DEONTOLOGIA UNIR 2026

El Consejo General de la Abogacía Española: A. Es la Corporación de Derecho Público que, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, representa, coordina y defiende los intereses de la Abogacía española ante la Administración del Estado, los otros poderes y órganos del Estado y las Instituciones internacionales y supranacionales, incluidas las entidades similares de otros Estados. B. Está integrado por todos los Colegios de la Abogacía de España, con domicilio en Valladolid, sin perjuicio de que pueda celebrar reuniones en cualquier otro lugar del territorio español (artículo 89.3 EGAE). C. Los órganos rectores del Consejo General son el Pleno, la Junta General y el presidente. D. Entre las funciones del CGAE en el nuevo EGAE se incluye la creación de una comisión para la mediación con los poderes públicos o la constitución de un órgano centralizado de protección de datos, en los términos y con las funciones establecidas en la normativa vigente.

Respecto de la hoja de encargo y la elaboración de un presupuesto previo en el ejercicio de la abogacía: A. Existe obligación del abogado de facilitar un presupuesto suficientemente detallado a su cliente, si este lo pide, conforme a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio. B. El letrado tiene siempre la obligación de entregar presupuesto previo al inicio de sus servicios que tiene que ofrecerse en documento separado a la hoja de encargo profesional. C. La hoja de encargo profesional resulta siempre obligatoria antes de iniciar los servicios profesionales conforme al EGAE y el CDAE. D. El artículo 29 del EGAE recoge de forma expresa la obligación del abogado o la sociedad profesional de entregar una factura al cliente siempre que este solicite la misma.

30. El letrado que ejerza por cuenta ajena, ya sea sujeto al régimen de contratación general del Estatuto de los Trabajadores o a la relación laboral especial del Real Decreto 1331/2006 declarará sus ingresos en el IRPF: A. Como rendimientos de actividades económicas. B. Como rendimientos de capital inmobiliario. C. Como rendimientos de trabajo personal. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Podemos considerar como actos procesales: A. Todas aquellas actuaciones realizadas, por los órganos jurisdiccionales o por las partes, a fin de obtener el fin que se persigue en el procedimiento. B. Todas aquellas actuaciones realizadas, sólo por las partes, a fin de obtener el fin que se persigue en el procedimiento. C. Todos los acontecimientos o las situaciones que escapan de la voluntad de las partes, produciendo, sin embargo, efectos jurídicos. D. Todas acciones o pretensiones de las partes ejercitadas en el proceso judicial.

32. Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece la posible potestad disciplinaria por los tribunales de dicho orden jurisdiccional no es correcta: A. Está prevista para el caso de que alguna de las partes hubiera actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal. B. Pueden los tribunales imponer, en pieza separada, mediante acuerdo motivado y respetando el principio de proporcionalidad una sanción. C. La sanción a imponer es una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros. D. La multa a imponer no guarda relación con la cuantía del proceso.

33. Los profesionales de la Abogacía están obligados en las relaciones con otros compañeros: A. En todo caso, a comunicar al Colegio la intención de interponer, en nombre propio o del cliente, una acción de responsabilidad civil o penal contra otro profesional de la Abogacía, derivada del ejercicio profesional o del ámbito de su vida privada. B. En todo caso, a comunicar al Colegio la intención de interponer, en nombre propio o del cliente, una acción de responsabilidad civil contra otro profesional de la Abogacía, derivada del ejercicio profesional excluyendo de esta obligación la responsabilidad penal. C. En todo caso, a comunicar al Colegio la intención de interponer, en nombre propio o del cliente, una acción de responsabilidad civil o penal contra otro profesional de la Abogacía, derivada del ejercicio profesional. D. A comunicar al Colegio la intención de interponer, en nombre propio o del cliente, una acción de responsabilidad civil o penal contra otro profesional de la Abogacía, derivada del ejercicio profesional sólo en los casos en los que no se hubiera podido contactar con el letrado responsable.

