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El estado de derecho se caracteriza por: La soberanía popular, la división de poderes, el principio de legalidad y el reconocimiento de los derechos fundamentales. La tutela judicial no efectiva de los poderes públicos. La soberanía popular, que implica la autodeterminación de los pueblos. La división de poderes, y el principio de autotutela.

El poder ejecutivo esta atribuido a: Administración pública. Las asambleas legislativas. Jefe del estado. Gobierno.

La administración pública es: Una parte de la estructura organizativa del Estado, bajo las órdenes de las cortes generales, con personalidad jurídica dispuesto para la satisfacción de los intereses públicos que le son definidos por las normas jurídicas, y que ha de cumplir con neutralidad y objetividad, eficacia y sumisión al Derecho. Una parte de la estructura organizativa del Estado, bajo las órdenes del Gobierno de esa sociedad, con personalidad jurídica, dispuesto para la satisfacción de los intereses públicos que le son definidos por las normas jurídicas, y que ha de cumplir con neutralidad y objetividad, eficacia y sumisión al Derecho. Una parte de la estructura organizativa del Estado, bajo las órdenes de las cortes generales, con personalidad jurídica dispuesto para la satisfacción de los intereses privados de esa organización que le son definidos por las normas jurídicas, y que ha de cumplir con neutralidad y objetividad, eficacia y sumisión al Derecho. Una parte de la estructura organizativa del Estado, bajo las órdenes del Gobierno de esa sociedad, con personalidad jurídica, dispuesto para la satisfacción de los intereses de esa organización que le son definidos por las normas jurídicas, y que ha de cumplir con neutralidad y objetividad, eficacia y sumisión al Derecho.

La desviación de poder: Se produce desviación de poder cuando la Administración se aparta del interés general previsto por la norma para satisfacer otro interés distinto, de forma que supone el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Se produce desviación de poder cuando el administrado se aparta del interés general previsto por la norma para satisfacer otro interés distinto, de forma que supone el ejercicio de potestades administrativas por el administrado para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Se produce desviación de poder cuando la Administración se aparta del fin privado previsto por la norma para satisfacer otro interés distinto. d) Supone el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el gobierno.

Determine, según el art. 103 de la Constitución Española, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: La Administración pública deberá actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, centralización, descentralización, y coordinación. La Administración pública deberá actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación. La Administración pública deberá actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. El poder legislativo deberá actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

Podemos afirmar que: Los poderes públicos están sujetos a la Constitución pero no están sujetos al ordenamiento jurídico. Los poderes públicos no están sujetos a la Constitución, pero sí están sujetos al ordenamiento jurídico. Los poderes públicos no están sujetos ni a la Constitución ni al ordenamiento jurídico. Los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Las fuentes del derecho primarias son fuentes escritas, y se caracterizan por la generalidad, es decir, que toda norma jurídica. Supone una regla general, abstracta dirigida a una pluralidad de sujetos que no se identifican con el legislador. Supone una regla general no abstracta dirigida a unos sujetos concretos. Supone una regla general, abstracta dirigida a una pluralidad de sujetos que no se identifican por el poder judicial. Supone una regla general, abstracta dirigida a una pluralidad de sujetos que no se identifican por el poder ejecutivo.

Las fuentes primarias o escritas son: Constitución Española, Estatutos de Autonomía, Tratados Internacionales, Leyes, normas con rango de Ley, y jurisprudencia. Constitución Española, Estatutos de Autonomía, Tratados Internacionales, Leyes, normas con rango de Ley, la costumbre y jurisprudencia. Constitución Española, Estatutos de Autonomía, Tratados Internacionales, Leyes, normas con rango de Ley, y Reglamentos administrativos y la jurisprudencia. Constitución Española, Estatutos de Autonomía, Tratados Internacionales, Leyes, normas con rango de Ley, y Reglamentos administrativos.

El principio de jerarquía respecto de las fuentes de derechos significa: La primacía del derecho escrito sobre el no escrito. La primacía de los estatutos de autonomía sobre la constitución española. La primacía de los reglamentos sobre la ley. La primacía del derecho no escrito sobre el escrito.

La constitución española es: Es la norma reglamentaria del ordenamiento jurídico que regula la organización del Estado y las reglas esenciales de la sociedad particularmente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es la norma fundamental del ordenamiento jurídico que regula la organización del Estado y las reglas esenciales de la organización de la sociedad que le sirve de base, particularmente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es una norma de carácter consuetudinario, que regula la organización del estado y establece la soberanía popular y el estado de derechos en nuestro país. Es la norma fundamental del ordenamiento jurídico que solo contiene normas de carácter pragmático que deben ser desarrolladas por el legislador.

