Cuarenta (E)

1. Las Administraciones Públicas, según la ley 40/2015: a) Sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. b) Sirven con objetividad los intereses de los ciudadanos y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. c) Sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, centralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. d) Sirven con objetividad los intereses de los ciudadanos y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, centralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

2. De acuerdo con el art 53 de la ley 40/2015, ¿qué convenios suscritos por el ayuntamiento de A Coruña debe remitirse al Consello de Contas y cuándo debe hacerse?. a) Cualquier convenio que supongan asunción de compromisos económicos superiores a los 200.000 € y dentro del mes siguiente a su suscripción. b) Cualquier convenio que supongan asunción de compromisos económicos superiores a 400.000 € dentro de los dos meses siguientes a su suscripción. c) Cualquier convenio que supongan asunción de compromisos económicos superiores a los 600.000 € y dentro de los tres meses siguientes a su suscripción. d) Cualquier convenio que supongan asunción de compromisos económicos superiores a los 800.000 € y dentro de los cuatro meses siguientes a su suscripción.

3. Según el art 3 de la ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios: a) de eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. b) de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. c) de eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. d) de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, economía y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

4. Según el artículo 48 y concordantes de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que regula los requisitos de validez y eficacia de los convenios, sería una afirmación INCORRECTA: a) La cesión de la titularidad de la competencia finaliza con la expiración del convenio. b) La suscripción de los convenios deberá mejorar la eficacia de la gestión pública. c) Las aportaciones financieras que se comprometan a aportar los firmantes no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. d) Los convenios se perfeccionarán por la prestación del consentimiento de las partes.

5. De acuerdo con el art 49 de la ley 40/2015, ¿qué plazo máximo de vigencia puede tener un convenio? (seleccione la respuesta correcta). a) Un plazo máximo de 2 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Plazo no prorrogable. b) Un plazo máximo de 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Plazo no prorrogable. c) Un plazo máximo de 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Plazo prorrogable antes de su finalización por hasta 2 años más. d) Un plazo máximo de 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Plazo prorrogable antes de su finalización por hasta 4 años más.

6. Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos: a) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Director General. b) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Director General. c) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario. d) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector General.

7. De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 40/2015, son órganos directivos: a) Los Delegados del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno. b) Los Delegados del Gobierno, Subdelegados del Gobierno y los Alcaldes. c) Los Subdelegados del Gobierno y los directores de las áreas funcionales. d) Los Subdelegados del Gobierno y los directores provinciales.

8. Según el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, les corresponde a los Subsecretarios: a) Dirigir y coordinar las Secretarías Generales y las Direcciones Generales de un Ministerio. b) Nombrar y separar a las autoridades y funcionarios dentro de un Ministerio. c) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves. d) Ostentar la representación ordinaria de un Ministerio y dirigir los servicios comunes en el mismo.

9. Son órganos superiores de la organización central de la Administración General del Estado según dispone el artículo 55 de la Ley 40/15 de Régimen Jurídico del Sector Público: Señale la respuesta correcta: a) Los Ministros, los Secretarios de Estado, los Directores generales y los Subdirectores Generales. b) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Secretarios Generales. c) Los Ministros y los Secretarios de Estado. d) Los Secretarios Generales técnicos y Directores Generales.

10. Corresponde a los Ministros, conforme al artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Desempeñar la Jefatura de todo el personal del Ministerio. b) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos Legislativos en materias propias de su Departamento. c) Nombrar y separar a todos los Subdirectores generales de su Ministerio, incluidos, en su caso, los de la/s Secretaria/s de Estado. d) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

11. En relación con su ámbito subjetivo, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público establece en su artículo 2 que se le aplica de manera supletoria, en defecto de su normativa específica: a) A cualquier organismo público y entidad de derecho público vinculado o dependiente de las administraciones públicas. b) A las entidades que integran la Administración local. c) A las universidades públicas. d) A todas las anteriores se les aplica de manera supletoria.

12. Señale la respuesta correcta sobre los principios de intervención de las Administraciones Públicas en el desarrollo de una actividad: a) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. b) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar semestralmente los efectos y resultados obtenidos. c) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar si así se considera necesario su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. d) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar si así se considera necesario su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar semestralmente los efectos y resultados obtenidos.

13. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuál de los siguientes principios deberán respetar en su actuación y relaciones las administraciones públicas?. a) Servicio eficiente a los ciudadanos. b) Planificación y dirección por resultados y control de la gestión y evaluación de los medios de las políticas públicas. c) Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados. d) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

14. Dentro de los principios de intervención de las administraciones públicas para el desarrollo de una actividad, recogidos en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las administraciones públicas que establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos deberán aplicar el principio de: a) Simplicidad y cercanía a los ciudadanos. b) Racionalidad y elegir la medida que asegure su cumplimiento. c) Proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva. d) Deben aplicar todos los anteriores.

