CUESTIONARIO DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

Según el artículo 167 de la CE “Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por…”. a) Una mayoría absoluta de cada una de las Cámaras. b) Una mayoría de cuatro quintos de cada una de las Cámaras. c) Una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.

Según el artículo 56.3 de la CE “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo…”. a) 62. b) 63. c) 64.

Según el artículo 68 de la CE: “El Congreso se compone…”. a) De un mínimo de 250 y un máximo de 400 Diputados. b) De un mínimo de 300 y un máximo de 450 Diputados. c) De un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.

La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante: a) Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. b) El Tribunal Constitucional. c) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Según el artículo 103.1 de la CE, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de: a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. b) Eficacia, igualdad, descentralización, delegación y coordinación. c) Eficacia, justicia, igualdad, jerarquía, descentralización, delegación y coordinación.

La actividad del Defensor del Pueblo…. a) Se verá interrumpida en los casos en que las Cortes Generales no se encuentren reunidas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato. b) No se verá interrumpida en los casos en que las Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato. c) No se verá interrumpida en los casos en que las Cortes no se encuentren reunidas, hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato, pero en ningún caso podrá dirigirse a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras.

El Fiscal General del Estado…. a) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. b) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados, oído el Consejo de Estado. c) Será nombrado por el Rey, a propuesta de las Cámaras, oído el Tribunal Supremo.

Según el artículo 158 de la CE: “Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá: a) Un Fondo de Inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. b) Un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión. c) Un Fondo Presupuestario, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

¿Sobre qué materia tiene el Estado competencia exclusiva, conforme al art. 149 CE?. a) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. b) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. c) La pesca en aguas interiores, el marisquero y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.

Para interponer el conflicto en defensa de la autonomía local es preceptivo entre otros…. a) El informe del órgano plenario de cada una de las corporaciones locales que lo promuevan. b) El acuerdo del órgano plenario de cada una de las corporaciones locales que lo promuevan adoptado por la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. c) El acuerdo del órgano plenario de cada una de las corporaciones locales que lo promuevan adoptado por la mayoría de tres quintos del número legal de sus miembros.

Según los artículos 46 y 47 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma: a) La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. b) Los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponde al Estado, así como las servidumbres públicas en materia de su competencia, en el marco del régimen general del dominio público. c) Normas y procedimientos electorales para su modificación, en el marco del régimen electoral general.

¿A qué tratado se le conoce como Tratado de la Unión Europea?. a) Tratado de Niza. b) Tratado de Maastricht. c) Tratado de Roma.

El Banco Central Europeo gestiona el euro y formula y aplica la política económica y monetaria de la UE. Su principal objetivo es: a) Mantener la estabilidad de los precios y contribuir de este modo al crecimiento económico y la creación de empleo. b) Aplicar los presupuestos elaborados por el Parlamento y controlar la acción del Tribunal de Cuentas. c) Aplicar las resoluciones del Tribunal de Cuentas así como controlar los presupuestos para alcanzar un mayor crecimiento económico.

El principio de subsidiariedad en el Derecho comunitario europeo se aplica exclusivamente a los ámbitos en los que las competencias…. a) Son exclusivas de la Unión. b) Son exclusivas de los Estados miembros. c) Están compartidas entre la Unión y los Estados miembros.

Las únicas restricciones justificadas relativas a los movimiento de capitales en general, incluidos los movimientos en el seno de la Unión, están establecidas en el artículo 65 del TFUE, entre las que se encuentra: a) Medidas que sean necesarias para luchar contra las infracciones de la legislación comunitaria, en particular, en materia fiscal y de elaboración de proyectos de los servicios financieros. b) Procedimientos de declaración de movimientos de capitales desde la aparición de las finanzas digitales. c) Medidas justificadas por razones de orden público o seguridad ciudadana.

Existen dos Fondos Estructurales: a) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Económico de la Unión Europea. b) El Fondo de Inversión Directa y el Fondo Económico de la Unión Europea. c) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo.

Los Entes Locales tienen garantizada su autonomía, según el artículo 137 de la CE “para la gestión de sus respectivos intereses. A tenor del artículo 3.1 de la LBRL existe una variada tipología de Entidades Locales. Son entidades locales territoriales: a) La Provincia, las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios. b) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. c) El Municipio y las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas conforme al artículo 45 de la LBRL.