La expresión “fuerza de ley” significa que: todas las normas con rango de ley tienen una supremacía jerárquica, de tal modo que pueden derogar a la constitución. todas las normas con rango de ley tienen una supremacía jerárquica, de tal modo que pueden no ser aplicadas por la administración pública. todas las normas con rango de ley tienen una supremacía jerárquica, de tal modo que pueden derogar a cualquier norma anterior de inferior rango y se resisten a ser derogadas por otra norma posterior de rango inferior. todas las normas con rango de ley tienen una supremacía jerárquica, de tal modo que pueden ser derogadas por otra norma posterior de rango inferior.

Los tribunales de justicia: Pueden declarar la ilegalidad de una ley. No pueden declarar ilegalidad de una ley. Pueden declarar la ilegalidad de una ley si las cortes generales se la autorizan. No pueden declarar ilegalidad de una ley salvo que el gobierno lo autorice.

Los decretos leyes. Son disposiciones legislativas que el gobierno puede dictar en caso extraordinario o urgente de necesidad. No tienen el valor de ley por lo que no pueden derogar o modificar otras normas con rango de ley. Son disposiciones legislativas provisionales que las cortes generales puede dictar en caso extraordinario o urgente de necesidad.

La potestad reglamentaria: Es la potestad normativa atribuida a la administración pública para elaborar normas con rango de ley. Es la potestad normativa atribuida a la administración pública para elaborar normas con rango inferior a la ley. Es la potestad normativa atribuida al poder legislativo para elaborar reglamentos. Es la potestad normativa atribuida a la administración pública para dictar actos administrativos.

El reglamento es: Una norma escrita con rango igual a la ley. Una norma elaborada por las cortes generales con rango inferior a la ley. Una norma escrita con rango inferior a la ley. Una norma escrita con rango igual a la ley dictada por los órganos jurídicos públicos que tengan atribuida la potestad reglamentaria.

El reglamento ejecutivo: Es aquella norma que desarrolla en su totalidad una ley, pudiendo llegar a contradecirla cuando la ley sea confusa. Es aquella norma que se dicta con independencia de la existencia previa de una ley. Es aquella norma que ejecuta, detalla y desarrolla y complementa los preceptos legales de una ley. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Los reglamentos: No pueden regular materias que la constitución y los estatutos de autonomía reconocen a la competencia del poder legislativo. Pueden regular materias que la constitución y los estatutos de autonomía reconocen a la competencia del poder legislativo. Pueden regular materias que la constitución reconoce a la competencia del poder legislativo. Pueden regular materias que los estatutos de autonomía reconocen a la competencia del poder legislativo.

Los reglamentos: Se pueden dictar con eficacia retroactiva cuando contengan disposiciones que perjudiquen interés de terceros. Se pueden dictar con eficacia retroactiva cuando contengan disposiciones no favorables para terceros. Se pueden dictar con eficacia retroactiva cuando contengan disposiciones favorables y no perjudiquen interés de terceros. Todas las respuestas anteriores son válidas.

Los principios generales del derecho. No son verdaderas normas jurídicas. Son una fuente escrita del derecho. Única y exclusivamente vinculan a las administraciones públicas. Son verdaderas normas jurídicas.

El precedente administrativo: Constituye la forma reiterada de interpretar y aplicar una norma por los tribunales de justicia. Constituye la forma reiterada de interpretar y aplicar una norma por la administración pública. Constituye la forma reiterada de interpretar y aplicar una norma por los administrados. Constituye la forma reiterada de interpretar y aplicar una norma por la administración pública que le vincula, sin que pueda apartarse de dicho precedente.

La administración general del estado: Tiene personalidad jurídica. No tiene personalidad jurídica. Tiene carácter no territorial. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

La administración general del estado, de las comunidades autónomas y las entidades locales: Atienden a la pluralidad de fines públicos de la comunidad que administran y tienen atribuidas la totalidad de potestades públicas propias de las administraciones públicas. Atienden a la pluralidad de fines públicos de la comunidad que administran, pero no tienen atribuidas la totalidad de potestades públicas propias de las administraciones públicas. Aunque no tienden a la pluralidad de fines públicos de la comunidad que administran y tienen atribuidas la totalidad de potestades públicas propias de las administraciones públicas. No atienden a la pluralidad de fines públicos de la comunidad que administran.

