Cuestionario sobre la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administracione

¿Cuál es el objeto principal de la Ley 39/2015, según su Artículo 1?. Regula únicamente los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. Establece el procedimiento administrativo común solo para la Administración General del Estado. Regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas y los principios del ejercicio de la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Excluye el procedimiento sancionador de las Administraciones Públicas.

¿Bajo qué condiciones se pueden incluir trámites adicionales o distintos a los contemplados en la Ley 39/2015, según el Artículo 1?. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para los fines propios del procedimiento, y de manera motivada. Pueden establecerse libremente por vía reglamentaria sin limitaciones. Se prohíben en todos los casos para garantizar la uniformidad del procedimiento. Pueden incluirse mediante orden ministerial cuando sea conveniente.

Según el Artículo 1 de la Ley 39/2015, ¿cómo se establecen las especialidades del procedimiento referidas a órganos competentes, plazos propios, formas de iniciación y terminación?. Requieren autorización del Consejo de Ministros. Solo pueden establecerse mediante ley en todos los casos. Pueden establecerse reglamentariamente. Deben ser aprobadas por las Cortes Generales.

¿Qué comprende el sector público según la Ley 39/2015, Artículo 2?. Solo la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, excluyendo el sector público institucional. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. Únicamente las Administraciones territoriales sin incluir organismos públicos.

¿Por quién se integra el sector público institucional según el Artículo 2 de la Ley 39/2015?. Solo organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado. Únicamente entidades de derecho público dependientes de las Administraciones Públicas. Exclusivamente las Universidades públicas y sus organismos dependientes. Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes cuando ejerzan potestades administrativas, y las Universidades públicas.

Según el Artículo 2 de la Ley 39/2015, ¿qué entidades tienen la consideración de Administraciones Públicas?. Solo las Administraciones territoriales sin incluir organismos públicos. Las Corporaciones de Derecho Público en el ejercicio de todas sus funciones. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y todas las entidades del sector público institucional. Solo las Administraciones territoriales, organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

¿Cómo se regirán las Corporaciones de Derecho Público según el Artículo 2 de la Ley 39/2015?. Se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la Ley 39/2015. Se rigen íntegramente por la Ley 39/2015 en todas sus funciones. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015. Solo se rigen por la Ley 39/2015 cuando actúen por delegación.

¿Qué dice el Artículo 2 de la Ley 39/2015 sobre las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas?. Siempre quedan sujetas a todas las disposiciones de la Ley 39/2015. Nunca quedan sujetas a las disposiciones de la Ley 39/2015. Quedarán sujetas a las normas de la Ley 39/2015 que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. Solo quedan sujetas cuando tengan participación mayoritaria pública.

¿Cómo se rigen las Universidades públicas según el Artículo 2 de la Ley 39/2015?. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015. Se rigen por la normativa de las Comunidades Autónomas únicamente. Se rigen exclusivamente por la Ley 39/2015. Se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 39/2015.

¿Quiénes tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas según el Artículo 3 de la Ley 39/2015?. Solo las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Las personas físicas y jurídicas, excluyendo expresamente a los menores de edad. Únicamente las personas jurídicas y las entidades con personalidad jurídica. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles, los menores de edad en determinados casos, y cuando la Ley lo declare expresamente, los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica.

¿Cómo pueden actuar los menores de edad ante las Administraciones Públicas según el Artículo 3 de la Ley 39/2015?. Nunca pueden actuar ante las Administraciones Públicas por sí mismos. Pueden actuar libremente en todos los procedimientos administrativos. Siempre necesitan la asistencia de quien ejerza la patria potestad o tutela. Pueden ejercer y defender aquellos derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin asistencia, exceptuándose los menores incapacitados cuando la incapacitación afecte al ejercicio de los derechos de que se trate.

¿Cuándo tendrán capacidad de obrar los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica según el Artículo 3 de la Ley 39/2015?. Siempre tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Nunca pueden actuar ante las Administraciones Públicas. Cuando la Ley así lo declare expresamente, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Solo pueden actuar a través de representante con personalidad jurídica.

