Cuestionario sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi

¿Qué dos Leyes Administrativas nuevas elaboró el legislador en 2015?. Ley 30/1992 y Ley 4/1999. Ley 39/2015 y Ley 40/2015. Ley 11/2007 y Ley 17/2009. Ley 29/1998 y Ley 33/2011.

¿Cuál es el objeto principal de la Ley 39/2015?. Regular el régimen jurídico del sector público institucional. Establecer las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común. Definir las bases del régimen jurídico de la Administración General del Estado. Regular la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas.

¿Cuál es el objeto principal de la Ley 40/2015?. Establecer las normas del procedimiento administrativo común. Regular el régimen jurídico del sector público institucional y la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Definir los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. Establecer los principios generales del procedimiento administrativo.

La reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones se articula en dos ejes fundamentales, ¿cuáles son?. La relación ad extra con los ciudadanos y la relación ad intra entre Administraciones. La potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial. El procedimiento ordinario y el procedimiento de tramitación simplificada. La Administración General del Estado y la Administración Institucional.

Según el documento, la Ley 40/2015 abarca, por un lado, la legislación básica sobre Régimen Jurídico Administrativo, aplicable a: Solo la Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas y la Administración Local. Todas las Administraciones Públicas. Únicamente el sector público institucional.

El artículo 149.1.18 de la Carta Magna se relaciona con: La regulación de los procedimientos de impugnación. La potestad sancionadora de las Administraciones. Las bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley.

¿Qué aspectos regula la Ley en relación con la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria?. Los límites para la elaboración de reglamentos. Los principios a los que se debe ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. La delegación de la potestad reglamentaria. El procedimiento para la aprobación de iniciativas legislativas.

La Ley permite incluir trámites adicionales o distintos a los contemplados solo si se cumplen ciertas condiciones, ¿cuáles son?. Que sean necesarios y se aprueben por acuerdo del Consejo de Ministros. Que sean eficaces, proporcionados, necesarios y de manera motivada. Que el interesado lo solicite y la Administración lo apruebe. Que estén contemplados en una ley específica y sean de aplicación obligatoria.

¿A qué se refiere el ámbito 'Objetivo' de la Ley?. A las Administraciones que están sujetas a la Ley. A los trámites y requisitos que la Ley regula. Al contenido de la Ley, es decir, qué contiene. A los plazos y formas de los procedimientos.

¿A qué se refiere el ámbito 'Subjetivo' de la Ley?. A la finalidad de la Ley. Al contenido normativo de la Ley. A las personas y entidades a las que se aplica la Ley. A los principios generales de la Ley.

Según el documento, ¿cuál de las siguientes NO forma parte del Sector Público que comprende la Ley?. La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades que integran la Administración Local. Los Organismos Autónomos de carácter comercial.

El Sector Público Institucional se integra, entre otros, por: Las empresas públicas mercantiles. Cualquiera Organismo Público y Entidad de Derecho Público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Las fundaciones del sector público. Las asociaciones sin ánimo de lucro.

¿Qué tipo de entidades de derecho privado están sujetas a la Ley 40/2015, en particular a sus principios?. Todas las entidades de derecho privado. Aquellas vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que ejerzan potestades administrativas. Las entidades privadas que colaboren ocasionalmente con la Administración. Las entidades privadas que reciban subvenciones públicas.

Las Universidades Públicas se regirán por su normativa específica y, supletoriamente, por: La Ley de Contratos del Sector Público. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015). La Ley de Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015). El Estatuto Básico del Empleado Público.

La Ley de Procedimiento Administrativo Común se basa en una pluralidad de actos que deben estar: Independientes unos de otros. Coordinados entre sí. Aprobados por el interesado. Publicados en el BOE sin excepción.

¿Cuál es la característica principal del Procedimiento según el Principio de Unidad?. Que cada trámite tiene un procedimiento propio. Que se inicia y finaliza con un único proceso. Que debe ser iniciado siempre por el interesado. Que puede resolverse de forma separada.

La LPAC-AP establece un Procedimiento común para: Únicamente la Administración General del Estado. Todas las Administraciones Públicas (Estatal, Autonómica y Local). Solo las Comunidades Autónomas. Exclusivamente la Administración Local.