El instituto murciano de acción social: No tiene personalidad jurídica. Cumple fines públicos generales y no territoriales. Tienen prerrogativas no limitadas. Es un organismo autónomo y por tanto administración de carácter institucional, no territorial.

La estructura descentralizada del estado español implica: La existencia de una pluralidad de administraciones públicas dotadas de personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines. La existencia de una pluralidad de administraciones públicas sin personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines. La existencia de una pluralidad de administraciones públicas sin personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines, y por tanto los órganos que la integran carecen de ella. Todas las respuestas anteriores son falsas.

El principio de competencia en el ámbito de la organización administrativa es: Aquel conjunto de funciones cuya titularidad se atribuye por el ordenamiento jurídico a un ente u órgano administrativo con preferencia a los demás. Aquel conjunto de funciones cuya titularidad se atribuye por los tribunales a un ente u órgano administrativo con preferencia a los demás. Las dos respuestas anteriores son falsas. Todas las respuestas son válidas.

Las potestades administrativas: Conjunto de poderes que la Ley atribuye directamente a la AP para realizar fines de interés privado, poderes regulados por el Derecho administrativo que, como se sabe, sitúan a la AP en posición de privilegio que la facultan para incidir unilateralmente en las situaciones jurídicas de los administrados. Conjunto de poderes que la Ley atribuye directamente a la AP para realizar fines de interés público o general, poderes regulados por el Derecho civil que, como se sabe, sitúan a la AP en posición de privilegio que la facultan para incidir unilateralmente en las situaciones jurídicas de los administrados. Conjunto de poderes que la Ley atribuye directamente a la AP para realizar fines de interés público o general, poderes regulados por el Derecho administrativo que, como se sabe, sitúan a la AP en posición de privilegio que la facultan para incidir unilateralmente en las situaciones jurídicas de los administrados. Conjunto de poderes que la Ley atribuye directamente a la AP regulados por el Derecho administrativo y otorgados para que la administración se defienda frente a los administrados.

Las potestades administrativas son: Renunciables. Prescriptibles. Imprescriptibles y renunciables. Irrenunciables.

Cuando la norma prevé y regula en su totalidad todos los elementos y requisitos para el ejercicio de una potestad en cuyo caso la administración pública solo le cabra, una vez constatada el presupuesto de hecho, aplicar la consecuencia jurídica, nos encontramos ante: Una Potestad discrecional. Una Potestad reglada. Una Potestad reglamentaria. Una potestad forzosa.

Para ser parte y actuar en un determinado procedimiento administrativo: Es necesario tener la condición de interesado. Estar legitimado. Tener capacidad jurídica y de obrar. Todas las respuestas son válidas.

La titularidad del servicio público. Ha de corresponder a una administración pública en virtud de una atribución legal. Puede corresponder a una administración pública o ser de titularidad privada. Ha de corresponder a una entidad privada. Todas las anteriores respuestas son válidas.

El principio de continuidad respecto al funcionamiento de los servicios públicos: Es sinónimo de permanencia del servicio público. Justifica la titularidad privada de los servicios públicos. Determina que el servicio público sea siempre prestado por entidades privadas. Implica la continuidad en su funcionamiento, interrumpido o mera regularidad establecida de antemano según la naturaleza del servicio.

Determine cuáles de estas actividades no es una medida de policía administrativa: La realizada a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Los actos de comprobación o licencia. Concesión de una beca. Orden de policía.

El acto administrativo puede definirse como: Aquella declaración intencional no normativa de un órgano público, predominantemente administrativo, regulada por el Derecho Administrativo. Aquella declaración internacional normativa de un órgano público, predominantemente administrativo, regulado por el Derecho Administrativo. Aquella declaración no internacional no normativa de un órgano público, predominantemente administrativo, regulado por el Derecho Administrativo. Aquella declaración internacional no normativa de un órgano público o privado, por el Derecho Administrativo.

Un acto administrativo tiene eficacia: Siempre retroactiva. Siempre irretroactiva. Puede tener eficacia retroactiva cuando sea dictado en sustitución de otro anulado. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Los actos administrativos sujetos al derecho administrativo: No se presumen válidos. Se presumen válidos. No se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan. Se presumen válidos y tienen eficacia demorada siempre.

