Cuarenta (F)

1. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: a) Suponen la alteración de la titularidad de la competencia, así como de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. b) No suponen ni la alteración de la titularidad de la competencia, ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. c) Suponen la alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. d) No suponen la alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

2. El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público recoge que en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas: a) La adopción de disposiciones de carácter particular. b) A la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. c) A las materias en que así se determine por norma reglamentaria. d) Ninguna de las anteriores podrá ser objeto de delegación.

3. La avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere: a) Con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. b) Con anterioridad a la resolución final que se dicte. c) Simultáneamente a la resolución final que se dicte. d) Ninguna es correcta.

4. Las competencias que se ejerzan por delegación: a) Podrán delegarse. b) No podrán delegarse en ningún caso. c) Podrán delegarse, si así lo autoriza expresamente una Ley. d) Podrán delegarse, si así lo autoriza expresamente una norma con rango de ley o reglamentaria.

5. De acuerdo con el art 25.2 de la ley 40/2015, el ejercicio de la potestad sancionadora: a) se ejercerá cuando haya sido reconocida por una norma con rango de ley. b) se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango reglamentario. c) corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. d) corresponde a los órganos jurisdiccionales que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.

6. Según establece el artículo 5 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: a) Sólo las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros. b) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. c) Las unidades administrativas adscritas a cualquier Administración territorial. d) Las unidades administrativas integradas en el sector público.

7. El derecho a reclamar indemnización por responsabilidad patrimonial, derivada del funcionamiento de los servicios públicos, ante las Administraciones Públicas prescribirá: a) A los tres meses de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. b) A los seis meses de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. c) Al año de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. d) No prescribe.

8. Según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en esta ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular: a) En todo caso, atendiendo a los criterios de competencia e interés público tutelado. b) En todo caso de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. c) En todo caso, atendiendo a criterios de intensidad de la intervención. Se atribuirá la responsabilidad a la Administración pública con mayor participación en la financiación del servicio. d) De acuerdo con lo que resuelva la Administración pública con mayor participación en la financiación del servicio, después de consultar a las restantes Administraciones implicadas.

9. Conforme al artículo 12 de la Ley 40/2015: a) Para la validez de la delegación de firma será necesaria siempre la publicación de la delegación. b) Para la validez de la delegación de firma no será necesaria la publicación de la delegación. c) Para la validez de la delegación de firma será necesaria la publicación de la delegación cuando no se indique que se firma por delegación y la autoridad de procedencia. d) Solo será necesaria la firma cuando la delegación sea superior a tres meses.

10. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, en defecto de previsión en las leyes que las establezcan: a) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. b) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. c) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los 6 meses. d) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas leves a los dos años.

11. Conforme a la Ley 40/2015, se define como sede electrónica: a) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. b) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada. c) Aquella sede virtual, disponible para los ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a las Administraciones Públicas o entidades de Derecho Público. d) Ninguna respuesta es correcta.

12. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, cuál de los siguientes criterios no está reconocido como uno de los que se ha de tener en cuenta en la exigencia de responsabilidad patrimonial: a) El resultado dañoso producido. b) El grado de culpabilidad. c) El nivel profesional del personal que hubiera participado en la gestión del expediente. d) Todos los supuestos anteriores están reconocidos como criterios de exigencia de responsabilidad patrimonial.

13. De conformidad con la regulación de la avocación recogida en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, señale la respuesta correcta: a) En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado, que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. b) Contra el acuerdo de avocación cabrá recurso, sin perjuicio del que se pueda interponer contra la resolución del procedimiento. c) Excepcionalmente, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado, que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. d) En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado, que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte.

14. Según el art 10 de la ley 40/2015: a) Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. b) Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, y tampoco podrá alegarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. c) Contra el acuerdo de avocación únicamente cabe recurso contencioso-administrativo, aunque podrá impugnarse administrativamente en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. d) Contra el acuerdo de avocación únicamente cabe recurso de alzada.

15. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, que permite el acceso a través de internet a la información pública, se denomina: a) Sede electrónica. b) Portal de internet. c) Portal web. d) Canal de acceso.

16. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, si el recusado niega la recusación: a) El superior resolverá en el plazo de 2 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. b) El superior resolverá en el plazo de 3 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. c) El superior resolverá en el plazo de 5 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. d) El superior resolverá en el plazo de 7 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

17. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dispone en relación con la suplencia que: a) Los titulares de los órganos administrativos no podrán ser suplidos temporalmente en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. b) Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. c) La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez será necesaria su publicación. d) En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia no es necesario hacer constar esta circunstancia.

18. Según el artículo 11 de la Ley 40/2015, del de octubre, de régimen jurídico del sector público, en una encomienda de gestión, la entidad u órgano encomendado tendrá, en todo caso: a) La condición de encargado del seguimiento y tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión. b) La condición de responsable del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión. c) La condición de delegado de protección de datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión. d) La condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión.

19. Según el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público, se entiende por portal de internet: a) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. b) Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. c) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada. d) Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública.

