Contratos administrativos

(Artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) ¿Cuál de las siguientes relaciones laborales o de servicios está excluida del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)?. La relación de servicio de los funcionarios públicos. Los contratos laborales del sector público. Los contratos de servicios sociales prestados por entidades privadas que no celebren contrato alguno. Todas las anteriores son correctas.

(Artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) Según el texto, los convenios celebrados entre Administraciones Públicas y entidades con personalidad jurídica privada quedan excluidos de la LCSP si cumplen con ciertas condiciones. ¿Cuál de las siguientes NO es una de esas condiciones?. Que las entidades intervinientes no tengan vocación de mercado superior al 20%. Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades participantes. Que el convenio permita la comercialización de productos en el mercado abierto, siempre que no supere el 50% de la actividad. Que el desarrollo de la cooperación sea por consideraciones relacionadas con el interés público.

(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) En el ámbito de la Investigación y Desarrollo (I+D), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la LCSP?. Todos los contratos relacionados con I+D están sujetos a la LCSP si se explotan en el mercado. Los contratos de I+D están excluidos siempre que los beneficios sean explotados en el mercado. Los contratos de I+D están excluidos si los beneficios pertenecen exclusivamente al poder adjudicador y no se explotan en el mercado. Los contratos de I+D están sujetos a la LCSP si los beneficios no son exclusivos del poder adjudicador.

(Artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) Respecto a las operaciones financieras, ¿cuál de las siguientes está excluida del ámbito de aplicación de la LCSP según el texto proporcionado?. Operaciones de tesorería de entidades públicas. Contratos de emisión y transferencia de valores en el Banco de España. Operaciones en el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. Todas las anteriores son correctas.

(Artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) En relación con la defensa nacional y seguridad, ¿cuál de los siguientes contratos está excluido del ámbito de la LCSP?. Contratos sujetos a la Ley 24/2011. Contratos bajo el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Contratos relacionados con la investigación y desarrollo de nuevos productos en colaboración con otros Estados miembros de la UE. Todas las anteriores son correctas.

(Artículo 75.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) ¿En qué casos es necesario que la subcontratación requiera la autorización expresa del órgano de contratación?. Solo en los contratos de carácter secreto o reservado. En cualquier contrato de obras, servicios o suministros, siempre que se haya previsto en los pliegos. En los contratos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias. En todos los casos, siempre y cuando el valor del contrato exceda de 100.000 euros.

(Artículo 214 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) ¿Cuál es la penalización máxima que se puede imponer al contratista si subcontrata sin cumplir las condiciones establecidas?. Hasta un 10% del importe del contrato. Hasta un 25% del importe del contrato. Hasta un 50% del importe del subcontrato. Hasta un 75% del importe del subcontrato.

(Artículo 23 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) ¿Cuál es la duración máxima de un contrato de concesión de obras o de servicios, incluyendo posibles prórrogas, cuando se trata de contratos que comprenden la explotación de un servicio relacionado con la prestación de servicios sanitarios?. 10 años. 20 años. 30 años. 40 años.

(Artículo 120 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) ¿Qué porcentaje mínimo del importe del contrato debe haber ejecutado el cedente para que pueda ceder sus derechos y obligaciones a un tercero?. 5% del importe del contrato. 10% del importe del contrato. 20% del importe del contrato. 50% del importe del contrato.

(Disposición Adicional Decimoctava del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) ¿Cómo se computan los plazos establecidos por días en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), salvo indicación expresa en contrario?. En días naturales. En días hábiles. En días hábiles administrativos. En días festivos y laborales.

(Artículo 35 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) ¿Cuál es el plazo máximo de duración de los contratos de suministros y servicios de prestación sucesiva, incluyendo prórrogas?. 3 años. 5 años. 7 años. 10 años.

(Artículo 23 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) En un contrato de concesión de servicios que implique la explotación de un servicio relacionado con la gestión de infraestructuras de transporte, ¿cuál es la duración máxima del contrato, incluyendo prórrogas?. 10 años. 20 años. 30 años. 40 años.

(Artículo 301 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) En un contrato del sector público, ¿cómo se debe expresar el precio?. Siempre en euros, sin excepción. En euros o en la moneda del país de origen del contratista. En euros o, si se permite, en otra moneda pactada. En euros o en la moneda de cualquier país de la Unión Europea.

(Artículo 23 LCSP) En relación con los contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el artículo 23 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)?. Los contratos de obras subvencionados por entidades privadas, cuyo valor sea inferior a 5.548.000 euros, están siempre sujetos a regulación armonizada. Los contratos de servicios subvencionados con un valor estimado igual o superior a 221.000 euros, vinculados a contratos de obras, deben ser adjudicados bajo normas de regulación armonizada. Los contratos de obras que no superen los 2.000.000 de euros están exentos de regulación armonizada, independientemente de la entidad que los financie. Los contratos subvencionados por entidades públicas en más del 30% de su importe siempre están sujetos a regulación armonizada.

(Artículo 20 LCSP) Según el artículo 20 de la LCSP, los contratos de servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos: Pueden ser objeto de contratos menores siempre que el valor estimado sea inferior a 15.000 euros. No pueden ser objeto de contratos de servicios bajo ningún concepto. Solo pueden ser adjudicados mediante procedimiento abierto, respetando la normativa sobre contratos menores. Pueden ser adjudicados por contrato de servicios si se justifica debidamente la necesidad de dicha contratación.