Los actos administrativos firmes son aquellos que: Salvo recurso de revisión, no pueden ser impugnados en vía administrativa ni jurisdiccional. Determina una postura administrativa firme y contundente. Pueden ser recurridos en vía jurisdiccional. Pueden ser recurridos mediante el recurso de alzada.

La notificación del acto administrativo debe: Hacer constar el texto íntegro del acto administrativo. Hacer constar el texto íntegro del acto administrativo, y si el acto es o no definitivo en vía administrativa, los recursos que contra el acto proceden, con indicación del órgano ante el que deben interponerse y el plazo. Hacer constar un resumen del acto administrativo, y si el acto es o no definitivo en vía administrativa, los recursos que contra el acto proceden, con indicación del órgano ante el que deben imponerse y el plazo. Ninguna respuesta es correcta.

Los interesados en el procedimiento administrativo: No tiene derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. Tiene derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados únicamente en fase de alegaciones. No tiene derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, ni conocer el órgano competente para su instrucción. Tiene derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

El procedimiento administrativo puede: Iniciarse de oficio por el órgano competente, o por medio de solicitud de la persona interesada. Iniciarse solamente de oficio. Iniciarse solamente a solicitud de la persona interesada. Iniciarse de oficio por cualquier órgano administrativo, aunque no sea el competente.

¿Tiene la administración la obligación de resolver y notificar expresamente todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de incoación, exceptuándose de dicho deber los procedimientos terminados por pacto o convenio y los relativos al ejercicio de derechos sujetos tan solo a un deber de comunicación previa a la administración pública?. No. En algunos supuestos solamente. Solo si cuando sean iniciados de oficio. Sí.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el transcurso de plazo máximo para notificar sin que la administración pública lo haya hecho: Legitima al interesado que hubiera deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por el silencio administrativo, según proceda. Legitima al interesado que hubiera deducido la solicitud para entenderla desestimada por el silencio administrativo. Legitima al interesado que hubiera deducido la solicitud para entenderla estimada por el silencio administrativo. Legitima al interesado que hubiera deducido la solicitud para entenderla estimada o cuando la solicitud pretenda que se transfiera al solicitante facultades relativas al dominio público.

El recurso administrativo. Puede interponerlo quien esté legitimado para ello, es decir quien tenga un interés legítimo en el asunto a que se refiere el acto recurrido. Puede interponerlo la administración pública que dictó el acto que se recurre. Puede interponerlo cualquier administrado aunque no tenga interés legítimo en el asunto a que se refiere el acto recurrido. Cualquiera de las anteriores opciones es válida.

El recurso de reposición procede contra: Actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. Actos que no pongan fin a la vía administrativa. Actos que no agoten o pongan fin a la vía administrativa. Todas las anteriores respuestas son incorrectas.

El recurso extraordinario de revisión procede contra: Actos firmes. Actos no firmes en la vía administrativa. Ese recurso no existe. Solo puede ser interpuesto por la propia administración que dictó el acto administrativo que se recurre.

Las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. La afirmación del enunciado es falsa. Las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento los errores de derecho existentes en sus actos, siempre que no haya transcurrido más de dos meses desde que se dictó el acto. Las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos siempre que no haya transcurrido más de 30 días desde que se dictó el acto. La afirmación del enunciado es cierta.

. ¿Tienen derecho los particulares a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos?. Sí cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Sí cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Sí cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal o anormal en todo caso. Nunca.

El conjunto de recursos de actuación que conforman el sistema de servicios sociales de la Región de Murcia, atendiendo a los niveles de intervención en que puede prestarse: Se estructuran en servicios de atención primaria y servicios especializados. Se estructuran en servicios de atención primaria, servicios de atención secundaria y servicios especializados. Se estructuran en servicios primarios y servicios secundarios. Se estructuran en servicios de atención primaria y servicio de atención secundaria.

Tienen derechos a las prestaciones del sistema de servicios sociales en la Región de Murcia. Únicamente los españoles y demás ciudadanos de la unión europea. Únicamente los murcianos residentes en la Región de Murcia. Únicamente los murcianos residentes en la región de Murcia. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Las posibilidades de terminación del procedimiento administrativo son: Resolución, convenio, desistimiento, renuncia o caducidad. Convenio, desistimiento, renuncia, caducidad o imposibilidad. Resolución, convenio, desistimiento, renuncia, caducidad o imposibilidad material. Resolución o caducidad.