mínima inicial de tres Diputados por circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población, a excepción de las poblaciones de Ceuta y Melilla, que están representadas por dos Diputados.

Unos funcionarios públicos deciden constituir una fundación cuya finalidad es, haciendo uso de los medios públicos de que disponen, registrar y difundir los datos de personas que posean antecedentes penales por delitos de carácter sexual, con objeto de advertir del peligro potencial que suponen, cumpliendo para ello con todos los requisitos legales, si bien su objeto sería posible tipificarlo como un delito contra la intimidad. Dicha fundación, en consecuencia: a. Es legal, en tanto que es un derecho reconocido constitucionalmente y su finalidad es, indudablemente, de interés general. b. Es ilegal, ya que persigue fines o utiliza medios tipificados como delito. c. Es posible constituirla conforme a la CE, pero no puede operar hasta que no varíe su objeto social. d. De ser legalmente constituida, lo que no es posible evitar, sus patronos estarían cometiendo un hecho delictivo.

El artículo 127.1 de la Constitución de 1978 dispone que la ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales. Indica cuál de las siguientes reglas sobre el ejercicio del derecho de libre asociación profesional de jueces y magistrados integrantes de la carrera judicial es INCORRECTO: a. Podrán tener como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general. No podrán llevar a cabo actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos. b. Los jueces y magistrados deberán asociarse libremente a la asociación profesional que sea de su interés. c. Las asociaciones de jueces y magistrados deberán tener ámbito nacional, sin perjuicio de la existencia de secciones cuyo ámbito coincida con el de un Tribunal Superior de Justicia. d. Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados integrantes de la Carrera Judicial quedarán válidamente constituidas desde que se inscriban en el registro que será llevado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial.

La soberanía nacional reside en: a. Las Cortes Generales. b. El Gobierno de la Nación. c. Los Tribunales de Justicia. d. El pueblo español.

Del texto del artículo 14 de la Constitución: a. Se desprende que los ciudadanos son iguales ante la ley, atendiendo, claro está, a ciertas diferencias según la situación social. b. Se desprende que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual. c. No se desprende, porque no lo establece, que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual. d. Se desprende, tal y como ha expresado el Tribunal Constitucional, que esta igualdad hace referencia solamente a un mandato dirigido al legislador, para que cree normativa al respecto. Pero no se puede imponer a los ciudadanos el respeto a la misma.

Si el Rey no designa tutor para el Rey menor: a. Será tutor el Gobierno. b. Será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. c. Será tutor el padre o la madre siempre y en todo caso. d. Será tutor las Cortes Generales.

¿Cuál de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española y que a continuación se relacionan se tutelará ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad?. a. El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. b. El derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. c. El derecho a la negociación colectiva. d. El derecho a la herencia.

En base al artículo 15 de la Constitución: a. Una persona no puede ser dañada por un tercero en ningún caso. b. Una persona no puede ser dañada por un tercero salvo que la persona dé su consentimiento. c. Los poderes públicos tienen que intentar que las personas no se dañen ni sean dañadas, pero no pueden interceder. d. Los poderes públicos tienen que intentar que las personas no se dañen ni sean dañadas, pero solamente pueden interceder cuando la lesión la causa un tercero sin consentimiento del titular del derecho a la integridad.

La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida: a. Al control del Presidente del Congreso de los Diputados, en los términos que establezca la ley electoral. b. Al control del Presidente de la Cámara correspondiente, en los términos que establezca la ley electoral. c. Al control del Presidente de la Cámara correspondiente, y en última instancia al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral. d. Al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

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