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Cuestionario sobre Garantías de los Derechos y Libertades (Art. 53 CE)
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Título del Test:
Cuestionario sobre Garantías de los Derechos y Libertades (Art. 53 CE)

Descripción:
Constitución española

Fecha de Creación: 2026/11/18

Categoría: Otros

Número Preguntas: 20

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Según el artículo 53.1 de la Constitución, los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I: Vinculan únicamente a los poderes públicos del Estado y las Comunidades Autónomas. Vinculan a todos los poderes públicos. Vinculan a todos los ciudadanos y poderes públicos. Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo podrá regularse: Por ley o reglamento, siempre que se respete su contenido esencial. Sólo por ley orgánica, que deberá respetar en todo caso su contenido esencial. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. Por cualquier norma jurídica, respetando su contenido esencial.

La tutela de los derechos y libertades del Capítulo segundo frente a las leyes que los regulen y que pudiesen vulnerar su contenido esencial, se realizará: Mediante el recurso de amparo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) de la Constitución. Ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario. A través de la queja ante el Defensor del Pueblo.

¿Quién podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios?. Cualquier persona, física o jurídica. Cualquier ciudadano. Los españoles y los extranjeros en los términos que establezcan los tratados. El Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo.

El procedimiento ante los Tribunales ordinarios para recabar la tutela de los derechos del artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo segundo se basa en los principios de: Igualdad, mérito y capacidad. Publicidad, oralidad y celeridad. Preferencia y sumariedad. Gratuidad y sumariedad.

El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según el art. 53.2, es aplicable de forma expresa para la protección de: Todos los derechos del Capítulo segundo. El artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo exclusivamente. El artículo 14, la Sección primera del Capítulo segundo y la objeción de conciencia reconocida en el art. 30. Los principios rectores de la política social y económica.

En relación con la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30, ¿qué mecanismo de garantía le es aplicable según la redacción del artículo 53.2?. El procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales ordinarios y el recurso de amparo. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El procedimiento basado en la preferencia y sumariedad exclusivamente. Sólo podrá ser alegada ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que la desarrollen.

Los principios reconocidos en el Capítulo tercero del Título I de la Constitución: Vinculan a todos los poderes públicos y son susceptibles de recurso de amparo. Su reconocimiento, el respeto y la protección informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Podrán ser alegados directamente ante la Jurisdicción ordinaria sin necesidad de desarrollo legal. Gozan de la garantía del procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales ordinarios.

Para que los principios reconocidos en el Capítulo tercero puedan ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria, será necesario: Hacerlo de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Interponer previamente un recurso de amparo. Agotar la vía administrativa previa. Que se haya vulnerado su contenido esencial por una norma con rango de ley.

Según la redacción literal del artículo 53.1, la reserva de ley para regular el ejercicio de los derechos: Afecta exclusivamente a la Sección primera del Capítulo segundo. Exige que, en todo caso, se respete su contenido esencial. Implica que deben ser desarrollados exclusivamente por Ley Orgánica. Se aplica también a los principios del Capítulo tercero.

Indique a qué conjunto de derechos afecta el procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad: A los del artículo 14 a 29 y el 30.2. A los del artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo. A todos los del Capítulo segundo (artículos 14 a 38). A la objeción de conciencia y al derecho a la igualdad.

Señale la afirmación FALSA respecto a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución: Los derechos del Capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos. La práctica judicial estará informada por los principios del Capítulo tercero. El recurso de amparo protege todos los derechos reconocidos en el Capítulo segundo. La ley que regule los derechos del Capítulo segundo debe respetar su contenido esencial.

Según la redacción literal del artículo 53.3, los principios del Capítulo tercero informarán: La legislación positiva, la actuación de los poderes públicos y los tratados internacionales. La legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Las leyes orgánicas, la práctica judicial y la actuación de las Administraciones Públicas. Exclusivamente la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

Respecto a la posibilidad de alegar los principios del Capítulo tercero (art. 53.3), la Constitución dispone que: Podrán ser alegados ante el Tribunal Constitucional de acuerdo con las leyes. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de forma directa, sin mediación legislativa. No pueden ser alegados ante ninguna jurisdicción por ser meras directrices programáticas.

En el marco del artículo 53.2, la frase "Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia..." hace referencia a: El procedimiento preferente y sumario. El recurso de inconstitucionalidad previsto en el art. 161.1.a). El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El recurso contencioso-administrativo.

Si una ley regula un derecho de la Sección 2.ª del Capítulo segundo (por ejemplo, el derecho a la propiedad privada) y vulnera su contenido esencial, dicha ley será susceptible de control mediante: Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales ordinarios. Lo previsto en el artículo 161, 1, a) (recurso de inconstitucionalidad). La inaplicación directa por parte de los Tribunales ordinarios.

La protección otorgada por el procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo para los derechos del art. 14 y de la Sección 1.ª del Capítulo segundo, se articula de manera que al amparo se accede: De forma alternativa y excluyente al procedimiento ordinario. En su caso, tras o a través del procedimiento ante los Tribunales ordinarios. De forma obligatoriamente simultánea al procedimiento preferente y sumario. Exclusivamente si el Defensor del Pueblo lo autoriza.

Según el art. 53, ¿quién o qué debe ser informado por el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios del Capítulo tercero?. La legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Exclusivamente el poder legislativo al dictar las leyes de desarrollo. El Defensor del Pueblo en su labor de supervisión. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Un ciudadano desea reclamar ante los Tribunales ordinarios un derecho contenido en la Sección 2.ª del Capítulo segundo (ej. artículo 35). De acuerdo con el artículo 53: Podrá hacerlo mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Podrá acudir al recurso de amparo si no le dan la razón en la vía ordinaria. No dispone del procedimiento preferente y sumario ni del recurso de amparo para este derecho. Sólo podrá alegarlo ante la jurisdicción ordinaria si una ley de desarrollo lo permite expresamente.

¿Cuál de las siguientes garantías NO se aplica a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30?. Su vinculación a todos los poderes públicos. La reserva de ley que deberá respetar su contenido esencial. El procedimiento ante los Tribunales ordinarios basado en los principios de preferencia y sumariedad. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

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