CUESTIONARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL

De acuerdo con el artículo 168.1 de la Constitución Española, cuando se propusiere una revisión parcial de la misma que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a: A) La aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. B) La aprobación del proyecto de reforma constitucional por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. C) La creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. D) Someter a referéndum la propuesta de reforma para su ratificación antes de su aprobación por las Cortes Generales.

Qué clases de suelo establece la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. A) Urbano, no urbanizable y    urbanizable. B) Urbano y rústico. C) Urbano, urbanizable programado y no urbanizable. D) Urbano, urbanizable y rústico.

Con relación a la prueba en la regulación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es cierto que: A) La actividad probatoria se produce únicamente en el periodo de prueba acordado por el instructor. B) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter vinculante. C) Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos administrativos que substancien. D) El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el interés por mora en el pago del salario será: A) El interés legal de lo adeudado. B) El cinco por ciento de lo adeudado. C) El diez por ciento de lo adeudado. D) El  veinticinco por ciento de lo adeudado.

De acuerdo con la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, la obligación de las personas o entidades incluidas en su ámbito de aplicación de hacer pública por propia iniciativa la información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública se denomina: A) Acceso a la información pública. B) Publicidad pasiva. C) Publicidad activa. D) Gobierno abierto.

La Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, establece en su artículo 19.3 que se catalogarán como puestos a desempeñar por personal directivo público profesional alto cargo exclusivamente los correspondientes a las personas titulares, entre otros, de los siguientes órganos directivos centrales o periféricos: A) Las secretarías generales. B) Las secretarías generales técnicas. C) Las direcciones generales que tengan como ámbito competencial específico la inspección, el control económico-financiero, los tributos, la gestión del medioambiente, la asistencia jurídica o los recursos humanos. D) Las viceconsejerías.

Con relación a  la regulación del endeudamiento prevista en el Título III del texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, es cierto que: A) La persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda podrá concertar las operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir necesidades transitorias de Tesorería, fijando sus características, con la limitación de que la suma total de los importes de las operaciones formalizadas vigentes no supere el 15 por ciento de los créditos iniciales que autorice el Presupuesto. B) El límite máximo de las operaciones de crédito por plazo superior a un año se autorizará por el Consejo de Gobierno, pudiendo delegar esta potestad en la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. C) Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda adquirir en el mercado secundario de valores negociables Deuda Pública de la Junta de Andalucía con destino a su amortización. D) Los capitales de la Deuda Pública prescribirán a los quince años sin percibir sus intereses ni realizar su titular acto alguno ante la Administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía que suponga o implique el ejercicio de su derecho.

De acuerdo con el artículo 62 de la Constitución Española, corresponde al Rey: A) Convocar y disolver las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en los términos previstos en la propia Constitución. B) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que podrá autorizar indultos generales. C) Sancionar los decretos acordados en el Consejo de Ministros. D) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

Según el artículo 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, NO es un instrumento de prevención y control ambiental: A) La calificación ambiental. B) La evaluación ambiental estratégica. C) La licencia ambiental. D) La declaración responsable de los efectos ambientales.

Con relación al llamado recurso directo contra reglamentos es cierto que: A) La desestimación del recurso directo que frente a la disposición se hubiera interpuesto no impide la impugnación de los actos que se produzcan en aplicación de aquella, fundada en que tal disposición no es conforme a Derecho. B) El plazo para interponer el recurso será de seis meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. C) Exige la previa interposición del recurso administrativo correspondiente. D) Con carácter general, las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales.

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la competencia para promover, en su caso, la impugnación de los actos o acuerdos de las entidades locales de la provincia que infrinjan el ordenamiento jurídico corresponde a: A) La persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia. B) La persona titular de la correspondiente Diputación Provincial. C) La persona titular de la Delegación Provincial o, en su caso,Territorial en la provincia, competente por razón de la materia. D) El Consejo de Gobierno.

De acuerdo con el artículo 53.1 de la Constitución Española, los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I: A) Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. B) Vinculan a los poderes públicos y su ejercicio solo podrá regularse por ley que, en todo caso, deberá respetar su contenido esencial. C) Se tutelan a través del recurso de amparo constitucional. D) Se tutelan por los Tribunales ordinarios a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.

