Derecho Administrativo CA Nivel 2

Según el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será de: 1 mes. 3 meses. 20 días. 2 meses.

Según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada: Dentro del plazo de siete días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. En el plazo de un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Según el artículo 10.1 de la Constitución Española, uno de los siguientes NO es fundamento del orden político ni de la paz social: El respeto a la ley. La dignidad de la persona. El respeto a los derechos de los demás. El libre desarrollo económico-social de las personas.

A tenor del artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el error o la ausencia de la calificación de un recurso administrativo por parte del recurrente: No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Abrirá un plazo de 15 días para que el interesado subsane el error de la calificación. No será obstáculo para su tramitación, en ningún caso. No será obstáculo para su tramitación, siempre que el interesado esté debidamente identificado.

El artículo 56.1 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, establece que los pagos a justificar tendrán carácter: Cautelar. Excepcional. Facultativo. Recaudatorio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento estará compuesto: Por un máximo de 109 Diputados y Diputadas. Por un mínimo de 109 Diputados y Diputadas. Por un máximo de 119 Diputados y Diputadas. Por un mínimo de 119 Diputados y Diputadas.

Según el artículo 69.2 de la Constitución Española, la elección de los senadores en cada provincia será: Por sufragio indirecto. Competencia del Congreso de los Diputados. Por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Competencia del Consejo General del Poder Judicial.

Según el artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres será aprobado por: La Consejería competente en materia de Igualdad. La Consejería competente en materia de Administración Pública. El Instituto Andaluz de la Mujer. El Consejo de Gobierno.

Conforme al artículo 17.6 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los miembros de un órgano colegiado quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos: Cuando voten en contra o se abstengan. Cuando así lo soliciten, independiente del sentido de su voto. Únicamente cuando voten en contra y adviertan de las consecuencias del acuerdo adoptado por escrito dirigido al Presidente del órgano. Todos los miembros de los órganos colegiados mantendrán su responsabilidad independientemente del sentido de su voto.

Según el artículo 16.3.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida tendrán la consideración de: Contratos de gestión de servicios. Contratos de servicios. Contratos de suministro. Contratos de consultoría y asistencia.

De acuerdo con el artículo 5.6 de la Orden de 12 de diciembre de 2005, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública, por la que se regula la nómina general de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y se establece el procedimiento para su elaboración, la competencia para la aprobación de la nómina mensual de retribuciones en relación con el personal bajo la dependencia de las distintas Consejerías corresponderá: Únicamente a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. A la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, conjuntamente con las Intervenciones Delegadas. Únicamente a las Secretarías Generales Técnicas de las distintas Consejerías. A la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, conjuntamente con las Intervenciones Delegadas.

El artículo 14 de la Constitución Española declara que "los españoles son iguales ante la ley". ¿Qué circunstancia con respecto a la no discriminación NO se cita de forma explícita?. Raza. Edad. Opinión. Religión.

A tenor del artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿desde cuándo se computará el plazo de prescripción en las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial cuando los daños son de carácter físico o psíquico a las personas?. El plazo quedará indefinidamente abierto. Desde que se produjera el hecho que los ocasionó. Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Desde la primera vez que se manifestara su efecto.

¿Cuál de los siguientes elementos NO es requerido en una solicitud según el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Nombre y apellidos del interesado. Código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. Dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico del interesado. Firma del solicitante, Lugar y fecha.

Según el artículo 36.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se producirán: Verbalmente o por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Verbalmente o por escrito a través de medios electrónicos, en todo caso. Por escrito exclusivamente a través de medios electrónicos. Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

A tenor del artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas producirá: La renuncia del procedimiento. El aplazamiento del procedimiento. La terminación del procedimiento. La correspondiente indemnización al interesado.

El artículo 88.1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dispone que el control interno comprende dos modalidades: El control previo y el control financiero. El control previo y el control por auditoría. El control financiero y el control económico. El control económico y el control por auditoría.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio son: Anulables. Nulos. Convalidables. Subsanables.

Según el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, entre las instituciones de la Unión NO se encuentra: El Parlamento Europeo. El Tribunal de Cuentas. La Comisión Europea. El Consejo Económico y Social.