¿Quiénes se consideran interesados en el procedimiento administrativo según el Artículo 4 de la Ley 39/2015?. Solo quienes lo promuevan como titulares de derechos individuales. Únicamente los que hayan iniciado el procedimiento. Exclusivamente aquellos cuyos derechos resulten directamente afectados. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión, y aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento.

¿Cuándo serán titulares de intereses legítimos colectivos las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, según el Artículo 4 de la Ley 39/2015?. Siempre son titulares de intereses legítimos colectivos. Nunca pueden ser titulares de intereses legítimos colectivos. Solo pueden representar intereses económicos, no sociales. Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

En caso de que la condición de interesado derive de una relación jurídica transmisible, ¿cómo afecta la transmisión a dicha condición según el Artículo 4 de la Ley 39/2015?. La condición se extingue con la transmisión de la relación jurídica. Solo se transmite si el procedimiento no ha comenzado. El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Requiere autorización expresa de la Administración para la transmisión.

¿Cómo deben actuar los interesados con capacidad de obrar, según el Artículo 5 de la Ley 39/2015?. Están obligados a actuar personalmente en todos los casos. Solo pueden actuar por medio de representante cuando la Ley lo autorice expresamente. Podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Necesitan autorización administrativa previa para actuar mediante representante.

Según el Artículo 5 de la Ley 39/2015, ¿en qué casos podrán actuar en representación de otros ante las Administraciones Públicas las personas físicas o jurídicas?. Solo pueden representar a personas de su misma naturaleza jurídica. Nunca pueden actuar en representación de otras. Siempre pueden actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. Podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas, siempre que en el caso de personas jurídicas ello esté previsto en sus Estatutos.

¿Para qué actos deberá acreditarse la representación según el Artículo 5 de la Ley 39/2015?. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. Todos los actos y gestiones ante las Administraciones Públicas sin excepción. Únicamente para interponer recursos y renunciar a derechos. Solo para los actos de especial relevancia que determine cada Administración.

Para los actos y gestiones de mero trámite, ¿se requiere acreditar la representación según el Artículo 5 de la Ley 39/2015?. Siempre debe acreditarse la representación. Se presumirá la representación. Se prohíbe actuar mediante representante. Debe solicitarse autorización previa a la Administración.

¿De qué maneras se podrá acreditar la representación según el Artículo 5 de la Ley 39/2015?. Solo mediante escritura pública otorgada ante notario. Únicamente a través de documento privado con firma legalizada. Exclusivamente mediante los modelos oficiales que establezca cada Administración. Mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

¿Cuándo se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta según el Artículo 5 de la Ley 39/2015?. Exclusivamente mediante certificado digital del representante. Solo apoderamiento notarial. Únicamente documento privado reconocido judicialmente. Apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos.

¿Qué deberá incorporar el órgano competente para la tramitación del procedimiento según el Artículo 5 de la Ley 39/2015 respecto a la representación?. Puede prescindir de incorporar la acreditación de la representación si considera que es evidente. Solo debe verificar la representación cuando lo solicite expresamente el interesado. Deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. Únicamente debe comprobar la representación al final del procedimiento.

¿Qué ocurrirá si la acreditación de la representación es falta o insuficiente según el Artículo 5 de la Ley 39/2015?. Impedirá automáticamente que se tenga por realizado el acto. Solo puede subsanarse mediante nueva comparecencia personal. Conlleva la nulidad inmediata de todas las actuaciones realizadas. No impedirá que se tenga por realizado el acto, siempre que se aporte la acreditación o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder el órgano administrativo.

¿Cómo podrán las Administraciones Públicas habilitar personas físicas o jurídicas para realizar transacciones electrónicas, según el Artículo 5 de la Ley 39/2015?. Solo con carácter específico para determinados procedimientos. Únicamente a funcionarios públicos de la propia Administración. Exclusivamente a Colegios Profesionales. Con carácter general o específico, estableciendo las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los habilitados y determinando la presunción de validez de la representación.

