D. Admtvo II

En virtud de a quién se dirigen las órdenes estas pueden ser: a) generales o singulares. b) sancionadoras y limitadoras de derechos. c) sanciones o medidas disciplinarias.

Para que exista ayuda estatal se precisa: a) la concesión de una ventaja necesariamente directa mediante fondos estales y su imputabilidad. b) la concesión de una ventaja necesariamente indirecta mediante fondos estatales y su imputabilidad. c) La concesión de una ventaja directa o indirecta mediante fondos estatales y su imputabilidad al Estado.

Con carácter previo al establecimiento de las subvenciones es necesario que se apruebe... a) Un Programa nacional de actividades subvencionadas. b) Un Plan estratégico de subvenciones. c) El plan de solvencia de los beneficiarios de las subvenciones.

La intervención administrativa sobre los servicios económicos de interés general se caracteriza por ser: a) Directa en la medida en que el protagonista del servicio es la Administracion. b) De fomento porque los operadores de estos servicios reciben ayudas de las diferentes Administraciones. c) Indirecta en la medida en que el protagonista del servicio no es la Administración sino los operadores privados del mercado a los cuales se les interviene.

La finalidad del principio “in dubio pro accione” del procedimiento administrativo es: a) Favorecer a los administrados que entran en relación procedimental con la Administración, permitiéndoles continuar con el procedimiento, aunque sus pretensiones no sean correctas según la ley. b) Flexibilizar el procedimiento, reduciendo los defectos de forma que impidan a las Administraciones pronunciarse sobre el fondo del asunto. c) Que, en caso de duda sobre la culpabilidad del administrado, la carga de la prueba la tiene la Administración.

Las solicitudes de las personas físicas a la Administración han de ser presentadas: a) Siempre y para todos los sujetos, en papel. b) Siempre y para todos los sujetos, por vía telemática. c) Libremente en la forma que cada persona elija comunicarse con la Administración salvo excepciones.

Conteste cual de estas afirmaciones es correcta: a) Hay notificaciones que por su propia naturaleza no pueden ser electrónicas. b) Cualquier notificación ha de ser electrónica. c) Las notificaciones se realizan al administrado en la forma, en que en cada caso y, por razón de la materia, decida la Administración.

Para poder interponer un recurso administrativo, este debe: a) ampararse exclusivamente en causas de nulidad de pleno derecho. b) ampararse exclusivamente en causas de anulabilidad. c) ampararse en alguno de los motivos de invalidez, ya sea la nulidad de pleno derecho o la anulabilidad.

El recurso de reposición es un recurso: a) potestativo, general, ordinario y no jerárquico contra actos que ponen fin a la vía administrativa. b) potestativo, especifico, singular y no jerárquico contra actos que ponen fin a la vía administrativa. c) potestativo, general, ordinario y no jerárquico contra actos que no ponen fin a la vía administrativa.

Es una competencia excluida del ámbito de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativo: a) Las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos. b) Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. c) La vía de hecho.

¿A qué principio corresponde esta definición: “(s)ólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley”?. a) Al principio de irretroactividad. b) Al principio de prescripción. c) Al principio de tipicidad.

Las tarifas son: a) tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho público en determinadas circunstancias. b) contraprestaciones económicas en las cuales los servicios o actividades se prestan también por el sector privado o son de solicitud voluntaria por parte de los ciudadanos. c) en sentido estricto, contraprestaciones económicas en supuestos de gestión indirecta o a través de concesión de servicio publico.

La convalidación consiste en la subsanación de actos: a) nulos. b) inválidos por razones procedimentales. c) anulables.

La incautación de bienes particulares sin tramitación del procedimiento administrativo expropiatorio constituye una causa de: a) nulidad de pleno derecho. b) acto dictado sin motivación. c) anulabilidad.

Cuando la Administración dicta actos cuyos efectos se despliegan únicamente en el seno de la propia Administración autora, estamos ante: a) La vía de hecho. b) Actos decisores. c) Actos internos.

Cuando se afirma que la motivación de los actos administrativos ha de ser congruente, nos referimos a que: a) Ha de ser acorde al contenido decisional del acto y también respecto a los elementos del procedimiento. b) Ha de ser suficiente y sucinta. c) Ha de ser motivada.

La inspección administrativa conlleva como principal potestad administrativa la de: a) sancionar al administrado si como consecuencia se advierten hechos objeto de infracción administrativa. b) dar fe pública como autoridad de los hechos que se contrastan y recogen en las actas de inspección. c) privar de libertad del administrado si este se opusiera a la inspección.

El contrato de concesión de servicios. a) es aquel en cuya virtud los poderes adjudicadores encomiendan título oneroso a una o varias personas la realización de una obra y su derecho a explotación. b) es aquel en cuya virtud los poderes adjudicadores encomiendan título oneroso a una o varias personas el ejercicio de determinadas potestades públicas como fijación de tarifas, inspección del servicio, entre otras. c) es aquel en cuya virtud los poderes adjudicadores encomiendan título oneroso a una o varias personas la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, pudiendo ser la contrapartida el derecho a explotar el servicio o percibir un precio.

Cuando al dictarse un acto administrativo se incurre en error de hecho que resulta de los propios documentos incorporados al expediente y este ya es firme, procede específicamente: a) el recurso extraordinario de revisión. b) el recurso ordinario de reposición. c) el recurso ordinario de alzada.

La interposición del recurso de reposición ha de realizarse en el plazo máximo de: a) tres meses si recae sobre un acto administrativo expreso. b) siempre en el plazo máximo de un mes si recae sobre un acto administrativo por silencio. c) un mes si recae sobre un acto administrativo expreso.

El recurso contencioso-administrativo se inicia: a) por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando la ley disponga otra cosa. b) con el documento de la demanda, incorporando los datos de identificación, hechos y fundamentos jurídicos. c) con el documento que acredite la representación del compareciente.