Cuestionario sobre Principios Procesales y Tutela JudicialAI✦
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![]() Cuestionario sobre Principios Procesales y Tutela Judicial Descripción: tu puedes javier |



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El principio de aportación de parte implica que: El juez investiga de oficio los hechos materiales no alegados. Corresponde exclusivamente a las partes introducir los hechos y proponer los medios de prueba en el proceso. Las partes deben pagar las costas procesales antes de admitirse la demanda. El juez no puede rechazar ninguna prueba propuesta. El principio iura novit curia faculta al tribunal para: Cambiar las pretensiones de las partes sin consultarlas. Fundamentar la sentencia en normas jurídicas distintas de las invocadas por los litigantes, sin alterar la causa de pedir. Introducir hechos nuevos conocidos por ciencia propia. Condenar por cuantía superior a la solicitada en el suplico. La buena fe procesal (art. 11 LEC) permite al tribunal: Desestimar de plano la demanda si el demandante no le cae bien. Rechazar razonadamente peticiones e incidentes formulados con manifiesto abuso de derecho o fraude de ley. Eximir de costas al vencido que no haya mentido en juicio. Modificar los plazos procesales legales a su criterio. El principio de oralidad en el proceso civil se manifiesta primordialmente en: La presentación verbal de la demanda inicial. La celebración de la audiencia previa, el juicio ordinario y la vista del verbal. La notificación oral de todas las sentencias definitivas. El recurso de apelación, que siempre es oral. La tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) garantiza: Obtener siempre una sentencia estimatoria de las pretensiones. El derecho a acceder a los tribunales, a un proceso con garantías y a una resolución fundada en derecho. Que nunca se condene en costas al demandante de buena fe. La gratuidad universal y total de todos los procesos civiles. El orden de prelación en los fueros de competencia territorial determina que: El fuero general del domicilio del demandado siempre se aplica primero. Los fueros imperativos y legales fijados por la LEC se aplican con preferencia sobre la sumisión expresa o tácita. La sumisión expresa prevalece en todos los casos sobre la ley. El demandante siempre elige el juzgado que prefiera. El pacto de sumisión expresa en los contratos con consumidores: Es válido si se firma ante notario. Es legalmente nulo por abusivo y carece de validez procesal. Obliga a litigar siempre en Madrid o Barcelona. Permite acudir a juzgados de paz sin límite de cuantía. La declinatoria debe interponerse: En cualquier momento antes de que se dicte sentencia firme. Dentro de los 10 primeros días del plazo para contestar a la demanda. En los primeros 5 días del plazo para comparecer en juicio. Exclusivamente en el acto de la audiencia previa. La interposición en tiempo y forma de la declinatoria produce como efecto inmediato: La anulación definitiva de la demanda inicial. La suspensión del curso del procedimiento principal y del plazo para contestar a la demanda. La remisión automática de las actuaciones al Tribunal Constitucional. La condena en costas al demandante. La competencia funcional para resolver un recurso de apelación corresponde a: El mismo juzgado que dictó la resolución apelada. La Audiencia Provincial correspondiente al partido judicial del juzgado de primera instancia. El Tribunal Superior de Justicia en Sala Única. El Tribunal Supremo (Sala Primera). La capacidad para ser parte corresponde a: Únicamente a las personas físicas mayores de edad en pleno ejercicio de sus derechos. Las personas físicas, concebidos no nacidos (nasciturus) para todo lo que les sea favorable, personas jurídicas y entes sin personalidad expresamente reconocidos por ley. Exclusivamente a quienes dispongan de bienes embargables. Solo a ciudadanos de nacionalidad española o comunitaria. La capacidad procesal (legitimatio ad processum): La ostenta todo ser humano desde el nacimiento. Supone la aptitud para realizar válidamente actos procesales por uno mismo, requiriendo los menores o personas con discapacidad medidas de apoyo o representación legal. Puede subsanarse pagando una caución judicial. No puede apreciarse de oficio por el tribunal. ¿Cuándo NO es preceptiva la intervención de abogado y procurador en el proceso civil?. En los juicios ordinarios por razón de la