CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto a la reforma agravada de la Constitución Española, regulada en el artículo 168, señale la respuesta INCORRECTA: Se utilizará dicho procedimiento cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II. Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de tres quintos de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Indique cuál de los siguientes NO forma parte de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Sección 1ª del Capítulo Il del Título I de la Constitución Española: El derecho a la vida y a la integridad física y moral. La libertad ideológica, religiosa y de culto. El derecho de reunión pacífica y sin armas. La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, señale la afirmación correcta: El Presidente del Tribunal lo es también de la Sala Primera, que presidirá en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. El Presidente del Tribunal lo es también de la Sala Primera, que presidirá en su defecto, el Vicepresidente o el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por seis Magistrados nombrados por el Presidente del Tribunal. El Tribunal Constitucional consta de tres Salas. Cada Sala está compuesta por cuatro Magistrados nombrados por el Presidente del Tribunal.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Constitución Española, al Rey corresponde: Cuando así lo decida como Jefe del Estado, declarar la guerra y hacer la paz. Previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Previa autorización del Congreso de los Diputados, declarar la guerra y hacer la paz. Previa autorización del Senado, declarar la guerra y hacer la paz.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Española, el Congreso se compone de: El Congreso se compone de un mínimo de 400 y un máximo de 450 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio pasivo, libre, igual, indirecto y secreto, en los términos que establezca la ley. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. El Congreso se compone de un mínimo de 200 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por: El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por quince miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.

Según el artículo 102 de la Constitución Española, señale la afirmación correcta. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de al menos la décima parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala Primera del Tribunal Constitucional. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la quinta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

¿En qué Título de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se regula el Gobierno en Funciones?. Título VI. Título VII. Título IV. Título V.

El proyecto de Estatuto, conforme al artículo 146 de la Constitución Española: Será elaborado por una asamblea compuesta únicamente por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Será elaborado por la Diputación provincial de la provincia en la que se vaya a situar la futura capital de la Comunidad Autónoma y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y se aprobará por mayoría absoluta en el Pleno de cada una de las Diputaciones provinciales de las provincias afectadas.

De acuerdo con lo fijado en el Capítulo 3, sobre Órganos Consultivos de la Unión, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con el Comité Económico y Social: Los miembros del Comité son nombrados por un período de 4 años. El Comité designará de entre sus miembros al Presidente y a la Mesa, por un período máximo de dos años. El Consejo adoptará por unanimidad, a propuesta de la Comisión, una decisión por la que se establezca la composición del Comité. El número de miembros del Comité Económico y Social no excederá de ciento cincuenta.

De acuerdo con lo fijado en el artículo 218 del título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con excepción de los acuerdos que se refieran exclusivamente a la política exterior y de seguridad común, el Consejo adoptará la decisión de celebración del acuerdo, previa aprobación del Parlamento Europeo, en los casos siguientes: Acuerdos de asociación. Acuerdos sobre protección del medioambiente. Acuerdos sobre protección de los transportes y redes transeuropeas. Acuerdos aduaneros.

Conforme a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 501/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como órgano de asistencia inmediata a la persona titular del Departamento existe un Gabinete con rango de: Subdirección General. Subsecretaría. Dirección General. Secretaría General Técnica.

De acuerdo con los artículos 94 y 96 de la Constitución Española, en relación con los Tratados Internacionales, señale la respuesta correcta: Los tratados internacionales válidamente celebrados formarán parte del ordenamiento interno con independencia de que hayan sido o no publicados oficialmente en España. Las disposiciones de los tratados internacionales sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 1.5 del Código Civil. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios de carácter político requerirá la previa autorización del presidente del Gobierno.

Según establece el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿a quién corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria?. Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley reguladora de las Bases del Régimen Loca. A las Cortes Generales: Congreso y Senado. Al departamento ministerial al que afecte su contenido. Al Congreso de los Diputados previo dictamen favorable del Consejo de Estado.

Según establece el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza: Deberán ser notificados individualmente a cada uno de los interesados al contener circunstancias específicas de cada uno. Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. Podrán refundirse aunque sean de diferente naturaleza, para mayor eficacia de la Administración. Podrán refundirse siempre y cuando no se haga mención específica de las circunstancias que individualicen los efectos del acto.

