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Según lo establecido en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas…. Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo de los Tribunales Superiores de Justicia. Dictados por órganos competentes por razón de la materia o del territorio. Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. Que tengan un contenido posible.

Cuando los procedimientos se inicien de oficio lo harán, según la LPAC: Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior. Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior o a petición razonada de otros órganos. Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o a instancia de parte, bien como consecuencia de orden superior o a petición razonada de otros órganos.

El procedimiento de revisión de oficio podrá ser iniciado: En el plazo de 4 años, de oficio a iniciativa propia, para los actos que incurran en causa de nulidad. En el plazo de 3 meses desde que fue dictado el acto susceptible de anulación, por iniciativa propia o a solicitud de interesado para los actos que incurran en causa de nulidad. En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, para los actos que incurran en causa de nulidad. Ninguna de las anteriores es correcta.

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones: Que requieran su intervención. Que constituyan trámites legalmente establecidos. Que constituyan trámites reglamentariamente establecidos. Todas son correctas.

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el funcionamiento de los registros electrónicos, indique la respuesta correcta: Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas, salvo los festivos nacionales. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en todo caso en la primera hora del primer día hábil siguiente. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán posteriores a los que no fueran el primer día hábil posterior. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo afecta a los plazos el acuerdo de tramitación de urgencia de un procedimiento?. Se mantienen los plazos del procedimiento ordinario salvo los de emisión de informe preceptivo que se reducen a la mitad. Se reducen a la mitad todos los plazos. Se reducen a la mitad los plazos establecidos para la presentación de solicitudes y recursos. Se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

Se le notifica el requerimiento al Sr. Perdomo Rodríguez con fecha 25 de febrero de 2021 y éste procede a presentar ante el Cabildo de Gran Canaria la documentación requerida dentro del plazo establecido al efecto. Un mes después, recibe del Cabildo una resolución que NO pone fin a la vía administrativa, ¿Cuál sería el plazo que tendría el Sr. Perdomo Rodríguez para interponer el recurso al que se refiere la pregunta anterior?. Un mes. Tres meses. Dos meses. Cuatro meses.

Conforme al artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer el recurso de reposición: En cualquier momento a partir del mismo día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto expreso. En cualquier momento a partir del mismo día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto expreso. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Los interesados podrán alegar los defectos de tramitación y, en general, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto: En todo momento. En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido “ope legis”: Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Cuando se inicie el procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad o lesividad de un acto que puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Cuando se interpone un recurso que tiene por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas. En procedimientos iniciados de oficio, con carácter previo a la resolución de desistimiento por parte de la Administración.

Dispone el artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que: Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos y a quienes tengan un interés legítimo. Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos y a quienes tengan un interés legítimo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 39/2015, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias. Los actos que limiten derechos objetivos. Los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.

Conforme al artículo 107 de la LPAC, se producirá la caducidad del procedimiento de declaración de lesividad transcurrido desde su inicio el plazo de: Tres meses. Seis meses. Un año. Dos meses.

¿Cuál es el plazo del que dispone el interesado para solicitar el inicio del procedimiento?. 15 días, a partir del día siguiente a producirse el acto que motive la reclamación. 15 días a partir de producirse el acto que motive la reclamación. Un año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. Un año, a partir del día siguiente de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.

Señala la respuesta incorrecta: Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenio o contratos con personas tanto de Derecho público como privado siempre que: No sean contrarios al Ordenamiento jurídico. Estén tipificados en la normativa jurídica. Tenga por objeto satisfacer el interés público encomendado. Que no versen sobre materias no susceptibles de transacción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la LPAC, cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, es correcto que: Podrán no tener en cuenta la posible prescripción del derecho a la reclamación del interesado. El procedimiento iniciado se instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de quince días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial no pueden iniciarse de oficio.

Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo para interponer un recurso extraordinario de revisión contra una resolución que se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme, será: Quince días desde que la sentencia judicial quedó firme. Un mes desde que la sentencia judicial quedó firme. Tres meses desde que la sentencia judicial quedó firme. Cuatro años desde que la sentencia judicial quedó firme.

El artículo 106.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señala que cuando el procedimiento de revisión se hubiera iniciado de oficio, se producirá la caducidad del mismo transcurridos: Tres meses desde su inicio sin dictarse resolución. Seis meses desde su inicio sin dictarse resolución. Un año desde su inicio sin dictarse resolución. Cuando es de oficio no se produce caducidad.

El apartado 4 del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señala que las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas: A autoridades independientes cuando así lo habilite una Ley. Con carácter general al Gobierno o al Consejo de Gobierno respectivo. A los titulares de los departamentos ministeriales o de las Consejerías de Gobierno, con carácter excepcional y justificado en la ley habilitante. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si un informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas y transcurriera el plazo sin que aquel se hubiera emitido: Deberán proseguir las actuaciones, salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento. Se podrán proseguir las actuaciones, salvo cuando se trate de un informe facultativo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento. Deberán proseguir las actuaciones, y el informe emitido fuera de plazo deberá ser teniendo en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Se podrán proseguir las actuaciones y el informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

En relación con el expediente administrativo: Es el conjunto digitalizado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de referencia y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Deberá contener un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Deberá contener la disposición adoptada.

El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, situado en la Sección I del Capítulo II de su Título IV, regula: El recurso de alzada. El desestimiento del interesado. La motivación de los actos administrativos. La acumulación de procedimientos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá: Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. Al año, que empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Al año de la publicación en el BOE o en el diario oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

Respecto de la resolución de los recursos administrativos, selecciona la correcta: El órgano que resuelva el recurso solamente decidirá las cuestiones, tanto de fondo como de forma, que hayan sido alegadas por los interesados. El recurso resolverá todas las cuestiones, tanto de fondo como de forma, que plantee el procedimiento y las resolverá con independencia de las peticiones formuladas por el recurrente. Contra la resolución de un recurso administrativo no cabe nunca otro recurso administrativo. El órgano que resuelva decidirá todas las cuestiones que plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por el recurrente, pero la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso se agrave su situación anterior.

Marque la respuesta incorrecta. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades no discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

¿Cuál de los siguientes no es un medio de ejecución forzosa?: La multa subsidiaria. La multa coercitiva. La compulsión sobre las personas. El apremio sobre el patrimonio.

Según la ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas: La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas presencialmente sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. La comparecencia de las personas físicas o jurídicas ante las oficinas públicas ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas ya sea presencialmente o por medios electrónicos, podrá ser obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.