(Artículo 25 LCSP) De acuerdo con el artículo 25 de la LCSP y el texto proporcionado, ¿cuál de los siguientes supuestos es correcto respecto a los contratos de suministro?. Los contratos de suministro que impliquen la entrega de energía transformada están sujetos a regulación armonizada siempre que su valor estimado supere los 144.000 euros. Los contratos de suministro que consisten en la entrega de productos manufacturados sin modificación posterior no están sujetos a la LCSP. Los contratos de suministro que obligan al empresario a entregar una pluralidad de bienes a lo largo del tiempo deben especificar el valor total desde el momento de la firma. Los contratos de suministro con la Administración General del Estado están sujetos a regulación armonizada cuando su valor estimado es igual o superior a 144.000 euros.

(Artículo 34 LCSP) En relación con los contratos mixtos y conforme al artículo 34 de la LCSP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Cuando un contrato mixto contemple prestaciones correspondientes a varios contratos de distinta naturaleza, se aplicará siempre la normativa más estricta, independientemente del tipo de prestación principal. Si las prestaciones de un contrato mixto son separables, se aplicarán las normas correspondientes al contrato de mayor valor económico, con independencia de su naturaleza. Si las prestaciones de un contrato mixto son inseparables, se atenderá al carácter de la prestación principal para determinar el régimen jurídico aplicable. Los contratos mixtos que incluyan obras y suministros siempre se adjudicarán siguiendo las normas aplicables a los contratos de obras.

(Artículo 16 LCSP) De acuerdo con el artículo 16 de la LCSP y el contenido sobre contratos de concesión de servicios, ¿qué se entiende por riesgo operacional en estos contratos?. El riesgo de que el concesionario no pueda prestar el servicio dentro del plazo estipulado. El riesgo vinculado a la demanda del servicio o suministro, así como el riesgo de suministro de los insumos necesarios para su prestación. El riesgo derivado de la fluctuación en los costes de operación durante la vigencia del contrato. El riesgo de que la Administración concedente no cumpla con los términos del contrato, obligando al concesionario a asumir la totalidad de los costes.

(Artículo 13 LCSP) Según el artículo 13 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente un contrato de obras?. Un contrato que tiene por objeto únicamente la redacción del proyecto, sin incluir la ejecución de la obra. Un contrato que implica la ejecución de una obra completa o la realización de trabajos de ingeniería civil que puedan alterar el medio físico o natural, incluyendo necesariamente la redacción del proyecto. Un contrato que incluye la ejecución de una obra aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, destinada a cumplir una función económica o técnica sobre un bien inmueble. Un contrato que se limita a la restauración de edificaciones preexistentes, sin posibilidad de incluir nuevas construcciones.

(Artículo 14 LCSP) En el contexto del artículo 14 de la LCSP sobre contratos de concesión de obras, ¿qué implica la transferencia del riesgo operacional al concesionario?. El concesionario asume el riesgo de no recuperar las inversiones realizadas, pero siempre tendrá garantizado un precio mínimo por parte de la administración. El concesionario asume el riesgo de la demanda de las obras o servicios y del suministro necesario para prestar esos servicios, sin garantía de recuperación de las inversiones bajo condiciones normales de funcionamiento. La administración cubre todos los riesgos operacionales, limitando la responsabilidad del concesionario a la explotación de las obras construidas. El riesgo operacional es asumido por la administración si el concesionario no puede garantizar la prestación del servicio bajo las condiciones del contrato.

De acuerdo con el artículo 16 de la LCSP, ¿cuál de los siguientes contratos se considera un contrato de suministro?. La adquisición de un software desarrollado a medida para una entidad pública. La entrega sucesiva de bienes muebles a precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato. La adquisición de bienes inmuebles destinados a oficinas gubernamentales. El arrendamiento de bienes muebles con opción de compra, exclusivamente para entidades privadas.

(Artículo 19 LCSP) ¿Cuál de los siguientes contratos no está sujeto a regulación armonizada según el artículo 19 de la LCSP?. Un contrato de suministro de energía primaria por valor de 145.000 euros, adjudicado por la Administración General del Estado. Un contrato de obras por valor de 6.000.000 euros, adjudicado por una entidad local. Un contrato para la adquisición de software desarrollado a medida por valor de 200.000 euros, adjudicado por un organismo autónomo estatal. Un contrato de servicios para la representación legal de una entidad pública en un arbitraje internacional.

(Artículo 23 LCSP) En referencia al artículo 23 de la LCSP, ¿qué condiciones deben cumplirse para que un contrato de obras sea considerado un contrato subvencionado sujeto a regulación armonizada?. Debe ser subvencionado directamente en al menos un 30% de su importe, estar relacionado con la construcción de hospitales, y tener un valor estimado superior a 5.538.000 euros. Debe ser subvencionado en más del 50% de su importe, estar relacionado con actividades de ingeniería civil, y tener un valor estimado igual o superior a 5.538.000 euros. Debe ser subvencionado indirectamente en un 50% por entidades privadas y estar vinculado a la construcción de centros deportivos, con un valor estimado de al menos 1.000.000 euros. Debe ser subvencionado en cualquier porcentaje por entidades públicas, y estar relacionado con la construcción de cualquier tipo de edificio, con un valor estimado de 5.000.000 euros.

En relación con el objeto y la finalidad de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. La Ley tiene como principal objetivo garantizar la igualdad de acceso a las licitaciones, excluyendo la necesidad de incorporar criterios sociales o medioambientales. La Ley se enfoca exclusivamente en la adjudicación de contratos públicos, sin regular aspectos relacionados con el cumplimiento o extinción de los mismos. La Ley pretende asegurar la eficiencia en el uso de los fondos públicos mediante la previa definición de necesidades, incluyendo criterios sociales y medioambientales siempre que se relacionen con el objeto del contrato. La Ley tiene como finalidad principal proteger los intereses de las grandes empresas en el acceso a la contratación pública, limitando la participación de pequeñas y medianas empresas.