De acuerdo con lo dispuesto el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el silencio administrativo, señale la respuesta correcta: El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. El sentido del silencio será estimatorio en los procedimientos de impugnación de actos disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado: Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, deberán ser formuladas en varias solicitudes. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos podrán ser utilizados por los interesados. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá a los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

Tal y como establece el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿Ante qué órgano debe interponerse los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros?. Ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente. Ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo.

Conforme a lo previsto en el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. Al respecto, señale la afirmación correcta: Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, el cual, al igual que sus modificaciones, deberán ser aprobados por los votos favorables de al menos tres quintos de sus miembros. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, el cual, al igual que sus modificaciones, deberán ser aprobados por los votos favorables de al menos dos tercios de sus miembros. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 59, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 60 funcionarios.

Señale la afirmación correcta, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención ciudadano: En cada Ministerio el titular de la Dirección General que tenga encomendada la competencia sobre la información administrativa ostentará la jefatura de la unidad departamental de información administrativa. En cada Ministerio el titular de la Subdirección General que tenga encomendada la competencia sobre la información administrativa ostentará la jefatura de la unidad departamental de información administrativa. En cada Ministerio el titular de la Secretaría General Técnica que tenga encomendada la competencia sobre la información administrativa ostentará la jefatura de la unidad departamental de información administrativa. En cada Ministerio el titular de la Subsecretaría que tenga encomendada la competencia sobre la información administrativa ostentará la jefatura de la unidad departamental de información administrativa.

Según el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Con el fin de facilitar la promoción profesional, en las convocatorias de cursos de formación para el acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, se reservará como máximo un 5% de las plazas para su adjudicación a aquellas empleadas que reúnan los requisitos establecidos. La aprobación de las convocatorias de pruebas selectivas, podrán ir acompañadas de un informe de impacto de género según el número de candidatos presentados, excepto en casos de urgencia en los que deberá acompañarse, en su caso, y sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará preferencia, durante el plazo de 1 año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad. Todos los Departamentos Ministeriales remitirán, cada dos años, información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres, sin necesidad de desagregación por sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones promediadas de su personal.

Según las disposiciones generales sobre el ejercicio de los derechos recogidas en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, señale la respuesta correcta: El delegado de protección de datos está obligado a informar a los interesados, en el plazo máximo de 30 días, sobre el estado de las solicitudes de ejercicio de derechos. El encargado del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los derechos reconocidos a las personas físicas en la Ley Orgánica 3/2018 no podrán ejercerse por medio de representante legal o voluntario, al ser derechos considerados personalísimos. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las excepciones previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la propia ley orgánica de protección de datos.

Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán sujetos obligados a relacionarse electrónicamente a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, señale la respuesta INCORRECTA: Las personas jurídicas. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Quienes representen a un interesado, en todo caso. Las entidades sin personalidad jurídica.

En relación con la estructura del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿Cómo se denomina el Título V?: Protección por cese de actividad. Régimen General de la Seguridad Social. Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Normas generales del sistema de la Seguridad Social.

Alguna de las prestaciones que incluye el Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social son: Riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y subsidio por maternidad. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, lesiones permanentes no incapacitantes y muerte y supervivencia. Incapacidad temporal, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante e ingreso mínimo vital. Nacimiento y cuidado de menor, incapacidad permanente contributiva y complementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad Social.

Según el artículo 7 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se encuentran comprendidos en el sistema de la Seguridad Social a efectos de las prestaciones contributivas, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes: Trabajadores por cuenta ajena, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, los miembros de las corporaciones locales y los funcionarios públicos, civiles y militares. Trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia, el personal civil no funcionario de la Administración, y los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas. Trabajadores por cuenta ajena, trabajadores del mar, trabajadores agrarios y empleados de hogar. Trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, estudiantes y funcionarios públicos civiles y militares.

Según el artículo 1 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, en la pensión de invalidez, aparte de la residencia actual en territorio nacional, se exige una residencia anterior de: 10 años, de los cuales 2 deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión. 90 días dentro del año inmediatamente anterior. 5 años, de los cuales 2 deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión. Sólo se exige residencia actual.

Según el artículo 14 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado disfrutarán de los beneficios de la Seguridad Social, y estarán encuadrados en: En el Régimen General como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, con exclusión de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial. La cooperativa podrá optar entre el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y el Régimen General como asimilados a trabajadores por cuenta ajena con exclusión de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. La cooperativa podrá optar entre el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y el Régimen General como asimilados a trabajadores por cuenta ajena con exclusión de la protección del Fondo de Garantía Salarial.

