Cuarenta (B)

1. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo según la ley 40/2015 se ejercerá por: a) quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. b) quien designe el órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa. c) cualquier titular del mismo órgano administrativo. d) cualquier titular del órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa.

2. Respecto a la delegación de firma no es correcto: a) no alterará la competencia del órgano delegante. b) para su validez deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración delegante. c) en las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. d) ninguna es correcta.

3. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente: a) en los supuestos de vacante o ausencia. b) en los supuestos de enfermedad. c) en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. d) todas son correctas.

4. No es correcto respecto a los órganos colegiados: a) el régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente Ley, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran. b) el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. c) las Administraciones no podrán publicar el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento en otros medios de difusión. d) cuando se trate de un órgano colegiado en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, la publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia.

5. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas: a) que cuenten con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. b) que no cuenten con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. c) que cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. d) ninguna es correcta.

6. La suplencia: a) implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. b) no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. c) implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos. d) no implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos.

7. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse: a) en los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales. b) en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes. c) por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de nombramiento, bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. d) todas son correctas.

8. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén: a) la delegación de competencias, la avocación, la delegación de firma y la suplencia. b) la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. c) la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. d) la delegación de competencias, la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia.

9. Respecto a la encomienda de gestión, dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda, será responsabilidad de: a) el órgano o Entidad encomendada. b) el órgano o Entidad encomendante. c) cualquiera de los anteriores. d) ninguno de los anteriores.

10. Respecto a los datos de carácter personal a los que se pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión: a) la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento. b) la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento. c) la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de encargado del tratamiento. d) la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento.

11. Se realizará mediante acuerdo motivado: a) la avocación. b) la delegación de firma. c) la suplencia. d) la encomienda de gestión.

12. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que (señala la incorrecta): a) podrá ser un miembro del propio órgano. b) podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. c) podrá ser una persona ajena a la Administración Pública correspondiente. d) ninguna es correcta.

13. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública: a) incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública. b) excepto las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, será privada. c) incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, será privada. d) excepto las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública.

14. Se entiende por actuación administrativa automatizada: a) cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público. b) cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público. c) cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. d) cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.

15. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales: a) podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. b) identificarán de forma separada al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. c) únicamente identificarán al titular del puesto de trabajo o cargo. d) ninguna es correcta.

16. Los certificados electrónicos que usen las Administraciones Públicas como sistemas de identificación incluirán (señala la incorrecta): a) el número de identificación fiscal. b) la denominación correspondiente. c) en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. d) el periodo de validez del certificado.

17. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: a) sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b) código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, no permitiéndose la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. c) a y b son correctas. d) a y b son incorrectas.

18. Señala la incorrecta: a) en todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno abierto de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan. b) las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. c) con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado. d) todas son correctas.

19. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza: a) en el mismo formato a partir del que se originó el documento. b) en cualquier formato que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. c) en el formato que decidan los particulares. d) a y b son correctas.

20. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en: a) el Esquema Nacional de Seguridad. b) el Consejo de Ministros. c) el Punto de Acceso General electrónico de la Administración. d) el Registro Electrónico General de cada Administración.

21. Serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en esta Ley: a) los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público o privado. b) los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público. c) los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público. d) los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público o privado.

22. Los medios o soportes en que se almacenen documentos asegurarán (señala la incorrecta): a) la identificación de los usuarios y el control de accesos. b) el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. c) la recuperación y conservación a corto plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran. d) todas son correctas.

23. Los convenios: a) podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la presente Ley. b) podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. c) no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la presente Ley. d) no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.

24. Según el artículo 3.4 de la ley 40/2015, cada una de las AAPP del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica: a) propia. b) plena. c) única. d) ninguna respuesta es correcta.

25. Según el artículo 17.4 de la ley 40/2015, no podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que: a) asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría absoluta. b) asistan la mayoría absoluta de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. c) salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. d) estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, y así lo decidan todos sus miembros.

26. Según el artículo 33.3 de la ley 40/2015, en los casos previstos en el apartado primero del artículo 33, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia: a) será fijada atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. b) vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. c) se fijará atendiendo a la intensidad de la intervención. d) ninguna respuesta es correcta.

27. Según el artículo 47.1 de la ley 40/2015 los convenios no podrán tener por objeto: a) Encomiendas de gestión ni acuerdos de terminación convencional de procedimientos administrativos. b) acuerdos de terminación convencional de procedimientos administrativos. c) prestaciones propias de los contratos. d) acuerdos de terminación oficial de procedimiento administrativo.