De acuerdo con el artículo 289 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿En qué consiste el procedimiento legislativo ordinario?. A) En la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. B) En la adopción por el Parlamento Europeo de cualquier norma de la Unión Europea a propuesta de la Comisión. C) En la adopción por el Consejo Europeo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, directiva, decisión o recomendación. D) En la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva, o una recomendación.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con carácter general, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento: A) Cuando tenga como mínimo 13 años. B) Cuando sea mayor de 14 años. C) Cuando tenga como mínimo 16 años. D) En ningún caso, ya que solo será lícito si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela, y con el alcance que determinen.

De acuerdo con la estructuración de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía regulada en la Ley 6/2023, de 7 de julio, de Policías Locales de Andalucía: A) La categoría de Inspector o Inspectora pertenece a la escala técnica. B) La categoría de Oficial pertenece a la escala ejecutiva. C) La categoría de Subinspector o Subinspectora pertenece a la escala ejecutiva. D) La categoría de Policía pertenece a la escala de entrada.

Según el artículo 31 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, NO es un derecho de    las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios: A) Solicitar y poder ser declaradas de utilidad pública. B) Gozar del beneficio de la justicia gratuita, de acuerdo con las leyes. C) Percibir ayudas públicas y otras medidas de apoyo y fomento. D) Exigir la rectificación pública de las comunicaciones e informaciones publicitarias engañosas o ilícitas.

Según el Tribunal Constitucional la regla de supletoriedad prevista en el artículo 149.3 de la Constitución implica: A) Que una norma estatal puede disponer la aplicación supletoria de una norma autonómica. B) Una cláusula universal atributiva de competencias sobre cualesquiera materias a favor del Estado. C) Que el Estado puede aprobar normas con el único propósito de crear Derecho supletorio del de las Comunidades Autónomas en materias que sean de la exclusiva competencia de éstas. D) Que, cuando se identifica una laguna en el ordenamiento autonómico, el aplicador del Derecho debe colmarla acudiendo a las normas pertinentes dictadas por el Estado en el ejercicio de las competencias que la constitución le atribuye.

De acuerdo con el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, velar por la ejecución del Presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la Junta de Andalucía, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualesquiera otras que la defensa de tales derechos exija, corresponde a: A) El Consejo de Gobierno. B) La Consejería competente en materia de Hacienda. C) Las Consejerías. D) La Comisión Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera.

De acuerdo con el artículo 7.2 del Código Civil, el abuso del derecho dará lugar a: A) La reposición del perjudicado en su situación inicial y, en su caso, a la correspondiente indemnización. B) La nulidad de los actos ejecutados con abuso del derecho y a la correspondiente indemnización. C) La pérdida del derecho para su titular. D) La correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

De acuerdo con el artículo 31.1 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, las políticas activas de empleo se dirigen, entre otros fines, a: A) El fomento de la competencia empresarial. B) Impulsar la creación de empleo y a mejorar las posibilidades de acceso a un empleo digno, por cuenta ajena o propia, de las personas demandantes de los servicios de empleo. C) La ordenación de la empleabilidad. D) El fomento de la economía general.

De acuerdo con el artículo 128 de la Constitución Española: A) Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos y servicios no esenciales. B) Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. C) Queda prohibida totalmente la intervención de empresas. D) No se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.

De acuerdo con el artículo 125.1 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, son procedimientos de provisión de puestos de trabajo de carácter extraordinario: A) La movilidad voluntaria provisional y la adscripción provisional. B) La movilidad temporal y estructural y la libre designación. C) El concurso específico y la movilidad por razones de salud. D) La movilidad forzosa provisional o definitiva y el concurso en su modalidad de abierto y permanente.

De acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados, en virtud del principio de: A) Lealtad institucional. B) Cooperación leal. C) Subsidiariedad. D) El enunciado no es un principio de la Unión Europea.

Según el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 92/2022, de 31 de mayo, el acuerdo de convalidación de gastos previsto en el artículo 36, tiene como único efecto subsanar: A) La falta de competencia del órgano al que se propone la aprobación del gasto. B) La falta de acreditación de la legitimidad de la persona o entidad a cuyo favor se contrae el compromiso de gasto. C) La omisión del trámite de la fiscalización previa del acto o expediente. D) Las respuestas A y C son correctas.