El incumplimiento de la obligación de solicitar la afiliación al sistema de la Seguridad Social de quienes, no estando afiliados, ingresen a su servicio constituye, conforme al texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto): Constituye infracción leve. Constituye infracción grave. Constituye infracción muy grave. No constituye infracción si regulariza la situación en los 30 días siguientes.

Según el artículo 29 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, aunque el empresario incumpla con sus obligaciones respecto del alta, los trabajadores por cuenta ajena y asimilados incluidos en el campo de aplicación de los regímenes del sistema de la Seguridad Social se considerarán, de pleno derecho, en situación de alta en ellos, a efectos de: Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural. Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral. Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y asistencia sanitaria por todas las contingencias. Asistencia sanitaria derivada de incapacidad temporal.

Según el artículo 35 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, ¿Cuál es el efecto de las altas solicitadas fuera de plazo?. Tendrán efectos desde el día en que se formule la solicitud salvo que se haya producido el ingreso de las cuotas dentro de plazo reglamentario, en cuyo caso el alta retrotraerá sus efectos a la fecha en que se hayan ingresado las primeras cuotas correspondientes al trabajador de que se trate. Tendrán efectos desde el día en que se inicie la actividad, en todo caso. Tendrán efectos desde el día en que se formule la solicitud, en todo caso. Tendrán efectos desde el día que determine la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Según el artículo 63 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, exceptuando el Convenio Especial ¿Cuál es el plazo para dictar resolución en los procedimientos relativos a la inscripción, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos?. 15 días. 30 días. 45 días. 3 meses.

De acuerdo con el artículo 57 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, en el Régimen Especial de la Minería de Carbón, la cotización adicional por horas extraordinarias: Se calculará de acuerdo con el señalado para el Régimen General. No es de aplicación en este Régimen Especial. Se calculará de acuerdo con lo señalado para el Régimen General, aunque se aplicará una reducción del 0,5%. Se calculará de acuerdo con lo señalado para este Régimen Especial, aunque se aplicará una reducción del 0.5%.

Conforme establece el artículo 60 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, el objeto de la obligación de cotizar al Seguro Escolar comprenderá las aportaciones: De los estudiantes asegurados y del Ministerio de Educación y Ciencia. De los centros docentes y, además, del Ministerio de Educación y Ciencia. De los estudiantes asegurados y, además, de los centros docentes. De los estudiantes asegurados.

El artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, indica que las actas de liquidación extendidas con los requisitos reglamentariamente establecidos se elevarán а definitivas mediante acto administrativo de: La Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o la respectiva Jefatura Provincial. La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad social o la respectiva Jefatura Provincial. La Dirección General o de la respectiva Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. La Dirección General de la Inspección Trabajo y Seguridad Social o la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

¿Cuántas veces establece el artículo 45 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, que el trabajador incluido en el Régimen Especial de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, puede cambiar la base por la que vengan obligados a cotizar?. Hasta 2 veces al año. Hasta seis veces al año. Hasta cuatro veces al año. Siete veces al año.

Conforme establece el artículo 2 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, la Tesorería General de la Seguridad Social lleva a cabo la gestión recaudatoria a través de: Las administraciones de la Seguridad Social y unidades de recaudación ejecutiva, salvo atribución expresa a otros órganos o unidades. Las direcciones provinciales, salvo atribución expresa a otros órganos o unidades. Las administraciones de la Seguridad Social, salvo atribución expresa a otros órganos o unidades. Las unidades de recaudación ejecutiva, salvo atribución expresa a otros órganos o unidades.

Según establece el artículo 44 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, reconocida la procedencia de la devolución de un ingreso indebido de cuotas, el derecho a exigir su pago: Caducará a los cuatro años a contar desde la fecha de resolución del acto de reconocimiento. Prescribirá a los cuatro años a contar desde la fecha de notificación del acto de reconocimiento. Caducará a los cuatro años a contar desde la fecha de notificación del acto de reconocimiento. Prescribirá a los cuatro años a contar desde la fecha de resolución del acto de reconocimiento.

El artículo 32 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, establece que las cantidades adeudadas en concepto de recargo sobre prestaciones económicas debidas a accidente de trabajo o enfermedad profesional originado por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, podrán ser objeto de aplazamiento siempre que se garantice: Íntegramente con cualquier tipo de garantía. El cincuenta por ciento del importe con aval o hipoteca inmobiliaria. Íntegramente con aval o hipoteca inmobiliaria. Íntegramente con aval.

