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¿Cuál de los siguientes no es uno de los procedimientos de adjudicación incluidos en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos?. Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación. Asociación para la innovación. Procedimiento reservado. Régimen especial para contratos de menor cuantía.

La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado la licitación para la contratación de la limpieza diaria de su sede mediante procedimiento abierto. El valor estimado del contrato asciende a 262.000,00 euros. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: El anuncio de licitación se publicará en el Portal de Contratación de Navarra y, potestativamente, en el Diario Oficial de la Unión Europea, de acuerdo con las modalidades y plazos previstos para ésta. El anuncio en el Boletín Oficial de Navarra deberá preceder a cualquier otra publicidad, y su fecha de publicación será la determinante para el cómputo de plazos de la tramitación del expediente. El plazo mínimo de presentación de ofertas señalado en los pliegos deberá ser de quince días a partir de la fecha de publicación del anuncio en el Portal de Contratación de Navarra. El plazo mínimo de presentación de ofertas señalado en los pliegos deberá ser de treinta días a partir de la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea para su publicación.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la tramitación administrativa de la contratación expuesta en la pregunta anterior: El plazo de que dispone el órgano de contratación para adjudicar el contrato es de un mes desde la finalización del plazo de presentación de ofertas por parte de los licitadores. La contratación se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente. Salvo que en el pliego se hubiera señalado uno mayor, en el plazo de diez días naturales contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, el contrato se formalizará en documento administrativo. La adjudicación del contrato se anunciará en el Portal de Contratación de Navarra en el plazo de diez días desde la finalización del plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación del contrato.

En relacion a los plazos mínimos de licitación en los contratos de valor estimado inferior al umbral europeo regulados en al artículo 94 de la ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos: En los procedimientos abiertos el plazo de presentación de ofertas será de diez días a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación. En los procedimientos restringidos y negociados el plazo de presentación de las solicitudes de participación será de diez días hábiles a partir de la fecha de publicación del anuncio. En diálogo competitivo, el plazo de presentación de solicitudes será de diez días a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación. En el procedimiento simplificado el plazo mínimo para presentar ofertas será de 10 días.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, será obligatoria la constitución de una Mesa de Contratación para la adjudicación de contratos públicos cuyo valor estimado exceda de: 50.000 euros en servicios y suministros y de 120.000 en obras. 60.000 euros con independencia de la calificación del contrato. 50.000 euros en servicios y suministros y de 200.000 en obras. 60.000 euros en servicios y suministros y de 200.000 en obras, y para los contratos de concesión en todos los casos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo: De un mes desde el acto de apertura de la oferta económica, salvo que en los pliegos se haya establecido otro plazo. De un mes desde el acto de evaluación de los criterios no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, salvo que en los pliegos se haya establecido otro plazo. De tres meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar ofertas. De dos meses desde el acto de apertura de la oferta económica.

Los procedimientos de licitación regulados en la ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, que admiten negociación son los siguientes: Procedimiento negociado, procedimiento negociado sin convocatoria de licitación, diálogo competitivo y asociación para la innovación. Únicamente el procedimiento negociado y el procedimiento negociado sin convocatoria de licitación. Procedimiento negociado, procedimiento negociado sin convocatoria de licitación, diálogo competitivo y concurso de proyectos. Procedimiento negociado, procedimiento negociado sin convocatoria de licitación, diálogo competitivo y procedimiento simplificado.

Cuando en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo, sin haberse notificado resolución expresa, produce efecto estimatorio: a) La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. b) La resolución expresa posterior se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. c) La estimación por silencio exime a la administración de su obligación de dictar resolución expresa. Las respuestas a) y b) son correctas.

Señala el artículo 21.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común que los plazos máximos en los que se deberá notificar la resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio se contarán: Desde el día siguiente al acuerdo de iniciación. Desde la fecha del acuerdo de iniciación. Desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación. Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico del Organismo competente para su tramitación.

Según el art. 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, que regula la emisión de informes: Los informes serán facultativos y vinculantes, salvo disposición expresa en contrario. De no emitirse informe en el plazo señalado, se podrá proseguir las actuaciones en todo caso. Los informes serán preceptivos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario. Se podrá suspender el plazo legal máximo para resolver el procedimiento cuando se soliciten informes preceptivos por un plazo máximo de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo, proseguirá el procedimiento.

