Cuestionario 2025.11.10

Señale la afirmación correcta con relación a la regulación del Poder Judicial en la Constitución: La justicia será gratuita en casos que así lo disponga la ley exclusivamente respecto de quienes acrediten recursos insuficiencia de recursos para litigar. Las actuaciones judiciales, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento, no son públicas. El procedimiento será predominantemente escrito, salvo en materia criminal que predomina el oral. El procedimiento será predominante oral, sobre todo en materia criminal.

Señale la afirmación correcta con relación a la regulación del Poder Judicial en la Constitución: El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cuatro años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de veinte años de ejercicio en su profesión. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales y civiles que la ley determine.

Según se establece en el Título Preliminar de la LORAFNA: Navarra constituye una Comunidad Histórica con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible integrada en la Nación española y solidaria con todos sus pueblos. Los españoles residentes en el extranjero, que hayan tenido su última vecindad civil en Navarra, tendrán idénticos derechos políticos que los residentes en Navarra. También tendrán este derecho sus cónyuges y sus descendientes en los términos previstos en la Compilación del Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra. La condición civil foral de navarro se adquiere en los términos regulados en la presente Ley Orgánica. Ninguna respuesta es correcta.

Señale la respuesta INCORRECTA. Según la LORAFNA, en virtud de su régimen foral, corresponde a Navarra la competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Régimen estatutario de los funcionarios públicos de la Comunidad Foral, respetando los derechos y obligaciones esenciales que la legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios públicos. Normas de procedimiento administrativo y, en su caso, económicoadministrativo que se deriven de las especialidades del Derecho sustantivo o de la organización propios de Navarra. Contratos y concesiones administrativas, respetando los principios esenciales de la legislación básica del Estado en la materia. El sistema de responsabilidad de las administraciones públicas de Navarra.

De entre las que se citan, ¿cuál de las respuestas es incorrecta en relación con las fuentes del derecho?. La costumbre es fuente del derecho, siempre que no sea contraria a la moral y al orden público, y resulte probada. La jurisprudencia complementara el ordenamiento jurídico con la doctrina que establezcan los órganos judiciales, al interpretar y aplicar las leyes. El precedente no es fuente del derecho. Los principios generales del derecho tienen carácter informador de todo el ordenamiento jurídico.

Señale la afirmación correcta. Conforme al artículo 2º de la Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico electrónico del Ayuntamiento de Pamplona, ámbito de aplicación subjetivo, la ordenanza será de aplicación a las siguientes entidades: Solamente a los órganos administrativos que integran el Ayuntamiento de Pamplona, organismos autónomos y entidades de derecho público vinculados o dependientes del Ayuntamiento de Pamplona. No es de aplicación a las sociedades mercantiles y otras entidades de derecho privado vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de Pamplona. Los órganos administrativos que integran el Ayuntamiento de Pamplona y organismos autónomos, sociedades mercantiles municipales y otras entidades de derecho privado dependientes del ayuntamiento cuando ejerzan potestades administrativas. También a las empresas externas que prestan sus servicios en el ayuntamiento de Pamplona cuando así se establezca en los pliegos. Además de a las entidades señaladas en el apartado anterior, también las asociaciones que hayan sido objeto de subvención directa cuando más del cincuenta por ciento de sus fondos sean financiados por el ayuntamiento.

Señale la afirmación correcta. Según el artículo 9 de la Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico electrónico del Ayuntamiento de Pamplona, constituyen derechos de la ciudadanía en materia de administración electrónica: Derecho a que la Entidad Local le facilite copias de los documentos contenidos en los procedimientos. Dicha obligación se entenderá cumplida mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la misma. Derecho a obtener una copia autenticada, en el caso de que excepcionalmente deba presentar un documento original. Derecho a poder cumplir las obligaciones de pago por medios electrónicos, pudiendo utilizar alguno de los siguientes medios: tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria, u otros medios que pudiera establecer el ayuntamiento. Todas las anteriores son derechos de los ciudadanos en materia de administración electrónica.

Señale la respuesta correcta. Según el artículo 7º de la Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico electrónico del Ayuntamiento de Pamplona, es un principio de acceso electrónico de la ciudadanía al procedimiento administrativo: Principio de usabilidad, que garantiza que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en el usuario, de forma que se minimice el grado de conocimiento tecnológico necesario para el uso del servicio. Principio de equidad, por el cual los trámites electrónicos se adaptarán a las circunstancias particulares de cada caso, evitando resultados excesivamente rígidos o injustos. Principio de celeridad, que establece la tramitación preferente de las solicitudes presentadas por medios electrónicos. Principio de contradicción: en caso de discrepancia entre la información en papel o en soporte electrónico, prevalece lo que aparezca en la documentación aportada por medios electrónicos.