Según establece el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en determinados supuestos, puede formular requerimientos a los responsables del pago de cuotas adeudas por cualquier causa, previo reconocimiento de la deuda ante el funcionario actuante, y el ingreso se deberá de realizar en el plazo determinado por esta que: No podrá ser inferior a un mes ni superior a cuatro meses. No podrá ser inferior a un mes ni superior a seis meses. No podrá ser inferior a quince días ni superior a tres meses. No podrá ser inferior a un mes ni superior a tres meses.

Según establece el artículo 120 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, en el acto de celebración de subasta podrán presentarse posturas verbales iguales o superiores al: 75% del tipo de enajenación. 50% del tipo de enajenación. 30% del tipo de enajenación. 25% del tipo de enajenación.

El artículo 120 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, establece que en el supuesto de bienes subastados objeto de una segunda subasta: Podrá aprobarse el remate en favor de una mejor postura inferior al 30 por ciento y que no cubra el importe adeudado, siempre que supere al menos el 20 por ciento del tipo de subasta, mediante resolución motivada del director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Podrá aprobarse el remate en favor de una mejor postura inferior al 50 por ciento y que no cubra el importe adeudado, siempre que supere al menos el 25 por ciento del tipo de subasta, mediante resolución motivada del director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Podrá aprobarse el remate en favor de una mejor postura inferior al 30 por ciento y que no cubra el importe adeudado, siempre que supere al menos el 25 por ciento del tipo de subasta, mediante resolución motivada del director general de la Tesorería General de la Seguridad Social. Podrá aprobarse el remate en favor de una mejor postura inferior al 50 por ciento y que no cubra el importe adeudado, siempre que supere al menos el 20 por ciento del tipo de subasta, mediante resolución motivada del director general de la Tesorería General de la Seguridad Social.

De acuerdo con el artículo 117 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, el licitador que resulte adjudicatario deberá abonar la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido en el plazo de: Diez días hábiles siguientes al de dicha adjudicación. Quince días hábiles siguientes al de dicha adjudicación. Cinco días hábiles siguientes al de dicha adjudicación. Treinta días hábiles siguientes al de dicha adjudicación.

Según establece el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, los intereses de demora devengados desde la finalización del plazo reglamentario de ingreso serán exigibles: Si el pago no se efectúa dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la reclamación de deuda. Si el pago no se efectúa dentro del plazo de los 30 días naturales siguientes a la notificación de la reclamación de deuda. Si el pago no se efectúa dentro del plazo de los 30 días naturales siguientes a la notificación de la providencia de apremio. Si el pago no se efectúa dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la providencia de apremio.

Según el artículo 61 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el importe mínimo mensual de las pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo que se reconozcan y abonen por la Seguridad Social será equivalente: Al doble del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en cada momento. Al triple del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento. Al triple del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en cada momento. Al doble del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento.

En relación con el embargo de prestaciones, el artículo 44 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social remite a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su artículo 607 establece que, en el caso de pensiones que sean superiores y hasta el doble del salario mínimo interprofesional podrá embargarse (en la parte que excede SMI) el siguiente porcentaje: 30%. 40%. 50%. 60%.

Conforme al artículo 54 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el supuesto de prestaciones periódicas, el derecho al percibo de cada mensualidad caducará: Al año, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificado en forma al interesado su reconocimiento. Al año de su respectivo vencimiento. A los cinco años de su respectivo vencimiento. Al año, a contar desde el mismo día de haber sido notificado en forma al interesado su reconocimiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿Cuándo se revalorizarán las pensiones contributivas?. Al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior. Al final de cada año con el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresada en tanto por ciento del Índice de Precios al consumo de los 3 meses previos a diciembre el año anterior. Al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los 6 meses previos a diciembre del año anterior. Al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los 9 meses previos a diciembre del año anterior.

Según establece el artículo 169 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la gestación de la mujer trabajadora se considera una situación especial de incapacidad temporal: Por contingencias profesionales desde el día primero de la semana trigésima novena. Por contingencias comunes desde el día primero de la semana trigésima novena. Por contingencias profesionales desde el día primero de la semana trigésima octava. Por contingencias comunes desde el día primero de la semana trigésima octava.