materia. En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y en la petición inicial de monitorios. En los recursos de apelación civil en general. En todas las demandas presentadas por personas jurídicas. Si una parte comparece sin procurador en un juicio donde es obligatorio: Se dicta sentencia condenatoria inmediata. El Letrado de la Administración de Justicia concede un plazo de subsanación; si no subsana, se le tiene por no personado. El juez le designa verbalmente un abogado de oficio en el acto. Se archiva el proceso con costas a la parte contraria. El apoderamiento al procurador apud acta puede otorgarse: Únicamente previo pago de aranceles notariales. Mediante comparecencia electrónica en la sede judicial o ante el Letrado de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial. De palabra durante el acto de la vista oral. Solo en el Colegio de Procuradores de la capital. La legitimación ordinaria ad causam exige: Tener capacidad procesal reconocida por sentencia firme. Afirmar la titularidad del derecho material subjetivo o del interés legítimo debatido en el pleito. Haber comparecido asistido de dos abogados. Presentar un requerimiento notarial previo. El litisconsorcio pasivo necesario se produce cuando: El actor decide demandar a varios por capricho. Por disposición legal o por la naturaleza indivisible de la relación jurídica material, la demanda debe dirigirse conjuntamente contra varios sujetos. El demandado se declara en concurso de acreedores. Hay más de dos abogados en estrados. Si el juez estima en la audiencia previa la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario y el actor se niega a demandar a los demás: Continúa el juicio con el demandado original. Se dicta auto poniendo fin al proceso y acordando el archivo definitivo. Se cita a los terceros de oficio por la fuerza pública. Se impone una multa coercitiva al demandado. La intervención provocada (art. 14 LEC) permite: Que el juez llame a juicio a un testigo hostil como codemandado. Que el demandado o el actor llamen a un tercero al proceso al amparo de una norma legal específica (ej. evicción, vicios de la construcción). Que cualquier vecino entre a declarar como parte. La sustitución total del actor sin su consentimiento. En la sucesión procesal por causa de muerte (mortis causa): El proceso civil finaliza obligatoriamente. Los herederos o causahabientes ocupan la posición procesal del litigante fallecido previa acreditación de la defunción y del título sucesorio. El procurador continúa el pleito asumiendo personalmente el papel de parte. Se devuelven las costas devengadas hasta ese momento. Con carácter general, en el cómputo de los plazos civiles señalados por días: Se computan todos los días naturales del año sin excepción. Se excluyen los sábados, domingos, los días festivos y los días del mes de agosto (inhábiles). Solo se descuentan los domingos. El mes de agosto es hábil para juicios ordinarios de reclamación de cantidad. Los plazos procesales fijados por meses se computan: A razón de 30 días exactos por mes. De fecha a fecha; si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, el plazo expira el último día del mes. Contando únicamente los días hábiles del mes. A partir de las 15:00 horas del día de la notificación. El «día de gracia» (art. 135.5 LEC) autoriza la presentación telemática válida de escritos a término hasta: Las 24:00 horas del día de vencimiento. Las 14:00 horas del día hábil posterior. Las 15:00 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. Las 12:00 horas del segundo día hábil. El efecto de la preclusión procesal significa que: El juez puede dictar sentencia de inmediato sin oír a las partes. Transcurrido el plazo perentorio fijado legalmente, se pierde irrevocablemente la oportunidad de realizar el acto procesal de que se trate. El proceso caduca a los dos meses. El demandado queda absuelto automáticamente. La interrupción de la prescripción civil mediante el ejercicio judicial de la acción se consuma con: El momento en que se dicta la sentencia firme. La presentación de la demanda en el decanato o registro del juzgado, si posteriormente es admitida a trámite. El pago de la tasa judicial correspondiente. La celebración de la audiencia previa. La acumulación objetiva de acciones permite al actor: Demandar a sujetos distintos en juzgados de distintas provincias. Ejercitar simultáneamente en una misma demanda cuantas acciones le competan contra el mismo