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, establece en su artículo 91.1 que los términos municipales podrán ser modificados por: A) Escisión. B) Aumento de sus competencias debido a dinámicas políticas, sociales y económicas. C) Deslinde. D) Agregación.

De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, las causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera que pueden dar lugar a una posterior solicitud de rehabilitación son: A) Pérdida de la nacionalidad, jubilación por incapacidad permanente para el servicio, remoción del puesto de trabajo y haber sido condenado o condenada a la pena principal o accesoria de inhabilitación. B) Pérdida de la nacionalidad, jubilación por incapacidad permanente para el servicio, sanción disciplinaria de separación del servicio y haber sido condenado o condenada a la pena principal o accesoria de inhabilitación. C) Pérdida de la nacionalidad, jubilación por incapacidad permanente para el servicio y haber sido condenado o condenada a la pena principal o accesoria de inhabilitación. D) Pérdida de la nacionalidad, jubilación por incapacidad permanente para el servicio, sanción disciplinaria de suspensión de funciones y haber sido condenado o condenada a la pena principal o accesoria de inhabilitación.

De acuerdo con el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, ¿Cuándo entran en vigor las modificaciones realizadas en los Tratados con arreglo al procedimiento de revisión ordinario?. A) Tras la ratificación de las cuatro quintas partes de los Estados Miembros. B) Después de haber sido ratificadas por todos los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. C) Transcurrido un plazo de dos años desde su firma. D) Cuando el Consejo Europeo lo decida por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo.

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con relación a las uniones temporales de empresarios es cierto que: A) Podrán contratar con el sector público sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. B) Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados mancomunadamente, si bien deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. C) La duración de las uniones temporales de empresarios se extenderá, al menos, hasta un año después de la extinción del contrato. D) Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación.

De acuerdo con el artículo 164 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con relación a las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional es cierto que: A) Se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 20 a un 60 por ciento cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios. B) La responsabilidad del pago del recargo de dichas prestaciones recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno. C) Se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 25 a un 70 por ciento cuando no    se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo. D) La responsabilidad del pago del recargo de dichas prestaciones recaerá sobre el empresario infractor aunque podrá ser objeto de seguro.

Según la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el Sistema Sanitario Público de Andalucía se organiza territorialmente en los siguientes niveles: A) Centros de Salud y Centros de Especialidades. B) Áreas de Salud y Zonas Básicas de Salud. C) Atención primaria y atención especializada. D) Distritos de Atención Primaria y Distritos Hospitalarios.

De acuerdo con el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, la creación de un portal de internet específico para difundir de manera más directa la información relativa a una concreta competencia o materia en el ámbito de una Consejería: A) No es posible ya que sólo existe el portal único de la Junta de Andalucía.   . B) Tendrá lugar mediante orden de la persona titular de dicha Consejería previo informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al Gobierno Abierto. C) Sólo es posible en el caso en que albergue una sede electrónica específica. D) Tendrá lugar mediante orden conjunta de las Consejería que pretenda crear el portal específico y la Consejería competente en materia de administración pública.

De acuerdo con la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, admitida la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz promoverá la oportuna investigación y, en todo caso, dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al Organismo o a la Dependencia administrativa procedente, con el fin de que por su Jefe se remita informe escrito en el plazo máximo de: A) Quince días. B) Veinte días. C) Diez días. D) Un mes.

De acuerdo con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en la celebración del juicio del proceso laboral ordinario: A) El demandante ratificará la demanda, sin posibilidad de ampliarla. B) El demandado solo podrá contestar afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda. C) Solo será admisible el allanamiento total, en cuyo caso se dictará sentencia condenatoria de acuerdo con las pretensiones del actor. D) El demandado únicamente podrá formular reconvención cuando la hubiese anunciado en la conciliación previa al proceso o en la contestación a la reclamación previa o resolución que agote la vía administrativa y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la petición en que se concreta.

De acuerdo con el artículo 14 del Código Civil, la sujeción al Derecho civil común o al especial o foral se determina por: A) El domicilio. B) La vecindad civil. C) La nacionalidad. D) El nacimiento.

La evaluación quinquenal de los sistemas de gestión de calidad de las Universidades andaluzas corresponde a:   . A) La Agencia Andaluza del Conocimiento. B) La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. C) La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía. D) La Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Andalucía.

