DERECHO 1

La soberanía nacional reside en: El pueblo español. El Rey. El Gobierno. Las Cortes generales.

El Defensor del Pueblo será elegido por: Las Cortes Generales. El Pueblo. El Gobierno. El Tribunal Constitucional.

El órgano que ejerce la potestad legislativa del Estado se denomina: Tribunal de Cuentas. Asamblea legislativa. Cortes Generales. Gobierno.

Son Leyes Orgánicas: Las que regulan el Estatuto de la Función Pública. Las Leyes Marco. Las Leyes de delegación legislativa. Las que aprueban los Estatutos de Autonomía.

Los Proyectos de ley son aprobados por: Gobierno. Congreso. Senado. Cortes Generales.

Cuando la delegación legislativa tenga por objeto la refundición de textos legales en uno solo, se hará mediante: Ley Básica. Ley de Bases. Ley Orgánica. Ley Ordinaria.

Para que el Gobierno dicte un Decreto Ley: Precisa autorización del Congreso. Precisa autorización del Senado. Precisa autorización de las Cortes generales. No precisa autorización de las Cortes Generales.

Ejerce la potestad reglamentaria: El Gobierno. Las Cortes Generales. El Consejo de Estado. El Defensor del Pueblo.

La Provincia: Es una entidad local. Tiene personalidad jurídica. A y b son ciertas. Ninguna es cierta, es simplemente una división territorial.

Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobado por: El Gobierno. Las Cortes mediante Ley Orgánica. Las Cortes mediante Ley Ordinaria. La Comunidad Autónoma respectiva mediante Ley Autonómica.

En el archipiélago canario, el órgano de gobierno y administración de cada isla es: El Cabildo. El Consejo. El Concejo abierto. La Diputación.

Las leyes de Transferencia son: Leyes Orgánicas. Leyes Ordinarias. Leyes autonómicas. Decretos Legislativos.

El ámbito territorial al que el municipio extiende sus competencias se denomina: Demarcación municipal. Término municipal. Circunscripción municipal. Padrón municipal.

A los efectos de la Ley 30/92, se entiende por Administración Pública: La Administración del Estado. Las CC.AA. Los entes locales. Todas las anteriores y además las entidades de Derecho Público dependientes de ellas.

La competencia administrativa es: Irrenunciable. Renunciable. Indelegable. Ninguna es cierta.

Contra el acuerdo de avocación: Cabe recurso de alzada. Cabe recurso potestativo de reposición. Cabe recurso contencioso-administrativo. No cabe recurso alguno.

Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas. Por el órgano delegado. Por el órgano delegante. Por el órgano delegado cuando el delegante lo indique expresamente. Por el superior jerárquico de ambos órganos.

La avocación precisa en todo caso: De un acuerdo que no es necesario motivar. De un acuerdo motivado que no es necesario notificar a los interesados. De un acuerdo motivado y notificado a los interesados. Ninguna es válida. La avocación no precisa acuerdo.

Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública se recogen en: La Ley 30/1984 de Reforma de la Función Pública. La Ley 7/ 1985 de Régimen Local. El Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y Procedimiento administrativo de las AA.PP.

Cuando la norma aplicable al procedimiento no fije plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa, éste será de: Tres meses. Seis meses. Dos meses. Un año.

Producido el vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar se podrán entender estimadas las solicitudes: Siempre. Nunca. Siempre salvo que una ley o norma comunitaria establezca lo contrario. Nunca salvo que una ley o norma comunitaria establezca lo contrario.

Producido silencio administrativo positivo en un procedimiento iniciado a solicitud de interesado, la resolución posterior: Podrá ser positiva o negativa. Tendrá que ser positiva, confirmando así los efectos del silencio. Tendrá que ser negativa puesto que el procedimiento se inició a instancia de parte. No podrá dictarse resolución expresa puesto que ya se ha producido el silencio.

En los procedimientos sancionadores, la falta de resolución expresa en el plazo máximo produce: Silencio positivo. Silencio negativo. Caducidad del expediente. Desistimiento.

Si un plazo se fija en meses, el cómputo se hará: De fecha a fecha. Entendiendo que los meses tienen 30 días. Entendiendo que los meses tienen 31 días. Entendiendo que todos tienen 30 días salvo febrero que son 28.

El principio de reserva de ley significa: Que la ley no puede regular materias reguladas por los reglamentos. Que los reglamentos no pueden regular materias que han de ser reguladas por ley. Que determinadas materias recogidas en la Constitución no pueden ser reguladas por ley ni reglamento. Que hay materias que solo pueden ser reguladas por decreto ley.

Cuando el interesado rechace la notificación: Se seguirá intentando. Será sancionado con una multa. Se suspenderá el procedimiento. Se tendrá por efectuado el trámite y continuará el procedimiento.

Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico son: Válidos pero no eficaces. Nulos de pleno derecho. Anulables. Irregulares.

Salvo disposición expresa en contrario los informes serán: Preceptivos y vinculantes. Facultativos y vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Preceptivos y no vinculante.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia del interesado: Siempre que lo decida el órgano. Nunca. Solo cuando en el procedimiento no figuren otros hechos y alegaciones que las aducidas por el interesado. Ninguna es válida, ya no existe este trámite.

En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado: La resolución no podrá agravar su situación inicial. La resolución no tiene por qué ser congruente con las peticiones del interesado. El transcurso del plazo máximo sin resolver expresamente produce la caducidad. No cabe el desistimiento.

Si fuesen varios los medios de ejecución forzosa admisibles se elegirá: El más gravoso para el interesado. El menos restrictivo para la libertad individual. El más rentable económicamente para la Administración. Ninguna es válida, solo hay un medio de ejecución.

La Administración podrá, en cualquier momento, declarar la nulidad de los actos nulos: Previo dictamen favorable del Consejo de Estado. Previa declaración de lesividad. Por incurrir en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Que no hayan puesto fin a la vía administrativa.

La declaración de lesividad podrá adoptarse en el plazo de: Un año desde que se dictó el acto. Seis meses desde que se dictó el acto. Dos años desde que se dictó el acto. Cuatro años desde que se dictó el acto.

Las Administraciones Públicas, a tenor del Art. 103 de la Ley 30/92, podrán declarar lesivos para el interés público los actos: Favorables para los interesados que sean anulables. Desfavorables para los interesados y anulables. Favorables y desfavorables que sean nulos. Ninguna es correcta.

Los valores superiores del ordenamiento jurídico se proclaman en la Constitución, ¿en qué parte?: En el Preámbulo. En el Título Preliminar. En el Título I. En todo el articulado.

¿Cuál es el órgano jurisdiccional superior en materia d garantías constitucionales?. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Supremo. El Consejo de Estado. El Tribunal Constitucional.

El desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas se realizará mediante: Ley orgánica. Ley ordinaria. Ley de bases. Decreto-ley.

El Defensor del Pueblo rinde cuentas de su gestión: Al Rey. Al Gobierno. A las Cortes Generales. Al Tribunal Constitucional.

Un Real Decreto Ley es: Un Reglamento. Una norma con rango de ley. Un acto administrativo. Una ley.

La iniciativa gubernamental en el proceso de elaboración de leyes: Se plasma en un proyecto de ley. Se plasma en una proposición de ley. Es la iniciativa popular. No existe.