Las fuentes del ordenamiento local son las mismas o propias del Derecho Administrativo, que se clasifican en: a) Fuentes objetivas y fuentes subjetivas. b) Fuentes reales y fuentes personales. c) Fuentes directas y fuentes indirectas.

¿Cuándo prescribirán las sanciones impuestas por faltas muy graves tipificadas en las Ordenanzas Locales, si estas no fijaran plazo de prescripción?. a) A los cinco años. b) A los tres años. c) A los dos años.

El artículo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, regula la impugnación de actos y acuerdos que atenten gravemente al interés de España. Acordada la suspensión de dicho acto o acuerdo, ¿quién deberá impugnarlo en el plazo de 10 días desde dicha suspensión ante la jurisdicción contencioso-administrativa”?. a) El Delegado de Gobierno o su homónimo de la Administración Autonómica Andaluza. b) El ministro o Consejero competente según la materia. c) El Delegado de Gobierno.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 42.3 Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General, en los supuestos de elecciones locales, su fecha de celebración es el: a) Las elecciones se realizan el cuarto domingo de mayo del año que corresponda y los mandatos, de cuatro años, terminan en todo caso el mismo día al de la celebración de las siguientes elecciones. b) Las elecciones se realizan el tercer domingo de mayo del año que corresponda y los mandatos, de cuatro años, terminan en todo caso el día anterior al de la celebración de las siguientes elecciones. c) Las elecciones se realizan el cuarto domingo de mayo del año que corresponda y los mandatos, de cuatro años, terminan en todo caso el día anterior al de la celebración de las siguientes elecciones.

Según el artículo 13.2º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local la creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de: a) Núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5000 habitantes, exclusivamente. b) Núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4000 habitantes, exclusivamente. c) Núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no supongan disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.

En municipios de gran población el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales corresponderá a : a) Un órgano de gestión de gestión tributaria. b) Un órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. c) Un órgano de gestión económica - financiera.

El régimen retributivo de los órganos directivos municipales en un municipio de gran población se establece por el/la: a) Alcalde. b) Pleno. c) Junta de Gobierno Local.

Corresponde al Presidente de la Diputación: a) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en cualquier materia. b) El despido del personal laboral. c) La organización de la Diputación.

Las Comarcas se definen como: a) Entidades Locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. b) Una agrupación de municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. c) Entidades que se crean para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia.

En los Municipios de Régimen de Gran Población se exigirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno para: a) La determinación de los recursos propios de carácter tributario. b) La alteración del nombre y de la capitalidad del municipio. c) La aprobación y modificación de los presupuestos.

La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales se produce automáticamente en el siguiente supuesto: a) Cuando la entidad adquiera por usucapión, con arreglo al derecho administrativo, el dominio de una cosa. b) Adscripción de bienes patrimoniales por más de cinco años a un uso o servicio público o comunal. c) Aprobación definitiva de los Planes de Ordenación Urbana y de los Proyectos de obras y servicios.

De conformidad con el artículo 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, ¿en cuál de los siguientes casos los Ayuntamientos NO podrán intervenir la actividad de sus administrados?: a) En materia de subsistencias, además, para asegurar el abasto de los artículos de consumo de primera necesidad, la calidad de los ofrecidos en venta, la fidelidad en el despacho de los que se expendan a peso o medida, la normalidad de los precios y la libre competencia entre los suministradores y vendedores. b) En el orden del urbanismo, también para velar por el cumplimiento de los planes de ordenación aprobados. c) En los servicios de particulares destinados al público que no impliquen la utilización especial o privativa de bienes de dominio público, para imponer la prestación de aquéllos debidamente y bajo tarifa.

De conformidad con el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas: a) Cuando el número de operadores económicos del mercado sea ilimitado. b) Cuando tratándose de instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas lo establezca una Ordenanza que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico. c) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.

En un expediente de declaración de reserva de una actividad o servicio esencial en favor de una Entidad Local, según el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, ¿en qué supuesto concreto recogido en su apartado 3º puede la Administración del Estado impugnar los actos y acuerdos previstos en este artículo?. a) Cuando incumpla la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. b) Cuando incumpla la normativa sobre competencia desleal. c) Cuando incumpla los Dictámenes o Recomendaciones que al respecto dicte la Unión Europea.

Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pudiendo otorgarse subvenciones por cuantía superior a la determinada en la convocatoria. b) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. c) En todo caso, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés privado u otras debidamente justificadas que faciliten su convocatoria pública.

