Cuestionario de Normativa Laboral y Empleo Público

A los efectos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y de las normas que la desarrollen, se entenderán como equipos potencialmente peligrosos: Aquellos que puedan originar riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que lo manipulan dentro del proceso productivo. Aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. Las respuestas a) y b) no son correctas.

A los efectos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y de las normas que la desarrollen, se entenderá como equipo de trabajo: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujeto por el trabajador. Cualquier complemento o accesorio que proteja al trabajador de uno o varios riesgos que pueda amenazar su seguridad o salud. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

Según el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos tienen, entre otros, derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: A la libre asociación profesional. A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que los empleados públicos guardarán secreto de las materias clasificadas, en el artículo: 51. 52. 53.

Según el tenor literal del apartado 8 del artículo 53 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización, actuando de acuerdo con los principios éticos de: Eficacia, economía y eficiencia. Eficacia, transparencia y eficiencia. Eficacia, economía y buena administración.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 18 del vigente convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Sevilla: El capataz distribuye, pero no coordina ni controla a un grupo de trabajadores. El inspector inspecciona, pero no supervisa ni controla los trabajos o actividades realizados en el ámbito de su servicio. El oficial de primera podrá tener a su cargo a trabajadores de inferior nivel.

RESERVA 1. Según el artículo 18 del vigente convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Sevilla, para desempeñar una adjuntía de jefatura de servicio se requiere pertenecer a: Los grupos A1 o A2. Solo al grupo A1. Solo al grupo A2.

Según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se entiende por acoso por razón de sexo: El referido a comportamientos que tengan como causa o estén vinculados con su condición de mujer, y tengan como propósito o produzcan el efecto de atentar contra la dignidad de las mujeres y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral. El comportamiento de cualquier tipo realizado por el hombre contra la mujer, que tenga como objeto o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral. Las respuestas a) y b) no son correctas.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1bis de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género: Se considerarán víctimas de violencia de género, aunque no convivan en el entorno violento. No tienen la consideración de víctimas de violencia de género, aunque convivan en el entorno violento. Se considerarán víctimas de violencia de género si conviven en el entorno violento.

El artículo 14.1 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, literalmente dispone: Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Los derechos de información, consulta y exposición, modificación en materia preventiva, correctiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, serán de valoración independientes y dependerán de la situación del riesgo para la salud en las distintas condiciones del trabajo. Los derechos para el acceso y consulta de la documentación en lo referente a materia de trabajos peligrosos, paralización de la actividad en caso de accidentes y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los estatutos de los trabajadores para obtener una prevención y protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El derecho de carácter individual de los empleados públicos “a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestas a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”, viene establecido en el: Artículo 14, letra j bis) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Artículo 14, letra j) de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Artículo 14, letra k). del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

El apartado 5 del artículo 31 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, literalmente dispone “El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos...". Regulados en el presente artículo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus empleados públicos o los representantes de éstos. Regulados en el presente capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus empleados públicos o los representantes de éstos. Regulados en el presente capítulo, sin perjuicio de otras formas de negociación entre las Administraciones Públicas y sus empleados públicos y los representantes de éstos.

El apartado 1 del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, literalmente dispone: “La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral...". Se regirá por la legislación, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de aplicación. Se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de aplicación. Se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este artículo que expresamente les son de aplicación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas: Están prohibidos, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. Se rechazarán de plano en cualquier circunstancia, pues el EBEP no admite excepciones. Se rechazarán los que vayan más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