demandado, aunque provengan de diferentes títulos. Acumular una acción civil con una querella penal en el juzgado civil. Cambiar de pretensión después de contestada la demanda. Se prohíbe la acumulación de acciones en una misma demanda cuando: Las acciones se formulen de forma subsidiaria o alternativa. Las acciones sean incompatibles entre sí de modo que el acogimiento de una excluya necesariamente el de la otra (y no se planteen con carácter subsidiario). La cuantía total supere los 15.000 euros. Una de las acciones derive de un contrato de arrendamiento. Respecto a la acumulación de procedimiento por razón de la materia: Siempre cabe acumular un juicio verbal a un ordinario. No pueden acumularse acciones que por razón de su materia deban ventilarse en juicios de diferente tipo. La materia de familia puede acumularse a una reclamación mercantil. El juez decide libremente el procedimiento a seguir. En la acumulación de procesos pendientes ante distintos juzgados, la solicitud debe formularse: Ante el Tribunal Supremo. Ante el juzgado que esté conociendo del proceso más antiguo (determinado por la fecha de reparto de la demanda). Ante el juzgado que conozca de la mayor cuantía. Indistintamente ante cualquiera de ellos. La acumulación de procesos exige necesariamente que: Los litigantes hayan intentado una mediación previa sin éxito. Entre los objetos de los procesos exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieran dictarse sentencias contradictorias o incompatibles. Los dos procesos se encuentren en fase de recurso de apelación. Ambos procesos hayan sido iniciados por el mismo procurador. El acto procesal de comunicación por el cual el tribunal ordena a una parte o tercero realizar una conducta o abstención se denomina: Notificación en sentido estricto. Emplazamiento. Requerimiento. Citación para comparecencia. El emplazamiento a las partes se diferencia de la citación en que: El emplazamiento nunca se hace por escrito. El emplazamiento otorga un plazo para personarse o realizar un acto (ej. 20 días para contestar), mientras que la citación fija día y hora precisos. La citación es solo para testigos y el emplazamiento solo para peritos. El emplazamiento lo realiza siempre la policía judicial. La notificación edictal (por edictos) tiene carácter: Principal y preferente en todas las reclamaciones dinerarias. Estrictamente subsidiario y supletorio, requiriendo que el juzgado agote previamente las averiguaciones de domicilio del demandado. Facultativo a libre arbitrio del demandante. Obligatorio si el demandado no contesta en 3 días. En las notificaciones electrónicas a través de la sede judicial (LexNet), el cómputo del plazo se inicia: El mismo minuto en que el correo entra en el buzón. El día hábil siguiente a aquel en que conste la correcta recepción del acto de comunicación. A los 10 días naturales del envío informático. Cuando el abogado abre manualmente el archivo. El auxilio judicial entre juzgados españoles de distinto territorio se canaliza mediante: Comisión rogatoria internacional. Exhorto. Mandamiento judicial al registrador. Auto motivado de incompetencia. Se sustancian preceptivamente por los trámites del juicio ordinario, con independencia de la cuantía: Las reclamaciones sobre arrendamientos urbanos por impago de rentas. Las demandas relativas a derechos honoríficos, tutela de derechos fundamentales ordinarios e impugnación de acuerdos sociales. Los litigios de cuantía inferior a 15.000 euros. Las pretensiones de alimentos provisionales. El juicio verbal conoce por razón de la materia de: Las acciones de retracto de comuneros. Las demandas sobre tutela sumaria de la posesión (interdictos) y desahucios por falta de pago o precario. Los litigios de competencia desleal y propiedad industrial. Las acciones colectivas de consumidores sin límite de cuantía. Cuando la cuantía de la demanda sea absolutamente inestimable o no pueda determinarse: El proceso se tramita como juicio verbal por defecto. Se tramitará necesariamente por las normas del juicio ordinario. El juzgado inadmite a trámite la demanda sin más trámite. Se fija fictamente una cuantía de 2.000 euros. Si el demandado discrepa de la cuantía fijada por el actor en el juicio ordinario, debe plantearlo: Mediante declinatoria de competencia territorial. En la contestación a la demanda, resolviéndose la cuestión en la audiencia previa al juicio. En el escrito de conclusiones orales. Mediante recurso de queja