Respecto del recurso de alzada, el art. 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Podrá interponerse únicamente ante el órgano que dictó el acto que se impugna. Podrá interponerse únicamente ante el órgano competente para resolverlo. Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Se interpone únicamente ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta: Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes. Unicamente pondrán fin al procedimiento la resolución, la declaración de caducidad y la renuncia del interesado. El plazo para interponer recurso de reposición será de un mes si el acto fuera expreso. La interposición de un recurso de reposición conllevará la suspensión del acto impugnado.

En relación con la obligación de resolver de las Administraciones Públicas cuál es falsa. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en el plazo indicado por la norma que regule su procedimiento. Si no existiera norma que estableciera un plazo máximo para resolver y notificar este será de 2 meses. La Administración deberá resolver y notificar a falta de plazo concreto establecido en la norma correspondiente en el plazo máximo de 3 meses. De llevarse a cabo por el órgano competente para resolver un acuerdo de ampliación del plazo para resolver, contra este no cabrá recurso.

Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los que tengan un contenido imposible. Los que tengan un defecto de forma si el mismo pudiera causar indefensión. Los que se lleven a cabo fuera del tiempo establecido y así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Cuando se dicten por órgano incompetente.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: El plazo para interponer recurso de alzada será de un mes si el acto fuera expreso. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada o de reposición según los casos en el plazo de tres meses. El plazo para interponer recurso potestativo de reposición será de quince días si el acto fuera expreso. El plazo máximo para resolver y notificar un recurso de alzada será de 2 meses.

Señala cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA. En el artículo 42.2 de la ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos se señalan distintos aspectos que deben tenerse en cuenta para el cálculo del valor estimado de los contratos públicos. Entre ellos están: Las primas o pagos a participantes. La totalidad de las modificaciones al alza previstas calculadas sobre el importe de la licitación. Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. El importe de la licitación, que comprenderá como máximo los costes derivados de la aplicación de los convenios colectivos sectoriales de aplicación y normativa laboral vigente, otros costes que se deriven de la ejecución material del contrato, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el plazo de duración máximo de un contrato de suministro o servicio será de: Cinco años como máximo en todo caso. Cinco años, salvo que por circunstancias excepcionales sea necesario un plazo mayor. Cuatro años como máximo en todo caso. Cuatro años, salvo que por circunstancias excepcionales sea necesario un plazo mayor.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, cuando se utilice una pluralidad de criterios de adjudicación, ¿qué porcentaje de la puntuación deberá calcularse mediante la aplicación de fórmulas objetivas?. 100%. 75%. 50%. 25%.

Según el artículo 70 de la ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, ¿cuál de las siguientes NO es una forma admisible de constituir las garantías definitivas exigidas en los contratos?. Mediante retención en el precio si el pliego lo establece expresamente. Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución. En metálico o en valores de Deuda Pública. Mediante aval a primer requerimiento prestado por una entidad bancaria.

De acuerdo con el artículo 34 de la ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, los contratos privados de la Administración se regirán: En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extición por las normas de derecho privado. En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas administrativas especificas, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y sus disposiciones de desarrollo y en lo que respecta a sus efectos y extición, por las normas de derecho privado. En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extición, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta dado que la Administración no puede celebrar contratos privados.

Respecto al procedimiento simplificado recogido en el artículo 80 de la ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos: Solo podrá utilizarse en los contratos de servicios y suministros de valor estimado inferior a 60.000 euros y en los contratos de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros. El órgano de contratación solicitará siempre que sea posible ofertas al menos a 3 empresas o profesionales que puedan ejecutar el contrato. Podrán acogerse a procedimiento simplificado aquellos cuyo valor estimado no exceda de 15.000 euros en los contratos de servicios y suministros y de 40.000 euros cuando se trate de contratos de obra. Puede utilizarse cuando por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos exclusivos, el contrato solo pueda ser ejecutado por una empresa o profesional determinados.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, todos los plazos establecidos en dicha ley Foral se entendarán referidos a: Días naturales. Días naturales salvo que expresamente se diga lo contrario. Días hábiles. Días hábiles salvo que expresamente se diga lo contrario.

