D. ADMVO III

1. 1ª SEM. 2025. NO es un principio rector de la Ley 9/2027: A). El principio de transparencia. B). El principio ne bis in idem. C) El principio de competencia. D) el principio de no discriminación.

2. NO es un requisito para considerar una entidad como poder adjudicador: A) que sea una Administración pública. B) que haya sido creada específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil;. C) que esté dotada de personalidad jurídica propia;. D) que esté financiada mayoritariamente por el Estado, las autoridades regionales o locales, u otros organismos de Derecho público, o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichas autoridades u organismos, o que tenga un órgano de administración, de dirección o de supervisión, en el que más de la mitad de los miembros sean nombrados por una de estas autoridades.

3. ¿Qué afirmación es falsa?. A) En un contrato de concesión de servicio, el riesgo operacional se traslada al contratista. B) En un contrato de concesión de obras, el riesgo operacional se traslada al contratista. C) En un contrato de servicios, el riesgo operacional se traslada al contratista. D) En un contrato de obras, el riesgo operacional lo asume el poder adjudicador.

4. Los contratos menores (señalar la opción falsa): A) Pueden ser adjudicados de forma directa, sin licitación. B) Tienen una duración máxima de un año. C) Pueden ser renovados sólo una vez. D) No pueden ser objeto de prórroga.

5. Señalar cual de las siguientes entidades o instrumentos no existe: A) La Junta de contratación centralizada. B) La Oficina Independiente de la Regulación y Supervisión de los Contratos. C) La plataforma de contratación del Estado. D) El Consejo de Estado de contratación.

6. Las ofertas anormalmente bajas (señalar la contestación correcta): A) Suponen automáticamente la exclusión del ofertante. B) Suponen la exclusión tras la tramitación de un expediente en el que deben alegar todos los ofertantes. C) El órgano de contratación excluirá en todo caso la oferta si comprueba que es baja porque vulnera la normativa sobre subcontratación. D) Se excluyen las ofertas que sean un 20% inferiores a la media de todas las ofertas presentadas.

7. NO es un requisito legal para la cesión del contrato: A) que obedezca a una opción inequívoca de los pliegos. B) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. C) Que el cesionario negocie la cesión del contrato con el poder adjudicador. D) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato.

8. El recurso especial en materia de contratación contra un acto de adjudicación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es resuelto: A) Por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. B) Por la Sala de lo Civil de la Audiencia Nacional. C) Por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. D) Por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

9. NO es una prohibición de contratar: A) No hallarse clasificada la empresa en e I Registro Oficia I de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. B) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. C) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegaI de los partidos políticos. D) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación.

10. Son bienes de dominio público: A) Los que pertenecen al sector público y se destinan a un uso o servicio público. B) Los que pertenecen a la Administración o se destinan a un uso o servicio público. C) Los que se destinan a un uso o servicio público, cualquiera que sea su titular. D) Los que pertenecen a la Administración y se destinan a un uso o servicio público.

11. En materia de bienes públicos, la afectación consiste: A) En la incorporación del bien en la categoría demanial en virtud de su simultánea vinculación a alguno de los ·fines públicos propios de estos bienes. B) En la alteración de ciertos aspectos de la demanialidad de un determinado bien, sin que este pierda su condición de demanial. C) En la reserva de un bien demanial para su uso exclusivo por la Administración, mediando una causa justificada. D) En la incorporación del bien al patrimonio de la Administración pública bajo alguna de las categorías que lo conforman.

12. Señale la respuesta correcta: A) La demanialización conlleva la exclusión de los bienes del tráfico jurídico, por lo que no cabe la afectación implícita. B) La Administración podrá efectuar la afectación tácita de sus bienes al dominio público cuando los utilice de forma pública, notoria y continuada para un servicio público. C) La Administración podrá efectuar la afectación implícita de los bienes al dominio público cuando los adquiera por usucapión mediante actos posesorios que los vinculen a un uso general o servicio público. D) La aprobación de determinados instrumentos jurídicos puede conllevar la demanialización implícita de concretos bienes en la medida en que queden destinados a un uso o servicio público.