ante la Audiencia Provincial. En el procedimiento testigo (art. 438 bis LEC), la suspensión de los pleitos conexos dura hasta que: El demandado pague voluntariamente la cantidad media reclamada. Adquiera firmeza la sentencia dictada en el pleito designado como testigo. Hayan transcurrido dos años naturales desde el reparto. El Tribunal Constitucional emita nota informativa. Para incoar válidamente una petición inicial de procedimiento monitorio se exige que la deuda: Esté reconocida en una escritura pública notarial. Sea dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible, acreditada mediante documentos típicos del tráfico (facturas, albaranes, etc.). No supere en ningún caso los 3.000 euros. Provenga obligatoriamente de un préstamo hipotecario. Si en el proceso monitorio contra un consumidor el juez sospecha la existencia de cláusulas abusivas en el contrato: Inadmite de plano la solicitud del acreedor. Da trámite de audiencia a las partes por 10 días y resuelve por auto si la cláusula es abusiva, determinando las consecuencias en la deuda reclamable. Condena de oficio al acreedor en costas procesales. Remite las actuaciones al juzgado de guardia penal. Si el deudor presenta escrito de oposición en el monitorio dentro de los 20 días: El monitorio termina mediante sentencia absolutoria firme. El procedimiento se transforma y continúa por los trámites del juicio verbal o del juicio ordinario según la cuantía. El deudor debe prestar caución inmediata para no ser embargado. Se decreta la quiebra judicial del deudor. El juicio cambiario solo puede promoverse si la demanda se fundamenta en: Facturas electrónicas firmadas digitalmente. Letra de cambio, pagaré o cheque que reúnan todos los requisitos de la Ley Cambiaria y del Cheque. Documentos privados reconocidos ante testigo. Contratos de compraventa mercantil de bienes muebles. La admisión a trámite de la demanda cambiaria conlleva legalmente: Señalar fecha inmediata para la vista en 3 días. Requerir de pago al deudor por 10 días y ordenar el embargo preventivo inmediato de sus bienes. Dictar sentencia de condena sin oír al demandado. Nombrar un perito judicial calígrafo de oficio. La demanda civil debe contener de forma preceptiva y separada: La lista de los testigos que van a declarar en el juicio. Los hechos numerados, los fundamentos de derecho y el petitum o suplico formulado con claridad y precisión. La confesión de las partes bajo juramento. La propuesta completa de los medios de prueba. El documento acreditativo de haber intentado un MASC previo (mediación, conciliación): Puede aportarse libremente en el momento de dictar sentencia. Debe acompañarse preceptivamente a la demanda como requisito de admisibilidad procesal. Solo es obligatorio si el demandado reside en el extranjero. Solo se exige en juicios ordinarios de cuantía superior a 50.000 euros. El principio de preclusión documental inicial impone que los documentos de fondo: Pueden aportarse por sorpresa en el trámite de conclusiones. Deben presentarse inexcusablemente junto con la demanda o la contestación, precluyendo su aportación posterior salvo excepciones tasadas. Solo se presentan si el tribunal los solicita de oficio. Pueden adjuntarse al recurso de reposición. Como excepción a la preclusión, el actor puede aportar documentos en la audiencia previa cuando: Olvidó pedirlos a su cliente en el momento de la demanda. Su relevancia surja como consecuencia directa de las alegaciones o excepciones opuestas por el demandado en su contestación. El abogado cambie de criterio procesal. Sean de fecha anterior a la demanda pero no quiso aportarlos por secreto profesional. La litispendencia civil se inicia formalmente: Cuando se celebra la vista oral del juicio. Con la interposición de la demanda, si después es debidamente admitida a trámite. Cuando el demandado contesta aceptando los hechos. Solo a partir de la notificación personal al demandado. El plazo legal que tiene el demandado para contestar a la demanda en el juicio verbal es de: 20 días hábiles. 10 días hábiles siguientes al emplazamiento. 