Los recursos administrativos, cuál de las siguientes es falsa: La Ley 39/2015 contempla tres tipos de recursos administrativos: el recurso de alzada, y el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión. Los actos de trámite salvo que estos decidan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos no son susceptibles de recursos. Cualquier resolución o acto de trámite es susceptible del recurso de alzada o del recurso potestativo de reposición. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.

La Ley 39/2015 es aplicable a: La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. Los Organismos Públicos y Entidades de derecho Público vinculados o dependientes de las anteriores. A las Universidades públicas, supletoriamente. Todos las anteriores son ciertas.

La gestión de las subvenciones a que se refiere la ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios: Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Todas las anteriores son ciertas.

En relación con los beneficiarios de las subvenciones, cuál es la falsa: Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. Para tener la condición de beneficiario tanto las personas físicas, como jurídicas como la agrupación de ambas, u otro tipo de comunidades económicas deberán tener personalidad jurídica propia. No podrá obtener la condición de beneficiario si el sujeto solicitante tuviera residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. No podrá obtener la condición de beneficiario quien no se halle al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

Sobre las bases reguladoras de las subvenciones, cual es falsa. Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. Deberán contener entre otros aspectos, el procedimiento de concesión y los criterios de otorgamiento. Podrán contener entre otros aspectos los plazos de justificación sobre el cumplimiento de la finalidad de la subvención. Deberán contener los requisitos que han de reunir los beneficiarios para la obtención de la misma.

Sobre los gastos subvencionables, cuál es falsa. Deben resultar estrictamente necesarios para el cumplimiento del fin subvencional. En todo caso deberán ser abonados con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención. Cuando no se haya establecido un plazo concreto de realización, los gastos deberán realizarse antes de que finalice el año natural en que se ha ya concedido la subvención. En ningún caso serán gastos subvencionales los producidos en procesos judiciales.

Sobre la gestión de las subvenciones. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto u objetivo subvencionable, no siendo posible en ningún caso anticipos a cuenta. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. Con posterioridad a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones públicas. La carencia de crédito presupuestario no será motivo suficiente para anular la concesión de la subvención.

Sobre el reintegro de la subvención: El incumplimiento de cualquier obligación formal impuesta por la Administración subvenionadora resultará motivo suficiente para el reintegro total de la subvención. Aún cuando el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, si ha habido retraso en la justificación deberá abrirse procedimiento de reintegro total. Se encuentra prevista legalmente como causa de reintegro la obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. Prescribirá a los cinco años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro.

Sobre los procedimientos de naturaleza sancionadora, cual es la falsa: Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento. El acuerdo de iniciación deberá contener en todo caso la identificación de la persona o personas presuntamente responsables. El acuerdo de iniciación deberá contener en todo caso la calificación concreta de la infracción y la sanción que corresponda, que se elevará al órgano competente para resolver.

Además del resto de derechos previstos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho, según el art. 53: A conocer, en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y tener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. A presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate que ya se encuentren en poder de la Administración Pública o que hayan sido elaboradas por estas. A formular alegaciones, a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y a aportar documentación en cualquier fase del procedimiento, que deberá ser tenida en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. La a) y la c) son correctas.

¿Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo?. No, en ningún caso. Sí en todo caso. Cuando se dicten en sustitución de actos nulos que no lesionen derechos o interes legítimos de otras personas. Todas son falsas.

¿Se podrá suspender la ejecución de un acto impugnado?. No, la interposición de un recurso nunca suspenderá la ejecución de un acto impugnado. Podrá suspenderlo, previa ponderación, cuando tenga un contenido imposible. Podrá suspenderlo cuando contenga un defecto de forma. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si con la presentación del recurso se solicita la suspensión, transcurrido tres meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.