20. Conforme establece la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, se entiende por actuación administrativa automatizada: a) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. b) Cualquier acto o actuación realizada en algún trámite a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. c) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público. d) Cualquier acto o actuación realizada en algún trámite a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo o contencioso-administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público.

21. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: a) La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia. b) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia suponen alteración de la titularidad de la competencia. c) La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes. d) Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio.

22. Señale en qué modalidad de delegación de competencias se transfiere, además de su ejercicio, la titularidad de la competencia, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre: a) Desconcentración. b) Dejación de funciones. c) Delegación de firma. d) Encomiendas de gestión.

23. Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio: a) Afecta a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos y determina la responsabilidad disciplinaria que se deriva de este. b) No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, pero sí provoca necesariamente su anulabilidad. c) No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, y tampoco implica responsabilidad disciplinaria. d) No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

24. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención: a) Implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. b) Implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de todo el procedimiento. c) No implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. d) Solo implicará la invalidez, en caso de relación de parentesco.

25. De acuerdo con el art 15 de la ley 40/2015, y en relación a los órganos colegiados, señale la respuesta correcta: a) Deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integren: el acuerdo de creación y el nombre de los titulares y los suplentes que constituyan cualquier órgano colegiado. b) Deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integren: el acuerdo de creación y el nombre de los titulares y de los suplentes que constituyan órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros. c) Deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integren: el acuerdo de creación y el nombre de los titulares y las normas de funcionamiento de cualquier órgano colegiado. d) Deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integren: el acuerdo de creación y el nombre de los titulares y las normas de funcionamiento de cualquier órgano colegiado que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros.

26. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, quien tramita el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones a fijar por el Consejo de Ministros que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad será: a) El Ministerio de la Presidencia. b) El Ministerio de Justicia. c) El Ministerio al que afecte el expediente por razón de su competencia. d) El Director general del ministerio al que afecte.

27. Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, las normas definidoras de infracciones y sanciones: a) Serán susceptibles de aplicación analógica. b) No serán susceptibles de aplicación analógica. c) Serán susceptibles de aplicación analógica siempre que se establezca por norma de rango legal. d) Decidirá el Consejo de Ministros su aplicación con analogía o no.

28. De acuerdo con la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en dicha ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso: a) De forma mancomunada. b) De forma solidaria. c) Responderá la Administración a la que se dirija el interesado. d) De forma subsidiaria.

29. Según el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la delegación de firma: a) No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación. b) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia, pero no será necesario indicar la autoridad de procedencia. c) No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

30. Tal y como aparece recogido en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la suplencia: a) Habilita al titular de un órgano administrativo a asumir definitivamente las funciones de otro, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que se tenga declarada su abstención o recusación. b) No implicará alteración de la competencia. c) Será necesaria su publicación para su validez. d) Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.

31. El artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público establece que, en los supuestos en que la cuantía de la indemnización se actualice hasta la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial, se hará: a) Conforme al índice de precios al consumo (IPC). b) Conforme al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). c) Conforme al índice de garantía de la competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística. d) No será objeto de actualización, salvo los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.

32. Según el art 32 de la ley 40/2015, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos: a) desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso. b) desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso. c) la respuesta a) es correcta, salvo que en la sentencia se establezca otra cosa. d) la respuesta b) es correcta, salvo que en la sentencia se establezca otra cosa.

33. El artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público indica que cada Administración pública determinará las condiciones y los instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de (señale la respuesta incorrecta): a) Transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad. b) Seguridad, disponibilidad, accesibilidad. c) Neutralidad, interoperabilidad. d) Eficiencia, eficacia y economía de medios.

34. Señale la respuesta incorrecta sobre la sede electrónica: a) El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. b) Las sedes electrónicas dispondrán en todo momento de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras. c) La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. d) Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

35. El artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público prevé que los sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las administraciones públicas: a) Podrán referirse, por razones de seguridad pública, solamente al número de identificación profesional del empleado público. b) Deberán incluir siempre el NIF del empleado público para garantizar la identidad del firmante. c) Deberán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en que presta sus servicios. d) Las respuestas a) y d) son correctas.

36. En relación con el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, previsto en el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración pública, esta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá: a) La relación de responsables de los datos a gestionar y la naturaleza, reservada o no, de estos. b) Únicamente la relación de emisores y receptores autorizados. c) La relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos que se intercambiarán. d) Se hará a través de un convenio suscrito entre los órganos de la Administración.

37. De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los documentos e informaciones que se transmiten en entornos cerrados de comunicación establecidos entre administraciones públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público: a) Serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. b) Las condiciones y garantías citadas se establecerán mediante convenio suscrito entre las diferentes Administraciones Públicas. c) Serán considerados legítimos, pero deberán ser autenticados por el órgano emisor. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

38. En relación con el archivo electrónico de documentos, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en su artículo 46 establece el deber de almacenar por medios electrónicos: a) Todos los documentos empleados en actuaciones administrativas, sin que exista ningún tipo de excepción. b) Y en papel todos los documentos empleados en actuaciones administrativas. c) Todos los documentos empleados en actuaciones administrativas, si bien establece como excepción: "cuando no sea posible". d) Todos los documentos que afecten a los derechos e intereses de los particulares, si bien establece como excepción: "cuando no sea posible".