Según el artículo 29.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118: Podrán tener una duración superior a seis meses y podrán prever una prórroga. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. Podrán tener una duración superior a un año y podrán prever una prórroga. No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga.

Según el artículo 143 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es nombrado por: El Consejo General del Poder Judicial. El Rey. El Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía. El Presidente del Parlamento de Andalucía.

Según el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué lengua utilizarán los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma?. Solo el castellano. Solo la lengua que sea cooficial en dicha Comunidad Autónoma. El castellano o la lengua que sea cooficial en dicha Comunidad Autónoma si así la utiliza el interesado. El castellano o la lengua que sea cooficial en dicha Comunidad Autónoma si así la utiliza el interesado, pero el procedimiento siempre se tramitará en castellano por parte de la Administración.

A tenor del artículo 88.1.a de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada a elección del órgano de contratación por la relación de las obras ejecutadas en el curso de los: 15 últimos años. 10 últimos años. 5 últimos años. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 35 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, sobre el procedimiento de elaboración del presupuesto: El estado de gastos incluirá una dotación diferenciada de crédito para atender, cuando proceda, necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto, que se recogerá con la denominación de Gastos de Contingencia. Al presupuesto se adjuntará como documentación anexa un informe económico y presupuestario. La Consejería competente en materia de Hacienda someterá al acuerdo del Consejo de Gobierno, previo estudio y deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos Fiscales, el anteproyecto de Ley de Presupuestos. El presupuesto se ajustará al límite de gasto no financiero que apruebe el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda.

De acuerdo con el artículo 254 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la duración del mandato del Presidente del Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea será de: Tres años, no renovable. Dos años, no renovable. Dos años, renovable. Tres años, renovable.

Según el artículo 3.2 del Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía, las personas titulares de las Consejerías podrán crear unidades de igualdad de género en: Agencias administrativas y agencias públicas empresariales. Agencias administrativas y agencias de régimen especial. Agencias administrativas y sociedades mercantiles. Agencias de régimen especial y sociedades mercantiles.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, cuando las entidades locales celebren sesiones plenarias, facilitarán su acceso a través de Internet, y las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios: No está permitido el uso de internet en la sala de plenos. Respetando el funcionamiento ordinario de la institución. Las personas asistentes no pueden realizar grabaciones en la sala de plenos. Solo cuando concurran causas justificadas de imposibilidad técnica o económica para facilitar el acceso a través de internet.

Según el artículo 149.3 de la Constitución Española, las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución: Corresponderán en cualquier caso al Estado. Corresponderán en cualquier caso a las Comunidades Autónomas que las reclamen. Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. Podrán corresponder al Estado, si asume las competencias correspondientes en virtud de Ley Orgánica.

Según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos. Desde la fecha de su publicación, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde la fecha de su notificación, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde la fecha de su notificación.

Según el artículo 102.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento: Goza de plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria. Se dotará de su propio Reglamento, cuya aprobación o reforma requerirá el voto de la mayoría simple de los Diputados. Se dotará de su propio Reglamento, cuya aprobación o reforma requerirá el voto de la mayoría de tres quintos de los Diputados. Elabora y aprueba su presupuesto, pudiendo modificarlo en los supuestos previstos en el Estatuto de Autonomía.

Según el artículo 56.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento: Únicamente de oficio. De oficio o a instancia de parte. Únicamente a instancia de parte. Las medidas provisionales no podrán ser alzadas ni modificadas.

A tenor del artículo 66.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las personas jurídicas: Podrán ser adjudicatarias de cualquier tipo de contratos sin limitaciones. Solo podrán ser adjudicatarias de contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios. Solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. Solo podrán ser adjudicatarias de contratos sujetos a regulación armonizada.

Conforme al artículo 66.2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, entre las retribuciones complementarias del personal funcionario de carrera se encuentra: El complemento de carrera profesional, que retribuye la progresión según el tramo de la carrera vertical alcanzado. El complemento de nivel competencial, que retribuye las condiciones particulares, incluidas la peligrosidad y penosidad, del puesto de trabajo, exigibles para el desempeño del mismo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo y su ámbito de actuación. El complemento del puesto, que retribuye la especial dificultad técnica y la responsabilidad que concurren en el puesto de trabajo, dentro de la estructura jerárquica de la organización. Gratificaciones por servicios extraordinarios, que retribuyen los servicios prestados fuera de la jornada normal de trabajo y que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo.