Según el Artículo 6 de la Ley 39/2015, ¿qué dispondrán la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales respecto a los registros electrónicos de apoderamientos?. Dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta. Podrán disponer opcionalmente de un registro electrónico general de apoderamientos. Solo la Administración General del Estado debe disponer de registro electrónico de apoderamientos. Únicamente las Comunidades Autónomas tienen obligación de crear estos registros.

¿Qué información deberá constar en el registro electrónico general de apoderamientos según el Artículo 6 de la Ley 39/2015?. Solo la identidad del poderdante y del apoderado. Únicamente los datos identificativos y el tipo de poder. Exclusivamente el período de validez del poder. Al menos los datos identificativos del poderdante y apoderado, fecha de inscripción, período de tiempo por el cual se otorga el poder, y tipo de poder según las facultades que otorgue.

¿Cómo deben ser los registros electrónicos de apoderamientos según el Artículo 6 de la Ley 39/2015?. Solo deben ser interoperables con los de la misma Administración. Deberán ser plenamente interoperables entre sí, garantizando su interconexión, compatibilidad informática y transmisión telemática. Únicamente deben permitir consultas internas de cada organismo. Solo necesitan interoperabilidad con el registro mercantil.

¿Qué tipologías de poderes se inscribirán en los registros electrónicos según el Artículo 6 de la Ley 39/2015?. Exclusivamente poderes notariales trasladados al registro electrónico. Solo poder general para cualquier actuación administrativa. Únicamente poder específico para trámites determinados. Un poder general para cualquier actuación, un poder para actuaciones ante una Administración u Organismo concreto, o un poder para determinados trámites especificados.

¿Cuál es la validez de los poderes inscritos en el registro según el Artículo 6 de la Ley 39/2015?. Indefinida hasta que sean expresamente revocados. Determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. De un año renovable automáticamente. Determinada por cada Administración según sus necesidades.

¿Cómo se otorgará el apoderamiento apud acta según el Artículo 6 de la Ley 39/2015?. Solo mediante comparecencia personal en oficinas administrativas. Únicamente a través de notario público. Exclusivamente por medios electrónicos. Mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en la Ley, o mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Cuando en una solicitud figuren varios interesados, ¿cómo se efectuarán las actuaciones según el Artículo 7 de la Ley 39/2015?. Las actuaciones se efectuarán con el representante o interesado que expresamente hayan señalado, y en su defecto, con el que figure en primer término. Las actuaciones se efectuarán con todos ellos simultáneamente. Cada interesado debe presentar solicitud por separado. Se requiere designar un representante común obligatoriamente.

Si durante la instrucción de un procedimiento sin publicidad se advierte la existencia de personas titulares de derechos que puedan resultar afectadas, ¿qué debe hacerse según el Artículo 8 de la Ley 39/2015?. Se suspenderá el procedimiento hasta que se personen. No es necesario comunicarles nada hasta la resolución final. Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Solo se les comunica si lo solicitan expresamente.

¿Bajo qué condición están obligadas las Administraciones Públicas a verificar la identidad de los interesados según el Artículo 9 de la Ley 39/2015?. Solo cuando así lo soliciten expresamente los interesados. Únicamente en procedimientos de especial relevancia. Mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. Exclusivamente a través de certificados digitales.

¿A través de qué sistemas podrán los interesados identificarse electrónicamente según el Artículo 9 de la Ley 39/2015?. Solo sistemas basados en certificados electrónicos cualificados. Únicamente sistemas que determine cada Administración sin limitaciones. Exclusivamente sistemas incluidos en la Lista de confianza europea. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma o sello electrónico, y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital.

¿Dónde deben encontrarse situados los recursos técnicos para sistemas de identificación alternativos según el Artículo 9 de la Ley 39/2015?. Deben encontrarse situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de categorías especiales de datos, en territorio español. Pueden ubicarse en cualquier territorio sin restricciones. Solo deben situarse en territorio español. Únicamente en países con decisión de adecuación de la Comisión Europea.