La nulidad del pleno derecho de un acto administrativo: A) Se producirá cuando el acto se dicte por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del grado. B) En nada afecta inicialmente a su eficacia inmediata. C) Para que sea declarada requiere petición de parte interesada. D) Si no se recurre, el acto nulo se hace inatacable.

La Constitución Española establece en su artículo 162.1 que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: A) Los órganos unipersonales ejecutivos de las Comunidad Autónomas. B) Cualquier personal natural o jurídica que invoque un interés legítimo. C) El Ministerio Fiscal. D) Cincuenta Senadores.

La Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, establece en su artículo 115.3 que el instrumento preferente de selección del personal funcionario interino y laboral temporal es: A) La demanda al Servicio Público de Empleo. B) La creación de bolsas de empleo o la demanda al Servicio Público de Empleo, a criterio de la Consejería competente en materia de Función Pública y dependiendo de las necesidades de personal. C) La creación de bolsas de empleo, sin perjuicio de otros que, motivada y excepcionalmente, sean más adecuados a la necesidad de la selección y las características de los puestos a cubrir. D) El establecido en cada caso por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda.

Los Diputados del Parlamento europeo son elegidos por un mandato de: A) Tres años. B) Cuatro años. C) Cinco años. D) Seis años.

Señale cuál de las siguientes NO es una función del Delegado de Protección de Datos, de acuerdo con el Reglamento, (UE) 2016/679, General de Protección de datos: A) Aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. B) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros. C) Cooperar con la autoridad de control. D) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación.

De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, NO forma parte del contenido mínimo que los convenios colectivos habrán de expresar: A) Determinación de las partes que los conciertan. B) Plazo mínimo para la denuncia del convenio antes de finalizar su vigencia. C) Establecimiento de las mejoras de seguridad social aplicable a los trabajadores incluidos dentro de su ámbito. D) Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas, así como establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación de esta comisión.

Según la legislación de procedimiento administrativo común, en un procedimiento sancionador con posibilidad de imposición de una sanción pecuniaria el presunto responsable puede beneficiarse de una  reducción: A) Del 50% de su importe si paga voluntariamente en el plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente a la recepción de la correspondiente notificación de la denuncia. B) De al menos el 20% si el infractor desiste o renuncia a cualquier acción o recurso contra la sanción. C) De al menos el 40% siempre que la reducción este determinada en la notificación de la iniciación del procedimiento y el presunto responsable pague voluntariamente. D) De al menos el 20% si se produce el pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución.

De acuerdo con el artículo 103.1 de la Constitución Española, la Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de: A) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. B) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y delegación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. C) Eficacia, jerarquía, transparencia, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. D) Eficiencia, eficacia, jerarquía, simplificación, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

El artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, después de indicar que  los interesados no estarán obligados a aportar al procedimiento administrativo documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos, dispone que las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante su consulta a: A) Registros electrónicos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. B) Plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. C) Sistemas de gestión documental u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.   . D) Plataformas corporativas u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

¿Qué norma crea las Unidades de Igualdad de Género en todas las Consejerías de la Junta de Andalucía?. A) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. B) La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. C) Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. D) El Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 92/2022, de 31 de mayo, con carácter general, la fiscalización previa del expediente de gasto con la propuesta del acto y toda la documentación que deba acompañarlo se realizará por la Intervención en el plazo máximo de: A) Cinco días contados desde el siguiente a la fecha de recepción. B) Diez días contados desde el siguiente a la fecha de recepción. C) Quince días contados desde el siguiente a la fecha de recepción. D) Veinte días contados desde el siguiente a la fecha de recepción.

Es causa de inadmisión de los recursos según el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: A) Ser el órgano administrativo manifiestamente incompetente por razón de la materia. B) Carecer de capacidad de obrar el recurrente. C) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. D) Haberse desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

De acuerdo con la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, podrán crearse servicios administrativos con gestión diferenciada  por: A) Ley. B) Decreto del Consejo de Gobierno. C) Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía. D) Orden de la Consejería a la que se adscriben.