El artículo 94.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indica que el interesado podrá renunciar a sus derechos: Con anterioridad al trámite de audiencia. Cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. En cualquier momento del procedimiento. Con anterioridad a la resolución del procedimiento.

¿Cómo se planteará la recusación, según el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?. Por escrito. Oralmente o por escrito. En todo caso presencialmente. En todo caso por medios electrónicos.

Según el artículo 3.3 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, las disposiciones de esta ley solo se aplicarán cuando así lo disponga su legislación específica a: El personal que tenga la consideración de alto cargo o rango asimilado al mismo. El personal de las universidades públicas de Andalucía. El personal al servicio del Parlamento de Andalucía y el personal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Las personas físicas que al amparo de la legislación sobre contratos del sector público, celebren contratos con el sector público.

El artículo 25 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, establece respecto a la persona titular de la Dirección de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción que: Será elegida por el Parlamento por mayoría de dos quintas partes de las personas que la compongan. Deberá poseer más de cinco años de experiencia profesional acreditada relacionada con la prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses. Será nombrada por la Presidencia de la Junta de Andalucía. Su mandato será de cinco años.

Según el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, cualquier Estado europeo que quiera formar parte de la Unión Europea debe dirigir su solicitud de ingreso: Al Parlamento Europeo. Al Consejo Europeo. A la Comisión Europea. Al Consejo.

Según el artículo 13.5 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, el procedimiento de autorización de las cuentas autorizadas se desarrollará por: Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. Reglamento de la Secretaría General competente en materia de Hacienda. Resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de Tesorería. Instrucción de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Según el artículo 63.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información, toda la información contenida en los perfiles de contratante permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a: 5 años. 2 años. 1 año. 10 años.

Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento: Cuando sea mayor de dieciséis años. Cuando sea mayor de quince años. Cuando sea mayor de catorce años. Cuando sea mayor de trece años.

El artículo 108 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que iniciado el procedimiento de revisión de oficio: El órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. El órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, no podrá suspender la ejecución del acto en ningún caso. El órgano superior jerárquico del competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, por un plazo máximo e improrrogable de tres meses. El órgano superior jerárquico del competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, por un plazo máximo e improrrogable de seis meses.

De acuerdo con el artículo 57.1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a recaudación de derechos y pago de obligaciones, el: 23 de diciembre. 27 de diciembre. 30 de diciembre. 31 de diciembre.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 112.4 establece que se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica: Los procedimientos de conciliación. Los procedimientos de arbitraje. Las reclamaciones económico-administrativas. Los procedimientos de mediación.

El artículo 4 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, establece que si la Cámara de Cuentas apreciase una manifiesta infracción de Ley con grave perjuicio para el interés público: Informará de los hechos a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Estará facultada para interponer una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos. Requerirá la colaboración del Tribunal de Cuentas para verificar el efectivo perjuicio para el interés público. Dará inmediato conocimiento al Parlamento y al Consejo de Gobierno por medio de un informe extraordinario.

Según el artículo 80.2 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la aceptación de las cesiones gratuitas y mutaciones demaniales que recaigan sobre bienes inmuebles, le corresponderá a: La persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio. La persona titular de la Consejería a la que van a quedar adscritos. La persona titular de la Consejería a la que van a quedar adscritos previa autorización del Consejo de Gobierno. En ningún caso podrán aceptarse cesiones gratuitas de bienes inmuebles.

El Título VII de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía se refiere a: El Poder Judicial en Andalucía. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma. Medio Ambiente. Economía, Empleo y Hacienda.

Según el artículo 19 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, se establece un período de prueba de: 2 meses para los Grupos I, II y III, y 1 mes para los Grupos IV y V. 2 meses para los Grupos I y II, y 1 mes para los Grupos III, IV y V. 1 mes para los Grupos I, II y III, y 15 días para los Grupos IV y V. 1 mes para los Grupos I y II, y 15 días para los Grupos III, IV y V.