Según el Artículo 9 de la Ley 39/2015, ¿qué efecto tendrá la aceptación de un sistema de identificación por la Administración General del Estado?. Servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados. Solo tiene validez para esa Administración. Requiere ratificación por cada Administración autonómica. Debe ser comunicada obligatoriamente a las demás Administraciones.

¿Cómo podrán los interesados firmar según el Artículo 10 de la Ley 39/2015?. Solo a través de certificados electrónicos cualificados. Únicamente mediante sistemas que determine cada Administración. Exclusivamente con firma manuscrita en todos los casos. A través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.

En el caso de relación electrónica con las Administraciones Públicas, ¿qué sistemas de firma y sello se considerarán válidos según el Artículo 10 de la Ley 39/2015?. Solo sistemas de firma electrónica cualificada. Únicamente sistemas de sello electrónico cualificado. Exclusivamente los sistemas incluidos en la Lista de confianza europea. Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada, sistemas de sello electrónico cualificado y avanzado, y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido previa comunicación.

¿Qué deberán garantizar las Administraciones Públicas en relación con los sistemas de firma electrónica según el Artículo 10 de la Ley 39/2015?. Solo la utilización de sistemas de firma electrónica cualificada. La utilización opcional de cualquier sistema de firma. Que la utilización de sistemas basados en certificados cualificados sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites. Exclusivamente el uso de sistemas de sello electrónico.

Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en el Artículo 10, ¿cómo se acreditará su identidad?. Deben acreditar adicionalmente su identidad por otros medios. La identificación debe realizarse por separado antes de la firma. Su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma. Solo queda acreditada la autenticidad del documento.

¿Para qué es suficiente que los interesados acrediten previamente su identidad con medios de identificación previstos en la Ley, según el Artículo 11 de la Ley 39/2015, para realizar cualquier actuación en el procedimiento administrativo?. Con carácter general, será suficiente que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley. Siempre es obligatorio el uso de firma electrónica. Se requiere identificación y firma en todos los casos. Solo es necesaria la identificación en procedimientos sancionadores.

¿Para qué actos las Administraciones Públicas requerirán el uso obligatorio de firma según el Artículo 11 de la Ley 39/2015?. Todos los trámites del procedimiento sin excepción. Únicamente para la presentación de documentación. Solo para las resoluciones que dicte la Administración. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

¿Qué deberán garantizar las Administraciones Públicas respecto a la relación de los interesados con ellas según el Artículo 12 de la Ley 39/2015?. Solo puedan relacionarse presencialmente con la Administración. Tengan opción entre relación presencial o electrónica según prefieran. Pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición los canales de acceso necesarios y los sistemas y aplicaciones correspondientes. Únicamente puedan usar medios electrónicos en determinados procedimientos.

¿Cómo asistirán las Administraciones Públicas en el uso de medios electrónicos a los interesados que no dispongan de ellos, según el Artículo 12 de la Ley 39/2015?. A todos los interesados que lo soliciten sin excepción. Solo a las personas jurídicas que no dispongan de medios técnicos. Únicamente a los interesados obligados a relacionarse electrónicamente. A los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en identificación, firma electrónica, presentación de solicitudes y obtención de copias auténticas.

Si un interesado no dispone de medios electrónicos necesarios, ¿qué podrá hacer según el Artículo 12 de la Ley 39/2015?. No podrá realizar ninguna actuación electrónica. Debe adquirir los medios necesarios obligatoriamente. Su identificación o firma electrónica podrá ser realizada por un funcionario público mediante el sistema de firma del que esté dotado, previa identificación del interesado y su consentimiento expreso. Solo podrá actuar a través de representante con medios electrónicos.

¿Qué deberán mantener actualizado las Administraciones respecto a los funcionarios habilitados según el Artículo 12 de la Ley 39/2015?. Solo la Administración General del Estado debe mantener este registro. Cada Administración tendrá un registro independiente sin conexión. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, siendo estos registros plenamente interoperables e interconectados. Únicamente las Comunidades Autónomas están obligadas a este registro.

