El Rey como Jefe del Estado: Es símbolo de su unidad exclusivamente. Es símbolo de su unidad y permanencia. Es símbolo de su unidad y raigambre. Es símbolo de la unidad de los ciudadanos, no de la del Estado.
Elige la opción incorrecta: El Rey arbitra y modera el funcionamiento extraordinario de las instituciones. Asume las más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. Ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las Leyes. Sume las más lata representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de nuestra comunidad histórica.
El Jefe del Estado: La denominación constitucional de su título es Rey Constitucional del España. Podrá utilizar los demás títulos que correspondan a la Corona. La denominación constitucional de su título es Rey del Estado Español. Sólo puede ostentar el título de Rey de España.
La persona del Rey: Es inatacable e irresponsable. Es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Es inviolable, estando sujeta únicamente a responsabilidad por la comisión de actos estrictamente personales. No es inviolable, estando sujeta a responsabilidad en los casos previstos en la Constitución.
Los actos del Rey no refrendados: Serán válidos en cualquier caso. Sólo serán válidos si se refieren a las actuaciones comprendidas en el artículo 62 de la Constitución. Sólo serán válidos si se refieren a las actuaciones comprendidas en el artículo 65.2 de la Constitución. No serán válidos en ningún caso.
La elección de Diputados se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de: Representación indirecta. Representación redistributiva. Representación directa. Representación proporcional.
El mandato de los Diputados termina: En el día de disolución de la Cámara. Siempre cuando el Presidente del Gobierno los cese. Siempre cuatro años después de su elección. Todas las respuestas son correctas.
Son electores y elegibles: Todos los españoles no incapacitados física o psíquicamente. Todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos y residan en territorio español. Todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Todos los españoles mayores de edad.
Las Cámaras podrán delegar la aprobación de proyectos o proposiciones de ley: En las Comisiones Legislativas Permanentes. En las Comisiones Delegadas Permanentes. En las Comisiones Permanentes. En cualquiera de las Comisiones que integran las Cámaras.
Con respecto a las Comisiones de Investigación: Su objeto podrá ser cualquier asunto de interés público. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrarlas. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales. Son ciertas todas las opciones anteriores.
Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de: Algunos de sus miembros. La mayoría de sus miembros. Dos terceras partes de sus miembros. Tres cuartas partes de sus miembros.
Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contario de cada Cámara: Adoptado por el Presidente de la Cámara correspondiente. Adoptado por la mayoría cualificada que determina el Reglamento. Adoptado por la mayoría simple o con arreglo al Reglamento. Adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.
La delegación legislativa deberá otorgarse: Mediante una Ley marco. Mediante una Ley de bases. Mediante un texto articulado. Mediante un texto refundido.
La autorización para refundir textos legales: Podrá especificar si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. No será preciso que contenga los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Sólo determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación. Son falsas todas las opciones anteriores.
Son Leyes Orgánicas: Las que aprueban el régimen electoral general. Los que aprueban los Estatutos de Autonomía. Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Son ciertas todas las opciones anteriores.
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