DERECHO ADMINISTRATIVO 2 UNED

1. El acto administrativo se diferencia del reglamento en que: a) El reglamento tiene carácter general y abstracto, mientras que el acto administrativo es concreto e individual. b) El acto administrativo tiene carácter general y abstracto, mientras que el reglamento es concreto e individual. c) El acto administrativo es una norma jurídica, mientras que el reglamento no lo es.

3. Cuando un acto administrativo se dicta por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, el acto es: a) Nulo. b) Anulable. c) Irregular, pero válido si produce efectos favorables.

4. La motivación es: a) Un requisito de forma de los actos administrativos. b) Un requisito sustantivo de los actos administrativos. c) Un requisito objetivo de los actos administrativos.

5. La falta de motivación en un acto administrativo que limita derechos subjetivos o intereses legítimos produce: a) Su nulidad de pleno derecho. b) Su anulabilidad. c) Ninguna consecuencia jurídica, si el acto es correcto en el fondo.

Los actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales: a) deben motivarse. b) están exentos de control jurisdiccional. c) son aquellos en los que la norma determina su adopción y su contenido.

La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas en los que concurran motivos de abstención: a) no implicara, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los casos en los que haya intervenido. b) implicara, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los casos en los que haya intervenido. c) no implicara, en ningún caso, la invalidez de los actos en los que haya intervenido.

. Los actos administrativos favorables o de gravamen se diferencian en que: a) los favorables crean derechos o beneficios, mientras que los de gravamen imponen obligaciones o sanciones. b) los de gravamen son siempre nulos y los favorables no. c) los favorables no pueden ser objeto de revisión.

Los actos administrativos producen efectos jurídicos: a) desde que son notificados. b) desde que son publicados. c) desde que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Los actos administrativos se presumen válidos porque: a) su validez depende de que no se haya interpuesto recurso contra ellos. b) lo dispone la Ley y, mientras no se declare su invalidez, producen efectos. c) la Administración tiene un poder ilimitado de decisión.

La ejecutividad de los actos administrativos significa que: a) los actos producen efectos jurídicos desde su publicación. b) los actos producen efectos jurídicos sin necesidad de consentimiento del destinatario ni autorización judicial. c) los actos producen efectos solo después de ser firmes.

La Ley exige la motivación: a) de todos los actos administrativos. b) de los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. c) de los actos declarativos de derechos.

Los actos de trámite cualificados son impugnables cuando: a) resuelven directamente el fondo del asunto. b) deciden directa o indirectamente el fondo, impiden continuar el procedimiento o producen indefensión. c) no ponen fin a la vía administrativa.

El acto administrativo nulo de pleno derecho: a) puede ser convalidado. b) puede ser confirmado tácitamente. c) no produce efectos y no es susceptible de convalidación.

Los actos administrativos dictados por órgano incompetente por razón de la materia: a) son anulables. b) son nulos de pleno derecho. c) son válidos si no se impugnan.

Los actos administrativos producen efectos frente a terceros desde: a) su firma. b) su publicación o notificación. c) su entrada en vigor.

Cuando un acto administrativo sea anulable: a) la Administración podrá declararlo nulo de oficio. b) puede ser convalidado por el órgano que lo dictó. c) produce efectos indefinidamente mientras no se revise judicialmente.

Los actos administrativos firmes: a) son los que no pueden ser objeto de recurso ordinario. b) no pueden ser revisados de oficio en ningún caso. c) siempre pueden recurrirse en vía contencioso-administrativa.

Los actos de trámite: a) no se pueden recurrir en ningún caso. b) se pueden impugnar directamente, solo en el caso de que se trate de actos de trámite cualificados. c) se pueden recurrir siempre.

Los actos que no ponen fin a la vía administrativa: a) no pueden ser objeto de recurso en vía administrativa. b) solo son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. c) no pueden ser recurridos directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención: a) no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en los que haya intervenido. b) implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en los que haya intervenido. c) no implicará, en ningún caso, la invalidez de los actos en los que haya intervenido.

