Cuestionario sobre Derecho Administrativo y Subvenciones

Una comunidad autónoma concede ayudas económicas para fomentar la instalación de energías renovables. Una empresa beneficiaria cumple inicialmente los requisitos, pero incumple posteriormente la obligación de mantener la instalación durante el periodo exigido en las bases. ¿Cuál es la consecuencia jurídica?. La Administración solo podrá imponer a la empresa una sanción administrativa. La Administración deberá iniciar un procedimiento de reintegro de la subvención, que en todo caso será total. La Administración deberá iniciar un procedimiento de reintegro de la subvención, pudiendo ser el reintegro total o parcial. La subvención quedará automáticamente extinguida sin necesidad de procedimiento alguno.

Una isla con escasa población queda conectada con la península únicamente mediante transporte aéreo. Ninguna compañía considera rentable operar la ruta en condiciones de mercado. ¿Qué mecanismo prevé el Derecho de la Unión Europea para garantizar la conectividad territorial?. La nacionalización obligatoria de las compañías aéreas. La imposición de obligaciones de servicio público a las compañías aéreas sobre determinadas rutas. La fijación administrativa de precios para todas las rutas nacionales. La declaración de la actividad como servicio público y su prestación directa por la Administración.

Una universidad pública encadena durante quince años nombramientos y contrataciones temporales para cubrir necesidades estructurales y permanentes. Un tribunal aprecia un uso abusivo de la temporalidad. De acuerdo con la última jurisprudencia sobre la materia, el trabajador: Adquiere automáticamente la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo. Debe ser cesado inmediatamente al apreciarse el abuso. Pasa a ocupar una plaza con carácter indefinido no fijo hasta su cobertura regular o amortización. Obtiene necesariamente una indemnización equivalente a la del despido improcedente y pierde el puesto.

Un ayuntamiento convoca plazas de funcionario de carrera para el puesto de auxiliar administrativo. Entre los aspirantes se encuentran: María, nacional española; Luca, nacional italiano; Ahmed, nacional marroquí con autorización de residencia y trabajo en España; y Sofía, nacional argentina con residencia permanente en España. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Solo María puede participar en el proceso selectivo por tratarse de plazas de funcionario de carrera. Pueden participar en la oposición tanto María como Luca, pero no Sofía ni Ahmed. Todos los aspirantes pueden participar en igualdad de condiciones, ya que cuentan con autorización para residir en España o son ciudadanos de la Unión Europea. Sofía y Ahmed no pueden participar en la oposición porque las funciones del puesto implican una participación directa o indirecta en la salvaguardia de los intereses generales del Estado.

Un particular construye una vivienda en suelo especialmente protegido sin disponer de licencia urbanística. Tras comprobar los hechos, el ayuntamiento acuerda imponer una multa y, además, ordenar la demolición de las obras ejecutadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Tanto la multa como la demolición tienen naturaleza sancionadora y, por tanto, no pueden imponerse simultáneamente por vulnerar el principio non bis in idem. La demolición constituye una sanción muy grave, mientras que la multa es una sanción grave. La multa tiene naturaleza sancionadora, mientras que la demolición es una medida de restablecimiento de la legalidad urbanística, por lo que ambas pueden coexistir. La Administración debe optar necesariamente entre sancionar o restaurar la legalidad infringida.

El Ayuntamiento de Córdoba es el propietario de todos los valores o títulos representativos del capital (acciones) de la sociedad mercantil EMACSA. Esos títulos representativos del capital son: Bienes patrimoniales de la Administración. Bienes demaniales de la Administración. Forman parte de la Hacienda pública del Ayuntamiento. Bienes comunales de la Administración.

La Universidad Loyola de Andalucía, promovida por la Fundación Universidad Loyola Andalucía, como universidad privada del sistema universitario andaluz, es propietaria de unas instalaciones en Córdoba donde se imparte docencia. Esas instalaciones son: Bienes patrimoniales de la Administración. Bienes demaniales de la Administración al estar afectos al servicio público universitario. Forman parte de la Hacienda pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ninguna de las anteriores.

Orden PJC/582/2026, de 9 de junio, ha elegido el municipio de Córdoba como sede física de una Autoridad Administrativa Independiente. El Ayuntamiento de Córdoba ofreció la cesión gratuita por 75 años y con cambio de adscripción de un inmueble de dominio público municipal a esa autoridad estatal. Esa cesión es: Una mutación demanial por cambio de adscripción. Una mutación demanial por cambio de titularidad. Una afectación demanial expresa. Una afectación demanial presunta.

La Dirección General del Patrimonio del Estado está promoviendo la implantación de un complejo de actividades económicas de interés social en terrenos de dominio público marítimo-terrestre en la zona de las Aletas, incluyendo una playa. ¿Qué actuación jurídica deberá llevar a cabo?. Una expropiación forzosa de ese terreno por causa de interés social. Una mutación demanial expresa. Una reserva demanial. Un deslinde.

Un hipotético Ministro de Fomento contrata con una empresa cuya propietaria es su mujer una obra pública. La obra se realiza, pero antes del pago, hay un cambio de gobierno, se anula el contrato y la empresa se queda sin cobrar. Esa anulación del contrato puede considerarse como: Una expropiación forzosa, pues implica una privación singular de un derecho patrimonial de esa empresa. No es una expropiación forzosa, porque esta es solo aquella que se tramita conforme al procedimiento regulado en la Ley de Expropiación Forzosa. No es una expropiación forzosa. Una requisa.

En el seno de un procedimiento de expropiación forzosa, en el BOE se publica un listado con los bienes y derechos que van a ser objeto de expropiación. Ese listado es: La causa expropiandi. La declaración de la necesidad de ocupación. La hoja de aprecio. El trámite previo al amojonamiento.

Tras la resolución de un procedimiento de expropiación forzosa, la Administración expropiante tarda tres años en el pago del justiprecio. ¿Qué procede?. Iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial por el perjuicio económico sufrido. Los intereses de demora, que deben solicitarse por el expropiado. Los intereses de demora, que deben aplicarse automáticamente por la Administración. La retasación.