¿A qué ámbito se refiere la Ley 39/2015 al regular el procedimiento administrativo común, según las Disposiciones Generales?. Solo para la Administración General del Estado. Únicamente para las Administraciones territoriales. Exclusivamente para organismos públicos. Para todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad.

¿Qué comprende el sector público al que se aplica la Ley 39/2015, según su ámbito de aplicación?. Solo las Administraciones territoriales. Las Administraciones públicas y parte del sector privado. Únicamente organismos públicos estatales. La Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas, las Entidades Locales y el sector público institucional.

¿Qué tienen capacidad de obrar ante las Administraciones las entidades que poseen patrimonios independientes o autónomos, según el Artículo 39 de la Ley 39/2015?. Siempre tienen capacidad de obrar ante las Administraciones. Nunca pueden tener capacidad de obrar. Tendrán capacidad de obrar cuando la Ley así lo declare expresamente. Solo cuando estén administrados por una persona jurídica.

¿Qué tipo de intereses legítimos pueden ser considerados para definir a un interesado, según el Artículo 39 de la Ley 39/2015?. Solo individuales. Únicamente colectivos. Individuales o colectivos. Exclusivamente de carácter económico.

¿Qué efectos jurídicos tiene la manifestación expresa en contra de la representación por parte del interesado, según el Artículo 39 de la Ley 39/2015?. No tiene efectos jurídicos. Hace que las actuaciones administrativas no se entiendan con el representante. Solo es válida por escrito. Requiere ratificación ante notario.

¿Qué condición tendrá el documento electrónico que acredite la consulta al registro de apoderamientos, según el Artículo 39 de la Ley 39/2015?. Tendrá la condición de acreditación de la representación. No tiene valor probatorio. Solo es válido durante 30 días. Debe ir acompañado de otros documentos.

¿Cuál es el plazo para subsanar defectos de representación según el Artículo 39 de la Ley 39/2015?. Es siempre de diez días sin posibilidad de ampliación. Es de diez días, pudiendo ser superior cuando las circunstancias del caso lo requieran. Lo determina libremente cada interesado. Es de cinco días hábiles.

¿Dónde deberá constar el bastanteo del poder en los registros de apoderamientos según el Artículo 39 de la Ley 39/2015?. No es necesario que conste en el registro. También deberá constar en el registro electrónico de apoderamientos. Solo se requiere para poderes notariales. Es opcional según cada Administración.

¿Tendrán relación los registros mercantiles y de la propiedad con los registros de apoderamientos según el Artículo 39 de la Ley 39/2015?. No tienen relación con los registros de apoderamientos. Solo pueden consultarse presencialmente. Serán interoperables con los registros electrónicos de apoderamientos. Únicamente proporcionan información a petición judicial.

¿Cuál es la validez de las prórrogas otorgadas por el poderdante según el Artículo 39 de la Ley 39/2015?. Tienen validez indefinida. Tendrán una validez determinada máxima de cinco años desde la fecha de inscripción. Solo pueden otorgarse una vez. Requieren nueva comparecencia presencial.

¿A dónde podrán dirigirse las solicitudes de registro, revocación o prórroga de poder según el Artículo 39 de la Ley 39/2015?. Solo pueden dirigirse al registro de la Administración competente. Podrán dirigirse a cualquier registro, surtiendo efectos desde la fecha de inscripción en el registro donde tenga efectos el poder. Requieren autorización previa del órgano competente. Deben presentarse siempre de forma presencial.

En defecto de designación expresa de representante, ¿con quién se efectuarán las actuaciones en caso de pluralidad de interesados según el Artículo 58 de la Ley 39/2015?. Las actuaciones se efectuarán con el interesado que figure en primer término. Se suspende el procedimiento hasta la designación. Se requiere a todos los interesados para que designen representante. Se designa de oficio un representante común.