34. La competencia para evaluar las solicitudes de incorporación al Colegio de Abogados, su aprobación, suspensión o denegación, a través de la emisión de una resolución motivada corresponde: A. A la Junta de Gobierno correspondiente a cada Colegio. B. Al Decano correspondiente a cada Colegio. C. Al Consejo General de la Abogacía Española. D. A la Delegación competente en cada Consejo Autonómico.

35. Todos los colegiados incorporados con anterioridad a la fecha de la convocatoria de la Junta General podrán asistir con voz y voto a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias que se celebren: A. Si, siempre que lleven tres meses incorporados al Colegio y el voto de los colegiados ejercientes computará con doble valor que el de los demás colegiados, salvo que los Estatutos particulares los equipare. B. Si, sin ningún requisito temporal de colegiación pero el voto de los colegiados ejercientes computará con doble valor que el de los demás colegiados, salvo que los Estatutos particulares los equipare. C. Si, sin ningún requisito temporal de colegiación y el voto de los colegiados ejercientes computará igual que el de los demás colegiados, salvo que los Estatutos particulares los equipare. D. No, para asistir a la Juntas Generales ordinarias y extraordinarias que se celebren es necesario ser miembro de la Junta de Gobierno.

36. Matías Martín ha asistido a Pontevedra a la vista del juicio desde Madrid, lugar donde tiene su despacho profesional. Su cliente obtiene un pronunciamiento favorable, que incluye el abono de las costas causadas. Al presentar su minuta ante el Juzgado para tasación de costas: A. Debe incluir los gastos de avión, pero no los de taxi. B. Debe incluir todos los gastos de desplazamiento. C. No deben incluirse esos gastos. D. Debe decidir el tribunal.

37. El abogado visitante que ejerce la profesión de forma permanente en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: A. Tienen la posibilidad de abrir despacho profesional en España transcurridos dos años desde su ejercicio. B. Deberán llegar a un concierto con un letrado colegiado en el colegio en cuyo territorio vayan a prestar sus servicios de cara a los actos que realicen ante juzgados, tribunales u organismos públicos, pero no para asistir a detenidos o presos de su país de origen. C. Deberán respetar tanto las normas que rigen la profesión en España como las correspondientes en el Estado de origen, debiendo cumplir ambas durante su ejercicio en España. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

38. Cuando hablamos de planta judicial estamos haciendo referencia: A. A los Partidos judiciales, correspondientes a las unidades territoriales compuestas por uno o por más de un municipio limítrofe, dependiendo de su extensión. B. Tanto al número como a la composición de cada uno de los órganos judiciales, los cuales podrán ser modificados por el Gobierno, creando secciones y juzgados, siempre que no se altere la demarcación judicial. C. A la creación de tribunales y juzgados de nueva planta así como a la organización y delimitación funcional y territorial de los ya existentes. D. A la transformación de un juzgado de una clase jurisdiccional determinada en otro de una clase diferente.

39. ¿Cuál sería el proceder correcto de un Abogado de oficio que informa a su cliente de que acaba de obtener una sentencia favorable, que ya es firme, en un juicio ordinario en el cual litigaba con el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita si el cliente pide al Abogado que inste la ejecución de la resolución judicial?. A. El Abogado de oficio debe indicar al cliente que tiene que pedir el nombramiento de un nuevo letrado de oficio para que le lleve la ejecución, puesto que sus funciones de asistencia jurídica gratuita acaban con la sentencia. B. El Abogado de oficio debe instar la ejecución de la sentencia. C. El Abogado de oficio debe indicar al cliente que tiene que esperar dos años para pedir la ejecución de la sentencia, y entonces solicitar un nuevo Abogado de oficio. D. El Abogado de oficio debe recomendar al cliente el que considere que es el mejor Abogado para llevar la ejecución de la sentencia.

El Estatuto General de la Abogacía es una norma: A. Cuyo proyecto elabora el Consejo General de la Abogacía y es aprobado por el Gobierno, mediante Real Decreto, a través del Ministerio de Justicia. B. Elaborada y aprobada por el Consejo General de la Abogacía, y con fuerza vinculante para los profesionales colegiados, pero no terceros. C. Cuyo proyecto elabora el Ministerio de Justicia, con informe preceptivo del Consejo General de la Abogacía, y aprobada mediante Real Decreto. D. Con rango de Ley ordinaria, impulsada por el Ministerio de Justicia, con informe preceptivo del Consejo General de la Abogacía.