Según la Ley de Transparencia Pública de Andalucía es una infracción de carácter disciplinario grave: A) El incumplimiento de las resoluciones dictadas en materia de acceso por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en las reclamaciones que se le hayan presentado. B) La denegación arbitraria del derecho de acceso a la información pública. C) El incumplimiento injustificado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública. D) Suministrar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.e).

De acuerdo con el artículo 61.1 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, la obtención por primera vez de un resultado negativo en la evaluación del desempeño dará lugar a: A) La imposibilidad de que el tiempo de trabajo desarrollado durante el período evaluado sea valorado como mérito de experiencia en los procesos selectivos y de provisión. B) La participación de la persona afectada en un programa de formación específico para la mejora de sus conocimientos y competencias profesionales en relación con el puesto de trabajo ocupado durante el período evaluado. C) La posibilidad de remoción del puesto de trabajo por resolución motivada, previa audiencia a la persona afectada. D) La adscripción provisional a otro puesto de trabajo en la misma localidad, cuando esto último sea posible, respetando el tramo de carrera profesional consolidado.

De acuerdo con el artículo 148.1 de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: A) Asistencia social. B) Administración de Justicia. C) Legislación laboral. D) Procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de la Administración del Estado.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con relación a las medidas de acción positiva es cierto que: A) Se aplican con carácter definitivo en favor de hombres o de mujeres para corregir patentes situaciones de desigualdad de hecho entre ambos géneros. B) Se aplican en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres y en tanto subsistan dichas situaciones. C) Las personas jurídicas privadas no podrán adoptar este tipo de medidas. D) B y C son correctas.

Los inmuebles ubicados en Andalucía que carecieren de dueño pertenecen a: A) La Administración de la Junta de Andalucía. B) Al Ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentren. C) A la Administración General del Estado. D) A la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Qué afirmación NO es conforme con la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas: A) Los establecimientos de ocio y esparcimiento no se podrán abrir al público antes de las 12:00 horas del día. B) La instalación de establecimientos públicos eventuales destinados a la celebración y desarrollo de espectáculos públicos y actividades recreativas está sujeta a declaración responsable. C) Las medidas de intervención administrativa distintas a la autorización no pueden ser objeto de transmisión. D) La apertura de establecimientos públicos fijos destinados a la celebración y desarrollo de espectáculos públicos y actividades recreativas permanentes y de temporada se encuentra sujeta, con carácter general, a la presentación de declaración responsable.

Con relación a la abstención y recusación en el procedimiento administrativo común es cierto que: A) Es motivo de abstención haber tenido cuestión litigiosa con algún interesado. B) Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de cinco días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. C) El planteamiento de la recusación no suspenderá la tramitación del procedimiento. D) La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención podrá implicar la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

De acuerdo con el artículo 98.3 de la Constitución Española, los miembros del Gobierno pueden ejercer: A) Las funciones representativas propias del mandato parlamentario. B) Cualquier actividad profesional no incompatible con su mandato. C) Cualquier otra función pública, aun cuando no derive de su cargo. D) Cualquier actividad mercantil.

Conforme a la Ley Hipotecaria, no se podrán hipotecar: A) Los bienes litigiosos. B) Los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y otros semejantes de naturaleza real. C) Los bienes anteriormente hipotecados con el pacto de no volverlos a hipotecar. D) El uso y la habitación.

De acuerdo con el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, durante la huelga: A) Se suspenden las funciones representativas de los delegados de personal y miembros del comité de empresa. B) Se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario. C) El comité de huelga garantizará la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas y designará a las personas que deban efectuarlos. D) El trabajador en huelga tendrá derecho a la prestación económica por incapacidad laboral transitoria.

De acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma los sindicatos de dicho ámbito que, además de no estar federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal, acrediten en aquel ámbito una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos: A) El 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes. B) El 20 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 2.000 representantes. C) El 25 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los    trabajadores en los comités de empresa y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 3.000 representantes. D) El 30 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los    trabajadores en los comités de empresa y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 3.000 representantes.

De acuerdo con el artículo 248.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Junta de Andalucía someterá a referéndum la reforma del Estatuto en el plazo máximo de: A) Tres meses, una vez sea ratificada mediante ley orgánica por las Cortes Generales. B) Seis meses, una vez sea ratificada mediante ley orgánica por las Cortes Generales. C) Diez meses, una vez sea ratificada mediante ley orgánica por las Cortes Generales. D) Doce meses, una vez sea ratificada mediante ley orgánica por las Cortes Generales.