¿Cuándo se realizará la comunicación de la tramitación del procedimiento a nuevos interesados según el Artículo 59 de la Ley 39/2015?. Se solicite expresamente por los interesados. Se advierta la existencia de personas titulares de derechos que puedan resultar afectados y su identificación resulte del expediente. Así lo determine discrecionalmente la Administración. Haya transcurrido la mitad del plazo del procedimiento.

¿A quién requieren comunicación previa los sistemas alternativos de identificación electrónica según el Artículo 60 de la Ley 39/2015?. A la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Al Ministerio del Interior. A cada Comunidad Autónoma donde vayan a utilizarse. Al Consejo de Estado.

¿Qué plazo tiene el órgano estatal competente para acudir a la vía jurisdiccional respecto a los sistemas de identificación según el Artículo 61 de la Ley 39/2015?. No existe plazo establecido. Es de un mes desde la comunicación. Es de dos meses desde la comunicación. Es de tres meses desde la comunicación.

¿En qué plazo debe emitir informe la Secretaría de Estado de Seguridad sobre seguridad, según el Artículo 62 de la Ley 39/2015?. En el plazo de cinco días desde su solicitud. En el plazo de diez días desde su solicitud. En el plazo de quince días desde su solicitud. Sin plazo establecido.

¿En qué casos los datos no podrán transferirse a terceros países, según el Artículo 63 de la Ley 39/2015?. En ningún caso está permitida la transferencia. Solo con autorización judicial. Los que hayan sido objeto de decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando lo exija el cumplimiento de obligaciones internacionales de España. Únicamente a países de la Unión Europea.

¿Bajo qué condiciones las Administraciones pueden admitir sistemas de identificación como firma según el Artículo 64 de la Ley 39/2015?. Nunca pueden equipararse identificación y firma. Siempre que lo considere conveniente la Administración. Así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable y permitan acreditar la autenticidad de la expresión de voluntad y consentimiento. Solo para determinados tipos de procedimientos.

¿Para qué actos se exige la obligatoriedad de la firma según el Artículo 65 de la Ley 39/2015?. Realizar actuaciones de mero trámite en el procedimiento. Solicitar información sobre el estado del procedimiento. Presentar alegaciones en el procedimiento. Aportar documentación complementaria.

¿Qué requiere la identificación o firma por funcionario público según el Artículo 66 de la Ley 39/2015?. La identificación del interesado ante el funcionario y su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia para casos de discrepancia. Solo la identificación del interesado. Únicamente autorización del superior jerárquico. Solo el consentimiento verbal del interesado.

¿Qué constarán al menos en el registro de funcionarios habilitados según el Artículo 67 de la Ley 39/2015?. Solo los funcionarios de la Administración General del Estado. Únicamente los funcionarios con certificado digital. Los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. Exclusivamente los funcionarios de cada organismo.

Según el Título Preliminar de la Ley 39/2015, ¿qué solo pueden establecerse mediante ley?. Pueden establecerse especialidades procedimentales. Pueden incluirse trámites adicionales cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario. Puede regularse el procedimiento administrativo. Pueden crearse nuevos tipos de procedimientos.

¿En qué casos las entidades de derecho privado vinculadas quedan sujetas a la Ley 39/2015 según el Artículo 69?. En todos los casos sin excepción. Solo cuando tengan participación pública mayoritaria. Nunca quedan sujetas a esta Ley. Cuando específicamente se refieran a ellas las normas de la Ley y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

¿Cuándo quedan exceptuados del ejercicio de derechos los menores incapacitados según el Artículo 70 de la Ley 39/2015?. En todos los casos. Solo para procedimientos sancionadores. Nunca quedan exceptuados. Cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

¿Cuándo es posible la personación en el procedimiento según el Artículo 71 de la Ley 39/2015 sobre la condición de interesado?. En cualquier momento del procedimiento. Solo al inicio del procedimiento. En tanto no haya recaído resolución definitiva. Únicamente con autorización del órgano instructor.