1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) requiere al abogado Jon información sobre su cliente, la empresa Ocio Nocturno S.A., que es trascendente para el cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales. Una vez facilitada dicha información al SEPBLAC, Jon se plantea avisar a su cliente para que sepa que está siendo objeto de una inspección. Indique la opción más correcta: A. Debe informar a su cliente, pues no puede ocultarle información sobre un expediente. B. Debe informar a su cliente, pero solo si todavía no se ha examinado por el SEPBLAC alguna operación. C. No debe informar a su cliente por estar prohibido por la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. D. No debe informar a su cliente, por estar sujeto al secreto profesional.

2. Un cliente de Miguel, abogado en Lugo, está satisfecho con los honorarios y servicio recibido por el abogado. Sin embargo, solicita una factura detallada de los servicios profesionales reflejados en la hoja de encargo ¿Tiene la obligación Miguel de emitir la citada factura?. A. Sí. La emisión de factura detallada es un derecho del cliente y un deber del abogado, en caso de ser requerida por el cliente. B. No. La factura no es necesaria puesto que la cantidad solicitada es la misma que la consignada en la hoja de encargo. C. Sí, en caso de que se produzca una desconfianza del cliente. De lo contrario, solo se proporciona un justificante de pago. D. No. Una factura detallada podría violar el secreto profesional, por lo que solo están obligados a emitir una factura simple con el IVA correspondiente.

3. Sofía acaba de colegiarse como abogada en Cantabria y abre un despacho de abogados en un edificio donde se encuentran despachos de otras profesiones. Por ello, para confeccionar la placa a poner en el edificio, considera que será más visible si incluye el logo del colegio ¿Estaría actuando de modo correcto?. A. Sí es posible, pero en este caso, puesto que es el único modo de evitar las confusiones entre los posibles clientes. B. No es posible, excepto en el caso de que la Junta de Gobierno del colegio hubiese concedido autorización expresa e individualizada a Sofía para ello. C. Sí es posible, puesto que, una vez colegiada, Sofía es miembro del colegio de pleno derecho y, por tanto, puede hacer uso libremente del logo colegial para este tipo de publicidad. D. No es posible hacer uso del logo del colegio, pues la normativa prohíbe su uso publicitario por los colegiados.

4. Mario, abogado de Paqui en un asunto de división de cosa común, recibe el encargo de otro comunero, Evaristo, para que asuma la defensa de sus intereses en el mismo pleito. Evaristo sabe que Mario es abogado de Paqui. Mario acepta, ocultando este hecho a Paqui, negocia una solución extrajudicial y firma un acuerdo con el resto de los comuneros, obteniendo un importante beneficio para Evaristo. ¿Actuó Mario correctamente?. A. Mario actuó correctamente, pues consiguió un buen resultado para Evaristo. B. Mario no actuó correctamente, pues no debió asumir la defensa de Evaristo sin el consentimiento de Paqui. C. Mario actuó correctamente pues puede elegir libremente a sus clientes sin que nada condicione o limite su libre elección. D. Mario actuó incorrectamente pues nunca se puede defender a dos personas en el mismo pleito.

5. María tiene en su poder algunas cartas de su cliente, Luis, que éste le ha entregado para preparar su proceso de divorcio de Aurelia, su mujer. Durante el proceso de divorcio, Luis rompe su relación con María y contrata a Juan para que le lleve el divorcio. En esta situación, María podrá: A. Fotocopiar las cartas y devolver a Luis los originales. B. Retener las cartas de Luis hasta tanto se liquide el pago de sus honorarios. C. Negarse a pasar esta documentación a Juan hasta tanto no haya recibido sus honorarios. D. Revelar al juez el contenido de las cartas para facilitar así que se llegue a un acuerdo entre las partes.

