DEONTOLOGIA MASTER UNIR 2026

César defiende a Isabel en un procedimiento penal seguido por malos tratos en violencia de género. Ante la denegación de la orden de protección interpone un recurso de apelación en el cual tacha de “ignorante”, “lego en derecho”, “misógino” y “actitud claramente parcial” al juez instructor. A consecuencia de estas manifestaciones, el juez incoa un expediente separado para una posible sanción a César, quien de forma inmediata presenta una recusación contra el juez instructor. ¿Es deontológicamente correcta esta actuación?. A. Sí, porque el primer deber del abogado es el de lealtad con su cliente, cumpliendo su función de defensa con celo y diligencia. B. Sí, porque las expresiones vertidas por el letrado forman parte de su libertad de expresión y la actuación del instructor no está justificada. C. No, porque al recusar al juez lo predispone contra su cliente. D. No, porque vulnera la obligación de relacionarse con los órganos judiciales bajo los principios de respeto en las formas y buena fe procesal.

Soraya, abogada de Gerona, es invitada a un programa de radio para hablar de alguien que fue su cliente veintidós años atrás y que posteriormente, debido a su matrimonio, alcanzó notoriedad pública ¿Hasta dónde alcanza el secreto profesional?. A. No podrá hacer declaraciones sobre cualquier asunto que hubiese conocido por razones profesionales o ligados a ellos puesto que el secreto profesional no tiene fecha de caducidad. B. Sí podrá hacer declaraciones libremente sobre su cliente puesto que han transcurrido más de veinte años y el secreto profesional ya no la liga a su cliente. Sin embargo, deberá evitar temas más íntimos que hubiese conocido por motivos profesionales. C. Deberá solicitar autorización a su antigua cliente para los temas más íntimos, pero ya no permanece ligada por el secreto profesional. D. Sí podrá efectuar declaraciones, si consigue la venia del decano del colegio de abogados de Gerona, pues, aunque se mantiene el secreto profesional, han transcurrido más de veinte años.

José Miguel, abogado de Valladolid, es contratado para un asunto de testamentaría. Con tal fin, recibe documentación familiar diversa, en relación con el asunto. Finalizado el asunto, un hermano del cliente, solicita de José Miguel la entrega de parte de esa documentación, ya que quiere conservarla como recuerdo ¿Cuál sería la actitud correcta del abogado?. A. Sí. Debe entregarla al hermano de su cliente, pues el asunto ya ha sido resuelto y ninguna otra persona la ha solicitado. B. No. Ha de consultar primero a los herederos y debe entregarla a quienes decidan los herederos legales. C. No. Debe entregarla únicamente a Carlos, puesto que es su cliente y es de quien la recibió. D. Debe consignar la documentación en la comisión de deontología del colegio de abogados para que esta decida.

Al despacho de Pablo le marchan muy bien las cosas en Alcalá de Henares y abre otro despacho propio en Guadalajara. Como modo de publicidad en Guadalajara, da a conocer los nombres de algunos de los clientes más importantes del despacho de Alcalá de Henares sin su consentimiento ¿Se plantea algún problema deontológico con esta acción?. A. No, mientras continúen siendo clientes de Pablo en su despacho de Alcalá de Henares. B. Sí, puesto que, aunque está permitido, no es una práctica usual de los abogados y los clientes pueden enfadarse. C. No, si en la hoja de encargo firmada por los clientes se contempla esa posibilidad. D. Sí, puesto que es una actuación vedada por el CDAE.

5. La abogada Victoria es contratada por Carmen, acusada en un procedimiento abreviado de un delito de lesiones hacia Eva en un contexto de una discusión derivada de un accidente de coche. Carmen le propone a Victoria que presente como testigo a su compañero de trabajo, Manuel, quien está dispuesto a declarar que Carmen no agredió en ningún momento a Eva, pero admite ante Victoria que Manuel, en realidad, no estaba presente en el incidente y que lo hace para ayudarla. ¿Puede incurrir en responsabilidad penal Victoria si propone en su escrito de defensa como testigo a Manuel y éste declara en el sentido que le ha comentado Carmen?. A. Sí, puede cometer un delito e incurrir en las penas señaladas en la ley para los autores de falso testimonio, agravadas por su condición de letrada. B. No, porque el delito lo comete únicamente el testigo, al tratarse de una acción personal de quien declara. C. Sí, pero solo si finalmente el juez tiene en cuenta el testimonio de Manuel al dictar sentencia. D. No, dado que se trata de una iniciativa de Carmen.