¿En qué casos se presumirá la validez de la representación según el Artículo 72 de la Ley 39/2015?. Es absoluta e irrefutable. Para actos de mero trámite, debiendo acreditarse para los casos indicados por la Ley. Solo opera para determinados procedimientos. Requiere ratificación posterior.

Pese a la habilitación de representantes, ¿podrá el interesado comparecer personalmente en el procedimiento según el Artículo 73 de la Ley 39/2015?. El interesado no puede comparecer personalmente. Solo puede comparecer con autorización del representante. Siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento. Debe revocar previamente el poder otorgado.

¿Cuál será el registro electrónico estatal en el ámbito estatal, según el Artículo 74 de la Ley 39/2015?. El que determine cada Ministerio. El Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. El que establezca cada organismo público. No existe un registro específico estatal.

Respecto a los modelos de poderes, ¿qué pueden hacer las Comunidades Autónomas según el Artículo 75 de la Ley 39/2015?. Debe usar los modelos estatales obligatoriamente. Aprobará los modelos de poderes inscribibles cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración. No puede aprobar modelos propios. Solo puede aprobar modelos con autorización estatal.

¿Están prohibidos los registros particulares de cada organismo según el Artículo 76 de la Ley 39/2015?. Están prohibidos por la Ley. No son impedidos por los registros generales de apoderamientos y pueden inscribir poderes para trámites específicos. Solo pueden existir en la Administración General del Estado. Requieren autorización del registro general.

¿De dónde debe resultar la identificación de personas afectadas en el procedimiento sin publicidad según el Artículo 77 de la Ley 39/2015?. Del expediente administrativo. De solicitud expresa de los interesados. De investigación específica de la Administración. De publicación en boletín oficial.

¿Sobre qué datos debe realizarse la comprobación de identidad según el Artículo 78 de la Ley 39/2015?. El Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. Cualquier documento que aporte el interesado. Solo certificados digitales oficiales. Exclusivamente el padrón municipal.

¿En qué lista deben estar incluidos los prestadores de servicios de certificación según el Artículo 79 de la Ley 39/2015?. La Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. Cualquier lista europea de certificación. Solo registros nacionales de cada país. Exclusivamente listas del Ministerio de Asuntos Económicos.

¿Con qué debe ir acompañada la comunicación de sistemas alternativos de declaración responsable según el Artículo 80 de la Ley 39/2015?. Autorización del órgano competente. Informe técnico independiente. Solo la descripción técnica del sistema. Una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente.

¿Para quién deben encontrarse disponibles los datos según el Artículo 81 de la Ley 39/2015 sobre acceso de autoridades?. Solo autoridades judiciales. Únicamente autoridades administrativas. Autoridades judiciales y administrativas competentes. Cualquier autoridad que lo solicite.

¿A qué se refieren las categorías especiales de datos según el Artículo 82 de la Ley 39/2015, en relación con el Reglamento europeo?. Las reguladas en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679. No están contemplados en la Ley. Solo datos de carácter económico. Exclusivamente datos de empresas.

¿Cuándo se consideran válidos los sistemas de firma electrónica avanzada según el Artículo 83 de la Ley 39/2015?. No están contemplados en la Ley. Solo pueden usarse para determinados actos. Se consideran válidos junto con los de firma electrónica cualificada. Requieren autorización especial.

¿En qué se basan los sistemas de sello electrónico según el Artículo 84 de la Ley 39/2015?. Solo certificados de personas físicas. Certificados electrónicos cualificados de sello electrónico. Únicamente sistemas de identificación. Exclusivamente firma biométrica.

¿Qué deben garantizar las Administraciones respecto al uso de sistemas cualificados según el Artículo 85 de la Ley 39/2015?. Para todos los procedimientos en todos sus trámites. Solo para procedimientos especiales. Únicamente para la presentación de solicitudes. Exclusivamente para recursos administrativos.

¿Dónde deben situarse los recursos técnicos para sistemas de firma alternativos según el Artículo 86 de la Ley 39/2015?. En cualquier país sin restricciones. Solo en territorio español. En territorio de la Unión Europea, y para categorías especiales de datos, en territorio español. Únicamente en países con acuerdo bilateral.