6. Una de las siguientes conductas que ha realizado Marta como abogada no constituye un supuesto que pueda generar responsabilidades penales para ella. Esa conducta es: A. Marta asesoró a Bruno, divorciado, sobre las posibilidades legales para conseguir una rebaja de la pensión compensatoria que venía obligado a satisfacer a su esposa Irene. Posteriormente, y sin consentimiento de Bruno, Marta representó a Irene oponiéndose a la rebaja pretendida por Bruno en el procedimiento de modificación de medidas de divorcio que finalmente interpuso Bruno. [DR1.1]. B. Marta, actuando en un procedimiento de despido, pese a ser sabedora de que no iban a declarar la verdad, presentó a varios testigos al juicio que expusieron un relato de hechos ficticio que la propia Marta había inventado para favorecer a su patrocinado. C. Pese a estar correctamente citada, no compareció a la declaración del investigado al que defendía ante el Juzgado de Instrucción, provocando que dicha declaración hubiera de suspenderse. D. Pese a que en un procedimiento en el que intervenía se hallaba declarado el secreto de las actuaciones, Marta reveló su contenido.

7. Elena se encuentra inmersa en un proceso de divorcio. Como no está contenta con la actuación de su abogado, Miguel, acude a otro despacho. Sin embargo, cuando informa a Miguel de su decisión, éste le comunica que no entregará la documentación, ni la venia hasta que cobre sus honorarios ¿Puede actuar el abogado de ese modo?. A. No. Una vez avisado de su sustitución (solicitada la venia), Miguel no puede negarla; al igual que debe entregar la documentación de la cliente. B. Cierto. Mientras Miguel no reciba la liquidación de sus honorarios, no tiene el deber deontológico de entregar la documentación, ni la venia al nuevo abogado. C. Miguel habrá de dar la venia, puesto que no la puede negar, pero mientras no cobre sus honorarios, podrá retener la documentación. D. Miguel habrá de entregar la documentación, puesto que no la puede negar. Sin embargo. no dará la venia mientras no cobre íntegramente sus honorarios.

8. Ernesto, abogado de reciente colegiación, pregunta a un amigo, también abogado, con mucha más experiencia si un caso que le acaba de entrar, podría posponerlo durante diez días, ya que está ocupado en otro asunto ¿Cuál debería de ser el consejo de su amigo?. A. Que no existe problema en hacerlo, puesto que no se produce ninguna consecuencia jurídica. B. Que, si lo retrasa, el deber de diligencia exige exponerlo al cliente cuando transcurran los diez días, para que el cliente se dé por enterado. C. Que el CDAE no señala nada sobre ese asunto, por lo que, dentro de la libertad de actuación del abogado, podrá iniciar el asunto cuando más le convenga a su agenda profesional. D. Que el CDAE establece un deber de diligencia exigible a todo buen abogado, por lo que habría de avisar al cliente para poder posponer el asunto.

9. El abogado tiene derecho a solicitar y percibir la entrega de cantidades en concepto de fondos a cuenta de los gastos suplidos, o de sus honorarios: A. En todo caso con carácter previo a la tramitación del asunto con absoluta libertad en cuanto a su cuantía. B. Tanto con carácter previo como durante la tramitación del asunto con absoluta libertad en cuanto a su cuantía. C. Tanto con carácter previo como durante la tramitación del asunto de manera estimada a los honorarios del asunto. D. Las provisiones de fondos fueron declaradas inconstitucionales por sentencia del Tribunal Constitucional.

10. El Código Deontológico de la Abogacía Española... A. No regula las relaciones de los abogados con los tribunales. B. Regula las relaciones de los abogados con los tribunales de forma exclusiva. C. Regula las relaciones de los abogados con los tribunales. D. Deja que el control de la actividad de los abogados ante los tribunales se ejerza de forma exclusiva por estos.

11. ¿Dónde debe sentarse un abogado en un juicio?. A. En el estrado, un escalón por debajo del Juez. B. En el estrado, preferentemente al mismo nivel que el Juez. C. En el estrado, al lado de su cliente. D. Al lado de su cliente.