Según el artículo 16.8 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el registro, aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación: Se incorporarán al expediente una vez los reciba el órgano al que se dirigen. Sólo se admitirán en procedimientos iniciados de oficio. No se tendrán por presentados. Se tendrán por presentados pero no producirán efectos.

Según el Artículo 27.3 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel. Señale la respuesta INCORRECTA: Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado, no siendo necesario incluir los metadatos que acrediten su condición de copia. Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original.

Según el artículo 142 de la Ley 40/2015 de Régimen jurídico del sector público, ¿cuál de las siguientes NO es una técnica de colaboración entre las administraciones públicas?. El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios. La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa. El deber de asistencia y auxilio. El suministro de medios y programas informáticos.

Según el artículo 31 de la Ley foral 5/2018 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado (Señale la respuesta INCORRECTA). Si está en marcha una investigación administrativa que pueda verse afectada. Si puede afectar a la igualdad de las partes en un proceso judicial. Si puede afectar a la igualdad de las partes en cualquier procedimiento administrativo. Si pone en riesgo la protección al medio ambiente.

Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO se consideran interesados en el procedimiento: Quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses individuales o colectivos. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento cuando haya recaído resolución definitiva. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Todas las respuestas anteriores son falsas.

Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: a) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. b) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. c) Las personas físicas. d) Las opciones a) y b) son verdaderas.

Señale la respuesta correcta. Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el cómputo de plazos: Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán desde el día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. El plazo concluirá el día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento.

Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en relación con los actos administrativos: a) El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en el que el acto haya sido dictado. b) A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. c) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán consultivos con arreglo a lo dispuesto a esta Ley. d) Las opciones a) y b) son verdaderas.

Señale la respuesta correcta. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los órganos administrativos que cuenten con superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. b) Las resoluciones de los recursos de alzada. c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores del procedimiento. d) Las opciones a) y b) son falsas.

Señale la respuesta correcta. Según el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el recurso potestativo de reposición: Podrá interponerse cuando el acto no haya puesto fin a la vía administrativa. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Se podrá interponer ante el órgano superior jerárquico de quien dictó el acto. Se podrá interponer en cualquier momento.

Señale la respuesta correcta. Según el artículo 22 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra (Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto), los funcionarios pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones: Servicio activo, excedencia, servicios especiales o comisión de servicios. Servicio activo, servicios especiales, excedencia o suspensión. Servicio activo, libre designación, excedencia o suspensión. Servicio activo, comisión de servicios, excedencia o suspensión.

Señale la respuesta correcta. Según el artículo 27 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra (Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto), en relación con la excedencia especial: La duración máxima será de 2 años por cada sujeto causante. Su concesión estará supeditada a la declaración del personal funcionario de no desempeñar durante su disfrute otra actividad profesional o laboral. El personal funcionario en situación de excedencia especial tendrá derecho a la reserva de plaza y a devengar derechos económicos. Si se produce la reincorporación anticipada al puesto de trabajo, el personal funcionario podrá solicitar, posteriormente, y por una sola vez, un nuevo periodo de excedencia especial derivado del mismo sujeto causante por el tiempo que reste hasta su duración máxima, pero se exigirá el transcurso de, al menos, tres meses desde su reincorporación hasta el comienzo del nuevo periodo de excedencia.

Señale la respuesta correcta. Según el artículo 56 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra (Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto), los funcionarios en situación de servicio activo, están obligados a: Sustituir en sus funciones a sus compañeros ausentes del servicio, incluidos los superiores. Hacer uso de su condición de funcionarios para el ejercicio de actividades mercantiles, industriales o profesionales. El secreto profesional. Las opciones a) y c) son verdaderas.

El artículo 8 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, indica que la gestión de las subvenciones se realizará según los siguientes principios: Publicidad, concurrencia, subjetividad, igualdad y no discriminación. Eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Eficiencia en el cumplimiento de objetivos fijados por la Unión Europea. Publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y discriminación.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria. Todas las respuestas son correctas. Se podrán conceder directamente las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

Señale la respuesta correcta. Cuál de estos enunciados NO son requisitos para el otorgamiento de subvenciones: La competencia del órgano administrativo concedente y la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de las subvenciones. La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas de aplicación. La fiscalización previa de los actos de contenido económico, en los términos previstos en las leyes, y la aprobación del gasto por el órgano competente para ello. La emisión de un informe técnico de impacto de género con carácter previo a la concesión.

Sobre los gastos subvencionables según la Ley 38/2003, cuál es FALSA: En todo caso deberán ser abonados con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención. Cuando no se haya establecido un plazo concreto de realización, los gastos deberán realizarse antes de que finalice el año natural en que se ha ya concedido la subvención. En ningún caso serán gastos subvencionables los producidos en procesos judiciales. Aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido.