Los denominados actos políticos, que adoptan el Gobierno y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas: a) no se pueden controlar por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. b) el control de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre estos actos políticos se extiende a la protección de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes. c) son plenamente controlables, en todos sus elementos, por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales: a) deben motivarse. b) están exentos de control jurisdiccional. c) son aquellos en los que la norma determina su adopción y su contenido.

La competencia es un requisito del acto administrativo que pertenece a: a) los requisitos subjetivos. b) los requisitos objetivos. c) los requisitos formales.

La eficacia de los actos administrativos frente a terceros comienza: a) desde su firma. b) desde su publicación o notificación. c) desde que son firmes.

La suspensión de la ejecución de los actos administrativos podrá acordarse: a) cuando su ejecución cause perjuicios de imposible o difícil reparación. b) solo en los casos en que así lo disponga expresamente una Ley. c) únicamente cuando lo autorice el Consejo de Ministros.

La ejecución forzosa de los actos administrativos: a) requiere siempre autorización judicial previa. b) no puede utilizar medios coercitivos. c) permite a la Administración imponer el cumplimiento de sus actos incluso sin consentimiento del obligado.

Los actos administrativos nulos de pleno derecho: a) pueden ser convalidados. b) pueden ser confirmados tácitamente. c) no producen efectos y no son susceptibles de convalidación.

Los actos administrativos anulables: a) pueden ser convalidados. b) son nulos de pleno derecho. c) producen efectos indefinidamente mientras no se revise judicialmente.

Los actos administrativos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia: a) son anulables. b) son nulos de pleno derecho. c) son válidos si no se impugnan.

Los actos administrativos de los que derive la adquisición de derechos a favor de los interesados: a) podrán ser anulados siempre que se declare su nulidad. b) no podrán ser revisados de oficio, cualquiera que sea el vicio que contengan. c) podrán ser revisados de oficio solo cuando incurra en nulidad de pleno derecho.

La declaración de lesividad: a) es necesaria para la revisión de actos anulables que sean favorables a los interesados. b) se aplica solo a los actos nulos de pleno derecho. c) equivale a la revocación del acto administrativo.

La revocación de los actos administrativos: a) solo puede acordarse cuando sea favorable a los interesados. b) puede acordarse en cualquier momento, aunque cause perjuicio a los interesados. c) es equiparable a la declaración de nulidad.

Las Administraciones Públicas pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados: a) Los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos. b) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y del territorio. c) Los actos de contenido imposible.

La revocación de actos administrativos que generan derechos a los interesados: a) solo podrá acordarse cuando se obtuvieron mediante declaración responsable. b) solo podrá acordarse cuando la revocación sea favorable al interesado y no afecte a terceros. c) siempre podrá acordarse por razones de oportunidad o interés público.

La declaración de lesividad de los actos anulables favorables a los interesados: a) implica la nulidad del acto desde su adopción. b) permite a la Administración revisar directamente el acto sin intervención judicial. c) es un presupuesto necesario para poder impugnar el acto ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El procedimiento administrativo es: a) el conjunto de trámites a través de los cuales se producen los actos administrativos. b) la sucesión temporal de los actos dictados por la Administración en el ejercicio de sus funciones. c) la serie de actos procesales ante los Tribunales Contencioso-Administrativos.

Las fases del procedimiento administrativo son: a) Iniciación, desarrollo y resolución. b) Iniciación, instrucción y terminación. c) Apertura, sustanciación y cierre.

La iniciación del procedimiento administrativo puede producirse: a) siempre de oficio. b) siempre a instancia de parte. c) de oficio o a instancia del interesado.

En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración deberá comunicar la iniciación del procedimiento a los interesados: a) en todos los casos, cualquiera que sea su naturaleza. b) solo cuando de las actuaciones puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen. c) únicamente cuando lo disponga una Ley.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si la Administración considera que la solicitud no reúne los requisitos exigidos: a) debe resolver directamente en sentido desestimatorio. b) debe requerir al interesado para que subsane la falta en el plazo de diez días. c) debe archivar el expediente.