12. ¿Puede el abogado hacer alusiones personales a un Juez en un escrito judicial?. A. No, nunca. B. No, pero puede haber alguna excepción, como en el caso de una recusación. C. Si, el derecho a la libertad de expresión le ampara. D. Si, si pide el auxilio de su colegio.

14. ¿Es necesario comunicar a mi colegio profesional las circunstancias personales que afecten al ejercicio de mi profesión?. A. No, es mi vida privada. B. No, salvo que necesite pedir un certificado a mi Colegio. C. Si, porque tienen incidencia en mi ejercicio profesional y el Colegio debe conocerlo. D. Si, el Colegio debe controlar mi actividad profesional.

15. La denuncia del intrusismo o del ejercicio ilegal de la profesión... A. Es una obligación colegial de todo abogado. B. Es una obligación de todo abogado, a ejercitar ante los tribunales de justicia. C. Es recomendable para todo abogado, para prestigiar la profesional. D. Es una obligación de los colegios profesionales.

16. En el caso de que un abogado esté colegiado como ejerciente en el Colegio de Abogados de Toledo... A. Podrá ejercer en el territorio de aquellos colegios con los que su colegio tenga convenio de colaboración. B. Solo podrá ejercer en el territorio del Colegio de Abogados de Toledo. C. Podrá ejercer en todo el territorio nacional previa comunicación al colegio donde vaya a actuar. D. Podrá actuar en todo el territorio nacional sin restricción alguna.

17. En caso de que las negociaciones con el abogado contrario no fructifiquen... A. Tengo libertad para iniciar acciones judiciales en defensa de los intereses de mi cliente. B. Tengo que solicitar del abogado contrario autorización para iniciar un proceso judicial. C. Debo advertir al abogado contrario del cese de las negociaciones con carácter previo a interponer el proceso judicial. D. El cliente debe advertir a su contrario del cese de las negociaciones.

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fiscalidad del abogado y el IVA es incorrecta?. A. El abogado está sujeto al IVA por la prestación de sus servicios a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de la actividad profesional; incluso, si se efectúa en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes. B. La Ley del IVA establece en su artículo 1 que el impuesto es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava, entre otras -y por lo que atañe al ejercicio de la Abogacía-, operaciones y prestaciones de servicios efectuadas por profesionales. C. El abogado está sujeto al IVA por la prestación de sus servicios a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de la actividad profesional con excepción de los servicios que efectúe en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes. D. Como regla general el devengo del impuesto se produce cuando se presta el servicio. En el caso de un abogado, el devengo se produce cuando concluye el asunto encargado.

19. El abogado que trabaja por cuenta ajena deberá ser dado de alta en: A. El Régimen General de la Seguridad Social en todo caso, pero puede complementar su prestación abonando las cuotas de la mutualidad, a modo de plan de pensiones privado, con la Seguridad Social. B. El Régimen General de la Seguridad Social o, alternativamente, darse de alta en la Mutualidad. C. El Régimen General de la Seguridad Social o en el RETA, en cuyo caso no puede complementar su prestación abonando las cuotas de la mutualidad, a modo de plan de pensiones privado, con la Seguridad Social. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

20. Miguel, abogado del Colegio de Cáceres, cambia su residencia a Málaga, donde el Colegio ha establecido una serie de normas deontológicas, además de las recogidas en el Código Deontológico de la Abogacía Española (CDAE) ¿Esta situación es posible?. A. No es posible, pues para ello habría que modificar el propio CDAE. B. Sí es posible, pues las normas del CDAE pueden ser desarrolladas por los colegios de abogados. C. No es posible, pues la potestad para la introducción de normas deontológicas complementarias la tiene el Consejo General de la Abogacía Española. D. Sí es posible, pero únicamente si el colegio de Málaga esté autorizado por el Consejo Autonómico de Andalucía.