Rodrigo, abogado de Madrid, tiene ciertas dudas sobre su libertad de expresión, como abogado, y no tiene claro qué incluir en una demanda ¿Qué afirmación sería la correcta?. A. Los abogados tienen una libertad de expresión reforzada y conectada con el derecho de defensa. B. Los abogados tienen una libertad de expresión más restringida que el resto de ciudadanos debido a los asuntos que tratan. C. Los abogados tienen la misma libertad de expresión que el resto de ciudadanos y su profesión no produce ninguna especificidad. D. Los abogados no tienen libertad de expresión.

Si la parte contraria aún no dispone de asistencia letrada: A. El abogado de la otra parte deberá instarle a que designe un abogado. B. Podrá defenderse a sí misma si no hay oposición de las otras partes. C. El abogado de la otra parte deberá informarle si tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita. D. El abogado de la otra parte deberá buscarle un buen abogado.

El abogado tiene derecho a solicitar y percibir la entrega de cantidades en concepto de fondos a cuenta de los gastos suplidos, o de sus honorarios: A. En todo caso con carácter previo a la tramitación del asunto con absoluta libertad en cuanto a su cuantía. B. Tanto con carácter previo como durante la tramitación del asunto con absoluta libertad en cuanto a su cuantía. C. Tanto con carácter previo como durante la tramitación del asunto de manera estimada a los honorarios del asunto. D. Las provisiones de fondos fueron declaradas inconstitucionales por sentencia del Tribunal Constitucional.

José María, un abogado veterano, aconseja a Ignacio, abogado más joven, que presente en un caso información que puede inducir a error al Tribunal, aún a sabiendas de ello, ya que esto supondría ampliar sus posibilidades de ganar el pleito. Ignacio debe: A. Seguir el consejo de José María, ya que la deontología nos anima a guiarnos por la experiencia de los abogados más veteranos. B. No hacer caso alguno del consejo de José María, ya que la deontología prohíbe presentar al Tribunal, a sabiendas, información falsa o que pueda inducir a error. C. Actuar de acuerdo con su propio criterio, la deontología lo prohíbe, pero realmente las normas deontológicas no vinculan al abogado en términos jurídicos. D. Seguir el consejo de José María, ya que debe hacer todo lo que esté en su mano para defender los intereses de su cliente.

Cuando un abogado considere que un tribunal está limitando su derecho a la independencia profesional. A. Podrá ponerlo exclusivamente en conocimiento del CGPJ. B. Podrá solicitar el amparo de su Colegio profesional. C. Podrá solicitar el amparo del Consejo General de la Abogacía Española. D. Deberá interponer una querella frente al magistrado.

Es necesario comunicar a mi colegio profesional las circunstancias personales que afecten al ejercicio de mi profesión?. A. No, es mi vida privada. D. Si, el Colegio debe controlar mi actividad profesional. C. Si, porque tienen incidencia en mi ejercicio profesional y el Colegio debe conocerlo. B. No, salvo que necesite pedir un certificado a mi Colegio.

Cuál de las siguientes causas determina la incapacidad para ejercer la profesión de abogado. A. La inhabilitación o la suspensión para el ejercicio de la abogacía por sentencia o resolución judicial firme. B. Las sanciones disciplinarias firmes que lleven aparejada la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de cualquier Colegio de la Abogacía, que tendrá eficacia en todo el territorio nacional. C. Los impedimentos que, por su naturaleza o intensidad, no permitan el cumplimiento de la misión de defensa y asesoramiento que a los profesionales de la Abogacía se encomienda. D. Las tres respuestas son correctas.

¿Es posible citar a un abogado como testigo en un proceso judicial, para declarar sobre actos conocidos por su actividad profesional?. A. Si, siempre. B. No, la normativa deontológica lo prohíbe. C. Si, la norma deontológica no puede pronunciarse sobre ámbitos de decisión judicial. D. No, salvo que te autorice el Decano del Colegio de Abogados.