15. ¿Cuál de los siguientes requisitos no se exige para la creación de un órgano administrativo?. a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate. b) Determinación de su dependencia funcional. c) Delimitación de sus funciones y competencias. d) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

16. De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 40/2015, la jefatura superior de todo el personal de un Ministerio será desempeñada por: a) El Ministro. b) El Subsecretario. c) El Secretario de Estado. d) El Secretario General Técnico.

17. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula: a) Las bases del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. c) Exclusivamente la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. d) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, pero no la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

18. ¿Cuál de las siguientes entidades NO se integra en el sector público institucional estatal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 40/2015?. a) Una sociedad mercantil estatal. b) La Administración General del Estado. c) Una Universidad pública no transferida. d) Una Fundación del sector público.

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, corresponde a los Subdelegados del Gobierno: a) Desempeñar la Jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. b) Dirigir los servicios no integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con las instrucciones de los ministerios correspondientes. c) Coordinar la utilización de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia. d) Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios integrados.

20. Señale la respuesta incorrecta sobre los órganos colegiados: a) En los órganos colegiados de la Administración general del Estado, podrá haber representantes de otras Administraciones Públicas, cuando éstas lo acepten voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las Administraciones afectadas lo determine. b) En la composición de los órganos colegiados deberán participar, cuando así se determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como otros miembros que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las funciones asignadas a tales órganos. c) En el caso de que al órgano colegiado de la Administración General del Estado se le atribuyan competencias decisorias en su creación, será necesario, norma específica, con publicación en el «Boletín Oficial del Estado». d) Según el artículo 19 de la ley 40/2015, son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos.

21. De conformidad con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, no es motivo de abstención: a) Tener interés personal en el asunto de que se trate. b) Tener pendiente cuestión litigiosa con algún interesado. c) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento. d) Haber prestado servicios profesionales en los tres últimos años, a persona natural o jurídica interesada.

22. Señale la respuesta incorrecta sobre los convenios: a) En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos públicos. b) La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. c) Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio. d) Los convenios se perfeccionan con la formalización del mismo.

23. El artículo 17 de la ley 40/2015, determina que no podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo: a) Que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de todos sus miembros. b) Que asistan los miembros necesarios para constituir válidamente el órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría de los asistentes. c) Que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. d) Que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el Presidente del mismo.

24. Señale la correcta en relación con el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora de Régimen Jurídico del Sector Público: a) La competencia es renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes. b) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. c) La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. d) Ninguna respuesta es correcta.

25. En virtud de lo dispuesto expresamente en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora de Régimen Jurídico del Sector Público, indique la respuesta correcta en relación con los principios de la potestad sancionadora: a) Las disposiciones reglamentarias de desarrollo no podrán introducir, en ningún supuesto, especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones establecidas legalmente. b) La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma de rango legal o reglamentario. c) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. d) Ninguna respuesta es correcta.

26. Según establece el artículo 30 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones graves y leves prescriben respectivamente: a) A los 3 años y a los 2 años respectivamente. b) A los 2 años y al año respectivamente. c) A los 2 años y a los 6 meses respectivamente. d) Al año y a los 6 meses respectivamente.

27. Conforme al artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada son: a) Sello electrónico y certificado electrónico del titular del órgano. b) Sello electrónico y Código Seguro de Verificación. c) Código Seguro de Verificación que permita comprobar la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. d) Certificado electrónico del titular de la Administración acreditativo de la representación de persona jurídica.

28. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la: a) Integridad, veracidad y actualización. b) Disponibilidad, accesibilidad y neutralidad. c) Seguridad, neutralidad e interoperabilidad. d) Integridad, neutralidad e interoperabilidad.

29. Según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cuál de las siguientes respuestas no es correcta: a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. b) El daño alegado habrá de ser efectivo. c) El daño alegado no habrá de ser evaluable económicamente. d) El daño habrá de ser individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

30. Según se establece en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación a las convocatorias y sesiones: a) Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos de sus miembros. b) Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, siempre presencial, del Presidente y del Secretario o en su caso de quienes les suplan y la de un tercio, al menos de sus miembros. c) Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, del Presidente o del Secretario y la de un tercio, al menos de sus miembros. d) Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, siempre presencial, del Presidente y del Secretario o en su caso de quienes les suplan y la de un tercio, al menos de sus miembros, pudiendo ser la asistencia de estos últimos a distancia.

31. Señala la opción correcta en relación a la abstención en el procedimiento, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. b) La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias no dará lugar a la responsabilidad que proceda. c) No es motivo de abstención tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. d) Es motivo de abstención haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

32. Señala la opción correcta en relación a la recusación a la que se refiere el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funde. b) Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo no inferior a diez días ni superior a veinte, previos los informes y comprobaciones que estime oportunos. c) Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de veinte días, previos los informes que considere oportunos que deberán emitirse en el plazo de diez días. d) Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de veinte días, previo el trámite de audiencia por diez días a cuantos figuren como interesados en el procedimiento.

33. En relación a la recusación, el artículo 24.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece que si el recusado niega la causa de recusación: a) El superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. b) El superior resolverá en el plazo no inferior a cinco días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. c) Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo no inferior a diez días ni superior a veinte. d) Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en un plazo no inferior a quince días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos que deberán incorporarse en el plazo de días.