21. Cuando un abogado considere que un tribunal está limitando su derecho a la independencia profesional... A. Podrá ponerlo exclusivamente en conocimiento del CGPJ. B. Podrá solicitar el amparo de su Colegio profesional. C. Podrá solicitar el amparo del Consejo General de la Abogacía Española. D. Deberá interponer una querella frente al magistrado.

22. Según ha establecido el propio Tribunal Constitucional: A. Las normas de la deontología profesional constituyen simples tratados de deberes morales sin consecuencias en el orden disciplinario. B. Al contrario, tales normas determinan obligaciones de necesario cumplimiento por los colegiados y responden a las potestades públicas que la ley delega en favor de los Colegios para ordenar la actividad profesional de los colegiados. C. Las normas de deontología profesional solo son de obligado cumplimiento para los abogados que expresamente han asumido dichas obligaciones de forma voluntaria al colegiarse. D. Todas las anteriores son incorrectas.

23. En el caso de incurrir en causa de incompatibilidad... A. Debo cesar en el ejercicio profesional, salvo que la Junta de Gobierno del Colegio me autorice al ejercicio simultaneo de ambas profesiones. B. Debo comunicarlo de forma inmediata a la Junta de Gobierno, cesando en el ejercicio profesional. C. No debo realizar actuación alguna ya que el control de las incompatibilidades es jurisdiccional. D. No debo realizar actuación alguna ya que el Estatuto General de la Abogacía no contempla regulación alguna sobre esta cuestión.

24. Cuál de las siguientes causas determina la incapacidad para ejercer la profesión de abogado. A. La inhabilitación o la suspensión para el ejercicio de la abogacía por sentencia o resolución judicial firme. B. Las sanciones disciplinarias firmes que lleven aparejada la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de cualquier Colegio de la Abogacía, que tendrá eficacia en todo el territorio nacional. C. Los impedimentos que, por su naturaleza o intensidad, no permitan el cumplimiento de la misión de defensa y asesoramiento que a los profesionales de la Abogacía se encomienda. D. Las tres respuestas son correctas.

25. El derecho a la libertad de defensa... A. Permite al abogado impugnar siempre los honorarios del abogado contrario en caso de condena en costas. B. No permite al abogado impugnar siempre los honorarios del abogado contrario en caso de condena en costas, pues debe abstenerse en caso de que sean correctos. C. Permite al abogado impugnar solo aquellos horarios del abogado contrario que se produzcan los juicios verbales. D. No permite nunca impugnar los honorarios del abogado vencedor en costas si no existe autorización previa del cliente.

26. Si el abogado contrario me libera de la confidencialidad en las comunicaciones mantenidas... A. Podré hacer uso de las mismas. B. Podré hacer uso solo si me libera expresamente. C. No podré hacer uso aunque me libere. D. No podré hacer uso salvo que lo comunique a mi colegio profesional.

28. En el caso de que un abogado haya llevado un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo entre una pareja.... A. Podrá luego, en caso de que una de las partes incumpla el convenio regulador, asumir la defensa de la otra parte para ejecutar la sentencia. B. No podrá asumir la defensa de una de las partes frente a la otra en cualquier procedimiento posterior de familia. C. No podrá asumir la defensa de una de las partes frente a la otra en cualquier procedimiento posterior de familia, salvo que el divorcio se hubiese suscrito bajo la modalidad de "con consentimiento". D. No existe restricción de ninguna clase en procesos futuros entre las partes.

29. La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) en lo relativo a la regulación normativa de la demarcación y de la planta judicial, tiene por objeto legislar en torno a la creación de tribunales y juzgados de nueva planta así como a la organización y delimitación funcional y territorial de los ya existentes. Respecto de este asunto: A. La citada Ley configura la planta judicial inicialmente creada por la LOPJ, la cual debe revisarse periódicamente, como máximo cada quince años, a fin de adecuarla a las necesidades que vayan surgiendo, una vez recabado el informe preceptivo emitido por el Consejo General de la Abogacía Española. B. Cuando hablamos de planta judicial, estamos haciendo referencia tanto al número como a la composición de cada uno de los partidos judiciales, los cuales podrán ser modificados por el Gobierno de las Comunidades Autónomas, creando secciones y juzgados, siempre que no se altere la demarcación judicial. C. Respecto a la demarcación territorial de los juzgados y tribunales, a efectos judiciales, el Estado se estructura, a nivel territorial, en municipios, partidos judiciales, provincias y Comunidades Autónomas. D. Es posible modificar la planta judicial a través de la transformación de un juzgado de una clase jurisdiccional determinada en otro de una clase diferente, siempre que se cambie la sede de dicho juzgado.