El artículo 195 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que el periodo mínimo de cotización exigible para generar una pensión de incapacidad permanente cuando el sujeto tiene cumplidos 31 años de edad es: La tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante de la pensión. La cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante de la pensión. La tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de 5 años. La cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de 5 años.

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, la alegación por el responsable subsidiario de la existencia de bienes realizables del deudor principal no producirá más efecto, en su caso, que la suspensión de la ejecución forzosa sobre el patrimonio de aquél, hasta tanto se realicen dichos bienes y requerirá con carácter general: Que no se hubiera autorizado ya la enajenación de los bienes del responsable subsidiario, y que los bienes se identifiquen suficientemente para proceder a su traba y alcancen una valoración que suponga el diez por ciento del importe de la deuda. Que se hubiera autorizado la enajenación de los bienes del responsable subsidiario, y que los bienes señalados por éste se identifiquen suficientemente para proceder a su traba, radiquen en territorio nacional y alcancen una valoración que sea el doble del importe adeudado. Que no se hubiera autorizado ya la enajenación de los bienes del responsable subsidiario, y que los bienes se identifiquen suficientemente para proceder a su traba, radiquen en territorio nacional y alcancen una valoración que, en relación con la deuda y descontadas las cargas, justifique su enajenación forzosa. Que se hubiera autorizado ya la enajenación de los bienes del responsable subsidiario, y que los bienes se identifiquen suficientemente para proceder a su traba y alcancen una valoración que suponga el cincuenta por ciento del importe de la deuda reclamada.

El artículo 201 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social define las lesiones permanentes no incapacitantes como aquellas lesiones, mutilaciones y deformidades: De carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución o alteración de la integridad física o psíquica del trabajador. De carácter temporal, causadas por contingencias comunes o profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador. De carácter definitivo, causadas por contingencias comunes o profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución o alteración de la integridad física o psíquica del trabajador. De carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador.

Según el artículo 360 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿Cuál es la cuantía de la prestación económica por parto o adopción múltiples cuando el número de hijos nacido o adoptados es de tres?. Dos veces el Salario Mínimo Interprofesional. Seis veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Seis veces el Salario Mínimo Interprofesional. Ocho veces el Salario Mínimo Interprofesional.

Tal y como se regula en el artículo 185 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ¿Cuál de las siguientes prestaciones económicas consiste en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes?: Corresponsabilidad en el cuidado del lactante. Riesgo durante el embarazo. Riesgo durante la lactancia natural. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Conforme con el artículo 358 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿Cuál es la cuantía de la prestación económica en los casos de nacimiento o adopción de hijo en España en una familia numerosa o que, con tal motivo, adquiera dicha condición, en una familia monoparental o en los supuestos de madres o padres que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento?: La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción se fijará, en su importe anual, en la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado. La prestación por nacimiento o adopción de hijo consistirá en un pago único de 1.000 euros. La cuantía de la prestación será de un pago equivalente a 4 veces el salario mínimo interprofesional. La cuantía de la prestación será igual al 100 por ciento del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en cada momento.

El artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece que en los casos de parto prematuro con falta de peso y en aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, ¿en cuantos días se ampliará el período de suspensión con reserva de puesto de trabajo?: En tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de doce semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle. En tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle. En tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de quince semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle. En tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de dieciséis semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.

En la jubilación anticipada regulada en el artículo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para poder acceder a la misma sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo, entre otros requisitos: Se deberá producir una reducción de la jornada de trabajo comprendida entre un mínimo del 25 por ciento y un máximo del 75 por ciento. Se deberá producir una reducción de la jornada de trabajo comprendida entre un mínimo del 25 por ciento y un máximo del 65 por ciento. Se deberá producir una reducción de la jornada de trabajo comprendida entre un mínimo del 15 por ciento y un máximo del 50 por ciento. Se deberá producir una reducción de la jornada de trabajo comprendida entre un mínimo del 50 por ciento y un máximo del 95 por ciento.

Según el artículo 212 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación: Es imprescriptible, sin perjuicio de que, en los supuestos de jubilación en situación de alta, los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud. Prescribe a los tres meses de la fecha en que se causa el derecho. Prescribe a los seis meses de la fecha en que se causa el derecho. Prescribe al año de la fecha en que se causa el derecho.

