Deontología temas 12, 13 y 14

¿Quiénes son los titulares del derecho a la tutela judicial efectiva?. A) Solo los ciudadanos españoles con plenos derechos civiles. B) Únicamente las personas físicas, ya sean nacionales o extranjeras. C) Solo las personas físicas y jurídicas de derecho privado. D) Los españoles, los extranjeros y las personas jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la medida en que les correspondan derechos e intereses legítimos.

La abogada Carlota, pendiente de la celebración de una vista en el Juzgado de lo Penal de A Coruña, recibe una providencia por la que se le notifica que, por cambio de destino del titular del juzgado (el magistrado Antonio), el juicio lo celebrará Mario, juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por estar la plaza vacante. ¿Podrá Carlota impugnar ese nombramiento por vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley?. a) Sí, ya que, una vez señalado el juicio, solo lo puede celebrar el magistrado que era titular del juzgado, Antonio, aunque proceda a cambiar de destino. b) No, porque la plaza del juez de adscripción territorial se crea para el ámbito territorial de la provincia, y su designación está prevista en la ley para realizar, entre otras, funciones jurisdiccionales en caso de plazas vacantes o ausencias del titular. c) Sí, las plazas de los jueces de adscripción territorial se crean en los tribunales superiores de justicia para integrar las salas de los tribunales colegiados, no para suplir a jueces unipersonales. d) No, porque el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley no es un derecho fundamental, sino que se constituye para la configuración de la organización judicial.

¿Será necesaria la intervención de abogado para presentar la solicitud de medidas provisionales con carácter previo al juicio? ¿Y posteriormente?. A) No será necesaria en ningún momento del procedimiento. B) Será necesaria tanto para la solicitud inicial como para los escritos posteriores. C) No será necesario abogado para solicitar las medidas urgentes antes del juicio, pero sí deberá intervenir en escritos y actuaciones posteriores. D) Solo será necesaria la intervención de abogado si lo solicita la parte contraria.

No siendo preceptiva su intervención, si el demandante decide comparecer a través de abogado y procurador y así consta en la demanda, ¿en qué plazo debe el demandado comunicar al tribunal que también pretende valerse de dichos profesionales?. a) Recibida la notificación de la demanda, lo comunicará al tribunal dentro de los cinco días siguientes. b) Recibida la notificación de la demanda, lo comunicará al tribunal dentro de los tres días siguientes. c) Recibida la notificación de la demanda, lo comunicará al tribunal dentro de los diez días siguientes. d) No tendrá plazo para comunicarlo, basta que concurra con ellos en la primera de las actuaciones.

En un procedimiento donde la intervención de abogado y procurador no es preceptiva, Luis decide intervenir con ambos profesionales. Finalizado el procedimiento con condena en costas de la parte contraria, ¿podrá incluirse en ella los honorarios devengados por los referidos profesionales?. A) Sí, siempre que se haya producido condena en costas, independientemente de la preceptividad. B) Sí, pero solo si la parte contraria también intervino con abogado y procurador. C) No, cuando la intervención de abogado y procurador no sea obligatoria, deberán excluirse sus honorarios de la condena en costas. D) No, salvo que el juez lo autorice expresamente en la sentencia.

¿Tiene alguna excepción la regla general que impide incluir los honorarios de abogado y procurador en costas cuando su intervención no es preceptiva?. A) No, la regla se aplica de forma absoluta sin excepciones. B) Sí, cuando el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o el domicilio de la parte representada esté en lugar distinto al del juicio. C) Sí, siempre que el abogado y procurador hayan sido previamente designados de oficio. D) Solo si ambas partes han intervenido con abogado y procurador, aunque no fuera obligatorio.

¿Un acusado en procedimiento penal abreviado podrá ser representado por abogado durante todo el procedimiento, prescindiendo del procurador?. a) Sí, la representación en el procedimiento penal abreviado le corresponde en todo caso al abogado. b) No, en ningún caso. En el procedimiento penal abreviado será necesaria la intervención de abogado y procurador desde que se inicie el procedimiento. c) No, en el procedimiento penal abreviado será necesario que la representación se lleve a cabo por procurador desde el trámite de apertura del juicio oral. d) No, en el procedimiento penal abreviado será necesario que la representación se lleve a cabo por procurador desde la fase de instrucción.