El Principio de Contradicción garantiza que las partes puedan: Presentar únicamente alegaciones. Hacer valer sus propios intereses y contradecir a la parte contraria. Proponer pruebas de oficio. Solicitar informes adicionales.

La comprobación de los hechos en un procedimiento se realiza a través de: La declaración unilateral de la Administración. La aportación de pruebas. Un informe pericial obligatorio. La intervención de un mediador.

¿Qué se puede acreditar en un procedimiento administrativo, en general?. Solo los hechos declarados por el interesado. Exclusivamente los hechos probados por la Administración. Los hechos por cualquier medio admisible en Derecho. Únicamente los hechos que consten en documentos oficiales.

El Principio de Imparcialidad de la Administración implica que debe actuar: A favor de los intereses del gobernante. Sin sometimiento por causas de favoritismo o enemistad. Siguiendo las directrices del partido político mayoritario. Priorizando a los ciudadanos con más recursos.

Las técnicas de 'Abstención' y 'Recusación' son manifestaciones del Principio de: Oficialidad. Economía Procesal. Imparcialidad. Cooperación.

¿Cuándo debe intervenir una Autoridad o Personal al servicio de las Administraciones, según el artículo 23 LRJSP?. Solo cuando el interesado lo solicite. Siempre que no haya un superior inmediato. Cuando no concurran circunstancias que motiven su abstención. Únicamente en procedimientos sancionadores.

¿Cuál es uno de los motivos de abstención mencionados en el documento?. Tener interés personal en el asunto de que se trate. Ser amigo íntimo del interesado. Haber sido testigo en un procedimiento similar. Tener una relación de servicio con cualquier ciudadano.

¿Qué ocurre si una Autoridad o Personal interviene en un procedimiento concurriendo motivos de abstención?. El acto intervenido es nulo de pleno derecho. Implica necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido. No implica necesariamente la invalidez de los actos, pero puede dar lugar a responsabilidad. El procedimiento se archiva automáticamente.

La recusación se puede plantear por los interesados: Solo al inicio del procedimiento. Únicamente al final del procedimiento. En cualquier momento de la tramitación del Procedimiento. Solo si el órgano superior lo autoriza.

¿Cómo se tramita la recusación?. Por escrito, expresando la causa, y el superior resuelve tras informe. Oralmente ante el órgano competente. Mediante una solicitud al interesado. Con la intervención de un notario.

¿Cabe recurso contra las Resoluciones sobre recusación?. Sí, recurso de alzada. No, no cabe recurso, sin perjuicio de alegarla al recurrir el acto final. Sí, recurso de reposición. Solo si la recusación es estimada.

El Principio de Oficialidad establece que el Procedimiento debe ser: De parte, a instancia del interesado. De oficio en todos sus trámites. Impulsado solo por la Administración. Gratuito para el ciudadano.

¿Quiénes son responsables de tramitar el Procedimiento según el Principio de Oficialidad?. Únicamente los titulares del Órgano. Solo el Personal que esté a su cargo. Los titulares del Órgano y el Personal que esté a su cargo. El interesado que lo inició.

El Principio de Economía Procesal y Eficacia se relaciona con: La acumulación de todos los procedimientos. La 'Ordenación del Procedimiento' a través del impulso y concentración de trámites. La simplificación del número de leyes aplicables. La celeridad obligatoria en todos los casos.

El principio 'In Dubio Pro Actione' se interpreta como: Mayor garantía e interpretación favorable al ejercicio del derecho de acción. La aplicación de la sanción más severa en caso de duda. La paralización del procedimiento ante cualquier duda. La preferencia por la solución más restrictiva.

El Principio de Cooperación, Coordinación y Colaboración facilita que los ciudadanos presenten solicitudes en: Únicamente el Registro de su Comunidad Autónoma. Solo el Registro de la Administración General del Estado. Los Registros de cualquier Órgano Administrativo. Exclusivamente en el Registro de la Administración Local.

La LRJSP establece la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por: Medios postales tradicionales. Medios electrónicos. Reuniones presenciales obligatorias. Notificaciones en papel.

Un nuevo principio de actuación contemplado en relación con la relación electrónica entre Administraciones es la: Centralización de la información. Interoperabilidad de los medios electrónicos. Exclusividad del uso de plataformas digitales. Autonomía tecnológica de cada Administración.