Según el artículo 1 de la LCSP, ¿cuál de los siguientes principios no se menciona explícitamente como un objetivo de la Ley de Contratos del Sector Público?. Libertad de acceso a las licitaciones. Estabilidad presupuestaria y control del gasto. Igualdad de trato entre los licitadores. Promoción de la innovación y la sostenibilidad.

(Artículo 2 LCSP) ¿Cuál de los siguientes contratos no estaría sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público según su artículo 2?. Un contrato oneroso celebrado por una fundación pública para la adquisición de material de oficina. Un contrato subvencionado por una entidad pública en más del 50% para la construcción de una infraestructura deportiva. Un contrato de donación de una empresa privada a una universidad pública para la creación de una beca. Un contrato celebrado por un organismo autónomo para la contratación de servicios de consultoría.

(Artículo 3 LCSP) De acuerdo con el artículo 3 de la LCSP, ¿cuál de las siguientes entidades no se considera parte del sector público?. Una sociedad mercantil con un 60% de participación de un Ayuntamiento. Un consorcio con personalidad jurídica propia vinculado a la Administración General del Estado. Una asociación sin ánimo de lucro que financia mayoritariamente su actividad con ingresos de mercado. Una mutua colaboradora con la Seguridad Social.

Según el artículo 4 de la LCSP, ¿qué principio se aplica para resolver las dudas y lagunas en los negocios jurídicos excluidos del ámbito de la Ley?. Principio de subsidiariedad. Principio de transparencia. Principio de libre competencia. Principios de la Ley de Contratos del Sector Público.

Artículo 5 LCSP) En el contexto del artículo 5 de la LCSP, ¿cuál de los siguientes contratos de defensa y seguridad está excluido de la aplicación de la Ley?. Un contrato de suministro de uniformes para las Fuerzas Armadas en territorio nacional. Un contrato de concesión de servicios adjudicado en un programa de cooperación basado en la investigación y desarrollo de un nuevo producto, con participación de dos Estados miembros de la Unión Europea. Un contrato de compra de vehículos militares celebrado en España, con financiación conjunta de varios Estados miembros de la Unión Europea. Un contrato de servicios de seguridad adjudicado en un tercer Estado miembro de la Unión Europea para proteger instalaciones diplomáticas españolas.

(Artículo 9, LCSP) ¿Qué tipo de contrato relacionado con bienes inmuebles queda excluido del ámbito de aplicación de la LCSP?. Contratos de arrendamiento de inmuebles de propiedad privada a una entidad pública para uso administrativo. Contratos de compraventa de bienes inmuebles celebrados entre dos entidades públicas. Contratos de donación de inmuebles celebrados entre particulares y la Administración General del Estado. Contratos de explotación de bienes patrimoniales no considerados como suministro ni servicios.

(Artículo 5, LCSP) ¿Cuál de los siguientes contratos está excluido del ámbito de aplicación de la LCSP según lo dispuesto en el artículo 5?. Un contrato de suministro de material informático para un departamento de la Administración General del Estado. Un contrato de concesión de obras que incluye la restauración de un edificio histórico en una ciudad española. Un contrato de suministro de equipamiento militar para una misión internacional de las Fuerzas Armadas en un tercer Estado no miembro de la Unión Europea. Un contrato de servicios para la realización de campañas de concienciación ciudadana sobre el reciclaje.

(Artículo 3, LCSP) ¿De acuerdo con el artículo 3 de la LCSP, cuál de las siguientes entidades se considera parte del sector público?. Una sociedad mercantil privada en la que una fundación pública tenga un 45% de participación directa y no controle su gestión. Un consorcio dotado de personalidad jurídica propia creado bajo la Ley 40/2015 con la finalidad de satisfacer necesidades de interés general sin carácter industrial. Una organización empresarial privada con financiación exclusivamente del sector privado. Una fundación privada que recibe una donación mayoritaria de un particular sin vínculo con el sector público.

(Artículo 2, LCSP) Según el artículo 2 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes supuestos se considera fuera del ámbito de aplicación de la Ley?. Contratos onerosos celebrados por una entidad pública con un contratista que obtenga beneficio económico directo. Contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores según lo previsto en el artículo 23. Contratos que celebren las Comunidades Autónomas y entidades que integran la Administración Local, con sujeción a la Disposición final primera de la Ley. Contratos celebrados entre una entidad pública y un particular para la explotación de un bien inmueble de carácter patrimonial sin valor estimado superior a 50.000 euros.

(Artículo 1, LCSP) ¿Cuál es el principal objetivo de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con la contratación del sector público?. Regular la contratación en el sector público para garantizar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, sin consideración a los principios de publicidad y transparencia. Regular la contratación en el sector público asegurando el ajuste a los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación, y garantizar la selección de la oferta económicamente más ventajosa, considerando también la estabilidad presupuestaria y el control del gasto. Regular la contratación en el sector público, con el único objetivo de favorecer la participación de las pequeñas y medianas empresas y las empresas de economía social. Establecer un régimen de contratación que priorice la contratación directa sin competencia, siempre que se justifique en términos de estabilidad presupuestaria.

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), ¿qué orden jurisdiccional es competente para conocer de los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por los órganos administrativos de resolución de recursos previstos en la LCSP?. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, siempre y cuando se trate de contratos celebrados por Administraciones Públicas con objeto administrativo. El orden jurisdiccional civil, en caso de contratos celebrados por entidades del sector público que no sean poderes adjudicadores. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en todos los casos sin excepción. El orden jurisdiccional civil, si se refiere a contratos subvencionados SARA.