13. De acuerdo con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), en el ámbito estatal se aplicará la siguiente prelación normativa: A) La adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes patrimoniales se regirán, en primer lugar, por la LPAP y las disposiciones que la desarrollen o complementen. B) La adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes patrimoniales se regirán, en primer lugar, por las leyes y disposiciones especiales. C) La adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes patrimoniales se regirán, en primer lugar, por las normas del Derecho administrativo en todas las cues1:iones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello. D) La adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes patrimoniales se regirán por el Derecho privado y supletoriamente por la LPAP y las disposiciones que la desarrollen o complementen.

14.- En relación con el régimen de protección de los bienes públicos: A) El ejercicio de la potestad de investigación administrativa necesariamente deberá conducirse a través de un procedimiento administrativo que concluirá con la declaración que corresponda sobre los límites físicos del bien. B) El ejercicio de la potestad de investigación administrativa necesariamente deberá conducirse a través de un procedimiento administrativo que concluirá con la declaración que corresponda sobre la titularidad del bien. C) El ejercicio de la potestad de investigación administrativa necesariamente deberá conducirse a través de un procedimiento administrativo que concluirá con la declaración que corresponda sobre la recuperación de la posesión del bien. D) El ejercicio de la potestad de investigación administrativa podrá conducirse bien a través de un procedimiento administrativo, bien a través de un proceso judicial cuando exista oposición del particular afectado.

15. En relación con la expropiación forzosa: A) El acuerdo de necesidad de ocupación sirve, entre otros cometidos, para determinar la concreta ·finalidad de utilidad pública o interés sociaI para la que se promueve la expropiación. B) El acuerdo de necesidad de ocupación sirve, entre otros cometidos, para que la Administración haga público el proyecto que pretende desarrollar. C) El acuerdo de necesidad de ocupación sirve, entre otros cometidos, para singularizar los bienes a expropiar, identificar a los interesados en el procedimiento y plantear la posible sustitución de unos bienes por otros. D) El acuerdo de necesidad de ocupación sirve, entre otros cometidos, para que la Administración y los interesados acuerden las necesidades que la Administración deberá satisfacer durante el procedimiento expropiatorio.

16. En el procedimiento de expropiación forzosa el acuerdo de adquisición amistosa entre el beneficiario y el expropiado: A) Constituye un acuerdo de compraventa al margen de la expropiación cuando sea previo al acuerdo de necesidad de ocupación. B) Constituye un acuerdo sobre el justiprecio de la expropiación cuando sea previo al acuerdo de necesidad de ocupación. C) Constituye un acuerdo de compraventa al margen de la expropiación cualquiera que sea el momento de la expropiación en que se produzca. D) Constituye un acuerdo sobre el justiprecio de la expropiación cualquiera que sea el momento de la expropiación en que se produzca.

17. El cómputo del plazo para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración se inicia: A) Desde que la comunicación sobre la producción del daño tuvo entrada en el órgano administrativo responsable. B) Desde que el ciudadano presentó en un registro administrativo el escrito comunicando la producción del daño. C) Desde la determinación del alcance de las secuelas físicas, tratándose de daños de carácter físico. D) Desde la cuantificación patrimonial de la lesión, tratándose de daños de carácter material.

18. La superación del plazo para resolver y notificar en un procedimiento por responsabllldad patrimonial de la Administración: A) Podrá entenderse que es contraria a la indemnización al particular, únicamente si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio. B) Podrá entenderse que es contraria a la indemnización al particular, únicamente si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia de parte. C) Podrá entenderse que es contraria a la indemnización al particular, en todo caso. D) Determinará la caducidad del procedimiento si se hubiera iniciado de oficio.