El Principio de Intervención de las Administraciones Públicas para el Desarrollo de una Actividad busca evitar: La simplificación de los procedimientos. La agilidad en la toma de decisiones. La adopción de medidas restrictivas injustificadas y actuaciones discriminatorias. La coordinación entre Administraciones.

Según el Artículo 4 de la LRJSP, cuando las Administraciones establezcan medidas que limiten derechos, deben aplicar el principio de: Jerarquía. Proporcionalidad. Autonomía. Especialidad.

Las Administraciones Públicas deben evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos de las medidas que limitan derechos para: Aumentar las restricciones. Justificar la necesidad de las medidas. Asegurar que no se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Reducir la carga administrativa.

¿Qué tipo de Procedimiento es aplicable a todas las Administraciones Públicas y está regulado en la LPAC-AP?. Procedimiento Sancionador. Procedimiento Ordinario. Procedimiento General o Común. Procedimiento de Tramitación Simplificada.

El Procedimiento Sancionador, según el documento, se ha integrado como: Un procedimiento totalmente nuevo. Una ley separada de la LPAC-AP. Una especialidad del Procedimiento Administrativo Común. Un procedimiento exclusivo para la Administración General del Estado.

La integración del Procedimiento Sancionador como especialidad responde a uno de los objetivos de la Ley, que es: La creación de nuevos procedimientos. La complejidad del sistema jurídico. La simplificación de los Procedimientos Administrativos. La autonomía de cada tipo de procedimiento.

¿Qué otros Procedimientos Especiales no regulados en la anterior LRJAP-PAC se mencionan?. Procedimiento de Contratación Pública y Procedimiento de Expropiación Forzosa. Para la Elaboración de Reglamentos y Procedimiento Sancionador por Infracción en el Orden Social. Procedimiento de Urbanismo y Procedimiento de Extranjería. Procedimiento de Concesión de Licencias y Procedimiento de Subvenciones.

Atendiendo al tiempo de desarrollo, ¿cuál es el procedimiento normal regulado por la Ley?. Procedimiento de Tramitación Simplificada. Procedimiento de Oficio. Procedimiento Ordinario. Procedimiento Declarativo.

¿Cuándo pueden las Administraciones acordar la tramitación simplificada de un procedimiento?. Solo a solicitud del interesado. Únicamente cuando haya razones de interés público. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Solo si el procedimiento es de carácter sancionador.

Los Procedimientos Declarativos se orientan a: La realización material de una decisión. La elaboración de una decisión que da lugar a otras decisiones. La gestión interna de la Administración. La imposición de sanciones.

¿Cuál es el objetivo de los Procedimientos Ejecutivos?. La elaboración de una decisión. La comprobación de hechos. La realización material de una decisión anterior ya definitiva. La tramitación interna de expedientes.

Los Procedimientos de Simple Gestión tienen una finalidad de tipo: Sancionador y de control. Declarativo y de impugnación. Técnico y de carácter esencialmente interno, preparatoria de una decisión ulterior. Consultivo y de asesoramiento.

¿En qué Ley se regula el Procedimiento de Tramitación Simplificada?. Ley 40/2015. Ley 30/1992. La propia Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC-AP) en su artículo 96. Ley de Contratos del Sector Público.

El principio de contradicción se relaciona con la posibilidad de que las partes: Soliciten un informe de oficio. Formulen alegaciones y propongan pruebas. Acuerden la paralización del procedimiento. Renuncien a sus derechos.

La nota manuscrita 'Ámbito Objetivo = qué contiene' se refiere a: El procedimiento aplicable. El contenido material de la Ley. Las entidades sujetas a la Ley. La finalidad de la Ley.

¿Qué Ley desarrolla el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, incluyendo el sector Público Institucional?. Ley 39/2015. Ley 4/1999. Ley 40/2015. Ley 11/2007.

La nota manuscrita 'Principio de excepcionalidad se hace mediante ley siempre' se refiere a: La necesidad de que las excepciones a la norma general se establezcan por Ley. La excepcionalidad de los procedimientos simplificados. La regla general de actuación de la Administración. La posibilidad de aplicar la norma de forma flexible.