Según el artículo 26 de la LCSP, ¿cuál es la jurisdicción competente para resolver sobre los efectos y extinción de los contratos privados celebrados por entidades del sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador?. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El orden jurisdiccional civil. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, salvo cuando se trate de contratos de servicios de carácter administrativo especial. El orden jurisdiccional laboral.

En relación con los contratos administrativos y privados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los contratos declarados administrativos por una ley específica, según la LCSP?. Se regirán exclusivamente por las normas de derecho privado en cuanto a su preparación y adjudicación, aplicándose la LCSP solo supletoriamente. Están sujetos a la LCSP en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, sin excepción alguna. Se regirán principalmente por la LCSP, pero podrán aplicarse supletoriamente normas de derecho administrativo y, en su defecto, de derecho privado. La LCSP no se aplica a estos contratos, ya que se regulan exclusivamente por normas sectoriales específicas.

¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer las controversias relacionadas con los efectos y extinción de los contratos privados celebrados por una Administración Pública que tenga la consideración de poder adjudicador?. El orden jurisdiccional civil. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El orden jurisdiccional laboral. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, salvo en casos de fuerza mayor.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 22, ¿qué contratos se consideran privados dentro del ámbito de la Administración Pública?. Aquellos contratos que tengan por objeto la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos, sin importar si el objeto administrativo prevalece. Los contratos de servicios cuya finalidad sea la creación e interpretación artística y literaria, y los espectáculos, únicamente si se celebran con entidades privadas. Los contratos de obra y concesión de servicios con un carácter especial determinado por la LCSP. Todos los contratos en los que la Administración Pública actúe como poder adjudicador.

(Artículo 99 y 101 LCSP) Según el texto, ¿cuál es la condición necesaria para que un contrato de obras en un municipio de menos de 5.000 habitantes pueda ser dividido en proyectos independientes?. Que el valor total del contrato no supere los 6.000.000 de euros. Que las partes de la obra sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas. Que la financiación del contrato sea exclusivamente a través de fondos europeos. Que cada parte del contrato tenga una duración inferior a un año fiscal.

(Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno) ¿Qué obligaciones adicionales asume el Secretario en relación con los contratos administrativos conforme a la Ley 19/2013?. La ejecución directa de los contratos menores. La coordinación de las obligaciones de publicidad y transparencia. La aprobación del gasto para contratos superiores a 50.000 euros. La supervisión de la ejecución de los proyectos de obras públicas.

(Artículo 61 LCSP) ¿Quién ostenta la competencia para celebrar contratos administrativos en nombre de las entidades del sector público estatal según el artículo 61 de la LCSP?. El Presidente del Gobierno. Los Ministros y Secretarios de Estado. El Consejo de Ministros. El Interventor General del Estado.

(Artículo 86 de la LBRL) Según lo dispuesto en el artículo 86 de la LBRL, ¿qué requisitos deben cumplirse para que un contrato de concesión de servicios en un municipio pueda tramitarse por licitación?. Que el importe no supere los 200.000 euros. Que la anualidad media del contrato no supere los 200.000 euros y que la decisión se justifique en la necesidad objetiva de una gestión unificada. Que la financiación del contrato sea exclusivamente municipal. Que la licitación sea aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria.

(Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) ¿Qué principio debe asegurarse en los actos de fiscalización de los contratos por parte del Interventor de la Entidad Local, conforme a la Ley Orgánica 2/2012?. El principio de rentabilidad. El principio de sostenibilidad financiera. El principio de descentralización. El principio de competencia económica.

(Disposición Adicional Segunda de la LCSP) ¿Cuál de las siguientes entidades puede adherirse al sistema estatal de contratación centralizada, según la Disposición Adicional Segunda de la LCSP?. Las asociaciones de vecinos. Las Comunidades Autónomas. Los sindicatos. Las empresas privadas que contratan con el Estado.

(Artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las consultas preliminares del mercado según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público?. Las consultas preliminares del mercado permiten al órgano de contratación revelar a los operadores económicos los datos facilitados por otros participantes para garantizar la transparencia del procedimiento. Las consultas preliminares del mercado deben ser publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en un servicio equivalente, respetando los principios de no discriminación y transparencia. Durante las consultas preliminares del mercado, el órgano de contratación puede imponer requisitos técnicos específicos sin necesidad de justificación. Las consultas preliminares del mercado no se utilizan para planificar el procedimiento de licitación, sino exclusivamente para evaluar la competencia en el mercado.

(Artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público) ¿Cuál es la finalidad principal de las consultas preliminares del mercado según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público?. Seleccionar anticipadamente al adjudicatario del contrato para evitar conflictos en la adjudicación. Permitir que el órgano de contratación establezca de manera confidencial las condiciones técnicas de los contratos. Preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos sobre los requisitos que se exigirán en el procedimiento. Sustituir la fase de licitación por un acuerdo entre el órgano de contratación y los operadores económicos consultados.

(Artículo 122 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público) ¿Qué debe incluir obligatoriamente el expediente de contratación, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público?. El pliego de cláusulas administrativas generales, aunque no se aplique a ese contrato específico. Un informe del interventor general sobre la viabilidad económica del contrato. El pliego de cláusulas administrativas particulares y las prescripciones técnicas que rijan el contrato, justificando adecuadamente la existencia de crédito. Un informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública sobre los resultados de las consultas preliminares del mercado.