¿Bajo qué condición las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma según el Artículo 87 de la Ley 39/2015?. No se realicen operaciones de mero trámite. Utilicen sistemas de seguridad biométricos avanzados con certificado digital. Permitan conocer los datos personales especiales de los interesados. Permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados.

¿Con quién se entienden las actuaciones administrativas en relación con el representante, según el Artículo 88 de la Ley 39/2015?. Solo cuando lo autorice expresamente el interesado. Salvo manifestación expresa en contra del interesado. Únicamente para actos de trámite. Exclusivamente para procedimientos no sancionadores.

¿Cuándo pueden las personas jurídicas actuar en representación según el Artículo 89 de la Ley 39/2015?. Solo sean entidades sin ánimo de lucro. Siempre sin restricciones. Ello esté previsto en sus Estatutos. Tengan autorización administrativa.

¿En qué casos debe quedar constancia de la actuación por funcionario según el Artículo 90 de la Ley 39/2015 para constancia en caso de discrepancias?. Solo cuando lo solicite el interesado. En todos los casos sin excepción. Para los casos de discrepancia o litigio. Únicamente cuando el funcionario lo estime necesario.

¿Cuándo adquieren eficacia jurídica los sistemas alternativos según el Artículo 91 de la Ley 39/2015?. Solo con autorización expresa de la Secretaría General. Cuando lo apruebe el Consejo de Ministros. Inmediatamente tras la comunicación. Tras transcurrir dos meses desde la comunicación, salvo que el órgano competente acuda a la vía jurisdiccional.

¿Cómo deben ser los intereses legítimos directos para la comunicación del procedimiento, según el Artículo 92 de la Ley 39/2015?. Únicamente colectivos. Exclusivamente económicos. Solo individuales. Legítimos y directos.

¿Qué requieren los sistemas alternativos para registrarse como usuario según el Artículo 93 de la Ley 39/2015?. Un registro previo como usuario que permita garantizar la identidad. Únicamente certificado digital. Solo identificación básica. Exclusivamente datos biométricos.

¿Qué puede hacer el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública según el Artículo 94 de la Ley 39/2015?. Acudir a la vía jurisdiccional previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad. Solo emitir informes no vinculantes. Suspender automáticamente el sistema. Únicamente formular observaciones.

¿Qué deben permitir los medios de firma para acreditar la integridad e inalterabilidad del documento según el Artículo 95 de la Ley 39/2015?. Solo la autenticidad de la expresión de voluntad. Únicamente la integridad del documento. Exclusivamente el consentimiento del firmante. La autenticidad de la expresión de voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.

¿Qué funcionarios deben constar al menos en el registro de las oficinas de asistencia según el Artículo 96 de la Ley 39/2015?. Solo los designados por cada organismo. Únicamente los que tengan certificado digital. Los que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. Exclusivamente los de atención al ciudadano.

¿Quién emite las decisiones de adecuación de la Comisión Europea según el Artículo 97 de la Ley 39/2015?. La Comisión Europea. El Parlamento Europeo. El Consejo Europeo. El Tribunal de Justicia de la UE.

¿Qué pondrán a disposición las Administraciones según el Artículo 98 de la Ley 39/2015 sobre sistemas y aplicaciones?. Únicamente aplicaciones estándar. Exclusivamente sistemas propios de cada Administración. Los canales de acceso necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. Solo canales de acceso básicos.

¿Cuál es la validez determinada de los poderes inscritos en el registro según el Artículo 99 de la Ley 39/2015?. Un máximo de tres años. Un máximo de cinco años. Un máximo de cinco años, renovables por periodos con el mismo límite máximo. No hay duración máxima.

¿Quiénes se consideran interesados en el procedimiento según el Artículo 100 de la Ley 39/2015?. Las personas físicas. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Las personas físicas o jurídicas. Las persona jurídicas.