Una persona contrata a un abogado para encargarse de un procedimiento de adopción ante el Juzgado de Primera Instancia de Ourense. Sin embargo, al cliente le informan que no es preceptiva la asistencia de abogado en un procedimiento de adopción. ¿Es esto cierto?. a) Sí, en los procedimientos de adopción regulados en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el cliente no puede acudir asistido de abogado. b) Sí, en los procedimientos de adopción regulados en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, no es preceptiva la asistencia de abogado, pero ello no obsta a que el cliente pueda estar asistido por abogado. c) No, en los procedimientos de adopción al tratarse de actos de jurisdicción voluntaria de carácter especial, será preceptiva la asistencia de abogado y procurador. d) Sí, en los procedimientos de adopción al tratarse de actos de jurisdicción voluntaria, únicamente es preceptiva la asistencia de procurador.

Quien ejerza la patria potestad de un menor nombrado heredero de un patrimonio podrá repudiar su herencia con autorización judicial. ¿Para este trámite será necesario acudir con abogado?. a) No, para la tramitación de estos expedientes de jurisdicción voluntaria no será preceptiva la intervención de abogado cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros. b) No, para la tramitación de estos expedientes de jurisdicción voluntaria no será preceptiva la intervención de abogado en ningún caso. c) Sí, para la tramitación de estos expedientes de jurisdicción voluntaria será preceptiva la intervención de abogado al tratarse de un menor de edad. d) Sí, para la tramitación de estos expedientes de jurisdicción voluntaria será preceptiva la intervención de abogado cuando la cuantía del haber hereditario sea igual o superior a 3.000 euros.

En el expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, ¿la persona con discapacidad podrá elegir a su abogado y procurador? Indique la respuesta correcta. a) Sí, la persona con discapacidad podrá actuar con su propia defensa y representación. En el caso de que no designara a estos profesionales, se pedirá en la solicitud que se le designe abogado y procurador. b) Sí, la persona con discapacidad podrá actuar con su propia defensa y representación. En el caso de que no designara a estos profesionales, se pedirá en la solicitud que se le designe un defensor judicial, que actuará por medio de abogado y procurador. c) No, la persona con discapacidad no podrá actuar con su propia defensa y representación, se le asignará de oficio un defensor judicial, que actuará por medio de abogado y procurador. d) No, la persona con discapacidad no podrá actuar con su propia defensa y representación, se pedirá en la solicitud que se le designe un defensor judicial, que actuará por medio de abogado y procurador.

Para la presentación de un recurso de revisión contra la resolución definitiva dictada en un expediente de jurisdicción voluntaria, ¿es necesario abogado? Indique la respuesta correcta: a) No, nunca es necesaria la actuación de abogado para la presentación del recurso por ser un acto de jurisdicción voluntaria. b) No, solo es necesaria la actuación de abogado para la presentación del recurso de apelación que se interponga contra la resolución definitiva que se dicte en el expediente. c) No es necesaria la actuación de abogado, pero el cliente puede asistirse del mismo si así lo desea. d) Sí, en todo caso es necesaria la actuación de abogado para la presentación del recurso de revisión que se interponga contra la resolución definitiva que se dicte en el expediente.

En el caso de un funcionario público, que recurre en vía administrativa una resolución por la que se le deniegan determinados derechos de carácter estatutario, en relación con su carrera profesional, si desea recurrir ante los juzgados contencioso- administrativos, ¿necesitará abogado y procurador?. a) No, podrán comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. b) No, podrán comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos en cualquier clase de procedimiento. c) Como debe recurrir ante un órgano judicial unipersonal, necesitará la representación de procurador, pero no la asistencia de abogado. d) Sí, porque ante la jurisdicción contencioso-administrativa siempre es preceptivo estar representado por un procurador y asistido por un abogado.