(Artículo 159 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público) En el marco de un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, ¿cuál es el plazo mínimo para la presentación de proposiciones desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante?. 45 días. 30 días. 35 días. 25 días.

(Artículo 242 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público) En caso de situaciones catastróficas que requieran una tramitación de emergencia, ¿qué tipo de procedimiento puede seguir la Administración según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público?. Un procedimiento simplificado urgente, que permite reducir todos los plazos de licitación a la mitad. Un procedimiento negociado sin publicidad, siempre y cuando se justifique la necesidad inmediata de actuar. Un procedimiento abierto con plazos mínimos reducidos a seis días para la presentación de ofertas. Un procedimiento de emergencia, permitiendo la ejecución inmediata de las actuaciones necesarias sin los requisitos formales habituales.

(Artículo 123 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente las obligaciones de información que debe cumplir el órgano de contratación en los pliegos, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público?. El órgano de contratación debe proporcionar información sobre las condiciones salariales de los trabajadores únicamente cuando se trate de contratos de servicios a personas físicas. La información sobre las condiciones laborales para la subrogación de empleados es obligatoria cuando un convenio colectivo o norma legal lo exija, y debe estar detallada en los pliegos. Los pliegos deben incluir únicamente la información técnica, dejando fuera cualquier referencia a las condiciones laborales, ya que estas se negocian en paralelo. La subrogación de empleados es opcional y no requiere mención en los pliegos salvo que el órgano de contratación lo considere pertinente.

Según la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las obligaciones del órgano de contratación en materia de subrogación laboral cuando una norma legal o un convenio colectivo impone dicha subrogación al adjudicatario?. El órgano de contratación debe informar a los licitadores sobre las condiciones salariales de los trabajadores afectados por la subrogación exclusivamente si los sindicatos lo solicitan. El órgano de contratación está obligado a facilitar en el pliego de condiciones la información necesaria sobre las condiciones de los trabajadores a los licitadores para que estos puedan evaluar los costes laborales de la subrogación. La obligación de facilitar información sobre las condiciones laborales recae en el adjudicatario tras la firma del contrato. El órgano de contratación solo debe proporcionar la información sobre subrogación si el adjudicatario lo solicita expresamente durante la fase de adjudicación.

En relación con las prescripciones técnicas establecidas en los contratos públicos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la Ley de Contratos del Sector Público?. Las prescripciones técnicas pueden modificarse en cualquier momento durante la ejecución del contrato si el órgano de contratación lo considera necesario para mejorar la eficiencia del servicio. Las prescripciones técnicas deben garantizar el acceso de los empresarios al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no deben producir efectos que restrinjan injustificadamente la competencia. Las prescripciones técnicas no pueden incluir requisitos ambientales, ya que estos deben regularse en pliegos específicos. Las prescripciones técnicas únicamente pueden referirse a los materiales que se usarán en la ejecución de la obra, excluyendo otros aspectos del ciclo de vida del servicio o suministro.

Conforme a la normativa vigente, ¿qué consideraciones deben incluir las prescripciones técnicas en contratos destinados a ser utilizados por personas físicas, especialmente aquellas pertenecientes a la Administración Pública?. Deben incluir únicamente aspectos relacionados con la durabilidad de los materiales empleados en la obra o servicio, sin necesidad de considerar otros factores. Deben tener en cuenta los derechos de las personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Deben enfocarse principalmente en la reducción de costes de producción, dejando en segundo plano las cuestiones de accesibilidad. No deben contemplar los derechos de las personas con discapacidad, ya que estos aspectos están regulados por normativa sectorial distinta.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, ¿cómo deben abordar las prescripciones técnicas los contratos cuyo objeto pueda afectar al medio ambiente?. Las prescripciones técnicas deben omitir cualquier referencia a la sostenibilidad, centrándose exclusivamente en la eficiencia económica. Las prescripciones técnicas deben incluir criterios de sostenibilidad y protección ambiental conforme a los principios regulados por el Real Decreto Legislativo 1/2016. Las prescripciones técnicas pueden incluir criterios de sostenibilidad solo si el adjudicatario lo considera oportuno durante la ejecución del contrato. Las prescripciones técnicas deben limitarse a aspectos técnicos, sin involucrarse en cuestiones ambientales, las cuales deben ser gestionadas por otras normativas.

En el marco de la tramitación de un expediente de contratación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los contratos menores según la Ley de Contratos del Sector Público?. Los contratos menores no requieren la aprobación previa del gasto, solo el informe justificativo del órgano de contratación. En contratos menores de obra, se requiere la inclusión de un proyecto técnico, así como el presupuesto de la obra y su supervisión, si procede. Los contratos menores están exentos de la obligación de publicación en el perfil del contratante, salvo que la ley disponga lo contrario. Los contratos menores de suministro pueden ser adjudicados sin necesidad de justificar la necesidad del contrato.

(Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, artículo 153): Según el texto, ¿cuál es el plazo máximo para la formalización del contrato, en el caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación?. 10 días hábiles desde la notificación de la adjudicación. 15 días hábiles desde la notificación de la adjudicación. 5 días hábiles desde la notificación de la adjudicación. 20 días hábiles desde la notificación de la adjudicación.

(Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, artículo 151.1): Según el texto, ¿qué sucede si la oferta más ventajosa presenta un precio anormalmente bajo y el licitador no justifica adecuadamente dicha oferta en el plazo concedido por el órgano de contratación?. Se impone una sanción al licitador de un 3% del presupuesto base de licitación. Se procede a la exclusión de la oferta del proceso de adjudicación. Se adjudica provisionalmente a la siguiente mejor oferta. Se da una prórroga para que el licitador justifique su oferta.

(Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, artículo 151.3): De acuerdo con el texto, ¿qué ocurre si el órgano de contratación desiste del procedimiento de adjudicación tras haber publicado el anuncio de licitación y haber recibido ofertas?. Se devolverán las garantías provisionales, pero no se compensarán los gastos de los licitadores. Se indemnizará a los licitadores por los gastos en los que hayan incurrido durante la licitación. El procedimiento se reabre automáticamente con los mismos licitadores. Los licitadores podrán exigir una compensación del 5% del valor del contrato.

(Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, artículo 150): En relación con la clasificación de las ofertas, ¿qué procedimiento se sigue cuando en la licitación solo se utiliza un criterio de adjudicación?. Se valoran todos los aspectos técnicos de la oferta. Se selecciona la oferta con el precio más bajo de forma automática. Se considera la mejor oferta aquella que obtenga la mejor relación calidad-precio. Se realiza una nueva licitación para obtener mejores ofertas.

(Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, artículo 156): Según el texto, ¿cuál es el plazo máximo para formalizar un contrato tras la notificación de adjudicación en un procedimiento ordinario no susceptible de recurso especial?. 5 días hábiles. 10 días hábiles. 15 días hábiles. 30 días hábiles.

Según el artículo 161 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en un procedimiento abierto, ¿cuál es el plazo mínimo para la presentación de proposiciones cuando se trata de contratos sujetos a regulación armonizada?. Treinta y cinco días contados desde la fecha de publicación del anuncio en el perfil del contratante. Treinta y cinco días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Veinte días contados desde la fecha de publicación del anuncio en el perfil del contratante.

En un procedimiento restringido, ¿qué opción es correcta respecto a la constitución de garantías provisionales por parte de los licitadores? (Artículo 164 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). Siempre es necesaria la constitución de garantía provisional para asegurar la seriedad de las ofertas presentadas. No es necesaria la constitución de garantía provisional en ningún caso. Es necesaria la constitución de garantía provisional solo cuando el valor estimado del contrato supere los 100.000 euros. No es necesaria la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores, salvo que se prevea expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

De acuerdo con el artículo 167 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el procedimiento con negociación, ¿cuál es la principal característica que distingue este procedimiento de los demás?. La adjudicación del contrato se realiza exclusivamente en base al criterio de precio más bajo. El órgano de contratación tiene la facultad de negociar los términos del contrato con uno o varios licitadores. No se permite la negociación de los términos del contrato en ningún caso. La adjudicación se realiza sin la necesidad de publicidad del procedimiento.

¿Cuál es el plazo mínimo para la presentación de proposiciones en un procedimiento abierto simplificado cuando el valor estimado del contrato es inferior a 2.000.000 de euros en obras o 100.000 euros en suministros o servicios? (Artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). Treinta días contados desde la fecha de publicación del anuncio en el perfil del contratante. Quince días contados desde la fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Veinte días contados desde la fecha de publicación del anuncio en el perfil del contratante. Diez días hábiles contados desde la fecha de publicación del anuncio en el perfil del contratante.

Según el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en un procedimiento abierto, ¿cuál es el plazo máximo para la adjudicación del contrato si no se produce la adjudicación dentro de los plazos señalados en los pliegos?. Quince días desde la apertura de las proposiciones. Dos meses desde la apertura de las proposiciones. Tres meses desde la apertura de las proposiciones. No hay un plazo máximo establecido para la adjudicación.

Según lo dispuesto en el artículo 89.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), en caso de que exista demora en la ejecución de un contrato sin perjuicio de las penalidades que correspondan, ¿cómo se deberá aplicar la cláusula de revisión de precios?. La revisión de precios se aplicará únicamente sobre los precios establecidos para la fecha original de entrega, sin tomar en cuenta la demora en la ejecución del contrato. La revisión de precios se aplicará teniendo en cuenta únicamente los precios correspondientes a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los precios en el periodo real de ejecución produzcan un coeficiente superior. La revisión de precios se aplicará sobre los precios correspondientes a las fechas del periodo real de ejecución del contrato, independientemente del coeficiente obtenido. No se aplicará revisión de precios en caso de demora en la ejecución, salvo que exista una cláusula específica que lo indique.

Conforme al artículo 97 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), en relación a los sistemas dinámicos de adquisición, ¿qué característica distingue fundamentalmente este sistema de otros tipos de contratación pública?. La contratación bajo este sistema se realiza en dos fases: una de selección y otra de adjudicación, permitiendo que todas las empresas que cumplan los criterios participen en ambas fases. Este sistema permite únicamente la participación de empresas que hayan sido seleccionadas mediante un procedimiento de licitación restringido. El sistema dinámico de adquisición se basa en la negociación directa entre la Administración y el contratista, sin necesidad de convocatoria pública. El sistema dinámico de adquisición es un proceso de contratación simplificado que permite la adjudicación directa sin necesidad de establecer pliegos administrativos específicos.

De acuerdo con el artículo 218 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), ¿en qué casos puede la Administración modificar un contrato ya adjudicado sin necesidad de recurrir a un nuevo proceso de licitación?. La Administración puede modificar un contrato por razones de interés público, sin límite en cuanto al alcance o naturaleza de la modificación. El contrato puede ser modificado por la Administración cuando se trate de una sucesión en la persona del contratista, una revisión de precios o una ampliación del plazo de ejecución, siempre que dichas modificaciones estén debidamente justificadas en el expediente. La Administración solo puede modificar un contrato si la modificación no afecta al objeto principal del contrato y no implica un aumento del precio. Solo se permite la modificación del contrato si hay consenso entre todas las partes implicadas y si la modificación se realiza dentro de los límites previstos en el pliego inicial.

