1. La reforma constitucional, según el artículo 169 de la Constitución Española, no podrá iniciarse: Durante el primer año de la legislatura. Durante el último año de la legislatura. En tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados alarma, excepción o sitio. Todas las respuestas anteriores son correctas.
2. Según el artículo 6 de la Constitución Española, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política Los Sindicatos y las Asociaciones de Empresarios. Las Fuerzas Armadas. Los Partidos Políticos. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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3. En materia de montes, según la Constitución El Estado tiene competencia exclusiva para dictar la legislación básica. El Estado no tiene competencia de ninguna clase. Las Comunidades Autónomas no pueden asumir competencias. La Constitución Española no contiene ninguna disposición competencial en materia de montes.
4. Según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en:
Provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan. Islas, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios, regiones históricas y provincias que se constituyan. Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
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5. La Constitución, en su artículo 140, garantiza la autonomía de: Las regiones. Los municipios. Las comarcas. Los territorios.
6. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas: Mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Mediante ley, facultades correspondientes a materia de titularidad local que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Mediante ley de transferencia, facultades correspondientes a materia de titularidad regional que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Mediante ley de armonización, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
10. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: No es de aplicación a las relaciones entre las administraciones públicas y el personal a su servicio. No será de aplicación, en ningún caso, a las funciones públicas de Policía, seguridad y resguardo aduanero. Tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Todas las respuestas anteriores son correctas.
13. Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La prevención de riesgos laborales y el Sistema de la Seguridad Social.. El turismo. La seguridad pública. El derecho de acceso a la información no tiene ninguna limitación.
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14. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales:
No se encuentra amparado por el artículo 18.4 de la Constitución. Se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre. No está reconocido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
15. Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, entre otros, del siguiente derecho: A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General
electrónico de la Administración. A la protección de datos de carácter personal, pero no a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. Al acceso a la información pública, pero no a los archivos y registros, que dependerá de su condición de interesado en los procedimientos. Todas las respuestas anteriores son correctas.
16. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no: Salvo que no estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. No pudiendo estar obligadas a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de unos medios u otros. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
17. La persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de datos personales, se denomina: Encargado del tratamiento. Responsable del tratamiento. El interesado. El afectado.
18. De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios: No electrónicos, aún cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado no resulte obligado a recibirlas por esta vía. Nunca se practicarán electrónicamente.
19. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional: Están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. Están obligadas a relacionarse a través de medios no electrónicos. No están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. Ninguna respuesta es correcta.
20. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la representación se presumirá y no debe acreditarse para: Interponer recursos. Renunciar a derechos. Desistir de acciones. Para los actos y gestiones de mero trámite.
21. En un procedimiento administrativo los interesados tienen los siguientes derechos: A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya
responsabilidad se tramiten los procedimientos. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, incluso con posterioridad del trámite de audiencia. A actuar asistidos de asesor cuando lo considere conveniente la Administración. A presentar documentos originales, siempre y cuando se encuentren en posesión de los mismos.
22. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas: Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. No podrá ser modificado con posterioridad al trámite de audiencia. Únicamente podrá ser modificado cuando de no hacerlo se corra riesgo de no alcanzarse las pretensiones del interesado. No podrá ser modificado de manera unilateral por el interesado.
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23. ¿Cuál es el plazo máximo para que el órgano competente para resolver pueda expedir un certificado de silencio administrativo una vez solicitado por el interesado? 20 días. 15 días. 30 días. La Ley no establece ningún plazo.
28. El recurso de alzada: Deberá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna. Tendrá que interponerse en el plazo de 10 días, si el acto fuera expreso. Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Únicamente cabe contra actos que pongan fin a la vía administrativa.
29. El recurso contencioso administrativo: Sólo es admisible ante los actos definitivos que ponen fin a la vía administrativa; Se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Es admisible contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Únicamente puede interponerse después de la desestimación de un recurso de alzada o reposición.
30. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. La legislación autonómica correspondiente. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común o, en su defecto, en la legislación autonómica correspondiente. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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31.- Serán nulos de pleno derecho los actos: Que se notifiquen fuera del plazo establecido para la terminación del procedimiento. Que presenten defectos de forma y produzcan indefensión al administrado. Que incurran en desviación de poder. Que se dicten por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.
