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En defensa de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios, cuando nos referimos a las prácticas comerciales, se deberá tener en cuenta además de respetar los términos establecidos en el RDL1/2007 de 16 de Noviembre: Normas civiles y mercantiles. Regulaciones sectoriales de ámbito estatal. A y b son correctas además de tener en cuenta la normativa comunitaria y autonómica que resulten de aplicación.

Conforme la nueva redacción que se produce en el art.19 del texto refundido, las prácticas comerciales de los empresarios deberán estar sujetos: Sólo a lo previsto en el texto refundido. Deberán tener en cuenta la normativa sectorial dependiendo de cada caso. A lo dispuesto en el texto refundido, en la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia desleal, en la Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del comercio minorista, además de la norma sectorial que en cada caso resulte de aplicación.

Respecto a ¿qué prácticas comerciales se prevé que podrán establecerse normas legales o reglamentos para una mayor protección al usuario o consumidor?. A las relativas a servicios financieros y bienes inmuebles así como las que se refieran al ámbito de las telecomunicaciones o energético. Sólo a las relativas a servicios financieros y bienes inmuebles. A ninguna práctica comercial en concreto.

Las políticas públicas que se realicen en relación con el consumo y las prácticas comerciales sobre todo lo referente a personas consumidoras vulnerables se efectuará...... En el ámbito de relación entre consumidores o usuarios y empresarios. La a es correcta, con el fin de prever, remover y paliar las circunstancias que produzcan la situación de vulnerabilidad. Ninguna respuesta es correcta.

La información a incluir en la oferta comercial que deberá facilitarse principalmente cuando se trate de personas consumidoras vulnerable ha de ser: Comprensible, veraz y de fácil lectura. En términos claros, comprensibles, veraces y en un formato fácilmente accesible. La norma no detalla de forma clara este campo.

¿Quién deberá facilitar respecto a un contrato la información previa?. El empresario, siendo dicha información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato. La norma no hace referencia a este fin. La norma deja claro que no existe obligación alguna de informar previamente a un contrato.

¿Qué artículo de la CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica?. Art 149.1 13a. Art.149.1 3a. Art.149.1 23a.

La competencia estatal sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica. Se refiere a la ordenación del conjunto de la economía. Además de la respuesta a) también la ordenación de cada sector o subsector de la actividad económica por lo que el estado podría actuar en ciertos sectores muy específicos de la actividad económica en una CCAA. Ninguna respuesta es correcta.

El Real Decreto ley 1/2021 de 19 de enero incorpora determinadas modificaciones urgentes, ¿a qué modificación nos referimos en su disposición final primera?. RD Ley 11/20 por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid -19. RD Ley 37/2021, de medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y transportes. Ley 11/20 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

El Real Decreto ley 1/2021 de 19 de enero incorpora determinadas modificaciones urgentes, ¿a qué modificación nos referimos en su disposición final segunda?. RD Ley 11/20 por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid -19. RD Ley 37/2021, de medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y transportes. Ley 11/20 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

¿Qué modificaciones se produce en el RD Ley 1/21, de 19 de enero en su disposición final segunda en relación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021?. Derogación de la disposición adicional 6a en materia de absorción del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Modifica el anexo II. Bonificaciones Portuarias. A y b son ciertas.

El Tribunal Constitucional ha avalado de manera reiterada la adopción de medidas con impacto social en situaciones excepcionales y de urgente necesidad. Dicho aval demanda la concurrencia: Material de una motivación explícita y razonada de la necesidad y también formal. Positiva de una motivación explícita y razonada de la necesidad y también formal. Formal de una motivación explícita y razonada de la necesidad y también formal.

La motivación material de este real decreto deriva: De la necesidad de poder afrontar los graves inconvenientes del empeoramiento de la vulnerabilidad de muchas personas consumidoras atendiendo a la actual coyuntura económica y social. De la necesidad de poder afrontar las graves consecuencias del empeoramiento de la vulnerabilidad de muchas personas consumidoras atendiendo a la actual coyuntura económica y social. De la necesidad de poder afrontar las graves tendencias del empeoramiento de la vulnerabilidad de muchas personas consumidoras atendiendo a la actual coyuntura económica y social.

A que no afecta el RD 1/2021: No afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas les afectara en determinadas causas tasadas según competencias avaladas por sus estatutos, ni al Derecho electoral general. No afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas, si al Derecho electoral general. No afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general.