Según el artículo 34.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), ¿cuál es el plazo máximo que tiene la Administración para abonar las facturas correspondientes a un contrato de obras tras la fecha de recepción o conformidad del objeto del contrato?. La Administración tiene un plazo de 15 días para abonar las facturas tras la recepción de las obras. La Administración tiene un plazo de 30 días para abonar las facturas tras la fecha de recepción o conformidad. La Administración debe abonar las facturas en un plazo máximo de 60 días desde la fecha de recepción o conformidad. No existe un plazo máximo establecido para el abono de las facturas, pero se recomienda hacerlo lo antes posible para evitar penalizaciones.

De acuerdo con el artículo 218 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), en un concurso de proyectos, ¿cuál es el número mínimo de candidatos que deben ser seleccionados para pasar a la fase final de adjudicación?. No existe un número mínimo de candidatos; la selección depende de la calidad de las propuestas recibidas. El número mínimo de candidatos es 2, salvo que se justifique la imposibilidad de contar con más participantes. El número mínimo de candidatos es 3, debiendo justificarse cualquier excepción a este mínimo en el expediente. El número mínimo de candidatos es 5, garantizando así la competencia efectiva en la fase final.

¿qué ocurre si un empresario no puede acreditar su solvencia mediante los documentos requeridos por el órgano de contratación?. El contrato se adjudica automáticamente a otro licitador sin posibilidad de recurso. El empresario queda excluido de la licitación y no se le permite participar en futuros procesos de contratación. El empresario puede aportar otros medios de prueba que el órgano de contratación considere adecuados para acreditar la solvencia. El empresario está obligado a presentar una garantía económica adicional para participar en la licitación.

¿Qué se establece respecto a la vigencia de la clasificación de empresas para la contratación pública?. La clasificación tiene una vigencia indefinida y no requiere revisiones. La clasificación tiene una vigencia de cinco años, tras los cuales se debe renovar mediante un nuevo proceso de evaluación. La clasificación tiene vigencia indefinida, pero debe justificarse anualmente su mantenimiento. La clasificación tiene vigencia indefinida, pero debe justificarse cada tres años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera.

¿qué órganos son responsables de adoptar decisiones sobre la clasificación de empresas?. Las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, con posibilidad de recurso ante el Ministro competente. Los órganos de contratación de cada Comunidad Autónoma, sin posibilidad de recurso. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, sin posibilidad de recurso. Las entidades locales del sector público, con posibilidad de recurso ante el Ministro competente en Función Pública.

¿qué aspecto se valora para la clasificación de empresas en función de la solvencia?. La experiencia previa del empresario en contratos públicos. La solvencia, valorada conforme a los criterios reglamentarios y el valor estimado del contrato. La capacidad de contratación internacional del empresario. La solvencia y la antigüedad en el sector de la empresa.

¿cuál es el propósito de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público?. Proporcionar una base de datos accesible únicamente para las empresas licitadoras. Acreditar ante todos los órganos de contratación del sector público la aptitud del empresario para contratar. Permitir a los empresarios presentar ofertas en contratos de adjudicación directa sin necesidad de evaluación adicional. Facilitar el seguimiento de la actividad contractual de las empresas por parte de las entidades locales.

(Artículo 14 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, Texto refundido por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) ¿Qué porcentaje mínimo de empleados con discapacidad debe contratar una empresa con 50 o más trabajadores para poder contratar con el sector público?. El 5% de la plantilla. Al menos el 2% de la plantilla o cumplir con medidas alternativas. Al menos el 2,5% de la plantilla sin excepciones. No es necesario un porcentaje específico, basta con cumplir con la normativa de igualdad de oportunidades.

(Artículo 73 de la LCSP, Ley de Contratos del Sector Público) ¿Cuál de las siguientes circunstancias inhabilita a una persona para contratar con el sector público?. Haber sido sancionada por faltas leves en materia de seguridad laboral. Haber sido condenada por delitos relacionados con el terrorismo o la corrupción. Haber presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) en los últimos tres años. Haber recibido una sanción administrativa por infracciones leves en materia de protección de datos.

(Artículo 14.1 de la LCSP, Ley de Contratos del Sector Público) ¿Cuál de los siguientes documentos NO es necesario para que una persona jurídica acredite su capacidad de obrar ante la administración?. Escritura o documento constitutivo, estatutos o acta fundacional. Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias. Inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. Documento acreditativo de solvencia económica y financiera.

(Artículo 107 de la LCSP, Ley de Contratos del Sector Público) ¿Cuál es el límite máximo permitido para una modificación excepcional del contrato en cuanto al incremento del precio inicial?. Un 15% del precio inicial, IVA incluido. Un 10% del precio inicial, IVA excluido. Un 25% del precio inicial, IVA excluido. Un 20% del precio inicial, IVA excluido.

(Artículo 202 de la LCSP, Ley de Contratos del Sector Público) ¿Cuál de las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato puede establecer la administración en el pliego de cláusulas administrativas?. La obligación de contratar a empleados por encima de los convenios colectivos vigentes. La promoción de la sostenibilidad ambiental a través de la eficiencia energética. La obligación de aumentar el número de trabajadores fijos en plantilla. La exigencia de un incremento anual del 10% en la facturación.

