Cuestionario sobre la Ley de Contratación del Sector Público

¿Cuál es el principal objeto de la presente Ley según el Artículo 1?. Regular la contratación del sector público para garantizar transparencia y eficiencia. Establecer las bases para la financiación de proyectos de investigación. Definir los criterios para la selección de personal en la administración pública. Regular la gestión de recursos naturales en el sector público.

¿Qué principios deben regir la contratación del sector público según el Artículo 1?. Libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato. Celeridad, discrecionalidad y mínima intervención. Máxima intervención, control riguroso y reserva de información. Prioridad de proveedores locales y exclusión de empresas extranjeras.

¿Qué tipo de criterios deben incorporarse de manera transversal y preceptiva en la contratación pública, según el Artículo 1?. Criterios sociales y medioambientales. Criterios de rendimiento deportivo y cultural. Criterios de diversificación geográfica y de edad. Criterios de exclusividad de proveedores y de proximidad.

¿Qué tipo de empresas se busca facilitar el acceso a la contratación pública, según el Artículo 1?. Pequeñas y medianas empresas, y empresas de economía social. Grandes corporaciones y multinacionales. Empresas con más de 500 empleados y capital extranjero. Empresas de reciente creación con alto potencial de crecimiento.

¿Qué tipo de contratos están sometidos a la presente Ley, según el Artículo 2?. Contratos onerosos celebrados por las entidades enumeradas en el Artículo 3. Solo los contratos que superen un determinado valor económico. Exclusivamente los contratos de obra y suministro. Todos los contratos celebrados por cualquier entidad pública o privada.

¿Cómo se considera que un contrato tiene carácter oneroso según el Artículo 2?. Cuando el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, directo o indirecto. Cuando el contrato implica la transferencia de propiedad de bienes. Cuando el contrato es resultado de una licitación pública con múltiples oferentes. Cuando el contrato genera obligaciones legales para ambas partes.

¿Qué vocabulario se utilizará para identificar las prestaciones objeto de los contratos regulados en esta Ley, según el Artículo 2?. El «Vocabulario común de contratos públicos» (CPV). Un vocabulario específico de cada comunidad autónoma. El catálogo de bienes y servicios de la Unión Europea. Un glosario interno de cada entidad contratante.

¿A qué entidades se considera que forman parte del sector público a efectos de esta Ley, según el Artículo 3, apartado primero?. La Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Locales, Seguridad Social, Organismos Autónomos, Universidades Públicas, Autoridades Administrativas Independientes, Consorcios, Fundaciones Públicas, Mutuas Colaboradoras, Entidades Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles con participación pública superior al 50%, Fondos sin personalidad jurídica, Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia creadas para fines de interés general, y Asociaciones constituidas por las anteriores. Solo las Administraciones Públicas y sus organismos dependientes. Cualquier entidad que reciba financiación pública, independientemente de su naturaleza jurídica. Solo las empresas públicas y las fundaciones que reciben subvenciones.

¿Qué tipo de contratos quedan excluidos del ámbito de la presente Ley según el Artículo 5?. Convenios en el ámbito de la defensa y la seguridad incluidos en el artículo 346 del TUE, contratos de obras, suministros y servicios en defensa y seguridad, y concesiones en estos ámbitos bajo ciertas condiciones. Contratos de servicios financieros y de creación artística. Contratos menores y acuerdos marco. Contratos de suministros de material de oficina y equipamiento informático.

¿Los contratos administrativos se rigen principalmente por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, y supletoriamente por qué normas, según el Artículo 25?. Supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho privado. Supletoriamente por las normas de derecho mercantil y civil. Supletoriamente por la normativa de la Unión Europea y tratados internacionales. Supletoriamente por los reglamentos internos de cada entidad contratante.

¿Qué tipo de contratos se consideran privados según el Artículo 26?. Aquellos cuyo objeto sea distinto de los contratos administrativos, los celebrados por poderes adjudicadores que no sean Administraciones Públicas, y los celebrados por entidades del sector público que no sean poderes adjudicadores. Solo aquellos contratos con un valor estimado inferior a 5.000 euros. Los contratos declarados expresamente como privados por ley. Los contratos que tengan por objeto servicios financieros o de creación artística.