5 días naturales. El mismo día en que se celebre la vista oral. La falta de contestación a la demanda y de personación del demandado en el plazo concedido genera: La admisión tácita e inmediata de todos los hechos pretendidos por el actor. La declaración de rebeldía procesal, continuando el pleito sin que ello implique allanamiento. La condena de plano por allanamiento tácito forzoso. La caducidad del proceso declarativo. Para que la reconvención sea procesalmente admisible se exige: Que se dirija únicamente contra personas que no sean parte en el juicio. Que guarde conexión con las pretensiones que constituyan el objeto de la demanda principal y que el tribunal tenga competencia objetiva. Que se plantee de forma implícita o soterrada en el texto de los hechos. Que sea de cuantía muy superior a la demanda inicial. La excepción de compensación de créditos alegada por el demandado (art. 408 LEC): No permite respuesta alguna por el actor hasta la apelación. Faculta al demandante a contestar a dicha excepción en el mismo plazo y forma que la reconvención. Obliga a incoar un juicio ordinario independiente. Queda resuelta de plano por el Letrado de la Administración de Justicia. El demandado declarado en rebeldía involuntaria constante el pleito que comparezca tardíamente: Puede anular todo lo actuado y obligar a repetir el juicio desde la demanda. Se incorpora al proceso en el estado procesal en que se encuentre, precluyendo todos los trámites anteriores. Debe pagar de inmediato una fianza para poder actuar. Solo puede actuar en calidad de testigo presencial. La primera función institucional que debe cumplirse en la Audiencia Previa es: La proposición de pruebas periciales de las partes. Comprobar si subsiste el litigio entre las partes, invitándolas a intentar un acuerdo o mediación. Resolver la condena en costas de las excepciones formales. El interrogatorio inmediato del demandante. Si en la audiencia previa no comparece el abogado del demandante: El juez designa un abogado de oficio en estrados. Se dicta de plano auto de sobreseimiento del proceso, salvo que el demandado alegue interés legítimo en seguir. La audiencia continúa celebrándose con normalidad. Se suspende indefinidamente el procedimiento. En el trámite de resolución de defectos procesales de la audiencia previa, si el defecto es subsanable: El juez sobresee el pleito de forma fulminante. El tribunal concede a la parte un plazo máximo prudencial de hasta 10 días para su subsanación. Se declara en rebeldía a la parte incursa en el defecto. Se dicta sentencia desestimatoria en el acto. La fijación de los hechos controvertidos en la audiencia previa sirve primordialmente para: Eliminar la posibilidad de que intervengan peritos judiciales. Delimitar con exactitud sobre qué hechos existe discrepancia, sobre los cuales deberá recaer exclusivamente la prueba. Modificar la cuantía litigiosa fijada en la demanda. Redactar los antecedentes de hecho de la sentencia definitiva. La inadmisión de un medio de prueba propuesto en la audiencia previa puede ser impugnada por la parte mediante: Recurso directo de apelación ante la Audiencia Provincial. Recurso de reposición en el acto y, si es desestimado, formulando oportuna protesta a efectos del recurso de apelación. Recurso extraordinario de casación por quebrantamiento de forma. Demanda incidental de nulidad de actuaciones. Las normas sobre la carga formal de la prueba operan en el momento en que: Se admite a trámite la demanda. Al dictar sentencia, un hecho relevante para el fallo permanece incierto o insuficientemente probado. Se propone la prueba en la audiencia previa. Se toma juramento o promesa a los peritos. Según el reparto general del artículo 217 LEC, al demandado le corresponde probar: Los hechos constitutivos en que se funde la pretensión del actor. Los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la eficacia de la acción entablada. La inocencia penal en los actos contractuales. La solvencia patrimonial del demandante. El principio de disponibilidad y facilidad probatoria permite al tribunal: Inventar pruebas no aportadas por nadie. Atribuir la carga probatoria a la parte que tenga más fácil acceso y mayor cercanía física o técnica a las fuentes de prueba. Exonerar al demandante de formular conclusiones orales. Hacer pagar las costas del juicio al testigo ausente. No necesitan ser objeto de prueba en el proceso civil: Los hechos controvertidos sostenidos por la parte actora. Los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes y los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general. Los documentos privados impugnados en tiempo y forma. Las costumbres mercantiles locales no admitidas por el juez. El derecho extranjero alegado por una parte en el proceso civil: Debe ser investigado obligatoriamente por el tribunal