39. De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares: a) Se deberán conservar siempre en el mismo formato que se originaron. b) Se deberán conservar en PDF, por ser este el único formato que garantiza la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. c) Se deberán conservar en el mismo formato a partir del cual se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. d) Deberán conservarse en soportes electrónicos, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo.

40. En relación a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, según el artículo 72 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes. b) Dirigirán y supervisarán la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la administración de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad. c) No son órganos directivos con rango de Subsecretario, que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia. d) Ninguna respuesta es correcta.

41. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿puede un convenio suponer cesión de titularidad de la competencia?. a) Si, salvo que la cesión se produzca a favor de sujetos de derecho privado. b) Si, excepto cuando se trate de convenios interadministrativos. c) No. d) No, excepto cuando se trate de convenios interadministrativos.

42. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora de Régimen Jurídico del Sector Público, define expresamente los órganos de cooperación como órganos de: a) Composición multilateral o bilateral, de ámbito general o especial. b) Composición multilateral, de ámbito general. c) Composición multilateral o bilateral, de ámbito especial. d) Composición bilateral, de ámbito especial.

43. Según el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las universidades públicas: a) Se regirán en exclusiva por las previsiones de la presente ley. b) Se regirán por su normativa específica, y están exceptuadas de aplicación de las previsiones de la presente ley. c) Se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente ley. d) Se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente ley, previa autorización del Consejo de Ministros.

44. Según el art 87 de la ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, la transformación de las entidades integrantes del sector público institucional estatal: a) Se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque no suponga modificación de la Ley de creación, salvo en el caso de la transformación en agencias estatales que deberá efectuarse por ley. b) Se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación, salvo en el caso de la transformación en agencias estatales que deberá efectuarse por ley. c) Se llevará a cabo mediante ley, aunque suponga modificación de la norma de creación, salvo en el caso de la transformación en agencias estatales que deberá efectuarse por real decreto. d) Se llevará a cabo mediante ley, aunque no suponga modificación de la norma de creación, salvo en el caso de la transformación en agencias estatales que deberá efectuarse por real decreto.

45. En aplicación del art. 120 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público: a) Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción. b) Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción. c) No podrán participar en el consorcio entidades privadas. d) El consorcio quedará adscrito, a lo largo de su existencia, a la Administración Pública que financie en más de un cuarenta por ciento, la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.

46. El art. 122 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público establece respecto del Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial de los consorcios lo siguiente: a) Quedan excluidos del régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos. b) No forman parte de los presupuestos de la Administración Pública de adscripción pero deberán incluirse en la cuenta general. c) Se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la que estén adscritos. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

47. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, serán trámites preceptivos para la suscripción de un convenio por parte de un Ayuntamiento: a) Una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley. b) El informe de su servicio jurídico salvo que el convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente por el servicio jurídico que corresponda. c) Un informe de estabilidad. d) Todas las anteriores son correctas.

48. Con arreglo a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: a) Los Convenios de Conferencia Sectorial y los de Colaboración, serán remitidos al Senado en el plazo de dos meses desde su suscripción. b) Todos los Convenios se remitirán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, en el plazo de tres meses, si sus compromisos económicos superan los 600.000 euros. c) Tienen que comunicarse al Órgano externo de Fiscalización de la Comunidad Autónoma respectiva las modificaciones, sus prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos y la extinción de los Convenios. d) Ninguna respuesta es correcta.

49. De conformidad con el artículo 89 de la Ley 40/2015, ¿cuál de estas potestades NO se encuentra dentro de la esfera de competencia de los Organismos Públicos?. a) Normativa. b) Expropiatoria. c) Tributaria. d) Organizativa.

50. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno. b) En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Presidente de la Comunidad Autónoma. c) En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Gobierno. d) En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, podrá nombrarse un Subdelegado del Gobierno, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen.

51. En relación con la creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas en la organización central de la Administración General del Estado, señale, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, qué prescripción es correcta. a) Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. b) Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Presidente del Gobierno, a iniciativa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro interesado. c) Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen por Resolución del Ministro respectivo. d) Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta del Ministro respectivo.

52. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que (señale la incorrecta): a) Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes. b) Los Delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y con la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad. c) Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subdirector general que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia. d) Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.

53. Conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, los Subdelegados del Gobierno en las provincias son nombrados: a) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno. b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno. c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio de Administraciones Públicas. d) Por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como subgrupo A1.

54. Señale la respuesta incorrecta, respecto a los fondos carentes de personalidad jurídica: a) La creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se efectuará por Ley. La norma de creación determinará expresamente su adscripción a la Administración General del Estado. b) Al igual que su creación por ley, se extinguirán por norma de rango legal. c) En la denominación de los fondos carentes de personalidad jurídica deberá figurar necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura «F.C.P.J». d) Los fondos carentes de personalidad jurídica se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su norma de creación, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación.