Cuestionario sobre el Procedimiento Administrativo y Principios Generales de las Administracion

¿Cuál es el objeto principal de la Ley que se presenta en el documento?. Regular el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, sus principios y organización. Establecer normas para la contratación pública. Definir las funciones del Poder Judicial. Regular las elecciones generales.

¿A qué sector público se aplica la presente Ley según el Artículo 2?. Únicamente a la Administración General del Estado. A la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Administración Local y sector público institucional. Solo a las entidades de derecho privado vinculadas a la Administración. A todas las entidades que reciben financiación pública.

¿Qué integran el sector público institucional según el Artículo 2?. Solo organismos públicos y entidades de derecho público. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público, y entidades de derecho privado vinculadas o dependientes que ejerzan potestades administrativas, además de Universidades públicas. Exclusivamente las empresas públicas con participación estatal. Solo las entidades de derecho privado con convenios de colaboración.

Según el Artículo 3, ¿con qué deben servir las Administraciones Públicas y de acuerdo con qué principios deben actuar?. Con intereses privados, según principios de flexibilidad y agilidad. Con los intereses generales, de acuerdo con principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Con los intereses de los partidos políticos, según principios de oportunidad y discrecionalidad. Con los intereses de los sindicatos, según principios de negociación y consenso.

¿Cuál de los siguientes NO es un principio que deben respetar las Administraciones Públicas según el Artículo 3?. Servicio efectivo a los ciudadanos. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. Flexibilidad en la toma de decisiones.

El Artículo 3.1.d) menciona la 'Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos'. ¿A qué se refiere esto?. A hacer los procedimientos más lentos y complejos. A optimizar los procedimientos para que sean más eficientes y rápidos. A reducir la documentación necesaria en todos los casos. A eliminar la necesidad de intervención ciudadana en los procedimientos.

¿Cómo se relacionarán las Administraciones Públicas entre sí y con sus organismos, según el Artículo 3.2?. Principalmente a través de medios físicos y oficios. A través de medios electrónicos, asegurando interoperabilidad y seguridad de datos. Mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos no seguros. Exclusivamente a través de reuniones presenciales.

El Artículo 4.1 establece el principio de proporcionalidad. ¿Qué implica esto para las medidas que limitan derechos o exigen requisitos?. Se puede elegir cualquier medida, sin importar su impacto. Se debe elegir la medida menos restrictiva y justificar su necesidad y adecuación. Las medidas restrictivas son siempre discriminatorias. No es necesario justificar la necesidad de la medida.

¿Qué deben hacer las Administraciones Públicas según el Artículo 4.2 en relación con los requisitos legales aplicables?. Ignorar los requisitos si son demasiado complejos. Velar por el cumplimiento de los requisitos, pudiendo comprobar, verificar e inspeccionar. Delegar la verificación de requisitos a terceros sin supervisión. Cumplir los requisitos solo si son solicitados por los ciudadanos.

¿Cuándo debe una autoridad o personal al servicio de las Administraciones abstenerse de intervenir en un procedimiento, según el Artículo 23?. Solo cuando su superior se lo indique. Cuando concurran circunstancias que impliquen un interés personal o una relación con los interesados. Solo si el procedimiento es complejo. Cuando haya tenido algún contacto previo con el asunto, sin importar la naturaleza.

¿Cuál de los siguientes es un motivo de abstención para una autoridad pública según el Artículo 23?. Tener una opinión contraria sobre el asunto. Haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento. No conocer al interesado. Ser de un departamento diferente.

¿Qué sucede si una autoridad o personal al servicio de las Administraciones no se abstiene cuando debía hacerlo, según el Artículo 23.5?. No tiene ninguna consecuencia. Se le apercibe y se le permite continuar. Dará lugar a la responsabilidad que proceda. El procedimiento se anula automáticamente.

¿Qué es la recusación según el Artículo 24?. Un derecho del interesado a solicitar la abstención de un funcionario. Un procedimiento por el cual los interesados pueden solicitar la separación de un funcionario por motivos de abstención. Una sanción para los funcionarios que intervienen indebidamente. Una forma de acelerar los trámites administrativos.

¿En qué momento pueden los interesados promover una recusación, según el Artículo 24?. Solo al inicio del procedimiento. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. Únicamente al final del procedimiento. Solo después de que se dicte la resolución.

¿Cuáles son algunos de los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas según el Artículo 13?. A ser desatendidos en el uso de medios electrónicos. A comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico y a ser asistidos en su uso. A presentar documentos solo en formato físico. A no recibir información sobre los plazos de los procedimientos.

Según el Artículo 13.d), ¿a qué tienen derecho los ciudadanos en relación con la información y los registros?. A no tener acceso a la información pública. Al acceso a la información pública, archivos y registros. A acceder solo a información clasificada. A que los archivos sean privados y no accesibles.

De acuerdo con el Artículo 14.1, ¿las personas físicas siempre están obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones?. Sí, siempre. No, pueden elegir si se comunican por medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas. Solo si el trámite es urgente. Solo si la Administración lo solicita expresamente.

¿Quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas en todo caso para realizar trámites de un procedimiento administrativo, según el Artículo 14.2?. Solo los ciudadanos españoles. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. Solo los funcionarios públicos. Solo las empresas que cotizan en bolsa.

Según el Artículo 15.1, ¿cuál es la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado?. La lengua cooficial de la Comunidad Autónoma donde se tramite. El inglés. El castellano, aunque se puede usar la lengua cooficial si el órgano está en una Comunidad Autónoma. La lengua que elija el funcionario.

¿Qué indica el Artículo 16 sobre los Registros Electrónicos Generales?. Son opcionales para cada Administración. Deben ser plenamente interoperables e interconectados. Solo registran documentos de entrada. No garantizan la seguridad de los datos.

¿Cómo se anotarán los asientos en los registros según el Artículo 16.2?. En orden alfabético. Respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos. De forma aleatoria. Según la urgencia del documento.

Según el Artículo 16.3, ¿qué garantizará el registro electrónico de cada Administración u Organismo?. La duplicidad de asientos. La constancia, en cada asiento, de un número, epígrafe, fecha, hora, identificación del interesado, etc., y emitirá un recibo autenticado. La eliminación de documentos originales. La confidencialidad total de los datos sin posibilidad de consulta.

¿Dónde podrán presentarse los documentos dirigidos a las Administraciones Públicas según el Artículo 16.4?. Únicamente en el registro electrónico principal. En el registro electrónico de la Administración u Organismo, oficinas de Correos, representaciones diplomáticas, oficinas de asistencia en materia de registros, y otros que se establezcan. Solo en las oficinas de asistencia en materia de registros. Exclusivamente por correo postal certificado.

¿Qué se hará con los documentos presentados de manera presencial según el Artículo 16.5?. Serán devueltos al interesado sin digitalizar. Serán digitalizados y los originales se devolverán al interesado, salvo excepciones. Se archivarán únicamente en formato físico. Se destruirán tras su registro.

¿Qué deben mantener las Administraciones Públicas respecto a los documentos electrónicos según el Artículo 17?. Un archivo físico único. Un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. Archivos descentralizados y no interconectados. La eliminación inmediata de los documentos electrónicos.

¿Qué deben garantizar los documentos electrónicos conservados según el Artículo 17.2?. Su obsolescencia rápida. La autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta. Solo su consulta inmediata. Su acceso restringido a personal autorizado.

Según el Artículo 18.1, ¿en qué términos deben colaborar las personas con la Administración?. Solo si la colaboración les beneficia directamente. En los términos previstos en la Ley, facilitando informes, inspecciones y otros actos de investigación requeridos. Únicamente si se les compensa económicamente. Solo cuando la Administración tenga poder coercitivo.

¿Cuándo es obligatoria la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, según el Artículo 19.1?. Siempre que la Administración lo solicite. Solo cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Cuando el procedimiento sea complejo. Cuando el interesado tenga tiempo libre.

¿Quiénes son responsables directos de la tramitación y despacho de los asuntos según el Artículo 20?. Únicamente los interesados. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tengan a su cargo la resolución o despacho de los asuntos. Los superiores jerárquicos de forma exclusiva. Los asesores externos contratados.

Según el Artículo 21, ¿la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos?. No, solo en los que lo soliciten los interesados. Sí, está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, salvo excepciones. Solo en los procedimientos iniciados de oficio. Solo en los procedimientos de más de 6 meses.

¿Cuál es el plazo máximo general para notificar una resolución expresa, si no se fija uno mayor por ley?. Un mes. Tres meses, salvo que una norma establezca uno mayor o sea previsto en el Derecho de la Unión Europea. Seis meses, sin posibilidad de ampliación. Depende de la complejidad del caso.

El Artículo 22 trata sobre la suspensión del plazo máximo para resolver. ¿Cuál de los siguientes es un motivo de suspensión?. Cuando el interesado se niega a firmar el documento. Cuando deba requerirse a un interesado para subsanar deficiencias o aportar documentos. Cuando el funcionario está de vacaciones. Cuando el interesado solicita información adicional no relacionada con el procedimiento.

¿En qué casos, además de los ya mencionados, se puede suspender el plazo máximo para resolver según el Artículo 22.2?. Cuando una Administración Pública requiera a otra para anular un acto ilegal. Cuando los interesados promuevan la recusación. Cuando el órgano competente decida realizar una actuación complementaria. Todas las anteriores.

¿Qué posibilidad existe de ampliar el plazo máximo para resolver y notificar, según el Artículo 23?. Nunca se puede ampliar. Solo si la ampliación es inferior a 15 días. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles, de forma motivada y notificándolo a los interesados. Solo con autorización judicial.