30. En lo referente al régimen de previsión social de los abogados y abogadas en España: A. El art. 9 del EGAE exige formalizar el alta en el Régimen de Seguridad Social que corresponda o, en su caso, el ingreso en una mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de conformidad con la legislación vigente. B. Si la opción inicial es en favor de la mutualidad, esta no puede modificarse con posterioridad, como se desprende de la propia disposición adicional decimoctava de la LGSS, al decir que «si el interesado, teniendo derecho, no optara por incorporarse al régimen de Seguridad Social correspondiente, no podrá ejercitar dicha opción con posterioridad». C. Si la opción inicial es el alta en el RETA, el sujeto podrá, en cualquier momento posterior, modificar tal opción y darse de alta en la mutualidad que sea conforme a la normativa vigente para la profesión. D. En cualquier caso, una vez integrado/a en la mutualidad, el alta en el régimen público de la Seguridad Social solo podrá ejercerse ya como complementaria y ya no como alternativa.

31. Los letrados adscritos al turno de oficio de los respectivos colegios de abogados en los que estén colegiados: A. Asistirán «de oficio» a aquellos que, cumpliendo con los requisitos establecidos al efecto, sean considerados como beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita. B. Según la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, será el Ministerio de Justicia de manera coordinada con las comunidades autónomas competentes, previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía y de los Procuradores de los Tribunales de España, el encargado de fijar los requerimientos generales de formación y de especialización que, con carácter mínimo, deben cumplir los abogados para poder proporcionar los servicios correspondientes a la asistencia jurídica gratuita. C. El Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita recoge el mismo contenido que la ley que desarrolla, añadiendo la necesaria acreditación de experiencia profesional previa para poder proporcionar el servicio. Estos requisitos podrán ser complementados con los que cada comunidad autónoma competente establezca. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

32. El artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita afirma que el reconocimiento del derecho a ser asistido legalmente de forma gratuita incluye, como mínimo, los servicios siguientes (señala la opción incorrecta): A. Publicación gratuita de anuncios o edictos durante el proceso que deben ser insertados obligatoriamente en diarios oficiales. B. Apoyo gratuito de peritos expertos en los términos establecidos por la ley, para la realización de pruebas periciales. C. Asesoramiento, así como orientación gratuita antes del comienzo del proceso. D. Defensa y representación letrada gratuita -abogado y procurador- en todos tipo de procedimientos judiciales.

33. Para el ejercicio como abogado en España por abogado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (señala la incorrecta): A. Para el ejercicio permanente a través del establecimiento permanente del abogado europeo en España el letrado proveniente de otro Estado miembro de la UE deberá inscribirse como tal en el Registro especial de los Colegios de Abogados. B. Es también requerimiento previo el de constar colegiado o registrado ante autoridad competente en el Estado de origen, precisando para ello la inscripción en el Registro especial de los Colegios de Abogados, en calidad de «abogados inscritos». C. La incorporación plena a la profesión de abogado no se producirá hasta el transcurso de 10 años de trabajo efectivo como tal, integrándose en la Abogacía española mediante el título profesional obtenido en el Estado miembro de origen sin que sea necesario el reconocimiento de este. D. El abogado europeo también puede actuar ocasionalmente en España cuando ejerza la profesión de forma permanente en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y, de forma esporádica, se traslade a España para realizar actividades de consulta, de asesoramiento jurídico o de actuación en juicio.