¿Qué orden jurisdiccional es competente para resolver las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos, según el Artículo 27?. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El orden jurisdiccional civil. El orden jurisdiccional penal. El orden jurisdiccional social.

¿Qué orden jurisdiccional es competente para resolver las controversias entre partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, según el Artículo 27?. El orden jurisdiccional civil. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El orden jurisdiccional penal. El orden jurisdiccional mercantil.

Según el Artículo 28, ¿qué tipo de contratos no podrán celebrar las entidades del sector público?. Aquellos que no sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. Contratos cuyo valor sea inferior a un umbral determinado. Contratos con proveedores que no estén registrados en un censo oficial. Contratos de servicios que no incluyan cláusulas sociales.

¿Qué deben determinar con precisión las entidades del sector público antes de iniciar un procedimiento de adjudicación, según el Artículo 28?. La naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir y la idoneidad del objeto y contenido del contrato. El número máximo de ofertas que se considerarán válidas. El margen de beneficio que el contratista puede obtener. La ubicación geográfica exacta de la ejecución del contrato.

¿Qué deben programar las entidades del sector público en relación con su actividad de contratación pública, según el Artículo 28?. Su actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales. Unicamente las licitaciones que se realizarán en el siguiente trimestre. Unicamente los contratos de obras y servicios de mayor envergadura. Los criterios de adjudicación que se aplicarán a todos los contratos sin excepción.

¿Qué plazo de duración deben tener en cuenta los contratos del sector público, según el Artículo 29?. La naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas. Un plazo fijo de dos años, prorrogable por un año más. El tiempo que tarde el contratista en completar la obra o servicio. Un máximo de cinco años, independientemente de la naturaleza del contrato.

¿Qué tipo de contratos no podrán incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos, según el Artículo 37?. El documento contractual. Los contratos menores. Los contratos de servicios financieros. Los acuerdos marco.

¿Cuándo serán inválidos los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, según el Artículo 38?. Cuando concurra alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho civil, o cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación por causas de derecho administrativo, o cuando la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado. Solo cuando se demuestre fraude o corrupción en el proceso. Cuando el contrato no sea adjudicado a la oferta más económica. Cuando no se cumpla con los plazos de ejecución establecidos.

¿Cuáles son las causas de nulidad de derecho administrativo de los contratos según el Artículo 39?. Las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, y además la falta de capacidad, la carencia de crédito, la falta de publicación, la inobservancia del plazo de formalización, la formalización a pesar de recurso especial, el incumplimiento de normas de acuerdos marco o sistemas dinámicos de adquisición, y el incumplimiento grave de normas de la UE declarado por el TJUE. Solo la falta de capacidad de obrar o la carencia de crédito. Únicamente la falta de publicación del anuncio de licitación. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos pactados.

¿Qué son causas de anulabilidad de derecho administrativo según el Artículo 40?. Las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y en particular el incumplimiento de las circunstancias y requisitos para la modificación de contratos, y las disposiciones que otorguen ventajas directas o indirectas a empresas que hayan contratado previamente. Solo las infracciones leves del ordenamiento jurídico. Los errores materiales en la documentación del contrato. La falta de entrega de la documentación solicitada en tiempo y forma.

¿Qué valor estimado deben tener los contratos de obras para ser susceptibles de recurso especial en materia de contratación, según el Artículo 44?. Superior a tres millones de euros. Superior a quinientos mil euros. Superior a cien mil euros. Cualquier valor estimado.

¿Qué valor estimado deben tener los contratos de suministro y servicios para ser susceptibles de recurso especial en materia de contratación, según el Artículo 44?. Superior a cien mil euros. Superior a tres millones de euros. Superior a quinientos mil euros. Cualquier valor estimado.

¿Contra qué tipo de resoluciones cabe interponer recurso contencioso-administrativo tras la resolución del recurso especial, según el Artículo 59?. Contra la resolución dictada en el procedimiento del recurso especial. Contra cualquier acto administrativo relacionado con el contrato. Contra la decisión de no adjudicar el contrato. Contra la formalización del contrato.