El plazo general de diez días para la subsanación de solicitudes incompletas: a) es improrrogable en todo caso. b) puede ampliarse, de oficio o a petición del interesado, cuando la aportación de los documentos presentes dificultades especiales. c) solo puede ampliarse por orden del superior jerárquico.

En los procedimientos iniciados de oficio, cuando de las actuaciones no se deriven efectos desfavorables o de gravamen: a) la Administración debe notificar siempre su iniciación a los interesados. b) no es obligatoria la notificación de la iniciación. c) el procedimiento solo podrá iniciarse si existe autorización del superior jerárquico.

Cuando la Administración requiere la subsanación de una solicitud defectuosa y el interesado no lo hace en plazo: a) se le tendrá por desistido de su petición. b) se dictará resolución desestimatoria. c) se considerará caducado el procedimiento.

La Administración debe abstenerse de iniciar o continuar un procedimiento cuando: a) se trate de materias reservadas a la competencia judicial. b) el interesado no haya comparecido en el plazo establecido. c) exista una causa legal de abstención o conflicto de intereses que afecte al órgano competente.

Durante la instrucción del procedimiento administrativo, los interesados tienen derecho a: a) acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el expediente. b) conocer el contenido del expediente solo cuando se dicte la resolución final. c) formular alegaciones únicamente en el trámite de audiencia.

El trámite de audiencia en el procedimiento administrativo: a) es siempre obligatorio, cualquiera que sea el procedimiento. b) es obligatorio cuando puedan verse afectados derechos o intereses legítimos de los interesados. c) solo procede cuando lo solicite expresamente el interesado.

En el trámite de audiencia, el plazo para que los interesados puedan alegar y presentar documentos o justificaciones es de: a) tres días. b) diez días. c) quince días.

El trámite de información pública en el procedimiento administrativo: a) es preceptivo en todos los procedimientos administrativos. b) tiene carácter potestativo, y se acordará cuando la naturaleza del procedimiento lo aconseje. c) solo puede realizarse en procedimientos de carácter sancionador.

La propuesta de resolución en el procedimiento administrativo: a) se formula por el instructor y no vincula al órgano competente para resolver. b) es dictada por el órgano competente y tiene carácter vinculante. c) equivale a la resolución definitiva del procedimiento.

El procedimiento administrativo debe resolverse: a) dentro del plazo máximo fijado por la norma reguladora del procedimiento. b) dentro del plazo de tres meses, cualquiera que sea su naturaleza. c) sin sujeción a plazo determinado.

El silencio administrativo tiene efectos: a) positivos en todos los procedimientos. b) negativos en los procedimientos iniciados de oficio. c) positivos en los procedimientos iniciados de oficio.

El silencio administrativo tiene efectos positivos en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: a) como regla general, salvo excepciones previstas por la Ley. b) únicamente cuando así lo disponga expresamente una norma con rango de ley. c) nunca, pues el silencio siempre tiene efectos desestimatorios.

La caducidad del procedimiento administrativo: a) se produce cuando la Administración incumple el plazo máximo para resolver. b) se produce en procedimientos iniciados de oficio por inactividad de la Administración. c) se produce en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuando éste no realiza las actividades necesarias para su continuación.

El desistimiento y la renuncia en el procedimiento administrativo: a) son formas de terminación del procedimiento iniciados a instancia del interesado. b) son causas de nulidad del procedimiento. c) solo pueden producirse en procedimientos iniciados de oficio.

Cuando el interesado desiste de su solicitud o renuncia a su derecho: a) la Administración debe dictar resolución declarando la terminación del procedimiento. b) la Administración archiva directamente las actuaciones sin resolución. c) la Administración continúa el procedimiento si aprecia interés público.