34. De acuerdo con lo previsto en el art 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia en la indemnización por responsabilidad patrimonial: a) La valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. b) No se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. c) Solamente se tomarán en cuenta los criterios establecidos por la Comisión reguladora de valoraciones periciales de seguros. d) Ninguna respuesta es correcta.

35. De conformidad con lo previsto en el artículo 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, se prevé un plazo para formular propuesta de resolución de: a) 10 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. b) 5 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. c) 20 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. d) 15 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.

36. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo relativo a los principios de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (señale la correcta): a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de actos administrativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar. b) La anulación en vía administrativa de los actos o disposiciones administrativas presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. c) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. d) Ninguna respuesta es correcta.

37. Según el art 36.4 de la ley 40/2015, en el procedimiento para exigir en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio, la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo o culpa o negligencia graves, se concederá un trámite de audiencia: a) durante un plazo de diez días. b) durante un plazo de cinco días. c) durante un plazo de quince días. d) durante un plazo de veinte días.

38. De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos: a) Se requerirá de la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y la mitad de sus miembros o, en su caso, de quienes los suplan. b) Se requerirá de la asistencia presencial del presidente y del secretario y, presencial o a distancia, de todos sus miembros. c) Se requerirá de la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y secretario o, en su caso, de quienes los suplan, y la de un tercio al menos, de sus miembros. d) Se requerirá de la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y secretario o, en su caso, de quienes los suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

39. Respecto de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras regulada por el artículo 26 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta?. a) Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. b) Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. c) Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. d) Todas son incorrectas.

40. En base a lo establecido en el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en los procedimientos sancionadores ¿Cuándo prescribirán las infracciones y sanciones?. a) Al año. b) A los dos años. c) A los tres años. d) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.

41. Conforme a la Ley 40/2015, el pago de la indemnización en especie o mediante pagos periódicos: a) Se permite que la indemnización pueda sustituirse por una compensación en especie cuando resulte más adecuada para el interés público. b) No está permitida. c) Requiere siempre acuerdo con el interesado. d) Requiere siempre acuerdo con el interesado y hasta un máximo del 40% del total de la indemnización.

42. El artículo 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, al regular las decisiones sobre competencia, recoge los conflictos de atribuciones, las cuales sólo se podrán suscitar: a) Entre órganos de diferentes administraciones y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. b) Entre órganos de la misma o de diferentes administraciones y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. c) Entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente y respecto de asuntos sobre los cuales no haya finalizado el procedimiento administrativo. d) Entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente y respecto de asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo.

43. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el recusado en un procedimiento administrativo manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada: a) En el día siguiente. b) En los dos días siguientes. c) En los tres días siguientes. d) En los cinco días siguientes.

44. ¿Y en qué plazo el superior resolverá sobre la recusación, si el recusado niega la causa de recusación, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos?. a) En el día siguiente. b) En los dos días siguientes. c) En los tres días siguientes. d) En los cinco días siguientes.

45. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, contra el acuerdo de avocación que realice un órgano superior ¿qué recurso cabe?. a) No cabe ningún recurso, salvo que circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. b) Recurso potestativo de reposición. c) No cabe ningún recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso se interponga contra la resolución del procedimiento. d) Recurso de alzada.

46. Señale la respuesta correcta: a) Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. b) Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, previa aprobación por el Consejo de Ministros, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. c) Todos los órganos colegiados se deberán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas de forma presencial, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. d) Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, previa aprobación por el Ministro de Hacienda, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.

47. El artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público prevé que, en el caso de órganos colegiados: a) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría absoluta. b) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la secretaría del órgano colegiado. c) Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía. d) Todas las respuestas son correctas.

48. Según el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el acta de cada sesión de un órgano colegiado: a) Podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. b) Nunca podrá aprobarse en la misma reunión, solo en la inmediata siguiente. c) Solo podrá aprobarse en la misma reunión si se redacta y firma en el día de la reunión. d) El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la reunión inmediata siguiente.

49. El artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público prevé, en el cómputo del plazo de prescripción, en caso de infracciones continuadas o permanentes, que: a) El plazo comenzará a contar desde que comienza la conducta infractora. b) El plazo comenzará a contar desde que finalizó la conducta infractora. c) El plazo comenzará a contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido. d) El plazo comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción.

50. Según el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie: a) Identidad del sujeto, hecho y sanción. b) Identidad del sujeto, hecho y fundamento. c) Identidad del sujeto, órgano competente y fundamento. d) Identidad del sujeto, hecho y órgano competente.

51. El artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público establece que, en el caso de daños derivados de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional o de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea (números 4 y 5 del artículo 32 de la Ley 40/2015), serán indemnizables: a) Los daños producidos en el plazo de los dos años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. b) Los daños producidos en el plazo de los tres años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea. c) Los daños producidos en el plazo de los cuatro años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. d) Los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.