Marca una de las causa de nulidad de la resolución de la concesión de subvenciones: a) Las indicadas en el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General Presupuestaria y las demás normas de igual carácter de las Administraciones Públicas sujetas a la Ley General de Subvenciones. c) Infracciones del ordenamiento jurídico, y, en especial, de las reglas contenidas en la Ley 38/2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¿Qué plazo tienen las Corporaciones Locales para aprobar las Ofertas de Empleo Público, desde la aprobación de su presupuesto?. a) 10 días. b) 3 meses. c) 1 mes.

Son causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera según la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía: a) La pérdida de la nacionalidad. b) La pérdida de la nacionalidad, salvo que no sea requisito de acceso, en los términos previstos en el artículo 119 de esta Ley. c) La sanción disciplinaria de separación de servicio que tenga carácter definitivo.

El complemento de productividad, ¿puede establecerse por un Ayuntamiento de manera mensual y fija para cada funcionario e incrementarse año a año de acuerdo con los incrementos previstos en las Leyes de Presupuestos?. a) Sólo si se aprueba por el Pleno, por mayoría simple. b) Sólo si se aprueba por el Pleno, por mayoría absoluta. c) No.

Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad: a) Se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. b) Se continuará la tramitación del expediente hasta su resolución, poniendo a continuación todo lo actuado, en caso de que la resolución deduzca alguna responsabilidad, a disposición del Ministerio Fiscal. c) Se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, pudiendo continuar el procedimiento disciplinario una vez recaiga sentencia con vinculación a los hechos declarados probados por la resolución judicial que se dicte, aun cuando esta se encuentre en fase de apelación.

El estilo de liderazgo democrático o participativo se caracteriza: a) Por girar en torno a un líder que da órdenes y tiene el control de toda la situación. b) Por otorgar completa autonomía a los miembros del grupo para que tomen sus propias decisiones. c) Por tener un líder que se hace parte del grupo y promueve la participación de los demás miembros del equipo.

Según lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el establecimiento del régimen jurídico específico del personal directivo público, se efectuará conforme a los siguientes criterios: a) Su nombramiento y cese serán libres. b) Estará sujeto a evaluación, entre otros con arreglo a criterios de responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. c) Sus funciones están definidas con carácter general para todas las Administraciones Públicas en normas del Estado.

¿Qué es la dirección por objetivos?. a) Una técnica a través de la cual la dirección en su conjunto establece unos objetivos que traslada a cada una de las personas que la integran. b) Es el proceso a través del cual los responsables de la organización identifican los objetivos a alcanzar por la organización y los convierten en guías para desarrollar la actividad de la institución o empresa. c) Es un modelo de gestión que busca principalmente incentivar al conjunto de recursos humanos de la organización para que alineen sus acciones con la estrategia y objetivos de esta.

Según lo establecido en el art. 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: a) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. b) Son aquellos que tienen la capacidad de gestionar recursos públicos de manera directa. c) Aquellos que pueden dictar actos administrativos que afecten directamente a los derechos de los ciudadanos, excluyendo a los órganos que realizan funciones de asesoramiento o coordinación.

En el ciclo de las políticas públicas, la formulación comprende las siguientes actividades: a) La identificación y definición de problemas, que incluye la detección y selección de los problemas y oportunidades en la sociedad y las actividades de definición de problemas. b) El establecimiento de metas y objetivos a alcanzar, el establecimiento de metas y objetivos a alcanzar, la valoración y comparación de las alternativas, la valoración y comparación de las alternativas. c) La detección y selección de cuestiones públicas, en esta fase se determina la agenda, que está formada por el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para ser considerados seria y activamente por los decisores públicos.

¿Qué es el informe Nolan?. a) Es un informe emitido por un Primer Ministro de Reino Unido, con influencia posterior en la creación de políticas y prácticas en otros países como España, que recomienda la creación de una Comisión de Normas para investigar la conducta de los jueces. b) Es un informe emitido en Reino Unido, con influencia posterior en la creación de políticas y prácticas en otros países como España, cuyo objetivo principal consiste en establecer principios económicos para la administración pública. c) Un documento surgido en el ámbito del Comité de Nolan cuyo objetivo era abordar las preocupaciones sobre la ética y la conducta en el sector público surgidas por la pérdida de confianza en las instituciones públicas que, si bien ha surgido en el ámbito de la gobernanza del Reino Unido, ha influido en la creación de políticas y prácticas en otros países como España.