sin ayuda de nadie. Debe ser probado por la parte que lo invoque en cuanto a su contenido, vigencia y aplicabilidad concreta. No puede aplicarse en ningún caso por juzgados españoles. Se presume idéntico al derecho civil común español sin prueba. Para que un medio de prueba sea admitido debe reunir cumulativamente los requisitos de: Simplicidad, gratuidad y rapidez. Pertinencia (relación con el objeto del pleito), utilidad (aptitud para esclarecerlo) y licitud constitucional. Homologación notarial previa y secreto judicial. Antigüedad inferior a cinco años. La ilicitud de una prueba por vulneración de derechos fundamentales (art. 287 LEC) se plantea y resuelve en el juicio ordinario: Por el procurador mediante escrito remitido a la fiscalía. Al inicio del acto del juicio, con carácter previo a la práctica de los demás medios de prueba admitidos. Durante el trámite de deliberación y votación de la sentencia. Únicamente en el recurso de casación unificado. Si el juez declara la ilicitud constitucional de un documento o grabación aportada: Se archiva de inmediato el procedimiento declarativo con condena al actor. Dicha prueba carece de eficacia jurídica, no pudiendo surtir efecto ni ser valorada en la sentencia. Se detiene al abogado que la propuso en estrados. Solo surte efectos si la contraparte no sabe cómo rebatirla. Rige como principio rector en la práctica de la prueba testifical y pericial: La delegación de la toma de declaraciones en el auxiliar de secretaría. La inmediación judicial, debiendo practicarse en presencia directa y oral del juzgador que va a dictar sentencia. La práctica por cuestionario escrito remitido por correspondencia postal. La dispensa de contradicción entre las partes litigantes. La prueba que no pueda practicarse en la sede del tribunal por hallarse el objeto litigioso en otra demarcación: Se tiene por caducada sin alternativa. Se practica mediante auxilio judicial (exhorto) o por desplazamiento directo del tribunal en funciones de reconocimiento judicial. Provoca la declinatoria forzosa del pleito. Requiere el consentimiento unánime de los testigos. La valoración legalmente tasada y de fuerza probatoria plena en el orden civil rige para: Las declaraciones de peritos colegiados de designación judicial. Los documentos públicos no impugnados por falsedad (hacen prueba plena del hecho, otorgantes y fecha). Las manifestaciones de los testigos directos mayores de edad. Las fotografías y planos arquitectónicos no visados. En el interrogatorio de las partes, la ficta confessio (admisión ficta) se aplica cuando: El interrogado responde de forma clara y contundente. El litigante citado se niega a declarar o responde con evasivas a preguntas sobre hechos personales perjudiciales. El declarante no recuerda hechos sucedidos hace 20 años. La parte declara asistida de dos letrados simultáneos. A los peritos designados por el juzgado de la lista oficial se les puede: Denunciar penalmente sin motivo. Recusar conforme a las causas legalmente tasadas, mientras que a los peritos de parte solo cabe formularles tacha. Tachar únicamente si perciben honorarios por transferencia. Obligar a emitir el informe sin cobrar provisión de fondos. Las preguntas formuladas a los testigos durante el juicio oral: Deben incluir valoraciones personales y juicios morales sobre el reo. Deben formularse en sentido afirmativo, con claridad y precisión, sin contener calificaciones ni ser engañosas. No pueden ser impugnadas por los abogados de la contraparte. Se presentan obligatoriamente por escrito ante notario un mes antes. La impugnación de la autenticidad de un documento privado aportado de contrario impone que: El documento sea destruido inmediatamente por el juzgado. Quien lo presentó deba proponer el cotejo pericial de letras o cualquier otro medio para justificar su autenticidad. El demandado pierda el juicio por temeridad procesal. El proceso se suspenda durante un año obligatorio. En el trámite de conclusiones orales al término del juicio ordinario, las partes deben: Introducir nuevas pretensiones económicas no pedidas en la demanda. Valorar de forma sucinta y ordenada las pruebas practicadas y fundamentar cómo justifican sus respectivas alegaciones. Proponer nuevos peritos para contrastar lo declarado. Pedir la recusación del juez que está presidiendo la sala. Las diligencias finales en el juicio ordinario (art. 435 LEC) pueden acordarse para: Repetir el interrogatorio de la parte actora porque no declaró bien. Practicar pruebas admitidas que no pudieron realizarse por causas ajenas e independientes a la voluntad de la parte. Proponer cualquier documento que se descubrió en internet tras el juicio. Examinar a testigos que la parte olvidó convocar a la audiencia previa. La estructura formal externa de toda sentencia civil debe componerse de: Suplico, auto de admisión y mandamiento ejecutivo. Encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo motivado. Providencia, decreto del LAJ y tasación de costas. Relación de testigos, nómina de peritos y archivo. El plazo legal ordinario para dictar sentencia en el juicio ordinario tras concluir el juicio oral es de: 5 días. 10 días. 20 días siguientes a la terminación del juicio. 30 días hábiles. Si una sentencia definitiva contiene una omisión o manifiesto error material numérico: Debe interponerse de inmediato recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Puede solicitarse su aclaración, rectificación o complemento en el plazo de dos días hábiles ante el mismo tribunal. La sentencia deviene nula de pleno derecho sin subsanación posible. Hay que volver a interponer la demanda judicial desde cero. Se produce incongruencia judicial extra petita cuando el fallo de la sentencia: Otorga exactamente lo solicitado en el suplico de la demanda. Concede una tutela no solicitada por ninguna de las partes o se pronuncia sobre una causa de pedir totalmente distinta a la debatida. Desestima la demanda por falta de legitimación pasiva. Otorga menos cantidad dineraria de la reclamada. La cosa juzgada formal (art. 207 LEC) opera: Entre diferentes juzgados del mismo orden contencioso. En el propio proceso donde se dictó la resolución, haciéndola invariable e inatacable al haber precluido o agotado los recursos. Exclusivamente sobre las resoluciones de trámite del LAJ. Solo durante el primer mes tras notificarse. El efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material (non bis in idem) exige: Que se trate de juicios con el mismo juez ponente. La concurrencia de la triple identidad: identidad de partes litigantes, identidad del objeto litigioso e identidad de la causa de pedir. Que la cuantía de ambos procedimientos sea inferior a 2.000 euros. Que la primera sentencia fuera estimatoria total. El efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada material determina que: Se archiven todos los pleitos civiles pendientes entre parientes. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en un proceso anterior vincula imperativamente al tribunal de un proceso posterior cuando sea su antecedente lógico. El demandado pierda automáticamente el segundo litigio sin juicio. La sentencia deba ejecutarse por la policía municipal. Carecen de eficacia de cosa juzgada material las sentencias dictadas en: Los juicios ordinarios por infracción de patentes y marcas. Los procesos sumarios sobre tutela posesoria o desahucio por falta de pago (sin acumulación de rentas). Los juicios declarativos sobre validez de títulos testamentarios. Los pleitos de reclamación de cantidad derivados de accidentes de tráfico. La renuncia procesal formulada por el demandante (art. 20.1 LEC): Deja abierta la puerta a interponer la misma demanda un año después. Extingue la acción material y determina que el tribunal dicte sentencia absolutoria de fondo para el demandado con fuerza de cosa juzgada. Requiere la aprobación previa por escrito del demandado. Es revocable en cualquier momento antes de la audiencia previa. El allanamiento total del demandado realizado antes de contestar a la demanda: Conlleva siempre la condena en costas por temeridad procesal. Provoca el dictado de sentencia estimatoria de la demanda sin imposición de costas, salvo que el juez aprecie mala fe procesal. Exige la celebración forzosa de la vista oral de prueba. Se resuelve mediante diligencia de constancia del perito. En el desistimiento unilateral del demandante (art. 20.2 LEC), no se requiere el consentimiento del demandado cuando: La demanda sea por importe superior a 100.000 euros. El desistimiento se formule antes de que el demandado haya sido emplazado para contestar o cuando este se encuentre en rebeldía. El pleito trate sobre división de cosa común. El demandante abone una tasa judicial de abandono. Si durante el proceso el demandado satisface extraprocesalmente la pretensión del actor y este insiste en continuar el pleito: El proceso se archiva