Un abogado presenta un recurso de apelación contra una resolución del Juzga- do de Instrucción de Melilla, que es inadmitido por entender que se formuló fuera de plazo. ¿Ante qué órgano y sección debería presentar el abogado el recurso de queja correspondiente?. a) Ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. b) Ante la sección octava de la Audiencia Provincial de Málaga. c) Ante la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz. d) Ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

El Juzgado de Instrucción n.º 1 de Ceuta dicta resolución inadmitiendo la in- terposición de recurso de apelación ante la respectiva audiencia provincial. ¿La abogada de la parte recurrente ante qué sección y audiencia deberá interponer el recurso de queja?. a) Sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. b) Sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz. c) Sección tercera de Audiencia Provincial de Huelva. d) Sección octava de la Audiencia Provincial de Málaga.

¿Cuál es el ámbito territorial de competencia de los juzgados especializados en marca comunitaria con sede en Alicante, según el artículo 3.6 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre?. A) Únicamente sobre la Comunidad Valenciana. B) Sobre todo el territorio de la Unión Europea. C) Solo sobre la provincia de Alicante. D) Sobre todo el territorio nacional.

¿Cuenta el Tribunal Superior de Justicia con una sala de apelación como tal?. A) Sí, cuenta con una sala de apelación independiente. B) Sí, la sala de lo civil y penal actúa siempre como sala de apelación. C) No, solo cuenta con la sala de apelación en casos de recursos civiles y penales. D) No, el Tribunal Superior de Justicia únicamente cuenta con la Sala de lo Civil y Penal, Sala de lo Contencioso-Administrativo y Sala de lo Social.

¿Puede el Gobierno de la Nación transformar el Juzgado de lo Penal número 3 de Ceuta en juzgado de 1.ª instancia e instrucción con el objeto de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia? Indique la respuesta correcta. a) Si, por real decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia con carácter preceptivo de la comunidad autónoma correspondiente. b) Sí, por ley, a propuesta del Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia con carácter preceptivo de la comu- nidad autónoma. c) No, porque no es posible transformar juzgados de una clase en juzgados de clase distinta. d) Si, por real decreto-ley, a propuesta del Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia con carácter preceptivo de la comunidad autónoma correspondiente.

En relación con la división territorial en que se organiza el Estado a efectos judiciales, marque la respuesta correcta: a) La modificación de partidos se podrá realizar en función del número de asuntos que se tramiten en ellos. b) Para la modificación de partidos judiciales se atenderá a las características de la población, medios de comunicación y comarcas naturales del territorio. c) El partido judicial podrá coincidir con la demarcación provincial. d) Todas son verdaderas.

La creación de secciones y juzgados (secciones de las audiencias provinciales y tribunales y de plazas judiciales, a partir del 03/04/2025) que no suponga altera- ción de la demarcación judicial ¿a quién corresponde?. a) La creación de secciones y juzgados corresponderá al Gobierno cuando no su- ponga alteración de la demarcación judicial, oídos preceptivamente la comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial. b) La creación de secciones y juzgados corresponderá a la comunidad autónoma afectada cuando no suponga alteración de la demarcación judicial, oídos precep- tivamente el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. c) La creación de secciones y juzgados corresponderá al Gobierno cuando no su- ponga alteración de la demarcación judicial, oídos preceptivamente el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. d) La creación de secciones y juzgados corresponderá al Ministerio de Justicia cuan- do no suponga alteración de la demarcación judicial, oídos preceptivamente la comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.

Los juzgados de violencia sobre la mujer (secciones de violencia sobre la mujer, desde el 03/04/2025) tienen su sede: a) En la capital del partido judicial. b) En cualquiera de los municipios del partido judicial. c) En las capitales de provincia. d) En todas las poblaciones con más de 75.000 habitantes.

Cómo se organiza el Estado, a efectos judiciales, según el artículo 30 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial?. A) En Comunidades Autónomas, Provincias, Partidos Judiciales y Municipios. B) En Comunidades Autónomas, Partidos Judiciales, Provincias y Municipios. C) En Municipios, Partidos Judiciales, Provincias y Comunidades Autónomas. D) En Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas.