¿A quién corresponde la representación de las entidades del sector público en materia contractual, según el Artículo 61?. A los órganos de contratación, unipersonales o colegiados, que tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. Al Ministro de Hacienda y Función Pública en todos los casos. Al Director General de la entidad contratante. A un comité de expertos designado para cada contrato.

¿Qué facultad podrá ser delegada o desconcentrada por los órganos de contratación, según el Artículo 61?. Sus competencias y facultades en materia contractual. La decisión final sobre la adjudicación del contrato. La aprobación del presupuesto base de licitación. La supervisión de la ejecución del contrato.

¿Qué elemento agrupa la información y documentos relativos a la actividad contractual de los órganos de contratación para asegurar la transparencia, según el Artículo 63?. El perfil de contratante. La plataforma de contratación pública. El registro oficial de licitadores. El tablón de anuncios electrónico.

¿Qué información debe contener, como mínimo, el perfil de contratante relativa a los contratos, según el Artículo 63?. La memoria justificativa, el objeto detallado del contrato, duración, presupuesto base de licitación e importe de adjudicación, anuncios de licitación y adjudicación, y los licitadores participantes. Solo la memoria justificativa del contrato y el objeto detallado. Únicamente los anuncios de licitación y adjudicación. El número de licitadores y la identidad del adjudicatario.

¿Qué deben tomar los órganos de contratación para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir conflictos de intereses, según el Artículo 64?. Medidas adecuadas. Medidas restrictivas y de exclusión. Medidas de control a posteriori. Medidas de auditoría interna obligatoria.

¿Qué abarcará el concepto de conflicto de intereses según el Artículo 64?. Cualquier situación en la que el personal que participa en el procedimiento pueda tener un interés financiero, económico o personal que comprometa su imparcialidad. Solo situaciones de soborno o cohecho. Exclusivamente los intereses económicos directos. Las relaciones familiares entre los miembros del órgano de contratación.

¿Qué requisitos deben acreditar los empresarios para contratar con el sector público, según el Artículo 65?. Plena capacidad de obrar, no estar incursos en prohibición de contratar, y acreditar solvencia económica, financiera, técnica o profesional, o clasificación cuando sea exigible. Solo la capacidad de obrar y la solvencia económica. Únicamente la clasificación profesional y la experiencia en el sector. El estar al corriente de pago de impuestos y no tener deudas con la Seguridad Social.

¿Qué deben justificar las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la UE o EEE para contratar con el sector público, según el Artículo 68?. Mediante informe que el Estado de procedencia admite la participación de empresas españolas de forma análoga. Mediante la presentación de un certificado de origen. Mediante la declaración de que cumplirán con la normativa española. Mediante la constitución de una filial en España.

¿Qué deben nombrar las uniones temporales de empresarios que concurran agrupados, según el Artículo 69?. Un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes. Dos representantes, uno para cada aspecto del contrato. Un único representante sin poderes específicos. Un administrador para cada empresa integrante de la unión.

¿Cuál es la duración mínima de las uniones temporales de empresarios, según el Artículo 69?. Coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. Seis meses, independientemente de la duración del contrato. Un año, prorrogable por periodos de seis meses. La duración que determinen libremente las empresas integrantes.

¿Qué medidas puede tomar el órgano de contratación para garantizar que la participación de empresas que elaboraron especificaciones técnicas no falsee la competencia, según el Artículo 70?. La exclusión de dichas empresas y las vinculadas, o la comunicación de información intercambiada y el establecimiento de plazos adecuados. Solo la comunicación de la información intercambiada. Únicamente la exclusión de las empresas vinculadas. La ampliación del plazo de licitación sin otras medidas.

¿Qué tipo de delitos pueden ser causa de prohibición de contratar según el Artículo 71?. Delitos de terrorismo, asociación ilícita, financiación ilegal, trata de seres humanos, corrupción, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública, derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, delitos urbanísticos, o contra el patrimonio histórico y medio ambiente. Solo delitos económicos y de cuello blanco. Exclusivamente delitos relacionados con la seguridad nacional. Cualquier delito, independientemente de su naturaleza.