En un procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia, cuál de las siguientes afirmaciones NO se ajusta a la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía: A) No podrán participar los farmacéuticos que hayan transmitido su titularidad o cotitularidad sobre una oficina de farmacia en un plazo inferior a cinco años respecto a la fecha de publicación de la convocatoria de concurso. B) En la primera fase solo podrán participar los farmacéuticos y farmacéuticas interesados que sean titulares o cotitulares de oficina de farmacia situada dentro o fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la fecha de publicación de la convocatoria. C) El titular que tuviese autorizada una oficina de farmacia no podrá ser adjudicatario de las que se oferten en el municipio donde se ubique la que tiene autorizada. D) Desde la fecha en que se produzca la conformidad de la adjudicación, esta es irrenunciable.

De acuerdo con el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en relación a la especialidad cuantitativa y cualitativa de los créditos es cierto que: A) No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior a su importe, siendo anulables los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a la ley que infrinjan esta norma. B) Como regla general, los créditos autorizados en los estados de gastos del Presupuesto de la Junta de Andalucía, sus instituciones, agencias y consorcios vincularán a nivel de sección presupuestaria y servicio, por programas y económica a nivel de concepto. C) Los gastos financiados con transferencias y otros ingresos de carácter finalista vincularán en cada sección y programa de gasto a nivel de concepto y fondo de financiación. D) Tendrán carácter específicamente vinculante, con independencia de su fuente de financiación, las subvenciones nominativas a nivel de sección, servicio, programa y subconcepto.

La consecución de los objetivos de la política de cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea se realiza mediante la utilización de: A) Fondo Europeo de Compensación Interterritorial. B) Fondo Social Europeo Plus. C) Fondo de Transición Equitativa. D) Todas son incorrectas.

De acuerdo con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, el mandato de los Diputados termina: A) Cuatro años después de la constitución de la Cámara o el día de su disolución. B) Cuatro años después de la convocatoria de las elecciones o el día de disolución de la Cámara. C) Cuatro años después de su elección o el día de disolución de la Cámara. D) Si pasa a formar parte del Gobierno de Andalucía.

Los bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas: A) Gozan en todo caso del privilegio de la inembargabilidad. B) No son enajenables. C) No pueden ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros. D) Deben inscribirse en el Registro de la Propiedad si son susceptibles de inscripción.

El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía se aprueba regularmente por: A) Ley. B) Decreto del Consejo de Gobierno. C) Acuerdo del Consejo de Gobierno. D) Resolución de la persona titular de la Dirección del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Con relación al recurso ordinario de apelación contra las sentencias, previsto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, es cierto que: A) Es admisible en un solo efecto, salvo en los casos en que la Ley disponga otra cosa. B) Se interpondrá ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los quince días siguientes al de su notificación. C) La interposición de un recurso impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. D) Serán siempre susceptibles de apelación las sentencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo que resuelvan impugnaciones directas de disposiciones generales.

En caso de acoso laboral o sexual y de acuerdo con el Protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación de la Junta de Andalucía, además de la persona presuntamente acosada, la solicitud de intervención que inicia el procedimiento puede provenir de: A) De las personas responsables de las unidades administrativas que tengan conocimiento del posible acoso. B) Del Centro Prevención de Riesgos laborales. C) De los miembros de las Unidades de Igualdad de Género. D) De las Juntas de Personal y los Delegados de Personal que tengan conocimiento del posible acoso.

Según el artículo 35 del Código Civil, la personalidad de las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley empieza: A) Desde que comiencen su actividad. B) Desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas. C) Desde la presentación de la solicitud de inscripción ante el registro competente. D) Desde su inscripción en el registro competente.

De acuerdo con la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, NO son archivos de titularidad y gestión de la Junta de Andalucía: A) El de la Cámara de Cuentas. B) El del Consejo Consultivo. C) Los archivos históricos provinciales. D) Los archivos provinciales intermedios.