de plano sin dar la palabra a nadie. El Letrado de la Administración de Justicia convoca a las partes a una comparecencia y el tribunal decide por auto si subsiste interés legítimo. Se embarga la cuenta bancaria del actor por fraude de ley. El asunto pasa automáticamente al juzgado de lo penal. La caducidad de la instancia por inactividad imputable a las partes opera: A los seis meses en primera instancia y a los dos meses en apelación. A los dos años en la primera instancia y al año en la segunda instancia o fase de recursos extraordinarios. A los cinco años en todos los procedimientos judiciales civiles. No existe la caducidad de la instancia en el derecho procesal español. Las resoluciones dictadas por los Letrados de la Administración de Justicia para resolver cuestiones de trámite o impulso procesal se denominan: Autos interlocutorios. Diligencias de ordenación (para el impulso procesal) y decretos (cuando deciden el trámite o ponen fin al proceso). Providencias motivadas de despacho. Sentencias de trámite registral. Contra las providencias y autos no definitivos dictados por un Juzgado de Primera Instancia cabe: Recurso directo de apelación ante la Audiencia Provincial. Recurso de reposición ante el mismo tribunal que dictó la resolución en el plazo de cinco días. Recurso de queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Recurso extraordinario de revisión de sentencias. Contra los decretos dictados por el LAJ que pongan fin al procedimiento o resuelvan un recurso de reposición cabe: Recurso de amparo judicial en 24 horas. Recurso de revisión directo ante el Juez o Tribunal del que dependa el LAJ. Recurso de apelación directa ante el Tribunal Superior de Justicia. Queja ante el decanato del partido judicial. El recurso ordinario de apelación contra una sentencia de primera instancia debe interponerse: En el plazo de 5 días hábiles ante la Audiencia Provincial. En el plazo de 20 días hábiles ante el juzgado que dictó la sentencia impugnada. De palabra en el acto de la notificación formal. Dentro de los 30 días naturales siguientes al juicio. El recurso de queja en el orden civil tiene como objeto exclusivo: Sancionar al juez o letrado que tarde en dictar resoluciones. Impugnar los autos dictados por los tribunales de instancia que denieguen la tramitación de un recurso de apelación o de casación. Pedir la repetición de un interrogatorio defectuoso. Anular una tasación de costas abusiva. La reforma procesal del Real Decreto-ley 5/2023 ha modificado el sistema extraordinario: Creando un tercer recurso extraordinario denominado de nulidad sustantiva. Suprimiendo el recurso extraordinario por infracción procesal y unificando en un solo recurso de casación la revisión procesal y sustantiva. Prohibiendo el acceso al Tribunal Supremo en litigios mercantiles. Derogando la figura del interés casacional. Son susceptibles de recurso de casación civil ante el Tribunal Supremo: Cualquier auto o sentencia dictado por un juzgado de paz. Las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales cuando concurra interés casacional o tutela de derechos fundamentales. Todas las sentencias del juicio verbal de cuantía inferior a 3.000 euros. Los decretos de embargo dictados en vía de apremio. Concurre interés casacional en el recurso de casación cuando la sentencia recurrida: Haya sido aprobada con el voto particular de un magistrado. Se oponga a doctrina consolidada del Tribunal Supremo, resuelva puntos sobre los que exista doctrina contradictoria entre Audiencias, o aplique normas sin doctrina consolidada. Condene a pagar una cantidad económica superior a 10.000 euros. Sea revocatoria total de la sentencia de primera instancia. El recurso de casación unificado se interpone: Directamente en la ventanilla del Tribunal Supremo en Madrid. Ante la Audiencia Provincial que dictó la sentencia recurrida en el plazo preclusivo de 20 días hábiles. En el plazo improrrogable de 5 días hábiles con depósito bancario de 1.000 euros. Ante el juzgado de primera instancia de origen. En el recurso de casación, el Tribunal Supremo: Realiza una tercera instancia revisando y practicando de nuevo todas las pruebas testificales. No puede revisar la valoración de la prueba efectuada en la instancia, salvo que se denuncie y acredite error patente o vulneración de derechos fundamentales. Cambia libremente la cuantía de la demanda fijada por las partes. Puede condenar penalmente a la parte vencida. |