Indique la respuesta incorrecta: En relación con ello, mediante las modificaciones que se operan del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se pretende reforzar la garantía de la defensa de las personas consumidoras y usuarias, en orden a proteger más eficazmente los legítimos intereses de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, para el adecuado cumplimiento del mandato que a los poderes públicos encomienda el artículo 51.2 de la Constitución. En relación con ello, mediante las modificaciones que se operan del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se pretende reforzar la garantía de la defensa de las personas consumidoras y usuarias, en orden a proteger más eficazmente los legítimos intereses de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, para el adecuado cumplimiento del mandato que a los poderes públicos encomienda el artículo 51.3 de la Constitución. En relación con ello, mediante las modificaciones que se operan del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se pretende reforzar la garantía de la defensa de las personas consumidoras y usuarias, en orden a proteger más eficazmente los legítimos intereses de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, para el adecuado cumplimiento del mandato que a los poderes públicos encomienda el artículo 51.1 de la Constitución.

¿La inclusión de la figura de la persona consumidora vulnerable en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras y usuarias afecta al régimen general del principio rector recogido en el artículo 51 de la Constitución?. No, siguiendo dicho mandato constitucional, incorpora de forma expresa algunos elementos para la necesaria protección de personas y colectivos. Si, siguiendo tal mandato, incorpora de forma expresa desarrollos necesarios para la correcta interpretación. Únicamente en materias de competencia exclusiva del Estado.

¿Cuál es el objetivo pretendido por el presente Real Decreto?. Ampliar en todo caso la garantía y tutela de la debida protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en situación de vulnerabilidad. Ampliar en todo caso la garantía de la debida protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en situación de vulnerabilidad. Ampliar en todo caso la garantía y tutela de la debida protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en situación de vulnerabilidad.

Se estima urgente y prioritario el poder hacerlo: En atención a las circunstancias actuales derivadas en particular de la pandemia que está asolando las relacione empresario-consumidor. En atención a las circunstancias actuales derivadas en particular de la pandemia con la importante incidencia que está teniendo en las diversas relaciones de consumo o de servicio en la que se encuentran consumidores y usuarios. En atención a las circunstancias actuales derivadas en particular de la pandemia y la incidencia entre relaciones contractuales.

En qué documento se cita “las vulnerabilidades de los consumidores se han visto exacerbadas por la actual pandemia”. Nueva Agenda del Consumidor, de 13 de noviembre de 2020. Nueva Agenda del Consumidor, de 18 de noviembre de 2020. Nueva Agenda del Consumidor, de 16 de noviembre de 2020.

La nueva Agenda del consumidor de 2020 por que órgano ha sido publicada. Consejo Europeo. Parlamento Europeo. Comisión Europea.

La comisión señala entre los siguientes uno de los impactos, señale el correcto. «la explotación de las vulnerabilidades financieras que adolecen desde antes de la pandemia pero que se han vuelto más acuciantes». «la explotación de las vulnerabilidades financieras que perviven desde antes de la pandemia pero que se han vuelto más acuciantes». «la explotación de las vulnerabilidades financieras que existían desde antes de la pandemia pero que se han vuelto más acuciantes».

Como punto importante derivado de la pandemia la comisión llama la atención sobre: El aumento de las estafas a los consumidores, las técnicas de comercialización engañosas y el fraude en las compras en línea, de los que han sido y siguen siendo víctima un número creciente de consumidores. El aumento de las estafas a los consumidores, las técnicas de venta engañosas y el fraude en las compras en línea, de los que siguen siendo víctima un número creciente de consumidores. El aumento de las estafas online a los consumidores, las técnicas de venta engañosas y el fraude en las compras en línea, de los que han sido y siguen siendo víctima un número creciente de consumidores.

La necesidad de garantizar un trato igualitario en la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad en relación con las relaciones de consumo que les afecten de manera particular, ¿ha provocado la necesidad de modificar que artículo del texto refundido Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios?. 4. 5. 3.

Que RD introduce modificaciones en el RD 11/2020 de 31 de marzo con medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. RD 37/2020 de 22 de diciembre. RD 39/2020 de 22 de diciembre. RD 40/2020 de 22 de diciembre.

La ley 39/2015 exige una serie de principios a los cuales se adecuara el RD 1/2021. Necesidad, eficacia, transparencia. necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. Necesidad, eficiencia, seguridad jurídica, transparencia.

Los principios de necesidad y eficacia se apoyan: En el interés general en el que se fundamentan las medidas de protección que se establecen para quienes son más vulnerables en el ámbito de los consumidores y usuarios. En el interés general en el que se basan las medidas de protección que se establecen para quienes son más vulnerables en el ámbito de los consumidores y usuarios. En el interés general en el que se incluyen las medidas de protección que se establecen para quienes son más vulnerables en el ámbito de los consumidores y usuarios.