¿qué sucede cuando un contrato celebrado por un poder adjudicador incurre en una causa de nulidad de derecho administrativo por falta de solvencia económica del adjudicatario?. El contrato se considera automáticamente inválido y se procede a su anulación sin necesidad de revisión de oficio. El contrato es válido, pero se revisará de oficio para determinar si la falta de solvencia es un error subsanable. El contrato puede ser declarado nulo y se deberá proceder a la liquidación del mismo, restituyendo las partes las cosas recibidas si esto es posible. El contrato es inválido desde su origen, pero se mantiene hasta que un tribunal competente declare su nulidad.

¿qué efectos tiene la declaración de nulidad de un contrato sobre los actos preparatorios y de adjudicación?. Los actos preparatorios y de adjudicación serán revisados por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales para verificar la nulidad. La declaración de nulidad del contrato afecta solo al contrato en sí, no a los actos preparatorios ni a la adjudicación. La declaración de nulidad del contrato lleva consigo la nulidad de los actos preparatorios y de adjudicación, y ambos entrarán en fase de liquidación. Los actos preparatorios se mantienen válidos, pero la adjudicación se revisa para asegurar la legalidad del contrato.

¿qué tipo de infracción puede causar la anulabilidad de un contrato administrativo?. La carencia de un procedimiento de adjudicación conforme a las normativas europeas. Cualquier infracción del ordenamiento jurídico que no conlleve la nulidad del contrato. La falta de clasificación del contratista en los registros obligatorios. La ausencia de publicación del contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea.

¿cuál de las siguientes situaciones permite la interposición de un recurso especial en materia de contratación?. Un contrato de obras con un valor estimado de 2.500.000 euros. Un acuerdo marco cuyo valor estimado es superior a 100.000 euros, sin ser aplicable el recurso especial. La adjudicación de un contrato basado en un sistema dinámico de adquisición con un valor inferior a 3.000.000 euros. La adjudicación de un contrato de suministro con un valor estimado superior a 100.000 euros.

¿qué órgano es competente para la revisión de oficio de los actos preparatorios y de adjudicación de los contratos en el ámbito de una Administración Pública?. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. El órgano de contratación o el titular del departamento al que esté adscrita la entidad contratante. El Tribunal de Cuentas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), y conforme al procedimiento de recursos especiales en materia de contratación, ¿qué sucede si un recurso es estimado totalmente?. Se procederá automáticamente a la adjudicación del contrato sin posibilidad de retroacción de las actuaciones. Se anularán todos los actos relacionados con la contratación impugnada y se devolverán las garantías aportadas. Se deberá ordenar la anulación de los actos impugnados y retrotraer las actuaciones, incluyendo la posible devolución de garantías. El órgano de contratación adoptará las medidas necesarias para evitar la retroacción de actuaciones, manteniendo la adjudicación.

Conforme al artículo 55 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), ¿en qué plazo deberá presentarse un recurso especial en materia de contratación contra un acto de adjudicación si el licitador ha sido notificado de la resolución?. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del perfil del contratante. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación. Dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación.

Según lo previsto en el artículo 53 de la Ley 9/2017 (LCSP), ¿cuándo se produce la suspensión automática de la adjudicación en el caso de interposición de un recurso especial?. Cuando el órgano competente acuerda la suspensión mediante resolución expresa tras valorar las medidas cautelares solicitadas. En cualquier caso, desde la interposición del recurso hasta que el órgano competente se pronuncie sobre la adjudicación. Desde el momento en que se notifica la interposición del recurso al órgano de contratación, sin necesidad de resolución expresa. No se produce suspensión automática, siendo siempre necesaria la resolución expresa del órgano competente.

En el marco de lo dispuesto por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), y según el texto proporcionado, ¿qué sucede si transcurren dos meses desde la interposición de un recurso especial sin que se dicte resolución?. El recurso se entiende desestimado y el interesado debe acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. El recurso se considera automáticamente estimado, debiendo el órgano de contratación adoptar las medidas para cumplir con la estimación. Se entenderá que el recurso ha caducado y no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. El interesado deberá esperar hasta que se resuelva expresamente el recurso, sin posibilidad de acción judicial inmediata.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 9/2017 (LCSP) y el procedimiento explicado, ¿en qué casos el recurso especial en materia de contratación puede interponerse fuera del plazo habitual de quince días?. Cuando el recurso se base en causas de nulidad de pleno derecho del acto administrativo impugnado. Cuando el acto impugnado no haya sido notificado conforme a lo previsto en la ley. Cuando el recurso se interponga por un tercero que no haya participado en el procedimiento de contratación. En ningún caso, el plazo de interposición es siempre de quince días, sin excepción.

Según lo establecido en el artículo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿qué debe hacer el órgano de contratación si una oferta se considera anormalmente baja?. Rechazar la oferta automáticamente sin pedir justificación al licitador. Solicitar al licitador una justificación sobre el precio o los costes propuestos y, si no se justifica adecuadamente, rechazarla. Aceptar la oferta si el precio es el más bajo, sin requerir justificación. Solicitar la revisión del pliego de condiciones para adaptarlo a la oferta presentada.

En virtud del artículo 145 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, cuando se utilice un único criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con: La calidad del producto o servicio ofertado. La experiencia previa del licitador. El precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. El impacto social y medioambiental de la oferta.

En un procedimiento de subasta electrónica, regulado en el artículo 148 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?. La subasta se desarrolla en varias fases sucesivas, comunicándose de manera continua e instantánea la información sobre la clasificación relativa de las ofertas. Se permite a los licitadores conocer las identidades de sus competidores durante la subasta. La subasta no se aplicará a contratos cuyo objeto tenga relación con la calidad alimentaria. Los valores a mejorar en la subasta deben estar relacionados con aspectos evaluables mediante fórmulas establecidas en los pliegos.