Según el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, ¿a quién debe dar cuenta el Defensor del Pueblo?. Al Gobierno y a la Administración. A los Tribunales y al Congreso de los Diputados. Al Congreso de los Diputados, exclusivamente. A las Cortes Generales.

En el procedimiento de responsabilidad patrimonial, será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento ocasionó la presunta lesión indemnizable. Según el artículo 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de su emisión no podrá exceder de: Un mes. Veinte días. Quince días. Diez días.

La Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dispone en su artículo 15.4 que el documento «D» se expedirá: Al declarar la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública, comportando la propuesta de pago correspondiente. Una vez dictado el acto administrativo que conlleva la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o estimada. En el momento anterior a la adquisición del compromiso del gasto, una vez conocido su importe exacto. Una vez dictado el correspondiente acto de reconocimiento y liquidación de la obligación de pago.

Según el artículo 91.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial, transcurridos seis meses desde que se inició sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, ¿cómo puede entenderse la resolución?. Favorable a la indemnización del particular. Contraria a la indemnización del particular. Prorrogada por el plazo de un mes, sin posibilidad de nueva prórroga. Prorrogada por el plazo de diez días, sin posibilidad de nueva.

Conforme al artículo 285.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que: Tendrán carácter facultativo. Tendrán, en todo caso, carácter vinculante. Tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la viabilidad del proyecto. Tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto.

De conformidad con el artículo 4.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a uno de los siguientes ámbitos principales: La protección civil. La protección de los consumidores. La unión aduanera. La juventud y el deporte.

Según el artículo 46 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, con carácter excepcional, podrán generar crédito en el Presupuesto del ejercicio los siguientes ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior: Préstamos concedidos a la Administración de la Comunidad Autónoma por otras Administraciones Públicas, sus organismos o instituciones para financiar total o conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a la misma. Enajenaciones de inmovilizado, con destino a operaciones de la misma naturaleza económica. Recursos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas. Ninguna de las anteriores es correcta.

Conforme al artículo 5 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos, entre los contenidos derivados de compromisos de calidad y de la normativa aplicable se encuentran: Plazos previstos de tramitación de los procedimientos, así como para la prestación de los servicios. Forma de colaboración o participación de los ciudadanos y usuarios en la mejora de los servicios. Relación actualizada de las normas reguladoras de cada una de las prestaciones y servicios. Derechos concretos de los ciudadanos y usuarios en relación con los servicios prestados.

Según el artículo 117.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas: La suspensión de su eficacia ha de ser notificada individualmente y publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó. La suspensión de su eficacia no tendrá efecto hasta que no sea notificada a todas las personas afectadas. La suspensión de su eficacia tendrá que ser publicada, en todo caso, en el Boletín Oficial del Estado. La suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.

Según el artículo 102.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el precio del contrato: Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente. Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Sociedades, que en todo caso se indicarán como partidas independientes. No se entenderá incluido en ningún caso el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre Sociedades, que en todo caso se indicará como partida independiente.

Conforme al artículo 14.4 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, las conciliaciones mensuales de las cuentas generales y de las cuentas autorizadas se rendirán a la: Oficina contable de la Intervención que corresponda. Oficina de gestión de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Oficina de gestión de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Oficina de tesorería asociada a la Consejería o agencia administrativa.

Según el artículo 156 de la Constitución Española, respecto de los recursos tributarios del Estado, las Comunidades Autónomas: No podrán asumir ningún tipo de competencias. Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para su recaudación, gestión y liquidación. Podrán actuar como delegados del Estado para su recaudación y gestión, pero no para su liquidación. Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado exclusivamente para su recaudación.

Conforme al artículo 40.2 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen en los casos de: Inversiones reales, transferencias y subvenciones nominativas, salvo las subvenciones de capital. Concesión de préstamos para la financiación de viviendas protegidas de promoción pública o privada. Concesión de préstamos para promoción económica en programas especiales aprobados por el Parlamento andaluz. Arrendamientos de bienes muebles y cualquier otro instrumento jurídico que implique la cesión de uso remunerada sobre los mismos.