¿Qué tipo de infracciones graves o muy graves pueden ser causa de prohibición de contratar según el Artículo 71?. Infracciones graves en materia profesional, de disciplina de mercado, de falseamiento de competencia, de integración laboral, de igualdad de oportunidades, de extranjería, medioambientales, laborales o sociales, o relacionadas con la protección de datos. Solo infracciones laborales y de seguridad social. Exclusivamente infracciones medioambientales. Cualquier infracción administrativa leve o grave.

¿Qué empresas pueden ser consideradas como continuación de otras afectadas por una prohibición de contratar, según el Artículo 72?. Aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas. Solo las empresas que hayan sido adquiridas recientemente. Aquellas empresas que compartan un mismo proveedor. Las empresas que tengan la misma sede social.

¿Qué requisitos mínimos de solvencia y documentación se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, según el Artículo 74?. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos. Solo la documentación requerida para acreditar la solvencia. Únicamente los requisitos mínimos de solvencia. La acreditación de la clasificación profesional.

¿En qué casos se considerará que la clasificación de las empresas es exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar, según el Artículo 77?. Para contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, y para contratos de servicios cuyos códigos CPV estén incluidos en el ámbito de clasificación de grupos o subgrupos vigentes. Solo para contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros. Para todos los contratos de servicios, independientemente de su valor. Únicamente cuando se trate de contratos de suministro con instalación.

¿Para qué tipo de contratos no será exigible la clasificación del empresario, según el Artículo 77?. Contratos de servicios. Contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros. Contratos de suministro con colocación e instalación. Contratos de concesión de obras.

¿Qué empresas no españolas están exentas de la exigencia de clasificación, según el Artículo 78?. Las no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Espacio Económico Europeo. Todas las empresas extranjeras. Las empresas de países con acuerdos de reciprocidad con España. Las empresas que ya cuenten con una clasificación previa en otro país.

¿Cómo se realizará la clasificación de las empresas según el Artículo 79?. En función de su solvencia, valorada conforme a criterios reglamentariamente establecidos. Basándose únicamente en la antigüedad de la empresa. Por sorteo entre las empresas que cumplan los requisitos mínimos. En función del número de empleados de la empresa.

¿Qué norma regula la práctica electrónica de las comunicaciones entre el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas y los Registros de las Comunidades Autónomas, según el Artículo 80?. Mediante Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros. Mediante Instrucción de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Mediante Circular de la Comisión Europea.

¿Qué tipo de clasificación tendrá una vigencia indefinida mientras se mantengan las condiciones en que se basó, según el Artículo 82?. La clasificación de las empresas. La clasificación de los contratos de obras. La clasificación de los contratos de servicios. La clasificación provisional.

¿Qué tipo de empresas no españolas deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España o la Oficina Consular, según el Artículo 84?. Los demás empresarios extranjeros. Las empresas de la Unión Europea. Las empresas de Estados signatarios del EEE. Las empresas de países con acuerdos de reciprocidad.

¿Qué medio podrá sustituir al testimonio judicial o certificación administrativa para probar la no concurrencia de una prohibición de contratar, según el Artículo 85?. Una declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. Una declaración jurada del propio empresario. Un certificado emitido por la propia empresa. Un informe de un consultor externo.

¿Cómo se acreditará la solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato, según el Artículo 86?. Mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de contratación de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de la presente Ley. Solo mediante la presentación de los últimos estados financieros. Únicamente a través de la clasificación profesional. Mediante la aportación de un informe de auditoría externa.

En contratos de concesión de obras y servicios, si pueden identificarse fases sucesivas que requieran medios distintos, ¿qué podrán diferenciar los pliegos según el Artículo 86?. Requisitos de solvencia, distintos para las sucesivas fases del contrato. El precio total del contrato. El número de licitadores permitidos. Los plazos de presentación de ofertas.