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En aplicación del artículo 1 del Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales, las inspecciones generales de servicios son los órganos de la Administración General del Estado que, bajo la superior dirección del ministro correspondiente y la coordinación y dependencia directa del subsecretario, efectúan: La tarea permanente de inspección de los servicios, el seguimiento de objetivos y el análisis de riesgos y debilidades de todas las unidades, órganos y organismos vinculados o dependientes de los organismos autónomos, atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y calidad. La tarea permanente de atribución de funciones, el seguimiento de objetivos y el análisis de riesgos y debilidades de todas las unidades, órganos y organismos vinculados o dependientes de los departamentos ministeriales, atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y calidad. La tarea permanente de inspección de los servicios, el seguimiento de objetivos y el análisis de riesgos y debilidades de todas las unidades, órganos y organismos vinculados o dependientes de los departamentos ministeriales, atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y calidad. La tarea permanente de inspección de los servicios, el seguimiento de políticas activas de empleo y el análisis de riesgos y fortalezas de todas las unidades, órganos y organismos vinculados o dependientes de los departamentos ministeriales, atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y calidad.

Tal y como está establecido en el artículo 8.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, las cartas de servicios son: Documentos que constituyen el instrumento a través del cual el Gobierno informa a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación. Documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre las funciones que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellas y sobre los compromisos de calidad en su prestación. Protocolos que constituyen la regulación a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación. Documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades.

Con la finalidad de contribuir, mediante el reconocimiento de las organizaciones, a la mejora de la calidad y a la innovación en la gestión pública, el artículo 22 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, contempla un programa de reconocimiento con dos subprogramas o acciones: El reconocimiento a la excelencia y los premios a la calidad e innovación en la gestión pública. El reconocimiento a la investigación y los premios a la calidad e innovación en la gestión pública. El reconocimiento a la excelencia y las medallas a la calidad e innovación en la gestión pública. El reconocimiento a la excelencia y los premios a las cartas de servicios.

La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto de 14/12/2017 define Gobierno abierto como: Cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo. Aquel Gobierno que promueve el acceso a los puestos de trabajo de conformidad con los principios de mérito y capacidad. Cultura política que promueve los objetivos de desarrollo sostenible. Cultura de cogobernanza que favorece la interconexión de los todos los territorios.

Tal y como establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno cada Administración Pública tiene competencia exclusiva en materia de Gobierno Abierto excepto en lo relativo a: Publicidad y acceso a la información. Transparencia. Políticas activas de empleo. Concurrencia y no discriminación.

La colaboración entre las administraciones públicas en materia de transparencia se articula a través de: Comité Técnico Mixto. Comisión Nacional de Transparencia. Comisión Sectorial de Gobierno Abierto. Comité de Cogobernanza.

El objetivo del Foro de Gobierno Abierto es: Impulsar la colaboración, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas entre la Administración central, la autonómica y los representantes de la sociedad civil. Impulsar la colaboración, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas entre las Administraciones públicas (estatal, autonómicas y locales) y los representantes de la sociedad civil. Impulsar la colaboración, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas entre el Gobierno y los representantes de la sociedad civil. Impulsar la colaboración, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas entre los departamentos ministeriales, el gobierno de las comunidades autónomas y de las entidades locales y los representantes de la sociedad civil.

En aplicación del artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el objeto de la Ley es: Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Ampliar y reforzar la publicidad de la actividad del Gobierno, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de participación de los ciudadanos y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los servidores públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de participación de los ciudadanos y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los servidores públicos así como las consecuencias derivadas de su cumplimiento.

Dentro del ámbito subjetivo que establece el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se encuentra: Los partidos políticos de ámbito exclusivamente local. Corporaciones de derecho privado. Entidades sin ánimo de lucro con participación mayoritaria estatal. El Consejo Económico y Social.

Los datos abiertos son: Aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de su autoría. Aquellos que cualquiera es libre de utilizar sin limitación alguna. Aquellos que cualquiera es libre de utilizar con el único límite de publicar su utilización. Aquellos que cualquiera es libre de publicar y redistribuir sin límites con la única excepción de aquellos que afecten a intereses individuales o colectivos.

El IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024 aprobado el 29 de octubre de 2020 contiene: 8 compromisos que asumen las Administraciones públicas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, mejorar la participación, establecer sistemas de integridad pública, y formar y sensibilizar a la ciudadanía y al personal empleado público en materia de Gobierno Abierto, con el objetivo de contribuir a una sociedad más justa, pacífica e inclusiva. 10 compromisos que asumen las Administraciones públicas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, mejorar la participación, establecer sistemas de integridad pública, y formar y sensibilizar a la ciudadanía y al personal empleado público en materia de Gobierno Abierto, con el objetivo de contribuir a una sociedad más justa, pacífica e inclusiva. 8 compromisos que asumen las Administraciones públicas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, mejorar la participación, establecer sistemas de integridad pública, y formar y sensibilizar a la ciudadanía y al personal empleado público en materia de Gobierno Abierto, con el objetivo de contribuir a una sociedad más sostenible y pública. 10 compromisos que asumen las Administraciones públicas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, mejorar la participación, establecer sistemas de integridad pública, y formar y sensibilizar a la ciudadanía y al personal empleado público en materia de Gobierno Abierto, con el objetivo de contribuir a una sociedad más sostenible y pública.

Los compromisos del IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024 aprobado el 29 de octubre de 2020 se estructuran en torno a: Seis ejes. Los cinco primeros conforman los grandes objetivos de Gobierno Abierto, y responden a demandas y propuestas de la ciudadanía y de la sociedad civil. El sexto eje incorpora iniciativas de las Comunidades y Ciudades Autónomas y de las Entidades Locales. Cuatro ejes. Los tres primeros conforman los grandes objetivos de Gobierno Abierto, y responden a demandas y propuestas de la ciudadanía y de la sociedad civil. El cuarto eje incorpora iniciativas de las Comunidades y Ciudades Autónomas y de las Entidades Locales. Diez ejes. Los nueve primeros conforman los grandes objetivos de Gobierno Abierto, y responden a demandas y propuestas de la ciudadanía y de la sociedad civil. El décimo eje incorpora iniciativas de las Comunidades y Ciudades Autónomas y de las Entidades Locales. Cinco ejes. Los cuatro primeros conforman los grandes objetivos de Gobierno Abierto, y responden a demandas y propuestas de la ciudadanía y de la sociedad civil. El quinto eje incorpora iniciativas de las Comunidades y Ciudades Autónomas y de las Entidades Locales.

Los datos de alto valor regulados en el Real Decreto-Ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes están limitados a los ámbitos: Geoespacial, ambiental, meteorología, estadística, sociedades y movilidad. De política macroeconómica. De rendición de cuentas. De negociación colectiva.

La reducción de cargas administrativas permite: Disminuir las cargas impositivas de las empresas y dedicar estos recursos liberados a otros sectores, mejorando así la productividad y la competitividad de la economía. Pagar menos impuestos. Disminuir los costes de constitución o funcionamiento de las empresas y dedicar estos recursos liberados a otras actividades, mejorando así la productividad y la competitividad de la economía. Disminuir la contribución de los trabajadores en materia impositiva en favor de las empresas contribuyendo así a una reducción de la carga impositiva de las administraciones.

El objetivo principal del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo es: Garantizar que, a la hora de elaborar y aprobar un proyecto de norma, se minimizan los costes asociados a su puesta en marcha. Garantizar que, a la hora de elaborar y aprobar un proyecto de norma, se cuenta con la toda la información necesaria para estimar el impacto que dicha norma supondrá para sus destinatarios y agentes. Garantizar que, a la hora de elaborar y aprobar un proyecto de norma, se respetan en todo caso los principios básicos en materia de igualdad y reducción de cargas. Garantizar que, a la hora de aprobar un proyecto de norma, se cuenta con la todos los informes necesarios para estimar el impacto que dicha norma supondrá para la sociedad.