DERECHO ADMIN II

5. Según la Ley de Expropiación Forzosa: Contra el acuerdo de necesidad de ocupación se dará recurso de alzada ante el Ministerio correspondiente, que podrán interponer los interesados en el procedimiento expropiatorio, así como las personas que hubieran comparecido en la información pública. Contra el acuerdo de necesidad de ocupación se dará recurso de alzada ante el Ministerio de Política Territorial, que podrán interponer únicamente los interesados en el procedimiento expropiatorio. Contra el acuerdo de necesidad de ocupación se dará recurso de alzada ante el Ministerio de la Presidencia, que podrán interponer los interesados en el procedimiento expropiatorio. Todas correctas.

6. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible el derecho-habiente sucederá en tal condición: Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. Cualquiera que sea el estado del procedimiento.

10. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: El grado de culpabilidad o la existencia de dolo en la acción. La continuidad o gravedad en la conducta infractora. La naturaleza de los perjuicios causados. La reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

11. De conformidad con la Ley 39/2015, respecto a los registros: Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. Todas son correctas.

12. Señale la incorrecta. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita: Garantizar la autenticidad del documento. Garantizar la integridad del documento. Garantizar la conservación del documento. Su consulta hasta transcurridos cinco años desde su emisión.

13. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él: Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante si ésta lo solicita. No están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante. No están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante, salvo que ésta lo solicite. Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.

15. La competencia para resolver procedimientos de responsabilidad patrimonial por los daños producidos por actos legislativos corresponde, según el art. 92 de la Ley 39/15, a: El Secretario de Estado. El Ministro. El Secretario General Técnico. El Consejo de Ministros.

18. En cuanto al trámite de alegaciones en el procedimiento sancionador regulado en el art. 76 de la Ley 39/2015, los interesados podrán alegar o aportar documentos anteriormente al trámite de audiencia: 10 días antes. 15 días antes. 20 días antes. En cualquier momento.

19. El valor estimado de los contratos será determinado en el caso de los contratos de obras, suministros y servicios por el órgano de contratación: Que tomará el importe total, incluyendo el IVA, pagadero según sus estimaciones. Que tomará el importe total, incluyendo el IVA, pagadero según las estimaciones del licitador. Que tomará el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones del licitador. Que tomará el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según sus estimaciones.

20. El Título I de la Ley 39/2015 lleva por rúbrica: De la actividad de las AAPP. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. De los interesados en el procedimiento. De la revisión de los actos administrativos.

22. En el nivel estatal, será necesario el dictamen del Consejo de Estado cuando las indemnizaciones reclamadas por responsabilidad patrimonial sean iguales o superen los: 30.050 €. 30.000€. 50.000€. 60.000€.

26. Señale la incorrecta. En cuanto a los principios de la potestad sancionadora de la Administración: El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley o un reglamento. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.

27. Señale la incorrecta. Según la disposición adicional primera de la Ley 39/2015, las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley: Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa. Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Empleo. Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería. Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo.

32. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a: 5.538.000 euros. 5.744.000 euros. 5.350.000 euros. 5.730.000 euros.

41. Los Secretarios de Estado dependientes directamente de la Presidencia del Gobierno: No podrán ser suplidos. Serán suplidos por el Ministro correspondiente. Serán suplidos por los Directores de los Gabinetes de Presidencia. Serán suplidos por quien designe el Presidente.

43. Señale la incorrecta. Serán nombrados por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros: Los Directores de los Gabinetes del Presidente. Los Directores de los Gabinetes de los Vicepresidentes. Los Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado. Los Directores de los Ministros.

48. Señale la incorrecta. Según la Ley 33/2003, del Patrimonio de las AAPP, la gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios: Eficiencia y economía en su gestión. Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo. Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados.

50. Salvo que la afectación derive de una norma con rango legal, ésta deberá hacerse en virtud de acto expreso por el órgano competente. No obstante, surtirán los mismos efectos de la afectación expresa los hechos y actos siguientes: La adquisición de bienes o derechos por usufructo, cuando los actos posesorios que han determinado la prescripción adquisitiva hubiesen vinculado el bien o derecho al uso general o a un servicio público. La adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa, supuesto en el que los bienes o derechos adquiridos se entenderán afectados al fin determinante de la declaración de utilidad pública o interés social. La utilización privada, notoria y continuada por la Administración General del Estado o sus organismos públicos de bienes y derechos de su titularidad para un servicio público o para un uso general. La aprobación por el Ministro de programas o planes de actuación general, o proyectos de obras o servicios, cuando de ellos resulte la vinculación de bienes o derechos determinados a fines de uso o servicio público.

51. Las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015: En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.

54. Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables: En cualquier momento. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. Mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad. En los primeros 10 días del acto.

57. Según la Ley 39/2015, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto en el plazo de: 1 mes. 2 meses. 3 meses. 6 meses.

58. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de: 10 días. 1 mes. 2 meses. 3 meses.

No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas. Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.