Según el artículo 124 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, a efectos de su valoración, la adjudicación de bienes a la Tesorería General de la Seguridad Social se realizará por valor igual: Al débito perseguido pero sin que exceda del 75% del valor que sirvió de tipo para la enajenación. Al débito perseguido pero sin que exceda del 80% del valor que sirvió de tipo para la enajenación. Al débito perseguido pero sin que exceda del 60% del valor que sirvió de tipo para la enajenación. Al débito perseguido pero sin que exceda de valor total que sirvió de tipo para la enajenación.

En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de la prestación de orfandad, de acuerdo con el artículo 224 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el importe conjunto de la misma podrá situarse: En el120 por ciento de la base reguladora, y nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad sin cargas familiares. En el 118 por ciento de la base reguladora, y nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad sin cargas familiares. En el 118 por ciento de la base reguladora, y nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares. En el 120 por ciento de la base reguladora, y nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares.

La entidad gestora podrá revisar, por sí misma, según el artículo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la resolución por la cual hubiera reconocido el derecho a una prestación de muerte y supervivencia a quien fuera condenado por sentencia firme en el supuesto indicado. Esta facultad de revisión de oficio estará sujeta a: Un plazo no superior a 6 meses desde la sentencia firme. Un plazo no superior a 12 meses desde la sentencia firme. Un plazo no superior a 4 años desde la sentencia firme. No está sujeta a plazo alguno.

Se considerará situación asimilada a la de alta según el artículo 2 de la Orden de 13 de febrero de 1967,a efectos de causar las prestaciones de muerte y supervivencia, siempre que concurran en ella las condiciones que se determinen en las disposiciones de aplicación y desarrollo relativas a la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social: El traslado del trabajador, por su Empresa, a centros de trabajo ya sean dentro o fuera del territorio nacional. El desempleo voluntario. El cese en la condición de trabajador por cuenta ajena, con la suscripción del oportuno convenio especial con la Mutualidad correspondiente. La excedencia voluntaria del trabajador por cuenta ajena, motivada por su designación para ocupar un cargo público, con obligación por parte de la Empresa de readmitirle al cesar en el desempeño de dicho cargo de conformidad con la legislación laboral aplicable.

Conforme el artículo 7 del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados, la base de cálculo de las prestaciones económicas correspondiente a cada país de residencia se fijará de acuerdo con los indicadores económicos y de protección social de cada país de residencia. A estos efectos, señale cuál de los siguientes indicadores económicos NO se tendrán en cuenta: Renta per cápita. Salario mínimo interprofesional. El umbral de riesgo de pobreza del país. Pensión mínima de Seguridad Social.

El artículo 4 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, que regula el ingreso mínimo vital, establece que podrán ser beneficiaros de esta prestación: Las personas que sean usuarias permanentes de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio-sanitario. Las personas de entre 18 y 22 años que hayan sido liberadas de un centro penitenciario, y cuya privación de libertad haya sido por un periodo superior a seis meses. Las personas de al menos veintiséis años que no se integren en una unidad de convivencia en los términos establecidos en esta ley, siempre que no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio. Las personas de entre 16 y 22 años que hayan permanecido un mínimo de 12 meses en centros de internamiento para extranjeros, o que hayan estado en centros de acogida para menores dentro de los cuatro años anteriores a la mayoría de edad.

Según el artículo 9 de la Orden de 13 de febrero de 1967 cuando el causante fuese trabajador en activo o se encontrase en situación asimilada al alta, al tiempo de su fallecimiento, y éste no sea debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional, la base reguladora será el cociente que resulte de dividir por veintiocho la suma de las bases de cotización del causante durante un período ininterrumpido de veinticuatro meses naturales aun cuando dentro del mismo existan lapsos en los que no haya habido obligación de cotizar. Dicho periodo de veinticuatro meses: Será elegido por el beneficiario dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cause el derecho a la pensión. Será elegido por el beneficiario dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cause el derecho a la pensión. Será elegido por el beneficiario dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cause el derecho a la pensión. Será elegido por el beneficiario dentro de los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cause el derecho a la pensión.