Paderne pertenece al Municipio de Bergondo que forma parte del partido judicial de Betanzos, en A Coruña. Si bien, se pretende que durante el año 2024 Paderne se convierta en un municipio independiente. Cuando se efectúe la segregación, ¿a qué partido judicial pertenecerá Paderne?. a) Continuará perteneciendo al partido judicial de Betanzos. b) Dependerá del número de habitantes que tenga el municipio de Paderne cuando se segregue. c) La segregación del municipio en ningún momento afectará a la organización judi- cial pues es una competencia exclusiva de las CCAA. d) Si el partido judicial limítrofe tuviera mayor población que Betanzos se integrará en el mismo.

Chiara, ciudadana italiana, alquila una vivienda en Palma de Mallorca y acuerda en el contrato una cláusula de sumisión expresa a los tribunales italianos. Posteriormente, surgen problemas con el arrendamiento. ¿Qué tribunales serán competentes para conocer del litigio, según el artículo 22 de la LOPJ?. A) Los tribunales italianos, por haber sumisión expresa en el contrato. B) Los tribunales de Italia o España, a elección de Chiara. D) Los tribunales italianos, al tratarse de una ciudadana extranjera con residencia habitual en Italia. C) Los tribunales españoles, con carácter exclusivo por tratarse de un contrato sobre un inmueble situado en España.

¿Qué situación se produce actualmente en relación con el artículo 23.3 de la LOPJ y el delito de sedición, tras la entrada en vigor de la LO 14/2022, de 22 de diciembre?. A) El artículo 23.3 de la LOPJ ha sido automáticamente derogado junto con el delito de sedición. B) El artículo 23.3 de la LOPJ sigue mencionando el delito de sedición, aunque este ha sido suprimido del Código Penal por la LO 14/2022. C) La LOPJ fue modificada simultáneamente para eliminar toda referencia a la sedición. D) La competencia de los tribunales españoles sobre delitos de sedición ha sido transferida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Un español se va de viaje a Colombia donde trafica con drogas. A su vuelta a España, un amigo lo denuncia por haber cometido un delito de tráfico ilegal de drogas. ¿Es competente la jurisdicción española para conocer de estos hechos?. a) Sí, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometi- dos por españoles fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como delito de tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. b) Sí, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometi- dos por españoles fuera del territorio nacional en todo caso. c) No, los hechos se han cometido en el extranjero, y la jurisdicción española no es competente para su investigación. d) No. Deberían los tribunales extranjeros inhibirse expresamente.

Fernando, ciudadano español, soldador de profesión y residente en Bruselas, es contratado por José, un empresario español con domicilio en Brujas, para trabajar en unas obras. El contrato se firma en Bruselas. Por diversos problemas, José des- pide a Fernando, y este regresa a España. Una vez en su país, acude a un abogado con el fin de demandar al empresario por el despido que considera improcedente. ¿Es competente la jurisdicción española de lo social?. a) Sí, ya que trabajador y empresario tienen nacionalidad española. b) No, ya que la competencia para conocer de la demanda es la de prestación de los servicios o el lugar de residencia del trabajador al tiempo de celebrar el contrato. c) Sí, el trabajador como tiene nacionalidad española debe presentar su demanda siempre ante los tribunales españoles, con independencia de la nacionalidad o domicilio del empresario. d) El trabajador podrá presentar la demanda eligiendo entre el lugar de celebración del contrato o el lugar del domicilio del demandado.

¿Cuál de los siguientes criterios se aplica prioritariamente para determinar la competencia territorial en el proceso civil, según la Ley de Enjuiciamiento Civil?. A) El lugar donde se firmó el contrato. B) El domicilio del demandante. C) El domicilio del demandado. D) El lugar donde se produzcan los efectos del acto jurídico.

Con motivo de unas filtraciones en un piso contiguo al de Juan, situado en la lo- calidad de Betanzos (A Coruña), su vivienda sufre una serie de daños en el techo, suelo, etc., cuya reparación asciende a la cantidad de 5.000 euros. El propietario del piso causante de esas filtraciones vive en la ciudad de Lugo. Juan acude a un abogado con la intención de demandar al propietario del piso causante de las filtraciones. ¿Qué órgano será el competente territorialmente?. a) El juez de primera instancia de Lugo. b) El juez de primera de instancia de Betanzos. c) El juez decano de Lugo. d) El juez decano de A Coruña.