La sustitución en la defensa debe ser comunicada al abogado al que sustituimos... A. Solo en asuntos judiciales. B. En cualquier clase de asunto. C. Solo si el cliente no le ha comunicado la resolución del encargo profesional. D. No es necesario, con la nueva normativa, comunicar la sustitución en la defensa.

Si, como abogado, tengo una situación de conflicto de intereses, ¿puedo delegar el asunto a un compañero del despacho?. A. No, puesto que las normas de conflicto de intereses se extienden a los compañeros de despacho sea cual fuera su forma asociativa. B. Si, porque el abogado del despacho desconoce los datos confidenciales que me ha suministrado el cliente. C. Si, porque el abogado del despacho puede firmar un documento que garantice que no va a utilizar la información del abogado en situación de conflicto. D. Podré hacerlo si informo a mi antiguo cliente de la situación.

En caso de que un abogado decida renuncian a una defensa. A. Debe justificar sus motivos para que esta sea aceptada. B. El cliente debe aceptar la renuncia de su abogado para que esta surta efectos. C. No necesita justificar los motivos que le conducen a dicha renuncia. D. Debe informar al cliente con al menos tres meses de antelación.

¿Cuándo un abogado está obligado por ley a identificar a su cliente?. A. En ningún caso. B. En asuntos encomendados a través del turno de oficio. C. En el ámbito de delitos contra el terrorismo y blanqueo de capitales. D. Siempre.

No están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido determinados servicios que puede prestar un abogado y por tanto no habrá de incluirse el impuesto en la factura que corresponda: A. La transmisión de la totalidad del patrimonio profesional del abogado realizado a favor de un solo adquirente siempre que este continúe el ejercicio de la misma actividad. B. Los servicios prestados en el turno de oficio: servicio de asistencia jurídica gratuita y asistencia letrada al detenido. C. Los servicios prestados en régimen de dependencia -sean funcionario al servicio de la administración o dependencia laboral-. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El Estatuto destina los artículos 55 a 58 al regular las relaciones de los profesionales de la Abogacía y la Administración de Justicia, incluyendo una serie de obligaciones de los profesionales ante los tribunales, entre los que cabe mencionar las siguientes (señala la incorrecta): A. Atenerse en su conducta ante los órganos jurisdiccionales a la buena fe, prudencia y lealtad. B. La forma de su intervención deberá guardar el debido respeto a dichos órganos y a los profesionales de la Abogacía defensores de las demás partes. C. El cumplimiento del protocolo procesal, que dispone que intervendrán ante los órganos jurisdiccionales vistiendo toga, adecuando su indumentaria a la dignidad de su función. D. La puntualidad en los horarios fijados para la práctica de las actuaciones ante los órganos judiciales, poniendo en conocimiento del juzgado o tribunal, así como del resto de letrados con intervención en dicha actuación, toda aquella circunstancia que impida al abogado o a su cliente acudir a la hora señalada, teniendo la obligación de avisar en caso de que el retraso sea mayor de dos horas.

Alicia Pérez ejerce abogado por cuenta propia. Al inicio de su actividad se dio de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para ejercer la profesión. Sin embargo, ostenta una relación laboral con la mercantil Civitas Lex Abogados S.L., la cual le abona mensualmente una retribución fija, coordina sus horarios, su trabajo y sus vacaciones con el responsable de la empresa y recibe las directrices necesarias para realizar su trabajo de dicho responsable. Respecto de la relación laboral entre la empresa y la letrada cabe calificarla como: A. Alicia es una abogada por cuenta propia que ejerce su profesión, sin dependencia alguna, como ejerciente individual titular de un despacho. B. Alicia debe darse de alta en la Mutualidad de la Abogacía o mutua equivalente para que la relación laboral con la empresa sea conforme a derecho. C. Conforme a los datos proporcionados Alicia cumple los requisitos necesarios para ser calificada como «falsa autónoma». D. Si Alicia desarrolla más del 30% de su horario laboral con la empresa, este es una trabajadora autónoma económicamente dependiente.

El acceso y la permanencia en el turno de oficio. A. No está reglado B. Solo está reglado el acceso C. Está debidamente regulado D. Depende de cada colegio de abogados. Solo está reglado el acceso. Está debidamente regulado. Depende de cada colegio de abogados.