Los procesos de participación ciudadana en el ámbito local serán regulados: a) Por la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. b) Por lo establecido en el art. 24 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. c) Por cada entidad local mediante reglamento u ordenanza, determinando los requisitos y el procedimiento que regule estos procesos, de conformidad con las previsiones de la correspondiente Ley y demás normativa aplicable.

Los documentos que tienen por objeto informar al ciudadano sobre los servicios públicos que gestiona la administración correspondiente, las condiciones en que se prestan, los derechos de los ciudadanos en relación con estos servicios y los compromisos de calidad que se ofrecen en relación con su prestación se denominan: a) Documentos de análisis de demanda y evaluación de satisfacción de usuarios. b) Programas de evaluación de la calidad de las organizaciones. c) Cartas de servicios.

Según lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente: a) Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a determinados artículos de dicha ley, y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. b) Podrá acordarse la prórroga del anterior, con las modificaciones de crédito ya practicadas conforme a determinados artículos de dicha ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. c) Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos finales hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto.

Con carácter general, los niveles de vinculación jurídica de los créditos: a) Serán los que vengan establecidos en cada momento por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. b) Serán los que vengan establecidos en las bases de ejecución de cada presupuesto. c) Serán los que vengan establecidos en cada momento por la legislación presupuestaria del Estado.

Los gastos de carácter plurianual: a) Son aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. b) Son aquellos cuya ejecución se inicia en el ejercicio posterior a aquel en que se adquiere el compromiso de gasto. c) Son aquellos cuya ejecución se inicia en el ejercicio posterior a aquel en que se adquiere el compromiso de gasto y además se destine a contratos de suministros de mantenimiento y de arrendamiento de equipos que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es: a) Un tributo indirecto de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido, entre otros, por la propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el respectivo término municipal, y grava el valor de los referidos inmuebles. b) Un tributo directo de carácter personal, cuyo hecho imponible está constituido por la propiedad exclusivamente de los bienes inmuebles de naturaleza urbana sitos en cualquier término municipal o por la titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie, o de la de una concesión administrativa sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectados, y grava el valor de los referidos inmuebles. c) Un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido, entre otros, por la propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el respectivo término municipal, y grava el valor de los referidos inmuebles.

¿Cuándo se inicia el período ejecutivo en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso?. a) Al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. b) Al día siguiente de la presentación de la autoliquidación si esta se produjera antes de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso. c) Al día siguiente de la conclusión del plazo que establezca la normativa de cada tributo para efectuar la autoliquidación.

El importe de los precios públicos deberá cubrir: a) Como máximo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. b) Como máximo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada, debiendo consignar, en todo caso, en los presupuestos de la entidad, las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante. c) Como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.

Según lo establecido en el art. 7 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, la función interventora se ejercerá en sus modalidades de: a) Intervención formal y material, siendo la intervención formal, la consistente en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente, así como el control de oportunidad y conveniencia de las actuaciones fiscalizadas. b) Intervención formal y material, siendo la intervención material la consistente en comprobar la real y efectiva aplicación de los fondos públicos. c) Intervención formal, material y financiera.

¿Qué se entiende por conflicto normativo de primer grado?. a) Es aquel que se produce ante la carencia normas aplicables para su resolución. b) Aquella situación de incompatibilidad que se produce entre dos normas que pertenecen al mismo ordenamiento, o a dos ordenamientos diferentes, vinculados entre sí mediante relaciones de coordinación o subordinación, y tienen el mismo ámbito de validez, en virtud de la cual, la aplicación de una de las normas conduce a resultados contrarios a los que se generan con la aplicación de la otra. c) Es el que se produce cada vez que, ante la necesidad de resolver un conflicto de segundo grado, existiendo una colisión normativa, nos encontramos con varios criterios de aplicación y ello impide determinar cuál es la norma aplicable.

Se considerarán ejecutados en fraude de ley: a) Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. b) Aquellos que excluyan voluntariamente la ley aplicable y produzcan la renuncia a los derechos en ella reconocidos. c) Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas.

Para el control judicial de los conceptos jurídicos indeterminados se aplica la técnica de: a) Control del margen de apreciación. b) Control de los hechos determinantes. c) Control de los elementos reglados.