En relación a la desviación de poder es cierto que: A) Para que se produzca es necesario que el fin perseguido en el ejercicio de una potestad administrativa sea un fin privado del agente o autoridad administrativa. B) Constituye un vicio determinante de la nulidad de pleno Derecho de los actos administrativos. C) Solo es posible en el ejercicio de potestades discrecionales.     . D) Su alegación ante los tribunales es insuficiente para destruir la presunción de legalidad del acto administrativo.

Con relación al contrato de servicios regulado en los artículos 308 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es cierto que: A) En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, salvo los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores. B) Deberá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de obra cuando la contratación separada conllevase una merma en la calidad de las prestaciones objeto del contrato, dificultando la coordinación y continuidad entre la fase de redacción del proyecto y su ejecución en obra. C) En los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía los bienes afectos a los servicios podrán ser objeto de embargo. D) Para acreditar la existencia de los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas, bastará la designación o nombramiento por autoridad competente.

Según la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, el aprovechamiento de los recursos geológicos clasificados en la sección A) requiere: A) Concesión de explotación. B) Permiso de exploración. C) Autorización de explotación. D) Titulo habilitante obtenido por concurso público.

Con relación al régimen jurídico de los órganos colegiados en Andalucía, es cierto que: A) El órgano que acordó la creación de un órgano colegiado podrá dictar la norma o acuerdo de extinción en caso de paralización de su actividad. B) Serán creados por Decreto los órganos colegiados integrados por representantes de una Consejería. C) Corresponde a la persona titular de la secretaria acordar la convocatoria de las sesiones y determinar el orden del día. D) Con carácter básico, para la válida constitución de un órgano de la Administración de la Junta de Andalucía, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia presencial del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes le suplan, y la de la mitad ,al menos, de sus miembros.

NO es familia numerosa o se equipara a la misma a los efectos de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, la familia constituida por: A) Dos o más hermanos huérfanos de padre o madre sometidos a tutela, acogimiento o guarda que convivan con el tutor, acogedor o guardador, pero no se hallen a sus expensas. B) Dos ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al menos, uno de ellos tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o estuvieran incapacitados para trabajar, con dos hijos, sean o no comunes. C) El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal. D) Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos, si uno de ellos es discapacitado, que convivan y tengan una dependencia económica entre ellos.

En los procedimientos expropiatorios tramitados por vía de urgencia referidos a supuestos en que una norma legal sectorial dispone que la aprobación del correspondiente proyecto implica la declaración de utilidad pública y necesidad de urgente ocupación:   . A) El trámite de información publica previsto en la Ley de Expropiación Forzosa debe practicarse, en todo caso, con carácter previo a la aprobación del correspondiente proyecto. B) El trámite de información pública establecido en la Ley de Expropiación Forzosa se cumple con la información pública derivada del procedimiento de aprobación del proyecto según su normativa sectorial. C) La declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados resulta del acto de aprobación del correspondiente proyecto pudiendo practicarse posteriormente información pública pero limitada a la corrección  de errores en la relación de bienes y derechos afectados. D) Debe practicarse un tramite de información pública, previo o posterior a la aprobación del proyecto, que permita a los interesados formular las alegaciones que estimen convenientes en cuanto a la necesidad de ocupar los bienes y derechos afectados por la expropiación y su valoración.

De acuerdo con la Orden de 19 de febrero 2015 por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, es una de las funciones de las oficinas de gestión, en el proceso de contabilización del presupuesto de gastos e ingresos y en relación con la contabilidad extrapresupuestaria: A) La contabilización de las redistribuciones de créditos con objeto de hacer efectiva la desconcentración de los mismos. B) La contabilidad oficial de las operaciones del presupuesto de gastos realizadas por los órganos gestores de su ámbito de fiscalización. C) El seguimiento de la justificación de libramientos a través del correspondiente módulo. D) La ordenación de pagos.

La Agencia Europea de Defensa estará bajo la autoridad del: A) Parlamento Europeo. B) Consejo. C) Comisión Europea. D) Estado Miembro que ejerce la presidencia de la Unión.

En el sistema de Seguridad Social, la cotización adicional de solidaridad: A) Se aplica a base de cotización por contingencias comunes. B) Se aplica a la base de cotización por contingencias profesionales. C) Se aplica al importe de las retribuciones que supere el importe de la base máxima de cotización para personas trabajadoras por cuenta ajena. D) No se aplica.