DA.N1

De acuerdo con el artículo 76.1 de la Ley 39/2015, los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento administrativo, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, siempre que lo hagan: Con anterioridad al trámite de audiencia. Con anterioridad a la propuesta de resolución. Con posterioridad al trámite de audiencia, pero antes de que se realice la propuesta de resolución. Solo con la solicitud o, en su caso, con la subsanación y mejora de la solicitud.

Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, ¿se podrá suspender el transcurso del plazo máximo para resolver un procedimiento y notificar la resolución cuando se soliciten los informes preceptivos a un órgano de la misma o de distinta Administración?. Sí, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe, no siendo preceptiva la comunicación a los interesados. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 2 meses. Sí, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 3 meses. Sí, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 1 mes. Sí, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 6 meses.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa produce: La prescripción del a actuación. La caducidad del procedimiento. La estimación de las pretensiones por silencio administrativo. La desestimación de las pretensiones por silencio administrativo.

Según la Ley 39/2015, cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, el plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión será de: Tres meses desde la notificación de la resolución impugnada. Cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada. Tres meses desde el conocimiento de los documentos. Cuatro años desde el conocimiento de los documentos.

¿Cuáles son todas las formas de iniciación de los procedimientos administrativos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. De oficio, a instancia de parte o mediante denuncia. De oficio, en todo caso. Siempre será necesario una instancia por escrito del ciudadano ante el órgano correspondiente. De oficio o a solicitud del interesado.

En el procedimiento de responsabilidad patrimonial, se solicita informe al Servicio cuyo funcionamiento ocasionó la presunta lesión indemnizable. Según el artículo 81 de la Ley 39/2015, el plazo de su emisión no podrá exceder de: Un mes. Veinte días. Quince días. Diez días.

De conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la desestimación por silencio administrativo: Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Se podrá hacer valer sólo ante la Administración. Implica que la resolución expresa posterior deba dictarse en el mismo sentido desestimatorio. Permite a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

Señale, de conformidad con la Ley 39/2015, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los actos administrativos: La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas no implicará necesariamente la anulabilidad del acto. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que sé dicten salvo que, excepcionalmente y por razones de interés público, en ellos se disponga otra cosa. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que sé dicten salvo que, excepcionalmente y por razones de interés público, en ellos se disponga otra cosa. Para que las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deban ser observadas por el resto de los órganos administrativos será necesario que estos dependan jerárquicamente entre sí.

En relación con el recurso extraordinario de revisión, la ley 39/2015 indica que: Se puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales, previo dictamen del Consejo de Estado. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse sobre la procedencia del recurso, y en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá estimado. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano superior jerárquico al que lo dictó, que también será él competente para su resolución.

En el ámbito de la Administración General del Estado, y de conformidad con al artículo 92 de la Ley 39/2015, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por: El órgano qua incurrió en la acción u omisión a la que se imputa la producci6n del daño. El superior jerárquico del órgano que incurrió en la acción u omisión a la que se imputa la producción del daño. El ministro respectivo o por el Consejo de ministros. El Subsecretario de Presidencia.

Según el artículo 17 de la Ley 39/2015: Cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. Los documentos electrónicos, deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como la consulta durante un plazo de 20 años. El número y objeto de cada uno de los archivos electrónicos será determinado por el titular del Departamento ministerial. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico de los documentos electrónicos que corresponden a todo procedimiento especial.

En relación con el recurso de alzada regulado en la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta: El órgano competente para su resolución sólo podrá suspender el acto impugnado en el supuesto de que una disposición expresamente lo permita o cuando el recurso se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán Interponer recurso de alzada en cualquier momento à partir del dia siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Contra la resolución de un recurso de alzada cabe recurso de reposición con carácter potestativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los reglamentos y disposiciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 y en la Ley 40/2015: No podrán establecer exacciones parafiscales. No podrán tipificar delitos ni faltas pero sí nuevas infracciones administrativas si una ley así lo prevé. Podrán establecer contribuciones especiales. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente aunque alteren la naturaleza de las que la ley contempla.

Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, el impulso del procedimiento tendrá lugar respetando: Los principios de jerarquía y celeridad. Los principios de eficacia e irretroactividad. Los principios de simplicidad y urgencia. Los principios de transparencia y publicidad.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra los actos firmes en vía administrativa cabe interponer: Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de apelación.

De conformidad con la Ley 39/2015, son susceptibles de recurso: Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación. El acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento. El acuerdo que resuelva sobre la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, que deberá ser notificado a los interesados. Las resoluciones que declaren la caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho se denomina: Declaración responsable. Comunicación. Solicitud de iniciación del procedimiento. Denuncia.

Conforme al artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones públicas (en adelante LPAC), en relación con los efectos del silencio administrativo: El certificado acreditativo del silencio producido, deberá ser expedido de oficio por el órgano competente para resolver en un plazo máximo de 10 días desde que expire el plazo máximo previsto para resolver el procedimiento. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo sólo podrán hacerse valer ante la Administración. El certificado acreditativo del silencio producido deberá ser expedido de oficio por el órgano competente para resolver en un plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo previsto para resolver el procedimiento. En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración tiene siempre la obligación de resolver y notificar en un plazo máximo de 3 meses.

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley 39/2015, en los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada: No procederá recurso contra la desestimación de la solicitud de tramitación simplificada del procedimiento formulada por los interesados. Las alegaciones serán formuladas al inicio del procedimiento en un plazo de siete días. Serán resueltos en veinte días, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria. En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria, salvo que alguno de los interesados manifestara su oposición expresa.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/2015, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. Dichas actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo: De siete días. De veinte días. No inferior a diez días ni superior a quince. No superior a quince días.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015) regula el trámite de audiencia en el procedimiento administrativo y establece que: Los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 30, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Antes del vencimiento del plazo, el órgano competente puede tener por realizado el trámite si considera, en resolución motivada, que los interesados no podrán efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones. No se podrá prescindir del trámite de audiencia aun cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.

Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: No superior a sesenta días ni inferior a treinta. No superior a treinta días ni inferior a diez. No superior a treinta días ni inferior a quince. No superior a treinta días ni inferior a veinte.

El artículo 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento de responsabilidad patrimonial se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes, de: 15 días. 20 días. 5 días. 10 días.

De acuerdo con la Ley 39/2015, las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general: Al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. A los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías de los Gobiernos autonómicos. Al Gobierno y Consejo de Gobierno respectivo y a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías de los gobiernos autonómicos. A otros órganos organismos o Autoridades Independientes.

De acuerdo con el articulo 65 de la Ley 39/2015, la Administraciones Publicas pueden iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial: En cualquier momento. Siempre que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. Una vez que haya prescrito la acción de reclamación de responsabilidad que corresponde al interesado. El procedimiento de responsabilidad patrimonial no puede iniciarse de oficio.

Según se establece la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico son: Anulables, excepto los que incurran en la desviación de poder. Nulos de pleno derecho, excepto los que incurran en la desviación de poder. Anulables, incluso los que incurran en la desviación de poder. Nulos de pleno derecho, incluso los que incurran en la desviación de poder.

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos: Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio. En cualquier momento, y únicamente de oficio. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio o a instancia de los interesados. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria son: Nulas. Validas. Anulables. Temporales válidas.

Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán: Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. Siempre por denuncia del órgano competente. Siempre de oficio por petición razonada de otros órganos. De oficio por acuerdo del órgano competente o por denuncia de otro órgano.

¿De qué plazo disponen los interesados para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes?. De un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez. De un plano no inferior a diez días ni superior a veinte. De un plazo no inferior a diez ni superior a un mes. De un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.