Dentro de los modelos históricos de Derecho Administrativo, el modelo del “rule of law” implicaba: a) La sumisión total al Derecho de los actos del Estado, sin consideración a la prerrogativa. b) La sumisión parcial al Derecho de ciertos actos del Estado. c) La sumisión total al Derecho pero conservando los actos estatales ciertas prerrogativas.

Señale la respuesta correcta en relación a la figura del Decreto-Ley: a) Debe ser inmediatamente sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 20 días siguientes a su promulgación. b) Debe ser inmediatamente sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. c) Debe ser inmediatamente sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados y Senado, convocados al efecto si no estuvieren reunidos, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación.

El precedente administrativo, en tanto que categoría a analizar dentro del sistema de fuentes del Derecho Administrativo, puede acarrear en caso de incumplimiento (aplicación de un criterio distinto al del precedente) un efecto de: a) Nulidad de pleno derecho, en todo caso. b) Anulabilidad, en todo caso. c) Obligación de motivación del acto con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

Dentro de las siguientes técnicas de traslación de la competencia administrativa, en su regulación prevista en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señale la que tiene como requisito de eficacia la mera notificación del acuerdo motivado a los interesados en el procedimiento, sin necesidad de publicación en el Boletín oficial respectivo: a) Delegación. b) Encomienda de gestión. c) Avocación.

¿Qué implica la inderogabilidad singular que se establece en el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre?. a) Que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. b) Que las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó una disposición general. c) Que los actos administrativos de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó una disposición general.

Si el vicio concurrente en un acto anulable consistiera en la falta de alguna autorización, dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que: a) La convalidación no podrá realizarse. b) Podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la autorización por el órgano superior jerárquico. c) Podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la autorización por el órgano competente.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿de qué manera puede establecerse la obligatoriedad de presentación de determinados documentos por medios electrónicos?. a) Reglamentariamente, para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. b) Legalmente, para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. c) Reglamentariamente, siempre que tal obligatoriedad sea genérica.

En relación con el inicio de una misma actividad, ¿qué establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con las declaraciones responsables y comunicaciones?. a) Que no cabe aplicar el principio de celeridad procedimental. b) Que no cabe la acumulación de comunicaciones o declaraciones responsables en un mismo interesado. c) Que únicamente podrá exigirse la una o la otra, no siendo posible exigirlas ambas de forma acumulativa.

En relación con la resolución, como forma de finalización del procedimiento administrativo, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cómo debe actuarse cuando el órgano competente desea pronunciarse sobre cuestiones conexas no planteadas por los interesados?. a) Poniéndolo de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a 15 días, para que formulen alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. b) Poniéndolo de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a 20 días, para que formulen alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. c) Poniéndolo de manifiesto a aquellos por un plazo no inferior a 15 días, para que formulen alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.

¿Cabe la posibilidad de omitir en el acuerdo de iniciación la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento sancionador?. a) Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos de juicio, la misma podrá realizarse en una fase anterior al trámite de audiencia, que deberá ser notificado a los interesados. b) Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes, la misma podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados. c) En ningún caso, al ser elemento mínimo preceptivo del acuerdo de iniciación.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cuando la reclamación verse sobre el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, ¿en qué plazo deberá evacuarse el informe del Consejo General del Poder Judicial?. a) En el máximo de 1 mes. b) En el máximo de 2 meses. c) En el máximo de 3 meses.

En referencia a la tramitación de los recursos administrativos, ¿en qué ocasiones procede dar trámite de audiencia a los interesados/as conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre?. a) Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario. b) Cuando los interesados/as pudieran haber aportado documentos en el trámite de alegaciones previa, pero decidieran ponerlos de manifiesto en la fase de recursos. c) Cuando los interesados/as pudieran haber aportado documentos en el trámite de alegaciones previa, pero decidieran ponerlos de manifiesto en la fase de recursos.

De los recursos que se deduzcan en relación con una disposición general de una entidad local conocerán en primera instancia: a) Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. b) Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. c) Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las sentencias que resuelven impugnaciones indirectas de disposiciones generales serán siempre susceptibles de: a) Recurso de casación. b) Recurso ordinario de apelación. c) Recurso extraordinario de revisión.

Dentro de los principios que informan las relaciones entre Administraciones Públicas previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, está específicamente dirigido a garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común el principio de: a) Coordinación. b) Colaboración. c) Cooperación.

El derecho de acceso a la información pública puede ser limitado cuando el acceso a la misma suponga un perjuicio para: a) La defensa de consumidores y usuarios. b) La política sanitaria. c) La política económica y monetaria.