28. Señale la respuesta correcta: a) Las competencias que se ejerzan por delegación no podrán delegarse, salvo que así lo autorice expresamente el órgano delegante. b) La encomienda de gestión no supone una cesión de la titularidad de la competencia pero sí de los elementos determinantes de su ejercicio. c) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes con anterioridad a la resolución final que se dicte. Dicho acuerdo deberá ser notificado a los interesados. d) El acuerdo de suplencia no deberá ser publicado.

29. Según el artículo 33 de la ley 40/2015, señale la respuesta es correcta: a) Cuando se trate de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones pública, éstas responderán en todo caso de forma solidaria. b) En otros supuestos de concurrencia, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a la mayor intensidad en la financiación. c) La responsabilidad de las Administraciones en supuestos de concurrencia que no sea la gestión dimanante de fórmulas conjuntas se regulará según lo fijado en los estatutos o reglas de la organización colegiada. d) a) y c) son correctas.

30. Señale la respuesta correcta sobre el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y el personal al servicio de las AAPP. El plazo de audiencia será de: a) 7 días. b) 10 días. c) 15 días. d) no inferior a 10 días ni superior a 15 días.

31. En el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y el personal al servicio de las AAPP ¿cuál sería el plazo de alegaciones?. a) 7 días. b) 10 días. c) 15 días. d) no inferior a 10 días ni superior a 15 días.

32. Señale la respuesta correcta sobre los convenios administrativos. a) Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. b) Los convenios se perfeccionan con la inscripción en el registro y la publicación en el BOE. c) No podrán tener una duración superior a 4 años. d) Una vez resuelto el convenio, se deberá abonar la diferencia de los importes de las actuaciones ejecutadas, en el plazo de 30 días desde que se hubiera aprobado la liquidación.

33. Se deberá remitir al Tribunal de Cuentas u órgano externo de la fiscalización de la Comunidad Autónoma los convenios que: a) Dentro de los seis meses siguientes superen los 600.000 euros. b) Dentro de los seis meses siguientes superen los 60.000 euros. c) Dentro de los tres meses siguientes superen los 600.000 euros. d) Dentro de los tres meses siguientes superen los 60.000 euros.

34. Señale la respuesta incorrecta sobre los principios de la potestad sancionadora: a) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición legal o reglamentaria. b) Las disposiciones reglamentarias podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente. c) Las infracciones leves prescriben en el plazo de un año. d) El plazo de prescripción de la sanción ante la desestimación presunta de un recurso de alzada comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.

35. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad, ¿en qué artículo de la ley 40/2015, se recoge este texto correspondiente a un principio de la potestad sancionadora?. a) Artículo 29, principio de proporcionalidad. b) Artículo 25, principio de legalidad. c) Artículo 28, principio de responsabilidad. d) Artículo 27, principio de tipicidad.

36. Según el artículo 36 de la ley 40/2015, para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta ley, los particulares: a) Exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. b) Exigirán conjuntamente a la Administración Pública correspondiente y al personal a su servicio las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por estos. c) Exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por el personal a su servicio, pero no por sus autoridades, que deberán ser exigidas por separado. d) Ninguna respuesta es correcta.

37. El procedimiento de responsabilidad patrimonial: a) Es un procedimiento extraordinario. b) Es un procedimiento especial regulado en la ley 40/2015. c) Se integra como especialidad dentro del procedimiento administrativo común. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

38. Según el artículo 18 de la ley 40/2015, el acta de cada sesión de un órgano colegiado: a) Podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. b) Nunca podrá aprobarse en la misma reunión, solo en la inmediata siguiente. c) Solo podrá aprobarse en la misma reunión si se redacta acta y firma en el día de la reunión. d) Se aprobará al final de la reunión correspondiente.

39. Según el artículo 24 de la ley 40/2015, el recusado en un procedimiento administrativo manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada: a) En el día siguiente. b) En el mismo día. c) En los tres días siguientes. d) En los dos días siguientes.

40. Según el artículo 17.1 de la ley 40/2015, para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá como norma general: a) La asistencia presencial del presidente y secretario, o en su caso de quienes les suplan, y la mitad al menos de sus miembros. b) La asistencia presencial del presidente y secretario, o en su caso de quienes les suplan, y un tercio al menos de sus miembros. c) La asistencia presencial o a distancia del presidente y secretario, o en su caso de quienes les suplan, y la mitad al menos de sus miembros. d) La asistencia presencial o a distancia del presidente y secretario, o en su caso de quienes les suplan, y la mitad al menos de sus miembros.

41. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la delegación de competencias señale la respuesta correcta: a) La delegación será revocable por el órgano que la haya conferido siempre que sea con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución del procedimiento. b) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. c) No podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la adopción de disposiciones de carácter general. d) Ninguna respuesta es correcta.