El artículo 35 del Estatuto General de la Abogacía regula el ejercicio individual de la abogacía, estableciendo que podrá desarrollarse por cuenta propia como titular de un despacho. Una vez adquirida por el abogado la condición de titular de un despacho individual de su propiedad, esta no se perderá por (señala la incorrecta): A. Compartir locales, instalaciones, servicios u otros medios con otros profesionales de la Abogacía, manteniendo la independencia de sus bufetes y sin identificación conjunta ante los clientes. B. Cuando el abogado se asocie con otro profesional de la abogacía siempre que lo hagan al interno de una misma sociedad profesional. C. Cuando el profesional de la Abogacía concierte acuerdos de colaboración para determinados asuntos o clases de asuntos con otros profesionales de la Abogacía o despachos colectivos, nacionales o extranjeros, cualquiera que sea su forma. D. Compartir despacho con la persona de su cónyuge o con ascendientes, con descendientes o bien con parientes, cuyo grado de consanguinidad o de afinidad no sea superior al segundo grado.

Respecto de la responsabilidad penal del abogado, el delito de deslealtad profesional: A. Se produce cuando el abogado, interviniendo profesionalmente y con conocimiento, presente testigos falsos, o peritos o intérpretes mendaces. D. Castiga al abogado que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de esta, defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios. B. Puede concurrir cuando el abogado, citado en legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un Juzgado o Tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral. C. Puede cometerlo el letrado que, interviniendo en un proceso con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido traslado en su calidad de abogado.

Conforme a la normativa aplicable, toda solicitud de asistencia jurídica gratuita presentada deberá contener: A. De manera preceptiva solo la identificación del solicitante y sus datos económicos. B. Todos los datos acreditativos de la realidad económica del peticionario, así como de los componentes de su unidad familiar. C. Todos los datos acreditativos de la realidad económica del peticionario, así como de los componentes de su unidad familiar; su situación personal y familiar; la identificación de la parte contraria en el pleito; la pretensión a ejercitar, y el resto de los documentos que le puedan ser solicitados. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Conforme a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, con independencia de la existencia de recursos para litigar (indica la incorrecta): A. A las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en todo tipo de procesos tengan o no vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas. B. Las asociaciones de Consumidores y Usuarios, en los términos previstos en el artículo 2.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. C. Los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. D. Las asociaciones de utilidad pública que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad (art. 1.2. de la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades).

Para el ejercicio como abogado en España por abogado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (señala la incorrecta): A. Para el ejercicio permanente a través del establecimiento permanente del abogado europeo en España el letrado proveniente de otro Estado miembro de la UE deberá inscribirse como tal en el Registro especial de los Colegios de Abogados. B. Es también requerimiento previo el de constar colegiado o registrado ante autoridad competente en el Estado de origen, precisando para ello la inscripción en el Registro especial de los Colegios de Abogados, en calidad de «abogados inscritos». C. La incorporación plena a la profesión de abogado no se producirá hasta el transcurso de 10 años de trabajo efectivo como tal, integrándose en la Abogacía española mediante el título profesional obtenido en el Estado miembro de origen sin que sea necesario el reconocimiento de este. D. El abogado europeo también puede actuar ocasionalmente en España cuando ejerza la profesión de forma permanente en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y, de forma esporádica, se traslade a España para realizar actividades de consulta, de asesoramiento jurídico o de actuación en juicio.

Respecto del principio de colegiación única (selecciona la afirmación incorrecta): A. El actual Estatuto suprime la previsión que obligaba al abogado que actuaba en calidad de letrado en el ámbito territorial correspondiente a otro Colegio diferente a aquel en el que se había colegiado a comunicar dicha actuación al Colegio en cuyo ámbito había de intervenir. B. El EGAE dispone para actuar profesionalmente en el ámbito territorial de cualquier Colegio distinto de aquel al que estuviere incorporado, no podrá exigirse al profesional de la Abogacía habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que también se exijan a los propios colegiados. C. Con base al artículo 3.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, ningún órgano judicial puede exigir o verificar si se ha efectuado comunicación de intervención profesional. D. La denominada colegiación única permite, de forma ágil, la movilidad profesional de todo letrado, ya que le permite ejercer libremente en la totalidad del territorio español sin llevar a cabo ninguna otra gestión que las preceptivas e imprescindibles, si bien dificulta la elección libre de letrado por pa.rte del cliente.