La propuesta gubernamental para nombramiento de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos necesita de la ratificación de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados: a) Por mayoría absoluta en primera votación, y caso de no alcanzarse ésta, por mayoría de tres quintos en segunda votación. b) Por mayoría de dos tercios en primera votación, y caso de no alcanzarse ésta, por mayoría absoluta en segunda votación. c) Por mayoría de tres quintos en primera votación, y caso de no alcanzarse ésta, por mayoría absoluta en segunda votación.

De conformidad con la Ley de Expropiación Forzosa el expediente de expropiación se inicia con: a) La relación concreta e individualizada de los bienes o derechos de necesaria expropiación, que ha de realizar el beneficiario de la expropiación. b) La declaración de utilidad pública o interés social de los bienes o derechos a expropiar. c) El acuerdo de necesidad de ocupación de la administración expropiante.

Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de la realización su trabajo: a) El empresario estará obligado a informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas, sin que los trabajadores puedan interrumpir la actividad ni abandonar el lugar de trabajo en ningún caso. b) El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, siempre que así lo acuerden previamente los representantes legales de los trabajadores. c) En el caso de que el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo grave e inminente.

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental en la Unión Europea recogido como objetivo que debe integrarse en las políticas públicas desde: a) El Tratado de Roma de 1957. b) El Tratado de Lisboa de 2007. c) El Tratado de Ámsterdam de 1997.

Según el Artículo 25 de la Ley de Contratos del Sector Público, la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos son: a) Contratos de carácter administrativo si los celebran una administración pública. b) Contratos administrativos especiales si lo celebran una entidad del sector público que tenga la condición de poder adjudicador. c) Contratos privados si lo celebran una administración pública.

De conformidad con el Art. 36 de la Ley de Contratos del Sector Público, la perfección de los contratos del sector público se produce: a) Los que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores, se perfeccionan con su formalización. b) Los que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con su adjudicación. c) Los que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con su formalización.

La subasta electrónica como forma de adjudicación de un contrato: a) Podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los restringidos, y en las licitaciones con negociación, siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos que rigen la licitación y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter intelectual, como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. b) Podrá emplearse en los procedimientos abiertos y en los restringidos, siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos que rigen la licitación y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter intelectual, como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. c) Podrá emplearse en los procedimientos abiertos siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos que rigen la licitación y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter intelectual, como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura.

De conformidad con el Art. 214 de la Ley de Contratos del Sector Público respecto de la cesión de contratos, para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar, como requisitos: a) Que el órgano de contratación autorice la cesión. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de un mes, trascurrido el cual deberá entenderse denegada. b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 30 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. c) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

En el contrato de obras el proyecto objeto del contrato deberá ser supervisado si: a) El presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, IVA excluido. b) Cuando las obras afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la misma con independencia del presupuesto base de licitación de la obra. c) El valor estimado del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, IVA excluido.

Según la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015 de 30 de octubre) entre las actuaciones de urbanización como actuaciones de transformación urbanística, se incluyen: a) Las actuaciones que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado. b) Las actuaciones de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente. c) Las actuaciones de rehabilitación edificatoria.

Según la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), respecto de las normas de aplicación directa, los actos de construcción, edificación e instalación que sean autorizables conforme al régimen de suelo que corresponda sobre terrenos que no cuenten con instrumento de ordenación urbanística deberán observar las siguientes reglas: a) No tendrán más de dos plantas de altura o de la media de los edificios ya construidos, cuando se trate de solar perteneciente a una manzana consolidada en más de sus dos terceras partes. b) No tener más de tres plantas de altura o de la media de los edificios ya construidos, cuando se trate de solar perteneciente a una manzana consolidada en más de sus dos terceras partes. c) No tener más de dos plantas de altura o de la media de los edificios ya construidos, cuando se trate de solar perteneciente a una manzana consolidada en más de sus dos terceras partes, y podrán suprimir dotaciones existentes.

En las actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización en suelo rústico según la LISTA (Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso de la sostenibilidad del territorio de Andalucía), los terrenos objeto de la misma se integrarán en la malla urbana: a) Salvo los suelos destinados a uso global de actividades industriales y equipamientos, que de forma justificada deban emplazarse en discontinuidad con los núcleos de población existentes. b) Siempre debe quedar integradas en la malla urbana tras su transformación y deberán ser colindantes al suelo urbano de los núcleos de población existentes, sin que se prevean excepciones en la LISTA. c) Salvo los suelos destinados a uso global de actividades económicas o turístico que, de forma justificada, deban emplazarse en discontinuidad con los núcleos de población existentes.

