DCHO. ADVO II MOD. B 2023
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Título del Test:![]() DCHO. ADVO II MOD. B 2023 Descripción: examen 2023 |




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La desviación de poder: Es una causa de nulidad del acto administrativo. Es una causa de revocación del acto administrativo. Es un vicio subsanable. Es una causa de anulabilidad. Son contratos de concesión de servicios los que tienen por objeto: La redacción de un proyecto. La realización de algunas prestaciones, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. La prestación de un servicio cuya titularidad corresponde al poder adjudicador a cambio del derecho a explotar ese servicio. Son actos administrativos ablatorios: Aquellos que ponen fin a un procedimiento administrativo. Aquellos que crean una situación ex novo. Aquellos desfavorables o de gravamen para el interesado. Aquellos que requieren de la voluntad del destinatario para su perfección. ¿Con qué tipos de técnicas ablatorias cuentan las Administraciones Públicas?. Técnicas que eliminan situaciones jurídicas activas ampliando su contenido. Técnicas que eliminan situaciones jurídicas activas disminuyendo su contenido. Técnicas que amplían o crean situaciones favorables de carácter activo. Técnicas que amplían o crean situaciones favorables de carácter pasivo. La actividad promocional o de fomento consiste en: Imponer, por parte de las Administraciones Públicas, sanciones a los destinatarios del Derecho administrativo que incumplen la normativa establecida. Hacer cesar la propiedad y las situaciones patrimoniales de los administrados. Incentivar, por parte de las Administraciones Públicas, la actividad y las conductas de los particulares que pueden beneficiar al interés público o al interés general. Ninguna de las anteriores. En cuál de estos supuestos es indispensable la motivación del acto administrativo: Cuando se acuerde la petición de informes. Cuando se reitere el criterio establecido en actos precedentes. Cuando se dicte en ejercicio de potestades discrecionales. Cuando se admita a trámite un recurso. El recurso de alzada se puede interponer contra: Los actos definitivos que no agotan la vía administrativa y ante el superior jerárquico del órgano que los dictó. Los actos definitivos que agotan la vía administrativa y ante el mismo órgano que los dictó. Los actos firmes, siempre que no haya transcurrido cuatro años. Los actos anulables que sean favorables al interesado y ante el superior jerárquico del órgano que los dictó. Son actos susceptibles de revisión de oficio: Los que tengan un contenido imposible. Los dictados por un órgano manifiestamente incompetente. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Todas las anteriores. La Sala Tercera del Tribunal Supremo: Conoce de los recursos en materia electoral contra los actos de la Junta Electoral Central. Conoce de los recursos de casación. Conoce de los recursos contra los actos y disposiciones del Consejo de Ministros. Todas las anteriores son correctas. Por regla general, la cuantía del justiprecio se establece: Conforme al valor del bien en el momento en el que fue adquirido por el propietario expropiado. Conforme al IVA en el momento de la expropiación. Conforme al valor de mercado. A) y C) son correctas. El principio de legalidad en el régimen sancionador, exige: La prohibición de duplicidad en las sanciones. Una completa descripción de las conductas constitutivas de la infracción. Que la previsión de las infracciones y sanciones se haga mediante una norma con rango de ley. Que la previsión de las sanciones sea proporcionada a la gravedad de los hechos declarados como infracción en la norma legal de aplicación. Conforme a la normativa reguladora de la expropiación forzosa, en el procedimiento ordinario la ocupación del bien expropiado se puede llevar a cabo: Cuando lo autorice el Jurado de Expropiación. Una vez que se haya abonado el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. De inmediato tras la declaración de urgencia. Una vez se haya declarado la necesidad de la ocupación. Para que exista responsabilidad patrimonial el daño ha de ser: Potencial, económicamente evaluable y antijurídico. Efectivo, evaluable económicamente, individualizable y antijurídico. Efectivo, moral, individualizable y jurídico. Efectivo, evaluable económicamente y antijurídico. La mutación demanial supone: La transformación en bien de naturaleza patrimonial. El cambio de destino del bien demanial a otro uso, fin o servicio público. La desafectación. La pérdida de la condición demanial. La autotutela ejecutiva de la Administración supone: La potestad de interpretar unilateralmente los contratos públicos. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas sin necesidad del auxilio judicial ni el consentimiento de los destinatarios. La potestad de ejecutar los actos sin el auxilio judicial. La potestad de revocar sus propios actos. En los procedimientos iniciados de oficio, el silencio administrativo: Es siempre de carácter negativo. Es siempre de carácter positivo. Será negativo, como regla general, y producirá el archivo del procedimiento. Será negativo, como regla general, si bien producirá la caducidad del procedimiento en el que se ejerza la potestad sancionadora. Señala el enunciado erróneo. En el procedimiento sancionador: La resolución que pone fin al procedimiento es ejecutiva. Las sanciones pueden consistir en la privación de derechos. La Administración civil no puede imponer sanciones privativas de la libertad. El órgano instructor es distinto del competente para resolver. En los supuestos de vía de hecho, el recurso contencioso administrativo debe interponerse: No es posible interponer el recurso contencioso administrativo en estos casos. En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho. En el plazo de 10 días desde que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. En el plazo de 20 días desde que se produjo la vía de hecho, si el interesado no formuló un requerimiento previo por 10 días a la Administración. Para el cómputo de un plazo, en vía administrativa, por meses: Se excluyen los sábados, domingos y festivos. Se excluyen los días inhábiles. Se consideran sólo las fechas hábiles en el domicilio del interesado. Se calcula de fecha a fecha. La gestión directa de los servicios públicos se puede realizar: Mediante un contrato de concesión de servicio público. Mediante un concierto. Mediante una sociedad participada minoritariamente por la Administración. Mediante un ente instrumental o empresa pública. |