32. Según el artículo 43.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter general, la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante: Certificado electrónico del titular del órgano o empleado público. Sello electrónico del titular del órgano o empleado público. Firma electrónica del titular del órgano o empleado público. La identificación automatizada de la dirección del correo electrónico.
33. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos administrativos no fijen el plazo máximo para resolver, este será de: 2 meses. 3 meses. 6 meses. 9 meses.
34. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa por parte de la Administración: Será el que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento. No podrá exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. En los procedimientos iniciados de oficio, se notificará la resolución cuando la Administración lo determine. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado será de tres meses y en los procedimientos iniciados de oficio será el que fije la norma reguladora del procedimiento.
35. El plazo para ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es: Seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Un año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo 18 meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
36. El particular tiene derecho a ser indemnizado por la Administración Pública: Por todo daño que se le produzca en los términos establecidos en el Código Civil. De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con Ley. Siempre que el daño alegado sea grave, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas. Siempre que el daño alegado sea muy grave, efectivo, evaluable económicamente e individualizado
con relación a una persona o grupo de personas.
37. Las retribuciones que retribuyen las características de los puestos de trabajo y la carrera profesional de los funcionarios se denominan: Básicas. Complementarias. Extraordinarias. Específicas.
38 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos deberán actuar de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios: Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación
al servicio público y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Tipicidad, legalidad, irretroactividad, concurrencia, prescripción y respeto al ciudadano. Transparencia, legalidad, protección de datos y no discriminación. Todas las respuestas anteriores son correctas.
39. El personal eventual al servicio de las Administraciones Públicas es aquel que: En virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza funciones de alta dirección y gestión con cargo al Presupuesto General del Estado; En virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente
calificadas como de confianza o asesoramiento especial. En virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas Ha sido contratado en virtud de un contrato eventual de los regulados en el artículo 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores;.
40.- De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias, los poderes de la Comunidad Autónoma de Canarias se ejercen a través:
De la Presidencia del Gobierno y del Parlamento de Canarias. De la Presidencia del Gobierno y los Cabildos Insulares. Del Gobierno, los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos de los municipios de gran población. Del Parlamento, de la Presidencia y del Gobierno.
41.- De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias:
La Presidencia designa y separa libremente a la persona titular de la Vicepresidencia y a los restantes miembros del Gobierno, dirige su actuación y, como titular de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, ostenta la más alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado. La Presidencia designa y separa al titular de la Vicepresidencia y a los restantes miembros del Gobierno, coordina su actuación y, como titular de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, ostenta la más alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma. La Presidencia designa y separa libremente a la persona titular de la Vicepresidencia y a los restantes miembros del Gobierno, dirige y coordina su actuación y, como titular de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, ostenta la más alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma. Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.
42. Bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno de Canarias y dentro de los límites del Estatuto de Autonomía, la Administración de la Comunidad Autónoma se organiza en:
Comisiones Interdepartamentales. Consejerías. Delegaciones del Gobierno en las islas. Direcciones Territoriales.
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43. Cuál de las siguientes atribuciones no corresponde a los Jefes de Servicio de la Administración Autonómica de Canarias:
Instruir y formular la propuesta de resolución en aquellos procedimientos en que deban resolver los órganos departamentales a que estén adscritos. Suscribir los contratos administrativos menores. Expedir certificaciones de los expedientes que tramiten o cuyos antecedentes custodien. Diligenciar las comparecencias de los administrados.
44. Las Secretarías Generales Técnicas son: Órganos a los que corresponde un sector material de las funciones del Departamento. Órganos horizontales de coordinación administrativa general de los Departamentos. Unidades administrativas de apoyo a los órganos departamentales y de preparación, ejecución y documentación de sus decisiones. Ninguna de las respuestas es correcta.
45. Respecto a la sede de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: La sede del Presidente del Gobierno de Canarias alternará entre ambas capitales por períodos legislativos. El Vicepresidente residirá en la misma sede que el Presidente Las sedes de las Consejerías se distribuirán entre las Islas que componen la Comunidad Autónoma Las sedes de las consejerías alternarán entre ambas capitales por períodos legislativos.
46. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratado, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otro en situación comparable, se considera: Discriminación directa por razón de sexo. Discriminación indirecta por razón de sexo. Acoso por razón de sexo. Agresión sexual.
47.- La violencia de género a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004 comprende: Únicamente actos de violencia física. Únicamente actos de violencia psicológica. Actos de violencia física y psicológica. Ninguna es correcta.
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