Según la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) la delimitación y la normativa general de las categorías de suelo rústico, así como, en su caso, de los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, es una materia propia de: a) Los Planes de Ordenación Urbana. b) Los Planes Especiales de Hábitat Rural Diseminado. c) Los Planes Generales de Ordenación Municipal.

La iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación por compensación en ejecución urbanística sistemática corresponderá a: a) Las personas propietarias que representen más del sesenta por ciento de la superficie de la unidad de ejecución, que se constituirán en Junta de Compensación. b) Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, propietaria o no de suelo, interesada en asumir la actuación urbanizadora como agente urbanizador, iniciando directamente el expediente de reparcelación, sin más trámite. c) La persona propietaria única o la totalidad de las personas propietarias, iniciando el expediente de reparcelación y, en su caso, mediante el convenio urbanístico que determine las condiciones y los términos de la ejecución del instrumento de ordenación urbanística.

Los terrenos y construcciones que integren los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados, de acuerdo con las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, a: a) En suelo residencial, a la construcción de viviendas protegidas. b) En suelo residencial, se pueden destinar a la construcción de viviendas protegidas o a otros usos de interés social. c) En suelo residencial, se pueden destinar a la construcción de viviendas protegidas o a otros usos distintos al residencial, siempre que tal destino redunde en una mejor gestión del correspondiente patrimonio público de suelo y así se declare motivadamente por la Administración titular.

No requieren de previa licencia urbanística según el Art. 137 de la LISTA: a) Las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas, no contenidas en proyectos de reparcelación. b) Los usos ganaderos, forestales y cinegéticos que supongan la transformación de su naturaleza rústica, aunque conlleven la realización de construcciones, edificaciones e instalaciones para su implantación. c) Los actos de urbanización complementarios a las actuaciones edificatorias contenidos en los proyectos que las definan.

La comisión de infracciones graves o muy graves en el ámbito urbanístico implicará imposición de multas y la posibilidad de imponer medidas accesorias, las cuáles tendrán la siguiente duración: a) Por un máximo de dos años en las infracciones graves y de seis en las muy graves. b) Por un máximo de dos años en las infracciones graves y de cuatro en las muy graves. c) Por un máximo de cuatro años tanto en las en las infracciones graves como en las muy graves.

Son conjuntos históricos según la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía: a) Los lugares urbanos vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras humanas, que posean un relevante valor histórico, etnológico, arqueológico, paleontológico o industrial. b) Las agrupaciones de construcciones urbanas junto con los accidentes geográficos que las conforman, relevantes por su interés histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico, con coherencia suficiente para constituir unidades susceptibles de clara delimitación. c) Las agrupaciones de construcciones urbanas o rurales junto con los accidentes geográficos que las conforman, relevantes por su interés histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico, con coherencia suficiente para constituir unidades susceptibles de clara delimitación.

Se considera modificación sustancial de la calificación ambiental como instrumento de prevención y control ambiental de una actividad, según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía: a) El incremento del riesgo de accidente. b) La incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas, o bien el aumento en el consumo de energía en la actividad calificada. c) Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.

Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades dependientes de una misma Corporación Local se resolverán por: a) El Pleno o el Presidente de la Corporación, según los implicados en el conflicto. b) Por el Pleno, en todo caso. c) Por la Junta de Gobierno Local.

Las áreas Metropolitanas se definen como: a) Una agrupación de municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. b) Entidades que se crean para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia. c) Entidades Locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.

Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito: a) Se aprobarán por el Pleno y se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos a excepción de las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad. b) Se aprobarán por el Pleno y se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos a excepción de las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad, pudiendo anticiparse al ejercicio posterior a aquel en que se autoricen. c) Se aprobarán por el Pleno y se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen.

¿Puede demorarse la eficacia de los actos administrativos?. a) No, dado que producen efectos inmediatamente con arreglo a lo dispuesto en sus normas reguladoras. b) Sí, cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. c) Sí, cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación posterior.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿qué resoluciones y actos administrativos podrán ser objeto de recurso de alzada?. a) Aquellos a que se refiere el artículo 112.1, cuando pongan fin a la vía administrativa. b) Aquellos a que se refiere el artículo 112.1, cuando sean firmes en vía administrativa. c) Aquellos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa.

Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, el plazo para interponer el recurso será de: a) Plazo de 10 días, que se iniciará transcurridos 10 días desde la reclamación. b) Plazo de 20 días, que se iniciará transcurridos 10 días desde la reclamación. c) Plazo de 10 días, que se iniciará transcurridos 20 días desde la reclamación.

Según la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística podrán tener el carácter de Normas, Directrices o Recomendaciones. Las Normas se definen como: a) Son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines. Con sujeción a ellas, se establecerán las medidas concretas en los instrumentos de ordenación y en las actuaciones que en los mismos se contemplen para la consecución de dichos fines. b) Son determinaciones de carácter indicativo. En caso de apartarse de ellas, deberá justificarse de forma expresa la decisión adoptada y su compatibilidad con los principios generales y objetivos establecidos en esta Ley. c) Son determinaciones vinculantes de aplicación directa e inmediata a los terrenos sobre las que incidan.

El distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía otorgado por la Consejería competente en materia de medio ambiente, se dirige a las empresas que cumplan los siguientes requisitos: a) Que tengan instalaciones en Andalucía y fabriquen, vendan productos o presten servicios en la misma, y que acrediten estar llevando a cabo iniciativas importantes de gestión en su actividad para mejorar el rendimiento ecológico en sus procesos productivos y la calidad, en términos medioambientales, de los productos o servicios que ponen en el mercado. b) Que tengan instalaciones en España y fabriquen, vendan productos o presten servicios en la misma, y que acrediten estar llevando a cabo iniciativas importantes de gestión en su actividad para mejorar el rendimiento ecológico en sus procesos productivos y la calidad, en términos medioambientales, de los productos o servicios que ponen en el mercado. c) Que sean empresas con domicilio fiscal en Andalucía y fabriquen, vendan productos o presten servicios en la misma, y que acrediten estar llevando a cabo iniciativas importantes de gestión en su actividad para mejorar el rendimiento ecológico en sus procesos productivos y la calidad, en términos medioambientales, de los productos o servicios que ponen en el mercado.

Las sesiones pueden ser: a) Ordinarias y extraordinarias. b) Ordinarias y permanentes. c) Ordinarias, extraordinarias y extraordinarias urgentes.

Tendrán el carácter de «a justificar»: a) Las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no puedan acreditarse en el momento de su expedición. b) Las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición. c) Los fondos librados para los casos en que no exista la posibilidad de establecer anticipos de caja fija.

Las empresas comercializadoras o instaladoras de edificaciones prefabricadas susceptibles de albergar un uso residencial, cuya implantación esté sometida a licencia o declaración responsable, exigirán para su instalación, venta, alquiler o cesión de su uso la acreditación de la previa obtención de licencia o de la presentación en el Ayuntamiento de la declaración responsable: a) Debiendo tales empresas conservar copia de dichos documentos durante un plazo de seis años desde la fecha del acto jurídico. b) Debiendo tales empresas conservar copia de dichos documentos durante un plazo de seis años desde la fecha de la presentación de la licencia o declaración responsable. c) Debiendo tales empresas conservar copia de dichos documentos durante un plazo de cuatro años desde la fecha del acto jurídico.

La aprobación de transferencias de crédito entre distintos grupos de función será competencia: a) De la Junta de Gobierno Local, salvo cuando afecten al Capítulo VI. b) En todo caso será competencia del Pleno, salvo cuando afecten a créditos de personal. c) En todo caso será competencia de la Junta de Gobierno Local, salvo cuando afecten a créditos de personal.

La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento: a) La iniciativa de la reforma corresponderá al Delegado del Gobierno, a propuesta de una tercera parte de la Junta de Andalucía. b) La iniciativa de la reforma corresponderá al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o a las Cortes Generales. c) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de la Junta de Andalucía por mayoría de tres quintos, la aprobación del Congreso de los Diputados mediante ley orgánica, y finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.

Según el artículo 75.3 de la L 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma: a) Los miembros de la Corporación que tengan dedicación exclusiva. b) Los miembros de la Corporación que tengan dedicación parcial. c) los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial.

Si el vicio concurrente en un acto anulable consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que: a) La convalidación podrá realizarse por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado, en todo caso. b) La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. c) La convalidación no podrá realizarse.