Según la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos: En la contratación pública se incorporarán de manera transversal y optativa criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato. En la contratación pública se podrán incorporar de manera transversal y optativa criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato. En la contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato. En la contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales aunque no guarden relación con el objeto del contrato.

Según la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos: Los contratos públicos deberán incluir de manera preceptiva criterios de adjudicación, así como requerimientos de ejecución de carácter social o medio-ambiental. Los contratos públicos deberán incluir de manera preceptiva criterios de adjudicación o requerimientos de ejecución de carácter social o medioambiental. Los contratos públicos deberán incluir de manera preceptiva criterios de adjudicación, así como requerimientos de ejecución de carácter social y medio-ambiental. Los contratos públicos deberán incluir de manera preceptiva criterios de adjudicación o requerimientos de ejecución de carácter social y medioambiental.

Según el artículo 27 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, se calificarán los contratos: Los contratos regidos por esta Ley podrán ser calificados como obras, concesiones, servicios, suministros o mixtos. Los contratos regidos por esta Ley podrán ser calificados como obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministros o servicios. Los contratos regidos por esta Ley podrán ser calificados como obras, concesión de obras, concesión de servicios o suministros. Los contratos regidos por esta Ley podrán ser calificados como obras, concesión de obras, servicios, concesión de servicios, suministros o concesión de suministros.

Según la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el procedimiento de adjudicación simplificado: Deberá utilizarse siempre en los contratos de servicios y suministros de valor estimado inferior a 60.000 euros y en los contratos de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros. El órgano de contratación solicitará siempre que sea posible ofertas a más de 5 empresas o profesionales que puedan ejecutar el contrato. Salvo que en los pliegos se establezca de modo expreso su no exigencia, las personas licitadoras y/o adjudicatarias estarán obligadas a acreditar la solvencia. Tendrá carácter excepcional y solo se podrá utilizar, de forma motivada, en los supuestos que se habilitan por esta ley foral.

Según la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos en referencia a los anuncios de información previa, señale la respuesta correcta: Tales anuncios serán publicados en el Portal de Contratación de Navarra, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea si se trata de contratos de valor estimado igual o inferior al umbral europeo. Su publicación, para contratos de valor estimado igual o superior al umbral europeo en los procedimientos abiertos, restringidos y negociados, podrá reducir a quince días el plazo mínimo para la presentación de las ofertas. Su publicación reducirá los plazos para la presentación de proposiciones si el anuncio se ha remitido entre 3 meses y 35 días antes de la publicación del anuncio de licitación del contrato. Los órganos de contratación publicarán estos anuncios con el fin de reducir los plazos de los contratos de obras, de suministros, de servicios, de concesión de obras públicas o de concesión de servicios que prevean licitar.

Según la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos en relación con la plataforma de licitación electrónica de Navarra, señale la respuesta correcta: Su utilización será obligatoria para quien licite, dependiendo de su personalidad física o jurídica. Es la herramienta web bajo la dependencia del Tribunal de Contratos de Navarra, medio oficial para la presentación de ofertas y solicitudes de participación en las licitaciones de las entidades sometidas a esta ley foral. Para llevar a cabo las subsanaciones o aclaraciones a la oferta que se soliciten dentro del procedimiento se utilizarán la sede electrónica o registro auxiliar de todas las entidades sometidas a la aplicación de esta ley foral. En ella se presentará toda la documentación correspondiente a las licitaciones en curso con garantía de confidencialidad hasta el momento de su apertura.

Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres: Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación comparable. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una mujer que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación comparable.

¿Qué es la Estrategia de Transición energética y cambio climático 2030 de Pamplona?. Una iniciativa para reducir el consumo de drogas en la juventud. Una propuesta transformadora hacía una ciudad mucho más saludable y comprometida con el Cambio Climático, con el horizonte de conseguir un modelo de ciudad adaptada, innovadora, moderna y descarbonizada en las próximas décadas. Una propuesta para aumentar las dotaciones sanitarias. Una iniciativa para realizar cambios en los sistemas de riego de los invernaderos.

Señale la afirmación correcta sobre la Potestad Reglamentaria del Gobierno: Los Jueces y Tribunales no aplicarán disposiciones reglamentarias contrarias a la Constitución, a la Ley y al principio de jerarquía normativa. Impugnado indirectamente un reglamento, el tribunal no puede inaplicarlo, sino que debe anularlo si es competente y si no, plantear la cuestión de ilegalidad. Los órganos de la Administración carecen de competencia para dejar de aplicar, aun cuando fuera ilegal, un reglamento emanado del Gobierno. Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. ¿Cuál de los siguientes NO es un derecho reconocido en estas disposiciones?. Derecho de supresión. Derecho de queja. Derecho de oposición. Derecho a la portabilidad de los datos.