En los procedimientos sancionadores, la resolución que ponga fin al procedimiento. Será siempre ejecutiva, aun cuando quepa contra ella recurso ordinario en vía administrativa. Siempre precisará de la adopción de disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia. Será ejecutiva cuando sea firme en vía administrativa. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Según la ley 2/2018, de 13 de abril, de contratos Públicos en relación con los contratos de concesión de obras públicas, ¿cuál es falsa?: En todo caso es obligatoria la Mesa de contratación. Por regla general, su duración máxima es de 30 años. Podrá tener hasta 5 prórrogas con un periodo máximo de 75 años. El objeto de estos contratos es como el contrato de obras, pero la retribución puede ser únicamente el derecho a explotar la obra, o bien este derecho acompañado de un precio, con traslado del riesgo operacional por parte del contratista.

¿Qué recurso puede interponerse contra la aprobación del presupuesto municipal?. Recurso de alzada. Recurso contencioso administrativo. Recurso potestativo de reposición. La b y la c) son ciertas.

¿Cuál de los siguientes actos puede ser recurrido mediante la interposición de un recurso potestativo de reposición?. Un acto que ponga fin a la vía administrativa. Un acto que no ponga fin a la vía administrativa. Un acto que no incurra en una causa de nulidad. Un acto que no incurra en causa de anulabilidad.

Las disposiciones administrativas que contradigan lo establecido en una norma de rango legal: Son nulas de pleno derecho. Son anulables. Podrán recurrirse en vía administrativa. Todas son falsas.

Entre las funciones de la Mesa de Contratación, NO corresponde la Mesa: La formulación de la invitación para la presentación de la oferta en el procedimiento simplificado. La valoración de la presunción de existencia de una oferta anormalmente baja y su aceptación o exclusión previa tramitación del procedimiento establecido en esta ley foral. La solicitud a la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación de la documentación necesaria de acuerdo con el pliego. La calificación de la documentación acreditativa de la personalidad y, en su caso, de la representación, así como de la documentación relativa a las causas de exclusión para contratar.

Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación a los reglamentos y actos administrativos: Los actos administrativos no vinculan como fuente del derecho a la Administración, aunque sean generales. La sanción de ilegalidad de un acto administrativo es siempre la anulabilidad, mientras que la de una Reglamento es, por lo general, la nulidad. La potestad de dictar actos administrativos corresponde a todo órgano de la Administración, pero no así la potestad reglamentaria que corresponde solo a quienes la tienen atribuida expresamente. El Reglamento se impugna normalmente por unos cauces procesales distintos que los del acto administrativo.

Según la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la totalidad de los tipos de contratos existentes son: Contrato obras; suministros; servicios; concesión de obras públicas; y mixtos. Contrato de obras; suministros; servicios; concesión de obras públicas; concesión de servicios y mixtos. Contrato de obras; suministros; servicios; concesión de obras públicas y concesión de servicios.

Señala la respuesta correcta: Todos los contratos celebrados por una Administración Pública son contratos administrativos. Las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos que celebren los entes públicos que no reúnan la condición de Administraciones Públicas corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa. La preparación, adjudicación, efectos y extinción de los contratos que celebren las Administraciones Públicas corresponde, en todo caso, a la jurisdicción contencioso-administrativa.

En cuál de los siguientes contratos NO puede utilizarse el procedimiento simplificado?. Contrato de obras con un valor estimado de 800.000€. Contrato de concesión de servicios con un valor estimado de 950.000€. En todos los anteriores.

Indicar la respuesta correcta. Según el art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el plazo para subsanar una solicitud que no reúne los requisitos establecidos en la norma de una convocatoria de subvenciones es de: Plazo máximo de 10 días prorrogables por otros 3. Plazo máximo e improrrogable de 10 días. El plazo será determinado por el órgano competente.

Indicar la respuesta correcta. Según el art. 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los pagos anticipados o a cuenta de subvenciones: Deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención. En ningún caso pueden hacerse pagos anticipados o a cuenta de una subvención. Deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención y siempre y cuando la subvención concedida exceda de 3.000 euros.

Indicar la respuesta correcta a la siguiente afirmación. Según el art. 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Verdadero. Falso. Depende de la cuantía económica de la subvención.

Indicar la respuesta correcta. Según el art. 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de concesión de subvención, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea: No podrá exceder de tres meses. No podrá exceder de seis meses. Será inferior a dos meses.