En un proceso de divorcio contencioso, si los cónyuges viven en partidos judiciales diferentes, ¿qué tribunal sería competente para conocer de la demanda? Indique la respuesta correcta: a) Será tribunal competente para conocer de este procedimiento el juzgado de primera instancia del lugar del domicilio conyugal en todo caso. b) Será tribunal competente para conocer de este procedimiento el juzgado de primera instancia del lugar del domicilio del demandado en todo caso. c) Será tribunal competente para conocer de este procedimiento, a elección del demandante, el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado. d) Será tribunal competente para conocer de este procedimiento, a elección del demandado, el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandando.

Una persona desea interponer una demanda por intromisión al honor y a su intimidad personal, por diversos comentarios de un usuario de Twitter. ¿Qué tribu- nal sería competente para conocer de la demanda? Indique la respuesta correcta: a) En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate. b) En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el tribunal del domicilio del demandado, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate. c) En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el domicilio del demandado. d) En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el tribunal del domicilio del demandante o el domicilio del de- mandado, indistintamente.

Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados o tribunales y la Administración serán resueltos: a) Por una sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el presidente y com- puesta por dos magistrados. c) Por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, con sede en el Tribunal Supremo. b) Por un órgano colegiado constituido por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por cinco vocales. d) Por el Tribunal Constitucional.

Una empresa es declarada en concurso por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona. Durante la situación de concurso, tiene lugar un apremio de la Seguri- dad Social por una deuda de la empresa, por el que procede un embargo adminis- trativo. El abogado de la empresa en concurso de acreedores solicita al juzgado el levantamiento del embargo, que es estimado, pero la Administración se opone a ello. ¿Qué órgano resolverá este conflicto?. a) Un órgano colegiado constituido por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por cinco vocales, de los que dos serán magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros tres serán consejeros permanentes de Estado, actuando como secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo. b) Por una sala del Tribunal Supremo formada por el presidente del Tribunal Supremo, que la presidirá, dos magistrados de la sala del Tribunal Supremo del orden jurisdic- cional en conflicto y dos magistrados de la sala de lo contencioso-administrativo, todos ellos designados por el pleno del Consejo General del Poder Judicial. c) Por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, con sede en el Tribunal Supremo. d) Por una sala especial del Tribunal Supremo formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente la modificación introducida por la Ley Orgánica 1/2025 en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?. A) La Sección de Instrucción de los Tribunales de Instancia es competente para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, sin excepciones. B) La instrucción de las causas corresponde exclusivamente al Juez Central de Instrucción, sin posibilidad de atribución a otras secciones. C) Las Secciones de los Tribunales de Instancia con competencia en materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia tienen competencias ampliadas, incluyendo la instrucción de ciertos delitos y la emisión de instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. D) El artículo 14 de la LECrim ha sido derogado por completo por la Ley Orgánica 1/2025.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el principio de preferencia del orden jurisdiccional penal según la Ley Orgánica del Poder Judicial?. A) El orden civil puede prevalecer sobre el penal si existe una causa civil pendiente sobre los mismos hechos. B) El orden contencioso-administrativo puede plantear conflicto de competencia al orden penal si lo considera competente. C) El orden penal solo es preferente si hay delito flagrante. D) El orden jurisdiccional penal es siempre preferente, y ningún juez o tribunal puede plantear conflicto de competencia a sus órganos.

¿Cabe interponer algún tipo de recurso, ordinario o extraordinario, contra las resoluciones dictadas en la tramitación de los conflictos de competencia según el artículo 49 de la LOPJ?. A) Sí, cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. B) Sí, pero solo cabe recurso extraordinario por infracción procesal. D) Sí, en los conflictos entre órganos de distintos órdenes jurisdiccionales. C) No, las resoluciones dictadas en la tramitación de los conflictos de competencia no son susceptibles de recurso alguno.