Según el punto 16, maestro, del artículo 18, “descripción de puestos tipos", del vigente convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Sevilla (artículo 18 actualizado, del Estatuto Básico del Empleado Público), el puesto tipo de maestro define a: Los trabajadores que perteneciendo al Grupo C2 desarrollan y ejecutan los correspondientes trabajos de un oficio determinado, con la suficiente corrección y eficacia, sin llegar a la especialización requerida para los trabajos perfectos. Podrá tener a su cargo a trabajadores de inferior nivel. Los trabajadores que estando en posesión de la titulación o habiendo demostrado conocimiento a nivel de Formación Profesional de primer grado o Graduado Escolar, desarrollan trabajos con total dominio de su oficio respectivo, realizan los trabajos para los que se requiere mayor esmero y delicadeza, con el suficiente grado de perfección y calidad. Podrá tener a su cargo a trabajadores de inferior nivel. Los trabajadores que estando en posesión de la titulación y habiendo demostrado conocimiento a nivel de Formación Profesional de segundo grado o Graduado Escolar, desarrollan trabajos con total dominio de su oficio respectivo, realizan los trabajos para los que se requiere mayor esmero y delicadeza, con el suficiente grado de perfección y calidad. Podrá tener a su cargo a trabajadores de inferior nivel.

RESERVA 2. Según el punto 3, Jefatura de Sección, del artículo 18, "descripción de puestos tipos", del vigente convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Sevilla (artículo 18 actualizado, del Estatuto Básico del Empleado Público), el puesto de jefatura de sección: Es responsable, dentro de las funciones que le están encomendadas, de la decisión, dirección, ejecución y control del trabajo de las distintas unidades administrativas integradas en la sección. Es responsable de mando cuya competencia comprende funciones de estudio, informe, asesoramiento y propuesta de carácter superior, y la directa realización de actividades para las que capacita específicamente un título superior. Es responsable de la ejecución, instrucción y coordinación de los diferentes trabajos de la unidad administrativa. El titular realiza trabajos de mayor dificultad que los supervisados.

A tenor de lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de: Identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes. Valoración, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes. Comprobación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, quedan específicamente incluidas, entre otras, en la definición de «condición de trabajo»: La naturaleza de los agentes físicos, químicos y orgánicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. Los procedimientos para la utilización de los equipos que influyan en la generación de los riesgos laborales. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.

Según el art. 14 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos tienen entre los derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, a: La reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de dicha norma. El desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. La libertad sindical.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de sus superiores, salvo que: Discrepen, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de sus superiores. Constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. Constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de sus superiores.

Según lo dispuesto en el artículo 53 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, entre los principios éticos de los empleados públicos se encuentra: El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. Las respuestas a) y b) no son correctas.

RESERVA 3. Según para el personal laboral del Ayuntamiento el artículo 18 del vigente convenio colectivo de Sevilla, actualizado por el EBEP, el puesto de trabajo cuya competencia comprende, dentro del sector o grupo de funciones en que se divida el servicio y siguiendo las directrices que éste le marque, funciones de estudio, asesoramiento y propuesta de carácter superior, y la directa realización de actividades para las que capacita específicamente un título universitario es: Jefatura de servicio. Adjuntía a la jefatura de servicio. Jefatura de sección.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la situación de discriminación múltiple en que una mujer padece formas agravadas y específicas de discriminación por razón de clase, etnia, religión, orientación o identidad sexual, o discapacidad, se define como: Discriminación indirecta. Transversalidad. Las respuestas a) y b) no son correctas.

Conforme al tenor literal del artículo 4 de la de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, para la consecución del objeto de esta Ley serán principios generales de actuación de los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias: El fomento de la disposición equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos de representación y de toma de decisiones, así como en las candidaturas a las elecciones al Parlamento de Andalucía. La adopción de las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje, y garantizar y promover la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres, fundamentada en la igualdad de sexos, en todos los ámbitos de la vida pública y privada. La adopción de medidas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al ascenso al empleo, a la formación, y promoción profesional, igualdad salarial y a las condiciones de trabajo.

Según el tenor literal del artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, son principios generales de la acción preventiva: Evaluar los riesgos que se puedan evitar. Evitar los riesgos. Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.

Según el tenor literal del artículo 15.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, respecto de las operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo: Deberán ser concertadas por la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. Podrán ser concertadas por la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. Deberán ser concertadas únicamente por la empresa respecto de sus trabajadores.