El artículo 13 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, dispone que la cuantía mensual de la prestación que corresponde a la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales. Señale la respuesta correcta: En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta garantizada ascenderá al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por catorce. En el caso de que el beneficiario individual tenga reconocida una discapacidad, en cualquiera de sus grados, a la renta mínima garantizada se le sumará un complemento equivalente al 22%. En el caso de las unidades de convivencia, la cuantía mensual para un beneficiario individual se incrementará en un 30% por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220%. En el caso de unidades de convivencia que tengan la consideración de monoparentales, se establece un complemento adicional de carácter mensual equivalente al 45% del importe mensual de la pensión no contributiva fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

De acuerdo con el artículo 363 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, uno de los requisitos para ser beneficiario de la prestación de incapacidad no contributiva es carecer de rentas o ingresos suficientes. A este respecto, señale la afirmación correcta respecto al límite de acumulación de recursos: Los límites de acumulación de recursos, en el supuesto de unidad económica, serán equivalentes a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión, más el resultado de multiplicar el 60% de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno. Cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes hasta segundo grado, los límites de acumulación de recursos serán equivalentes a 3 veces la cuantía que resulte de la suma de la cuantía, en cómputo anual, de la pensión, más el 60% de dicha cuantía multiplicado por el número de convivientes, menos uno. Los límites de acumulación de recursos, en el supuesto de unidad económica, serán equivalentes a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión, más el resultado de multiplicar el 70% de dicha cifra por el número de convivientes, menos dos. Cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes en primer grado, los límites de acumulación de recursos serán equivalentes a 2,5 veces la cuantía que resulte de la suma de la cuantía, en cómputo anual, de la pensión, más el 70% de dicha cuantía multiplicado por el número de convivientes, menos uno.

Según el artículo 123 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social: Está presidido por la persona que ostente la titularidad de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Su vicepresidente primero es la persona que ostente la titularidad de la Dirección General de Tesorería General de la Seguridad Social. Su vicepresidente primero es la persona que ostente la titularidad de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Está presidido por la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De conformidad con el artículo 12 bis del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, ¿a quién compete adscribir los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social a otras administraciones públicas o a entidades de derecho público con personalidad jurídica propia о vinculadas o dependientes de las mismas, distintas de las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, para el cumplimiento de sus fines propios, que se presumen de utilidad pública?. A la persona que ostente la titularidad de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones. A la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A la persona que ostente la titularidad de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A cada Entidad Gestora o Servicio Común.

De conformidad con el artículo 18 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social: Los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios, el ornato y la decoración de las distintas dependencias de la Seguridad Social, podrán ser adquiridos por el Director general de la Entidad Gestora o Servicio Común que haya de utilizarlos, siendo atribuida su titularidad a dicha Entidad Gestora siempre y en todo caso. Los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios, el ornato y la decoración de las distintas dependencias de la Seguridad Social, podrán ser adquiridos por el Director general de la Entidad Gestora o Servicio Común que haya de utilizarlos, sin perjuicio de su atribución genérica a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios, el ornato y la decoración de las distintas dependencias de la Seguridad Social, podrán ser adquiridos por el Director general de la Entidad Gestora o Servicio Común que haya de utilizarlos, sin perjuicio de su atribución genérica al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios, el ornato y la decoración de las distintas dependencias de la Seguridad Social, podrán ser adquiridos por el Director general de la Entidad Gestora o Servicio Común que haya de utilizarlos, sin perjuicio de su atribución genérica a la Tesorería General de la Seguridad Social.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial: Es el órgano de administración del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Es el órgano de gobierno del mismo. La ley ordinaria establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Es el órgano de gobierno del mismo. Un Real Decreto Legislativo establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

Según el artículo 205 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en relación con la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, a efectos del cómputo de los años cotizados: No se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. Se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. Sólo se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. Sólo se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias de los dos años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

De acuerdo con el Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, señale la afirmación correcta: Si en la misma vivienda alquilada conviven dos o más personas que tuvieran reconocida una pensión de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, sólo tendrá derecho a este complemento aquel que sea el titular del contrato de arrendamiento o, de ser varios, el primero de ellos. Para tener derecho a este complemento se debe tener fijada la residencia, como domicilio habitual, en una vivienda alquilada. Se entenderá que es el domicilio habitual cuando la vigencia del contrato de arrendamiento no sea inferior a cinco años y el pensionista haya residido en la misma durante los 545 días inmediatamente anteriores. El beneficiario no podrá tener con el arrendador de la vivienda alquilada relación conyugal o de parentesco, por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado, ni constituir con aquél una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal. La cuantía del complemento de pensión para el alquiler de vivienda será de 600 euros, que se percibirán en dos mensualidades, en junio y en noviembre.