34. Según lo dispuesto en el artículo 77 del Estatuto de la Abogacía, los órganos de gobierno corporativo de los Colegios de abogados serán: A. El decano, la Junta de Gobierno, la Junta General y, adicionalmente, otros órganos que los estatutos particulares de los Colegios dispongan. B. El decano, que presidirá y representará al Colegio, la Junta de Gobierno y la Junta General. C. El decano, la Junta de Gobierno, que representará al Colegio, y la Junta General. D. El decano, la Junta de Gobierno, la Junta General y la comisión de Justicia Gratuita.

35. Para la reclamación de honorarios profesionales a los clientes propios (señala la incorrecta): A. El artículo 35.1 de la LEC establece que los abogados podrán reclamar presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos. B. Presentada esta reclamación, el juez requerirá al deudor para que pague dicha suma o impugne la cuenta, en el plazo de veinte días, bajo apercibimiento de apremio si no pagase ni formulase impugnación. C. Si el cliente se opone a la reclamación por considerar los honorarios excesivos, el juzgado dará traslado al abogado por tres días, así como al colegio de abogados, para que informe acorde al baremo correspondiente, salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante. D. En el caso de que el cliente se oponga por considerar que los honorarios recogen conceptos no debidos y excesivos en su cuantía dispone la LEC que se decidirá en primer lugar respecto a los indebidos y, después, a los excesivos.

36. Rodrigo, abogado de Madrid, tiene ciertas dudas sobre su libertad de expresión, como abogado, y no tiene claro qué incluir en una demanda ¿Qué afirmación sería la correcta?. A. Los abogados tienen una libertad de expresión reforzada y conectada con el derecho de defensa. B. Los abogados tienen una libertad de expresión más restringida que el resto de ciudadanos debido a los asuntos que tratan. C. Los abogados tienen la misma libertad de expresión que el resto de ciudadanos y su profesión no produce ninguna especificidad. D. Los abogados no tienen libertad de expresión.

37. ¿Puede un abogado hacer alusión al abogado de la parte contraria en un informe oral?. A. No, debe evitar cualquier alusión personal. B. Si, si se lo exige su cliente. C. Si, si lo considera necesario para el derecho de defensa. D. No salvo que el otro abogado haya hecho, a su vez, alusiones personales.

38. Señala la respuesta incorrecta respecto de los criterios para determinar los honorarios profesionales de los abogados: A. A la hora de fijar los honorarios profesionales, los abogados no disponen de aranceles ni de tarifas generales, como otros profesionales, cuando fijan el importe de sus servicios. B. Los abogados no cuentan con unos mínimos condicionantes de los honorarios proyectados, al margen de los criterios orientadores de los colegios de abogados. C. El principio rector de la fijación de los honorarios es el principio de libertad de pacto con el cliente. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

39. El abogado visitante que ejerce la profesión de forma permanente en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: A. Tienen la posibilidad de abrir despacho profesional en España transcurridos dos años desde su ejercicio. B. Deberán llegar a un concierto con un letrado colegiado en el colegio en cuyo territorio vayan a prestar sus servicios de cara a los actos que realicen ante juzgados, tribunales u organismos públicos, pero no para asistir a detenidos o presos de su país de origen. C. Deberán respetar tanto las normas que rigen la profesión en España como las correspondientes en el Estado de origen, debiendo cumplir ambas durante su ejercicio en España. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

40. ¿Cuál de las siguientes normas no contiene aspectos esenciales de la regulación de la asistencia jurídica gratuita y/o del turno de oficio?. A. La Ley de Enjuiciamiento criminal. B. La Orden Ministerial de 3 de junio de 1997 que contiene los requisitos generales mínimos para la adscripción al turno de oficio. ME PARECE QUE ESTA ORDEN NO APARECE EN LAS IDEAS CLAVE, SUPONGO QUE PORQUE SU CONTENIDO FUE ABORDADO POR EL REGLAMENTO DEL RD 141/2021. C. La normativa específica de cada Comunidad Autónoma. D. La Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y el Real Decreto 996/2003, que contiene el reglamento de desarrollo de la Ley 1/1996. EL REGLAMENTO AHORA ESTÁ EN EL REAL DECRETO 141/2021.