Según lo dispuesto en el Título Preliminar de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dicha ley tiene por objeto: La adopción de medidas para la minimización de la violencia de género mediante actuaciones de prevención y de amparo a las víctimas, así como de sensibilización, educativas, formativas, de detección, atención y recuperación y todas las que resulten necesarias. La adopción de medidas para la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de prevención y de protección integral a las víctimas, así como de sensibilización, educativas, formativas, de detección, atención y recuperación y todas las que resulten necesarias. La adopción de medidas urgentes para la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de protección a las víctimas, así como de sensibilización, educativas, formativas, de vigilancia y recuperación y todas las que resulten necesarias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la participación institucional, a efectos de esta ley, es el derecho de los empleados públicos a participar: A través de organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. En la determinación de las condiciones de trabajo ante los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que reglamentariamente se determine. En los órganos de control de las entidades u organismos que se determine.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 53 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es un principio ético de los empleados públicos: Observar las normas sobre seguridad y salud laboral. No aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 32 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la negociación colectiva de los empleados públicos con contrato laboral se regirá: Únicamente por el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Únicamente por el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo IV, título III, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que expresamente les son de aplicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que,: En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el setenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el ochenta por ciento ni sea menos del veinte por ciento.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, constituye uno de los principios generales de actuación de los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias: La adopción de medidas necesarias para la eliminación de la discriminación y especialmente, aquellas que incidan en la creciente feminización de la pobreza. La adopción de medidas para la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de prevención y protección integral a las víctimas. La adopción de medidas para la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de sensibilización, educativas, formativas, de detección, atención y recuperación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es un principio de conducta de los empleados públicos: Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad y no utilizar los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. El respeto de la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales: El concierto con una actividad especializada para el desarrollo de actividades de prevención, exime al empresario de su deber de cumplimiento, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. El deber de protección de las Administraciones Públicas respecto del personal al su servicio se encuentra limitado dadas las singularidades de su régimen jurídico. El derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, los actos de violencia de género podrán responder a cualquiera de la siguiente tipología: Violencia reproductiva, vicaria, machista y obstétrica. Violencia física, psicológica, sexual y económica. Violencia psicosomática, machista, asexual y vicaria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Públicas: Deban adoptar medidas o planes de ajuste para asegurar la estabilidad presupuestaria. Aprueben los Presupuestos Generales del Estado para la corrección del déficit público. Adopten medidas para corregir el superávit público.

RESERVA 4. Conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecido: Es un deber de los empleados públicos. Es un principio de conducta. Es un principio ético.

RESERVA 5. Según el artículo 18 del vigente convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Sevilla, actualizado por el EBЕР, el Ayudante, tiene suficiente capacitación profesional o experiencia laboral para colaborar con: Los Oficiales de primera o maestros en los trabajos que se les encarguen, ejecutando aquellos de menor especialización. Los Capataces y Jefes Obreros en los trabajos que se les encarguen, directamente con una concreta especialización para el desarrollo de su trabajo. Los Inspectores y Peones en todos los trabajos que se les encarguen en horario laboral.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad: Se tendrán en cuenta las lesiones sufridas del daño y las patologías del mismo. Se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. Será determinante la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos a los que esté expuesto el trabajador.

Según lo dispuesto en el artículo 1 bis de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, no se considerarán víctimas de violencia de género: Los padres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados por este motivo. Las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre. Las personas mayores que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento.

Según lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo: No deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Podrá recaer en los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Sólo puede recaer en los trabajadores cuando haya modificaciones que puedan experimentar variaciones sustanciales de los niveles de protección que incidan en la realización de los trabajos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 54.7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos garantizarán: La trazabilidad e imparcialidad de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. La transparencia y la confidencialidad de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. La constancia y la permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, están legitimados para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección: Los empleados públicos en el desarrollo de sus funciones dentro del ámbito de la Función pública. Los órganos de derecho y los sistemas específicos en el ámbito de la Función pública. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función pública.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España se tendrán en cuenta: En los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones públicas. En el ejercicio de los derechos individuales de los trabajadores. En la negociación colectiva, representación y participación institucional para la interlocución entre Administraciones públicas y sus empleados.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos deberán actuar con arreglo, entre otros, al principio de: Efectividad. Promoción del entorno cultural y medioambiental. Sostenibilidad y economía circular.