A tenor del artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, ejerce la función legislativa y la función presupuestaria en la Unión Europea: El Consejo de Europa. La Comisión Europea. El Parlamento Europeo junto con el Consejo. El Parlamento Europeo junto con la Comisión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el procedimiento de elaboración de los proyectos de ley se iniciará en la Consejería competente mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto de ley que irá acompañado por: Una Memoria Justificativa. Una Memoria Económica. Una Memoria de Planificación Normativa. Una Memoria de Planificación Normativa.

De acuerdo con el artículo 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, si en la tramitación de emergencia se excede el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones: Este plazo sólo podrá prorrogarse por un plazo máximo de 10 días adicionales. Si es culpa del contratista, éste dispondrá de un plazo de 3 días para justificar la demora. La contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario. El órgano de contratación podrá acordar la suspensión del contrato, previa audiencia al contratista.

Según el artículo 19.3 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía se catalogarán como puestos a desempeñar por personal directivo público profesional alto cargo exclusivamente los correspondientes a las personas titulares de los siguientes órganos directivos centrales o periféricos: Secretarías Generales. Direcciones Generales independientemente de su ámbito competencial. Secretarías Generales Técnicas. Las delegaciones territoriales o provinciales, en todo caso.

Según el artículo 48.4 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, es competencia compartida la siguiente materia: La ordenación del sector pesquero. La planificación del sector pesquero. La pesca marítima y recreativa en aguas interiores. El buceo profesional.

De acuerdo con el Manual de simplificación administrativa y agilización de trámites de la Junta de Andalucía, aprobado por la Orden de 22 de febrero de 2010, la carga de trabajo asociada a la instrucción de un procedimiento administrativo será el resultado de: Sumar los tiempos dedicados por el personal a la resolución de cada trámite asociados a un expediente. Sumar los tiempos dedicados por la ciudadanía y las empresas a completar cada uno de los trámites del procedimiento. Restar la fecha de firma de la resolución y la fecha de presentación de la solicitud, y multiplicarla por el número de trámites del procedimiento. Restar la fecha de firma de la resolución y la fecha de presentación de la solicitud, y multiplicarla por el número de órganos que intervienen en el procedimiento.

Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, dentro del plazo de: 1 mes a contar desde el conocimiento de los documentos con valor esencial para la resolución, o desde que la sentencia judicial quedó firme. 2 meses a contar desde el conocimiento de los documentos con valor esencial para la resolución, o desde que la sentencia judicial quedó firme. 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos con valor esencial para la resolución, o desde que la sentencia judicial quedó firme. 4 años a contar desde el conocimiento de los documentos con valor esencial para la resolución, o desde que la sentencia judicial quedó firme.

Según el artículo 72 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la declaración de utilidad pública de entidades deportivas es una competencia: Compartida. Propia. Exclusiva. Ejecutiva.

La Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, atribuye al servicio de información de la Administración Autonómica en la Comunidad Autónoma de Andalucía el número: 012. 060. 0118 999. 881 999 119.

Según el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía, la familia tipográfica que se utiliza en los nombres, los descriptores y el uso común de la identidad visual es: Arial. Noto Sans HK. Cambria Math. Eras.

Al fichero de texto que un navegador web almacena de forma automática en el equipo del usuario cuando éste visita una página web, se le denomina: Proxy. Caché. Centinela. Cookie.

Usando LibreOffice Calc, editando las celdas de la hoja DELEGACIONES, para hacer referencia a la celda A5 de la hoja CONSEJERIAS ACTIVAS del mismo libro, teclearemos: =CONSEJERIAS ACTIVAS:A$5. =CONSEJERIAS ACTIVAS:$A$5. =”CONSEJERIAS ACTIVAS”.A5. =’CONSEJERIAS ACTIVAS’.A5.

Usando LibreOffice Calc, a la referencia $A5 se le da el nombre de: Referencia absoluta. Referencia relativa. Referencia mixta. Referencia simple.

Usando LibreOffice Calc, si utilizamos la siguiente función: =BUSCARV("CARMEN";B51:C54;2;FALSO) y el nombre CARMEN no está en el rango especificado, nos dará el error: #NOMBRE?. #VALOR!. #N/D. #REF!.