42. A tenor de los dispuesto en la ley 40/2015, ¿a qué órgano le corresponde responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden?. a) Secretario de Estado. b) Subsecretario. c) Secretarios generales. d) Secretarios generales técnicos.

43. Los principios generales de actuación de la administración pública se encuentran regulados en la actualidad: a) En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) En la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. c) En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. d) En la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

44. Según el artículo 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos sólo se requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los casos en que se les atribuya la siguiente competencia: a) Competencias decisorias. b) Competencias de propuesta o emisión de informes, preceptivos o no, que sirvan de base a decisiones de otros órganos administrativos. c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de cualquier Administración Pública. d) Todas son ciertas.

45. A tenor del artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la potestad sancionadora de las Administraciones públicas: a) Se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una disposición de rango legal o reglamentario. b) Corresponde su ejercicio a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. c) Se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una disposición de rango reglamentario. d) Corresponde su ejercicio a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal.

46. Según el artículo 47 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de los siguientes no es un tipo de convenio que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas?: a) Los convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado. b) Los convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública. c) Los convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las Administraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional. d) Los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas.

47. Señale la respuesta incorrecta: a) Respecto del principio de legalidad de la potestad sancionadora, el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley. b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no regula los principios de la potestad sancionadora. c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores. d) Respecto del principio de legalidad de la potestad sancionadora, el artículo 25 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley.

48. De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la sede electrónica se define como: a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, no define la sede electrónica. b) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada. c) El registro electrónico único, de acceso libre y gratuito, el cual permitirá la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, durante las veinticuatro horas de todos los días del año. d) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.

49. Que plazos de prescripción de las sanciones establece el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Tres años por faltas muy graves, dos años por faltas graves y un año por faltas leves. b) Tres años por faltas muy graves, dos años por faltas graves y seis meses por faltas leves. c) Tres años por faltas muy graves, un año por faltas graves y seis meses por faltas leves. d) Cuatro años por faltas muy graves, tres años por faltas graves y un año por faltas leves.

50. De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los subdirectores generales: a) Serán nombrados entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. b) Serán nombrados entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública. c) Serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1, salvo que el real decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la subdirección general, su titular no reúna dicha condición de funcionario. d) Serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al subgrupo A1.

51. El artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, establece como causa de resolución de los convenios: a) El acuerdo mayoritario de los firmantes. b) La resolución administrativa declaratoria de la nulidad del convenio. c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. d) Cualquier discrepancia de entidad suficiente entre las partes, aunque no esté prevista expresamente en el documento del convenio.

52. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, es un motivo de abstención: a) Tener parentesco de afinidad dentro del tercer grado con cualquiera de los interesados. b) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. c) Tener relación de amistad con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. d) Haberle prestado a algún interesado, hace cuatro años, servicios profesionales de cualquier tipo.

53. De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Ministerios contarán, en todo caso, con: a) Secretarías de Estado. b) Secretarías Generales. c) Subsecretaría. d) Direcciones Generales.

54. Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de los siguientes NO es un órgano directivo: a) Embajador. b) Secretario de Estado. c) Director general. d) Subdelegado del Gobierno.

55. Según el artículo 59 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Subdirecciones Generales se modifican: a) A través de las relaciones de puestos de trabajo. b) Por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

56. Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no es un órgano directivo: a) Los Secretarios generales. b) Los Secretarios generales técnicos. c) Los Secretarios de Estado. d) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

57. ¿De quién es competencia, en un Ministerio, la jefatura superior de todo el personal del Departamento, según el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?: a) De los Subsecretarios. b) De los Secretarios generales técnicos. c) De los Directores generales. d) De los Subdirectores generales.

58. Según el artículo 72.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Delegados del Gobierno: a) Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación común del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes de Parlamento autonómico. b) Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación común del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes. c) Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación especial del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes de Parlamento autonómico. d) Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación especial del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes.

59. En relación con la delegación de firma, la ley 40/2015 señala que: a) El Ministro puede delegar en un Director General la firma de una ley. b) La delegación de firma tendrá que publicarse en la sede electrónica del órgano delegante. c) Se puede delegar la firma en cualquier órgano jerárquicamente inferior siempre que sea del mismo Ministerio. d) En las resoluciones firmadas por delegación se indicará la autoridad de procedencia.

60. De conformidad con el artículo 79 de la Ley 40/2015, en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá: a) Un órgano unipersonal denominado Director territorial de asistencia al Delegado del Gobierno. b) Un órgano unipersonal denominado Director provincial de asistencia al Delegado del Gobierno. c) Un órgano colegiado denominado Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno. d) Un órgano colegiado denominado Comisión Jurídica Asesora al Delegado del Gobierno.